#cndh significado

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INM debió revisar el tráiler que volcó provocando la muerte de 56 migrantes

¡Sin gracia! A un año del accidente en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, la CNDH dirigió una recomendación al Comisionado de Migración porque que el tráiler no fue sometido a revisión migratoria; determinó reparación integral del daño.

¡Sin gracia! A un año del accidente en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, la CNDH dirigió una recomendación al Comisionado de Migración porque que el tráiler no fue sometido a revisión migratoria; determinó reparación integral del daño. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- A un año de la volcadura de un tráiler que transportaba de manera irregular a personas de diferentes nacionalidades…

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“A la orilla de las lagrimas derramadas”, o de cómo las políticas públicas sin sociedad contaminan ríos

Cuenta una leyenda popular que hubo una vez un par de dioses enamorados, uno muy viejo y una muy jóven, que, al no ser bien vistos por los demas dioses, les pusieron una dura prueba de amor: ella debia llorar hasta que formase una corriente que arrastrara todo a su paso; el debía impedir con su cuerpo que la corriente creciera. La pareja de enamorados no logró cumplir la hazaña, sin embargo, la muestra de amor les había conmovido a los demas dioses, permitiendo que su amor perdurara: convertirlos en piedra, mientras el llanto de la joven diosa continuaría. Así, nació lo que hoy se conoce como el Río Atoyac.

En un texto anterior, exploré a la problemática sobre el apego social al río: la falta de apego simbólico de sus habitantes con éste, y el desinterés causado por este desapego. En este ensayo, se explora el cómo abona el modelo económico y político administrativo, a traves de las políticas públicas, gobernanza, y la gestión administrativa del recurso hídrico, en la percepción social respecto al río. Es decir, obserbar la problemática desde la perspectiva del estado, y su conexión con el significado social del río.

He querido comenzado con el breve relato de una leyenda que habla de un río cuyo cauce es uno de los más contaminados de México: el Río Atoyac. En buena medida por que representa la existencia popular de un reconocimiento simbólico al río, y que es evidente su ausencia, a decir del estado actual del río. Es decir, en algún momento río y pobladores fueron identificándose en una suerte de relación humano-deidad, que les permitió desarrollarse y preservarse por lo menos hasta el advenimiento de la industrialización. Cómo lo menciona Mejía Ponce, et al (2016), la ciudad de Puebla no puede ser comprendida sin conocer la historia del río Atoyac. Así cómo tampoco puede ser entendido el continuo deterioro del río sin comprender la aplicación de acciones de remediación que, a la luz de los resultados demostrados por instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es evidente que han fracasado.

Si bien la dirección que dicta el Plan Nacional de Desarrollo vigente en México establece ciertos criterios que retoman el problema del agua, es de considerarse que la dirección gubernamental esta enfocada a la producción y el crecimiento económico. Es decir, tienen como premisa un modelo de políticas publicas enfocadas al mercado, lo cual por sí mismo es estatizador, pero tambien establece que el Estado, y principalmente, el mercado, son principios de orden social (Theodore, Peck, & Brenner, 2009), privilegiando las dimensiones fisico-espacial, organizacional, y económica. Dejando de lado la dimensión cultural (Falú & Marengo, 2004), que se asocia al tema principal de este ensayo: el apego, reconocimiento o identificación social con un sitio. Esto implica que, bajo las características de un modelo neoliberal, la política pública tendrá por principio el desarrollo del mercado, y no el beneficio social.

Habría que agregar que la ciudad, además del modelo neoliberal, se constituye como una unidad o nodo en una red extensa de ciudades. Es decir, la globalización imprime una serie de fenómenos y cambios en la gestion del territorio que cambian las relaciones sociales. En particular, el territorio se observa como moneda de cambio. Esto da pié a la cooperacion publico privada que da origen a la modificación institucional del estado: la descentralización (Carrión M., 2013).

Ahora bien, la problemática social alrededor del río Atoyac pareciera estar, en cierta forma definida por la interacción y el apego de las comunidades al río. Toda vez que, independientemente de los agentes contaminantes físicos como lo son las descargas de aguas residuales, pareciera ser que existe una ausencia de identidad cultural y social respecto al río: se entiende, socialmente, su existencia y sus problemas, pero en el imaginario social, existe apatía e indiferencia al estado del río. En este sentido, los procesos globalizadores y neoliberales de políticas públicas pudieran ser un elemento que ayuda al problema social alrededor del río.

Si comprendemos que el río contaminado, desde un aspecto social, implica la existencia de conflicto, y que este se da entre seres humanos, por discrepancias, o desacuerdos (López et al., 2018), y que pueden ser asociadas al diseño neoliberal de políticas públicas. Como lo menciona López et al. (2018), esto se da por la visión mercantilista que incentiva el que intereses privados prevalezcan sobre el interés común.

Pareciera ser que lo que abonan las acciones de gobierno en forma de política pública, a los procesos de deterioro de un río provienen de la diferencia de intereses que se observan en las políticas publicas y el interés del bien común. De tal forma que, por un lado, las políticas publicas se enfocan en los paradigmas de producción, globalización, mercantilización del territorio y del recurso hídrico, mientras que la población es forzada a entrar en las dinámicas productivas y económicas, dejando de lado los rasgos culturales que los identifican y definen. Como bien lo menciona Montaner (2004) Cada vez que se arrasa la vida comunitaria y el patrimonio existente, se produce un proceso de impostación de una falsa memoria sobre la memoria que había existido. Esto es, se olvidan las raíces de la sociedad, y se privilegian los procesos productivos: y entonces, el río y las montañas que lo rodean, dejan de ser un par de dioses enamorados, y pasa a ser un objeto que permite que la ciudad sea competitiva, creando una nueva realidad.

A este diagnóstico, habríamos de agregar un problema fundamental en la forma en que las políticas públicas se implementan. Por un lado la sectorización institucional que conlleva a iniciativas técnicas, y que son plasmadas en el territorio como políticas urbanas o públicas. Y por otro el desconocimiento de los valores sociales tanto de los recursos como del vínculo socio-ecológico y cultural de la sociedad con el río.

El primero se refiere a la ausencia de un gobierno metropolitano integrado (Carrión M., 2013), que sectorializa las funciones gubernamentales, y provoca por un lado la estaticidad del gobierno, y por otro , la ausencia de soluciones integrales en materia de política pública. El segundo se refiere a la destrucción del imaginario social y del valor en la sociedad de un recurso particular, ya sea por memoria, por identidad, o por servicio.

           La contaminación de los ríos es, entonces, el resultado de una convergencia de situaciones que dejan al río como un objeto utilitario. Habríamos, entonces de preguntarnos, si en el cambio de paradigmas por el que atraviesa la sociedad en general, se debiera también cuestionar la pertinencia de los modelos gubernamentales, o si es pertinente entablar el cambio hacia un nuevo paradigma, y dejar atrás el modelo neoliberal. ¿Es la gobernanza la solución? O sólo es una parte del problema general. Como menciona Meadows (2009), todo se encuentra conectado. Para bien o para mal.

Bibliografía

Carrión M., F. (2013). El desafío político del gobierno de la ciudad metropolitana en América Latima. In Reflexiones sobre política urbana (pp. 17-46). Estado de México: El colegio Mexiquense.

Falú, A., & Marengo, C. (2004). Las políticas urbanas: desafíos y contradicciones. Torres, Ribeiro, Ana Clara (compilador), El rostro urbano de América Latina, Buenos Aires, CLACSO, 211-225.

López, C. A., Zambrano, L., Rafael, R. O., Guzman, M. A., Pérez E., R., Sandoval, R., . . . Caldera, A. (2018). El agua en México. Actores, sectores y paradigmas para una transformación social-ecológica. Ciudad de México: Friedrich Ebert Stiftung.

Meadows, D. H. (2009). Thinking in systems. United Kingdom: Earthscan.

Mejía P. de L, A., Ortiz E., B., & Sánchez C., L. F. (2016). Diagnóstico para la formulación del plan rector para la restauración del Río Atoyac. Retrieved from

Montaner, J. M. (2004). Traumas urbanos. Paper presented at the La pérdida de la memoria. Barcelona: Centro De Cultura Contemporánea de Barcelona. Conferencia pronunciada en el marco del debate" Traumas urbanos. La ciudad y los desastres". CCCB.

Theodore, N., Peck, J., & Brenner, N. (2009). Urbanismo neoliberal: la ciudad y el imperio de los mercados. Temas sociales, 66, 1-11.

[elcorreodetorreon]

El país de las 2 mil fosas



INVESTIGACIÓN

Entre 2006 y 2016 fueron descubiertos casi 2 mil entierros ilegales donde criminales desaparecieron a sus víctimas. La barbarie abarca 24 estados del país y uno de cada 7 municipios. En esta investigación documentamos más fosas clandestinas que las que el gobierno reconoce: ha sido localizada, en promedio, una fosa nueva cada dos días.



12 Noviembre 2018

Por Alejandra Guillén/ Mago Torres/ Marcela Turati

La primera fosa clandestina del año acababa de ser descubierta en ese boscoso paraje turístico, a sólo media hora de la próspera ciudad de Uruapan. Ocurrió después de que lugareños dijeron haber visto pasar una camioneta de lujo; al asomarse detectaron tierra removida.

Angahuan volvió a honrar uno de los significados que dan a su nombre en purépecha: “En medio de la tierra”.

El hallazgo de estos cuerpos marcó el comienzo de la barbarie. Desde entonces, y mientras se desplegaba la “guerra contra las drogas”, a los asesinos ya no les ha bastado matar; ahora se esmeran en ocultar los cuerpos.

Así es como las fosas clandestinas se multiplicaron.

 Una investigación iniciada hace año y medio por un equipo de periodistas independientes, y que a medio camino encontró respaldo financiero y editorial de Quinto Elemento Lab, revela que prácticamente en todo el país se han encontrado casi 2 mil fosas clandestinas entre 2006 y 2016, a un ritmo de vértigo: una fosa cada dos días, en uno de cada siete municipios de México.

Fueron, al menos, mil 978 entierros clandestinos en 24 estados del país. Esta cifra supera por mucho la información dada por el gobierno mexicano hasta hoy.

Las fiscalías recuperaron de estos hoyos 2 mil 884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos y miles de restos y fragmentos de huesos que corresponden a un número aún no determinado de individuos.

Del total de cuerpos y restos, en todos estos años, y de todas estas fosas, sólo mil 738 de las víctimas han sido identificadas, según documenta la investigación hecha a partir doscientas solicitudes de acceso a la información a las autoridades de cada uno de los 32 estados.

Este es el mapa, al menos parcial, de la dimensión de la barbarie.

El fenómeno creció a niveles de catástrofe si se toma en cuenta que el año 2006 fueron descubiertas sólo 2 fosas, y que en los años siguientes subió a varios cientos el número de ellas.

En 2007 el número de escondites de cuerpos descubiertos bajo tierra trepó a diez, extendidos en cinco estados. En 2010 la cifra anual ya era de 105 fosas, en 14 entidades; en 2011 fue en 20 estados y saltó a 375, equivalente en promedio a una por día.

A partir de 2012 los hallazgos de entierros clandestinos, por año, no han bajado de 245.

Las inhumaciones ilegales se convirtieron en uno de los sellos de agua de los dos sexenios, al grado de que en uno de cada siete municipios mexicanos personas criminales cavaron hoyos en la tierra para ocultar los cadáveres de sus víctimas y, en algunos casos, también quemarlos.

En por lo menos 372 municipios de México hubo personas que desaparecieron a sus víctimas de esta manera.

“Esta investigación permite conocer los municipios donde el crimen organizado tiene capacidad de asesinar personas y hacer fosas para desaparecerlas; permite ver nuevas formas de operación y de gobierno donde la gente no se atreve a denunciar. Sería interesante saber cuánta gente vive en este 15 por ciento de los municipios con fosas y que nos dan indicios de esquemas de gobernanza criminal”, reflexiona Sandra Ley, profesora-investigadora del CIDE experta en criminalidad y violencia, al conocer los resultados de esta investigación.

Esta cifra inédita de casi 2 mil fosas en 11 años está sustentada en las respuestas que proporcionaron las fiscalías de 24 estados a las solicitudes de acceso a información pública que realizamos.

Aun cuando estos datos superan todas las cifras dadas antes por cualquier autoridad, la información todavía está incompleta.

Ocho estados no están incluidos en el mapeo porque respondieron que en esos 11 años no encontraron fosas: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Yucatán.

Sin embargo, Yucatán es el único estado donde nadie -ni la fiscalía local, la PGR, la CNDH o la prensa- había registrado hasta esa fecha el hallazgo de algún entierro clandestino.

 Plaga de entierros

La pestilencia comenzó a impregnar el paisaje. Fue en 2010, en la temporada en la que Juan Viveros y Nabor Baena, los dos cuidadores de la abandonada mina “Dolores”, ubicada en la periferia de la ciudad de Taxco, escuchaban por las noches ruidos de camionetas, y fueron percibiendo ese insoportable olor a muerte que salía de uno de esos tiros de mina semejantes a los escapes de las chimeneas.

Fue entonces que detectaron que su punta, antes sellada, había sido ranurada, y el pozo reabierto.

“Nos caló la vez que vinimos porque había harta sangre. Le dije a Nabor: “Ira, ¿y esa sangre qué?”. Y me dijo: ‘¿Quién sabe? ¿Traerían un animal?’. Sea lo que haiga sido subía el aroma, olía a feo. Entonces nos fuimos a trabajar”, recordó Juan Viveros.

“Luego alguna gente dio parte de que estaba oliendo a feo, y cuando se asomaron los de Protección Civil ahí estaba el agujero donde los aventaban pa’bajo: eran seres humanos los que estaban ahí”, dijo Nabor Baena.

“Nos dimos color de lo que había, que estaban sacando gente, que había gente almacenada, que ese pozo estaba premiado”, alternó Juan Viveros.

Ambos mineros devenidos en vigilantes desde que la empresa está en paro supieron por las noticias que, en las carretas donde normalmente se extrae plata, fueron subiendo a la intemperie cuerpos. Eso narraron en entrevista en 2010.

“Encuentran 55 cadáveres”, reportó la prensa en esa ocasión. Fueron 41, quedó escrito en los registros de la PGR y 64, en la bitácora de la fiscalía local. Mas de 120, aseguran las familias que acudieron a la morgue a verificar si alguno de los cuerpos extraídos era del familiar desaparecido.

El hallazgo ocurrió en 2010, el mismo año cuando, según esta investigación, registró el primer pico en el número de cuerpos encontrados en un solo sitio; cuando los hallazgos de cadáveres pasaron de las decenas a los centenares. Era el preámbulo del infierno.

A partir de entonces, ese tipo de descubrimientos se fueron haciendo cada vez más comunes.

La sistematización de los datos oficiales obtenidos en esta investigación revela que:

→ Los principales sitios de la muerte en México esos 11 años son el municipio de Veracruz, con 125 fosas en la que se localizaron 290 cráneos. El lugar exacto se llama Colinas de Santa Fe: ahí se han encontrado 22 mil 79 restos óseos de los que la autoridad aún no reporta a cuántas personas corresponden, y donde continúan las labores de desenterramiento.

El otro está en el municipio de San Fernando, a hora y media de la frontera con Texas, en Tamaulipas, donde, en dos años registraron 139 fosas con 190 cuerpos y restos óseos.

→ Desde 2008, año con año, Ciudad Juárez aparece en esta estadística macabra. La sumatoria de fosas -sin contar los municipios del valle circundante- da 58. En tanto, Acapulco a partir de 2010 no ha faltado ningún año en la lista: esa ciudad-puerto de 2006 a 2016 acumuló 108 fosas.

→ El municipio donde más cuerpos fueron extraídos en un año fue Durango, con 350, en 2011. Y Durango es también el estado donde más cuerpos han sido encontrados en fosas: 460 en 7 años.

Nuevo León alcanza un número mayor por ser el único estado que detalla cuántos restos óseos recuperados corresponden a cuántas personas, por lo que sus registros mencionan que recuperó los restos óseos de 475 personas y 119 cadáveres. Es decir, 594 víctimas que estaban ocultas en fosas clandestinas.

Veracruz, en tanto, informa que exhumó 222 cuerpos, 293 cráneos y 157 restos óseos que sumados corresponderían a 672 personas.

→ Los estados que encabezan el número de fosas exhumadas en el lapso estudiado son: Veracruz (con 332); Tamaulipas (280); Guerrero (216); Chihuahua (194); Sinaloa (139); Zacatecas (138); Jalisco (137); Nuevo León (114); Sonora (86); Michoacán (76); San Luis Potosí (65).

→ Morelos fue el único estado que mantuvo en secreto las fechas del hallazgo de sus 21 fosas (omitió mencionar en su lista las fosas de Tetelcingo, creadas por la propia fiscalía para enviar cuerpos que deberían haber ido a fosa común, pero enterradas ahí de manera clandestina hasta 2016, cuando las familias de víctimas descubrieron su existencia).

→ Los estados donde fueron descubiertos más cadáveres en fosas son: Durango (con 497 cuerpos); Chihuahua (391); Tamaulipas (336); Guerrero (325); Veracruz (222); Jalisco (214); Sinaloa (176); Michoacán (132); Nuevo León (119); Sonora (96); Zacatecas (81).



Miembros de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos acompaña a peritos mientras estos resguardan una fosa en el Cerro del Fraile, Nuevo Léon, Mayo de 2017. Fotografía: Erika Lozano

[notimundo]

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Posicionamiento de la CNDH sobre la intención de modificar el tipo penal del delito de feminicidio en el Código Penal Federal (CPF)

El reconocimiento del feminicidio como delito en la normatividad nacional y, en específico en el Código Penal Federal, ha sido un avance definitivo en el reconocimiento del carácter de violencia extrema resultante de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en la que se encuentran las mujeres en México.

La Fiscalía General de la República ha propuesto la modificación del tipo penal del feminicidio por el del homicidio agravado, planteando dicha acción con el fin de facilitar su investigación y judicialización en función de la búsqueda de una mejor defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La tipificación del feminicidio en el Código Penal Federal es el resultado del cumplimiento de México respecto de las obligaciones contraídas para el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres, de un serio y experto trabajo de legisladoras y legisladores, de las propuestas del movimiento amplio de mujeres, del análisis y propuestas multidisciplinarias de instituciones y especialistas en el tema, de múltiples experiencias y aprendizajes con respecto a este gravísimo problema. Con la tipificación vigente, se visibiliza una situación estructural de violencia sustentada en una cultura de odio y discriminación hacia las mujeres.

Lo que se modifico

La modificación del delito de feminicidio por el de homicidio agravado significa un retroceso en la consideración de la especificidad del contenido, implicaciones y significado de este delito, invisibiliza el componente esencial de odio contra las mujeres, así como que a través de él se busca perpetuar los patrones culturales de subordinación, inferioridad y opresión de las mujeres, niega de iure y de facto el acceso a la justicia de las mujeres, cancela la exigencia de que las investigaciones penales sean exhaustivas, eficaces, serias e imparciales, omite el análisis de la interseccionalidad en esta forma extrema de violencia contra las mujeres así como de la violencia previa, continuada y mantenida en el tiempo, no garantiza una respuesta adecuada del Estado ni la debida diligencia de sus instituciones, omite el deber de abordar el delito con una perspectiva de género, entre otros aspectos, siendo por ello inadmisible.

El vínculo entre la propuesta de modificación y la posibilidad de facilitar la investigación, de resolver el “trabajo” (sic) de consignar y judicializar el feminicidio implica la violación al artículo 1° constitucional por el incumplimiento de las normas, principios y estándares vinculantes en materia de prevención, investigación, sanción y garantía de reparación eficaz y justa ante el feminicidio, justifica no contar con profesionales competentes capaces de identificar los factores que constituyen la violencia de género, justifica el incumplimiento del deber del Estado de actuar con la debida diligencia ante actos de violencia contra la mujer entre otros.

[adjose]

Nombraron a Diana Carpio como nueva secretaria de Salud de Michoacán

Nombraron a Diana Carpio como nueva secretaria de Salud de Michoacán

Esta tarde, el secretario de Gobierno, Pascual Sigala Páez, en representación del gobernador Silvano Aureoles Conejo, nombró a Diana Celia Carpio Ríos como nueva secretaria de Salud en Michoacán. 

“Ustedes ya conocen de su profesionalismo; está a toda prueba. Es una mujer de instituciones. Sobre todo en la salud pública, muy conocedora del sistema de Salud de Michoacán y de sus instituciones. De…

[enresumenagencia]

El Presidente debilita la democracia y menoscaba instituciones al rechazar recomendaciones de la CNDH: Juárez Piña

El Presidente debilita la democracia y menoscaba instituciones al rechazar recomendaciones de la #CNDH: @JuárezVero

Al negarse a atender la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las Estancias Infantiles, el presidente de la República “no sólo  debilita la democracia, sino que abona profundamente a menoscabar la autonomía constitucional de instituciones como la CDNH”, advirtieron la Diputada Verónica Juárez Piña y el Senador Emilio Álvarez Icaza.

“La CNDH ha significado la…

[luismurat]

De Cotzocón a la jaula citadina; indígenas desplazados en Oaxaca

Reynaldo Bracamontes

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A tres años de que un grupo paramilitar expulsara violentamente de su cuna, San Juan Cotzocón municipio mixe enclavado en macizos montañosos, el trauma no ha sido superado para muchas de las 45 familias desplazadas por venganza política el 14 de junio de 2014.

“Somos como unas aves silvestres que nos arrancaron de nuestro hábitat, y nos empujaron hacia la ciudad de Oaxaca, donde llegamos sin conocer a nadie, donde todo se compra, te asaltan en la calle o en tu casa, no hay empleos dignos para personas como nosotros y, si estás con suerte y consigues trabajo, te pagan una miseria”, expone Mayco Inocente Toribio, uno de los desplazados

Por ello, la Ciudad de Oaxaca ha significado para nosotros como una gran jaula. No tiene barrotes pero nos sentimos encarcelados, porque no va con nuestro estilo de vida en nuestro pueblo, donde existía libertad plena hasta que un grupo armado, mediante la intimidación y la protección del gobierno estatal, ejerce el control económico y político de la comunidad, agrega.

Martha Toribio Vicente de 70 año, quien enviudó el 10 de noviembre de 2015, recuerda que el grupo paramilitar que encabeza Gorgonio Tomás Mateo, un desertor del Ejército Mexicano, impidió que el cuerpo de su esposo regresará a San Juan Cotzocón, a 175 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, para que recibiera cristiana sepultura.

Son desplazados de San Juan Cotzocón. Rostros de inocencia, pero también de desesperanza. FOTO: Giovanna Martínez

Acosados

Hace memoria y agrega que Indalesio Mateo Reyes se hizo el fuerte y no abandonó el pueblo en junio de 2014, pero fue acosado por el grupo violento, a tal grado que al morir en 2015 por una mordedura de víbora, no le permitieron que el cortejo fuera acompañado por la banda musical de San Juan Cotzocón. La familia contrató la banda de un pueblo vecino.

Un cuarto a base de láminas y madera donde tiene su cama, una pequeña estufa, su ropa en cajas de cartón y una mesa que sirve de altar, es toda la casa de Martha Toribio Vicente. Con veladoras ilumina a los santos de su devoción, incluida la escultura de Nuestra Señora de Juquila.

Se trata de una vecindad que en total abriga a tres familias. Bernardino Nicolás Antonio  y su esposa Mariela Victoria Inocente tienen su cama en un pequeño espacio de lámina y madera que a la vez sirve de cocina. Sus hijos Manuel, Julieta y Juan Ángel de 22,18 y 8 años de edad, duermen en otro espacio similar.

La ciudad de Oaxaca no tiene barrotes, pero nos sentimos como encarcelados: Mayco Inocente Toribio. FOTO: Giovanna Martínez

En otro cuarto se guarecen Samuel Sánchez Bartolo, su esposa Hortencia Nicolás Toribio, y sus hijos Samuel y Yael, de 12 y cinco años de edad. “Los techos de lámina gotean y en días soleados generan un calor insoportable”, expone Bernardo Nicolás Antonio.

Sin identidad

Recuerda: “nuestra expulsión por razones políticas produjo un cambio radical y profundo. El mayor daño psicológico lo registraron nuestros hijos menores de edad. Los hijos de varios paisanos cayeron en desnutrición y algunos abandonaron sus estudios”.

Indicá que en respuesta a las medidas cautelares solicitadas al gobierno estatal por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “las 45 familias estuvimos albergadas nueve meses en un anexo del templo de Felícitas  y Perpetuas en Santa Lucía del Camino”.

Después de ese tiempo, “el gobierno de Gabino Cué nos abandonó y cada familia tomó rumbos distintos. Unos paisanos se fueron de ‘arrimados’ a casa de algunos amigos y parientes, luego se cambiaron a otros domicilios y nos perdimos la pista”.

Recuerdan el ámbito doméstico: “en nuestro pueblo no necesitamos un peso en la bolsa para comer. La tierra es fértil porque Cotzocón pertenece a una franja de trópico húmedo. Teníamos café orgánico, chile, plátano, maíz, frijol y verduras, todo libre de químicos. Para la cocción de nuestros alimentos bastaba ir al campo y traerse una brazada de leña seca, sin que nos costara un peso”.

Expulsados de Cotzocón, a su llegada hace tres años al albergue de Felícitas y Perpétuas. FOTO: Giovanna Martínez

Aquí en la ciudad de Oaxaca no hay empleo y “lo poco que ganamos medio alcanza para comprar tortilla de máquina y si quieres cocinar tus alimentos, tienes que comprar una estufa y consumir gas”.

Aquí en las escuelas “los niños consumen alimentos chatarra como frituras y refrescos de cola, mientras que en nuestro pueblo a los niños les permite en el recreo ir rápidamente a sus casas, toman café o comen una tortilla y beben agua que proviene de diversos manantiales”, añade.

Expone que en San Juan Cotzocón las propiedades de cualquier jefe de familia se miden en hectáreas, pero el costo del patrimonio no se calcula por el valor comercial de las tierras.

Patrimonio, herencia natural

No se conoce el valor comercial de las parcelas, porque son comunales y no existe la figura de la compra venta. Las tierras se heredan de una generación a otra. Sólo la cabecera de San Juan Cotzocón tiene 54 mil hectáreas de superficie comunal.

Recuerda que el 14 de junio de 2014 las familias expulsadas salieron solamente con lo indispensable. “Dejamos nuestras casas que luego fueron destruidas. El grupo fascineroso se robó nuestro ganado”.

En la vecindad que comparten en la colonia Fernando Gómez Sandoval, Hortencia Nicolás, madre de tres hijos, ayuda la economía familiar con la elaboración de huipiles que luego sale a vender.

Sumergida en la pobreza, Hortencia Nicolás contribuye a la economía familiar elaborando huipiles. FOTO: Giovanna Martínez

Móvil político

A tres años de su desplazamiento, las familias recuerdan que su persecución se derivó de una venganza política, por simpatizar con uno de tres candidatos a la presidencia municipal.

En aquella elección municipal habían participado Gorgonio Mateo Tomás, por la planilla blanca” Jaime  Regino, por la Verde, y Juan Eliel, por la azul. El triunfo se lo llevó Jaime Regino, originario de María Lombardo.

Gorgonio no aceptó su derrota y al asegurar que por nosotros perdió, emprendió un feroz acoso contra nuestras familias.

De entrada ordenó la expulsión de 250 compañeros comuneros, a quienes luego exigió cinco mil pesos a cada uno para reintegrarlos a la lista comunal.

Recuerdan que el 20 de mayo de 2014 fueron encarceladas 140 personas, entre niños, mujeres y varones y “a cambio de nuestra libertad nos exigieron el pago de hasta cinco mil pesos. Por ese hecho arribaron a la comunidad enviados de la CNDH, pero los cómplices de Gorgonio los privaron de su libertad durante un día”.

Jaime Regino asumió la presidencia municipal, el primero de enero de 2014, pero se fue a despachar a María Lombardo, agencia municipal de Cotzocón.

En tanto, Gorgonio, apoyado por sus incondicionales, se erigió ilegalmente como edil de la cabecera municipal.

“Aún cuando Gorgonio estaba en la ilegalidad, tomó fuerza porque fue cobijado por la Secretaria General de Gobierno”, acusó.

El 11 de junio de 2014 hubo una incursión policial en San Juan Cortzocón, en la que se suponía que iban a ejecutar las órdenes de aprehensión que existían contra Gorgonio y sus hombres.

El operativo salió mal y terminó con ocho muertos y más de cien detenidos. “Sentimos que Gorgonio Mateo Tomás, ‘negoció’ sus órdenes de aprehensión, por ello no ha sido detenido”.

Recuerdan que el pasado 30 de marzo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la Secretaría General de gobierno dieron por cerrado el caso de los desplazados de San Juan Cotzocón, con el supuesto de que las autoridades estatales habían cumplido con las medidas cautelares solicitadas a nuestro favor hace tres años.

Al rechazar lo anterior, “solicitamos el respaldo de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y estamos  espera de que nos apoye favorablemente”, dice Mayco Inocente Toribio.

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[michangoonga]

#Oaxaca Niegan Registrar A Una Bebé Con El Nombre Po’, De Origen Mixe

#Oaxaca Niegan Registrar A Una Bebé Con El Nombre Po’, De Origen Mixe

STAFF/@michangoonga

El registro Civil en San Pedro y San Pablo Ayutla negó el registro de una bebé indígena con el nombre ‘Po’, el significado es ‘Luna’ de origen mixe.

Los papás acudieron a denunciar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo la Oficialía de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca al recibir el expediente DDHPO/620/(14)/OAX/2017, atiende el…

[periodicomirador]

Continúa la esterilización sin consentimiento.

Por SARA LOVERA

SemMéxico.- “No olvido el día más difícil de mi vida, ese día cuando vi cómo me sacaban a mi hija muerta y después cuando yo estaba en la cama del cuarto del hospital, abierta, con sondas en la vagina, en mi vejiga, en mis venas y hasta en mi alma”.

Carmen Rincón Cruz recuerda su experiencia 27 años después, ahora que se discute tipificar en todo el país la violencia obstétrica, que ocurre sistemáticamente y que ha llevado a la emisión de 41 recomendaciones en solo dos años por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Rincón Cruz fue la primera mexicana en abrir un juicio contra un médico por lo que hoy se denomina violencia obstétrica, se convirtió en un ícono de los derechos reproductivos y todos esos años ha contribuido al cambio de prácticas y modificación de leyes, normas y visiones.

La violencia obstétrica abarca la muerte materna por descuido y falta de medicinas y aparatos en México o la mala atención, que sólo en las primeras 14 semanas del 2017 ha significado 166 decesos, es decir, siete cada día, principalmente en Chiapas, Estado de México, Guerrero, Veracruz y la Ciudad de México, según datos del Observatorio de la Mortalidad Materna.

Casi 30 años después de la denuncia y juicio penal contra el médico que descuidó a Carmen Rincón Cruz, la CNDH reconoce que el fenómeno es una violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres. En todas sus recomendaciones llaman al Sistema Nacional de Salud a realizar reformas, capacitar al personal que trata con desprecio a las mujeres y a que reestructure su sistema de atención.

Hoy el análisis académico, de las quejas y de varias legislaturas, dejan en claro que hay maltrato médico por discriminación; cesáreas en exceso que dañan la salud de las mujeres; esterilización o colocación del DIU sin consentimiento y falta atención eficiente en clínicas y hospitales, escasez de medicamentos y personal deficiente en términos de conocimiento o prácticas.

Angélica Ramírez y Leticia Hernández, profesoras y académicas de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, dijeron que aunque no hay datos oficiales consolidados, se estima que una de cada cuatro mujeres embarazadas, en parto o puerperio enfrenta maltratos u omisiones del personal médico, enfermería o camilleros.

Esto a pesar de que desde 2014 el Senado de la República modificó la ley para sancionar la violencia obstétrica, con reformas y adiciones al artículo 6º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para definir como delito toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.

Dar a luz, un riesgo para mujeres mexicanas 

El parto es todavía un riesgo en México. Las recomendaciones de la CNDH dan cuenta de la muerte de algunos bebés por mal servicio; la muerte de algunas parturientas; secuelas y discapacidad de algunas mujeres, la mutilación de otras y con frecuencia se anula capacidad de reproducción de las afectadas al extirparles la matriz. La mayoría de las afectadas tenían entre 21 y 40 años, pero hay otras de 13 y 14 años.

La CNDH informó que recibió 122 quejas de febrero de 2015 a marzo de 2017. De ellas derivaron 41 recomendaciones: 24 al Instituto Mexicano del Seguro Social, casi el 50 por ciento, las demás a hospitales generales de los estados o a la Secretaría de Salud. Del IMSS especialmente los hospitales o clínicas de las zonas rurales de Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, Durango, Jalisco, pero también Estado de México y de la Ciudad de México.

Las quejas se repiten: “no se la puede atender”, “falta mucho tiempo para el nacimiento, vuelva en cuatro horas”; “no se queje, no se quejó cuando estaba en la cama con el papá”, “si quiere téngalo usted sola”; “espere no hay personal, se fue de vacaciones, está ocupado, espere a que realmente tenga dolor”.

Ese volumen de recomendaciones, involucra más de siete millones de pesos que IMSS, ISSSTE, SSA y los gobiernos, especialmente de Chiapas, Oaxaca, Morelos y Puebla, deben aportar para reparar el daño a las mujeres y las familias quejosas.

En cada una de las recomendaciones, la CNDH identificó varios derechos violados, entre ellos, la libertad reproductiva y el derecho a la salud, identificó que de manera reiterada se violentan las normas de actuación y trato, pero en forma preocupante la falta de infraestructura en los hospitales, incluidos algunos de zona en la capital del país o en la capital de otras entidades como Estado de México, Tamaulipas o Durango.

México en los primero lugares

En noviembre pasado la Cámara de Diputados presentó un análisis que señala que México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en el uso de la práctica de cesárea sin indicación médica, en los sectores público y privado, lo que puede constituir violencia contra las mujeres.

A este tipo de práctica, señala el estudio, se exponen, en promedio, más de seis mil 800 mexicanas al día, debido a que se registran alrededor de dos millones 500 mil nacimientos anuales, de los cuales 475 mil son de madres adolescentes.

Elaborado por del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (Coceameg), el estudio afirma que hay un incremento de quejas sobre tratos inhumanos, principalmente hacia las mujeres indígenas, donde escasean servicios de salud. Algunas dan a luz en patios de hospitales o en la calle.

Testimonios

Tres mujeres que perdieron sus productos en el Hospital General Regional 251 en Metepec, Estado de México; Hospital General de Zona 46 en Gómez Palacio, Durango, y Hospital General de Zona 197 en Texcoco, Estado de México, respectivamente. Los expedientes de queja CNDH/4/2016/2889/Q; CNDH/4/2016/4881/Q, y CNDH/4/2016/4333/Q, señalan que los médicos tratantes incurrieron en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, mediante conductas y omisiones que configuraron violaciones a los derechos humanos de las agraviadas y sus hijos recién nacidos.

La CNDH determinó que en los estados de Puebla e Hidalgo violentaron derechos de una indígena náhuatl e hija. Por lo que hizo recomendaciones directamente a los gobernadores de esas entidades.

La Recomendación 58/2016 señala claramente que se violaron los derechos a la salud, al consentimiento informado en servicios de anticoncepción y a la libertad y autonomía reproductiva en esas entidades.

La afectada acudió al Hospital Integral de Puebla porque su bebé estaba a punto de nacer. Allí, un servidor público le comunicó que sería conducida al Hospital General de Huachinango porque no se contaba con ginecólogo, anestesiólogo ni pediatra. Sin embargo, el traslado no se realizó por no existir las condiciones materiales ni de personal para llevarlo a cabo.

Un día después, la víctima llegó por su cuenta al Hospital General de Hidalgo, donde fue internada y dio a luz una niña que presentó complicaciones que le produjeron inestabilidad cardiorrespiratoria y la muerte.

Se constató la responsabilidad de varios médicos del Hospital General de Hidalgo por la inadecuada vigilancia y dilación en el trabajo obstétrico al momento de practicar una operación cesárea a la víctima de 21 años de edad, quien presentaba 31 semanas de embarazo, lo que desencadenó graves complicaciones que causó la pérdida de la vida de la recién nacida.

Además, se determinó que a la paciente se le colocó el DIU (dispositivo intrauterino, método de planificación temporal) sin su consentimiento informado, lo que constituye un acto de violencia obstétrica y una afectación a su libertad y autonomía reproductiva.

Para Hidalgo se recomendó reparar el daño a las víctimas, que incluya compensación y rehabilitación; se otorgue atención médica de seguimiento a la mujer y su esposo en el Hospital General de Tulancingo o algún otro centro de atención médica, perteneciente a la Secretaría de Salud de esa entidad federativa.

También que se imparta en ese hospital un taller de capacitación y formación en materia de derechos humanos de las mujeres en materia de salud, así como de la observancia de las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con el tema, ésta una recomendación reiterada en los 41 casos analizados.

Los mismo sucedió cuando murió una bebé por falta de atención en Chiapas, donde la CNDH emitió una recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En la Recomendación 50/2016 la CNDH pide al titular del IMSS, Mikel Andoni Arriola Peñalosa, se repare el daño ocasionado a la pareja por la pérdida de su hija, que incluya una compensación, atención médica, psicológica y tanatología, además de diseñar e impartir un curso integral de capacitación y formación a todos los servidores públicos adscritos a ese hospital, Hospital Rural de Oportunidades No. 8 (HRO-8) en Bochil, Chiapas. Esto sucedió en 2013. Pasaron 24 meses antes de la recomendación.

México cuarto lugar en maltrato hospitalario a las futuras madres was originally published on Periódico Mirador

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