#embargos judiciales

[elcorreografico]

Imputado por la Mega Estafa en Berisso pide periciar a judiciales por el “síndrome de burnout”

Imputado por la #MegaEstafa con #pagaréstruchos en #Berisso pide periciar a #judiciales por el “#síndromedeburnout” #Judiciales | #estafas | #saludmental | #abusodedrogas | #defraudación Más info:

En una iniciativa sorprendente, uno de los imputados en la Mega Estafa con pagarés truchos de Berisso busca evaluar la salud mental de los judiciales bonaerenses. Berisso, Buenos Aires, con información de RealPolitik – En el marco de la investigación por la Mega Estafa en Berisso, Leonardo Vitale, uno de los acusados y detenido en prisión, presentó una solicitud insólita: pericias para evaluar…

[ciudadanosconvoz-pe]

Tema: Derechos Humanos en Perú Subtema: Igualdad y No Discriminación en el Ámbito Laboral en Perú

Contextualización

El derecho a la igualdad y la no discriminación en el trabajo es un principio esencial para asegurar la justicia social y la dignidad humana, aunque ha habido avances significativos en la protección de estos derechos, la realidad laboral aún presenta desafíos importantes para diversos grupos de la población.

¿Qué es el Derecho a la Igualdad y No Discriminación en el Trabajo en Perú?

El derecho a la igualdad y no discriminación garantiza que todos los peruanos, sin distinción alguna, tengan las mismas oportunidades laborales y condiciones equitativas de trabajo. Este principio está consagrado en el Artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que establece el derecho a la igualdad ante la ley, prohibiendo cualquier forma de discriminación por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.

A nivel laboral, el Artículo 26 de la Constitución complementa esta protección al estipular que en la relación laboral se respetarán la igualdad de oportunidades sin discriminación y el trato justo y equitativo.

El Marco Legal en Perú

El Perú ha suscrito convenios internacionales clave, como el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que prohíbe la discriminación en el empleo y la ocupación. Además, leyes nacionales, como la Ley N° 27270 (Ley Contra Actos de Discriminación), proporcionan un marco de referencia para prevenir y sancionar la discriminación en el trabajo.

También, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (Ley N° 28983) promueve la igualdad de condiciones entre géneros en el ámbito laboral. Sin embargo, la implementación efectiva de estas normativas sigue siendo un reto.

Desafíos Actuales en el Perú: Brecha Salarial y Discriminación

Uno de los problemas más persistentes es la brecha salarial de género. Según estudios recientes, las mujeres en Perú ganan, en promedio, un 30% menos que los hombres por trabajos de igual valor. Esta brecha es aún mayor en sectores como la agricultura y la minería, donde las trabajadoras enfrentan doble discriminación por su género y condición social.

Otro desafío importante es la discriminación racial y étnica, particularmente hacia comunidades indígenas y afrodescendientes. Estas poblaciones enfrentan mayores obstáculos para acceder a empleos formales y, cuando lo logran, suelen recibir menores salarios y enfrentar condiciones laborales más precarias.

Aunque la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley N° 29973) establece que al menos el 3% de los puestos en el sector público deben estar ocupados por personas con discapacidad, en la práctica esta cuota no se cumple en muchos casos, y las personas con discapacidad enfrentan discriminación en la contratación y en la permanencia en el trabajo.

¿Qué Se Está Haciendo para Combatir la Discriminación Laboral?

Diversas organizaciones y entidades del Estado han implementado programas y campañas para combatir la discriminación en el ámbito laboral. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) cuenta con la plataforma "Ponte en Carrera", que ofrece información sobre oportunidades laborales y fomenta la igualdad de acceso al empleo.

Asimismo, el Programa Nacional para la Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Empleo busca sensibilizar a los empleadores y empleados sobre la importancia de respetar la igualdad de condiciones en el trabajo.

En cuanto a la población LGBTIQ+, algunos avances legislativos y judiciales han comenzado a reconocer sus derechos laborales, aunque persisten actitudes discriminatorias en muchos espacios de trabajo.

Conclusiones y Recomendaciones

A pesar de los avances legislativos, la discriminación en el trabajo sigue siendo un problema estructural en Perú. Es fundamental que se refuercen las políticas de igualdad de oportunidades y que se realicen esfuerzos más coordinados para fiscalizar su cumplimiento. La educación y la sensibilización son clave para promover un cambio cultural que garantice que todos los trabajadores, sin importar su género, raza, etnia o condición física, sean tratados de manera equitativa.

Recomendamos que el gobierno peruano, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, refuerce las campañas de concienciación sobre los derechos laborales y fortalezca los mecanismos de denuncia para quienes enfrenten discriminación. Además, es crucial garantizar que las normativas sobre igualdad y no discriminación se cumplan de manera efectiva en todo el país.

GRUPO#04

[waltfrasescazadordepalabras]

"Las medidas que se toman son de trazo tan grueso y de una tendencia tan evidente que casi podrían utilizarse como ejemplo para dar clases de política a los chicos. Está tan claro que esta es una política que representa la política de los mercados, la política de la ausencia del Estado, la política en donde hay una transferencia de recursos impresionante que va desde los trabajadores a los agroexportadores… Es así de un modo tan evidente que a veces parece mentira”, Es tan evidente que estas políticas han dado resultados tan siniestros que casi resulta irrisorio que alguien pretenda defenderlas por vía de la razón, y sin embargo se imponen, aparecen como naturales, como si hubiera una política natural que fuera esta: ‘dejemos actuar a los mercados. Uno no puede discutir de política, según la conducta de los integrantes de cada bancada, de manera tal que aquel menos corrupto va a ser el que tenga razón, aunque propugne verdaderos desatinos económicos. En la medida que se piense esto de esta peregrina manera, primero no se va a instalar nunca el verdadero debate político, que es qué clase de estado queremos y cuál es su alcance, y además, a favor de unas instancias judiciales que tienen su interés en el debate, va a aparecer siempre perjudicado o con menos oportunidades de ser sobreseído aquel que pertenecía a la corriente de opinión de un estado participativo. En términos “Mileinianos, para que los tipos puedan reducir los gastos hay que pagar sueldos más bajos, una de las maneras de bajar los sueldos es echar gente, de modo tal que la necesidad de empleo sea tal que los tipos acepten cualquier salario, a trazo grueso es eso. Cuando la diferencia de opinión produce desempleo y produce la desgracia en muchas familias ahí yo no sé si me hace mucha gracia ver cómo un tipo piensa diferente. Yo no le encuentro mucha gracia a eso. So color del ejercicio de una virtud burguesa de la disidencia y la caballerosidad con el que piense diferente dejamos pasar una injusticia tras otra. ¿Qué es peor?  ¿Un cierto malhumor o permitir la injusticia? No lo sé. Si tuviera que elegir una causa como la principal, sería la de los medios de comunicación hegemónicos que manipulan a la gente y los acercan a conductas que en principio no entendería. Los medios de comunicación es lo que viene a reemplazar a la represión, ya no hace falta un ejército encaramado en las cumbres del poder institucional, se maneja muy fácilmente así.

Palabras de Dolinas adaptadas a las circunstancias

[paulacorinna]

Reportaje: LAS TRABAS PARA ACCEDER A UNA MIGRACIÓN LEGAL EN CHILE

Esta es la historia de dos mujeres migrantes que refleja la realidad a la que son expuestos los ciudadanos extranjeros en Chile con las actuales políticas de tramitación de documentos. Ana Figueroa, una mujer colombiana, lleva en curso su residencia temporaria por más de 18 meses. Por otro lado, Amelia Valencia, lleva esperando 11 meses la renovación de su visa. Ambas se han visto en una situación donde lo único que les queda es apelar a sus sueños y esperanzas. 

Por Paula Corina Hernández M.

Actualmente en Chile hay más de 150 mil solicitudes de visa en trámite, 4 mil solicitudes no respondidas y 6 mil recursos judiciales. Lo anterior responde a escenarios como la falla del sistema informático del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), donde se registró una pérdida masiva de datos de ciudadanos extranjeros, lo que afectó las solicitudes de visa ingresadas entre el 11 de agosto y el 25 de octubre de 2021.

Por otro lado, la supresión total de atención presencial en las oficinas de Migración durante la pandemia, derivó en un rezago considerable en la gestión de documentos. Según Luis Eduardo Thayer, director del SERMIG, esto conduce a “una situación de irregularidad que precariza la vida de los ciudadanos migrantes en términos de integración”.

Es 29 de enero de 2021, Ana Figueroa (58) tiene sus maletas listas y su pasaporte en mano. Se encuentra visualizando el panel digital de abordaje del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla en Cali, Colombia. Su corazón marcha más rápido de lo normal, producto del estrés y los nervios. No quiere demostrarlo, su hija la acompaña y en unos minutos tendrá que despedirse de ella para emprender un viaje sin fecha de regreso.

La pantalla de abordaje anuncia que su vuelo destino a Antofagasta, Chile, está próximo. A ambas les reconforta saber que en su destino estará esperándola Camilo Granada, el hijo mayor de Ana, quien vive hace nueve años en Chile y trabaja en el rubro de la minería.

Ana muy pronto se sumará a las cifras del último estudio realizado por el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), donde se estima que la población migrante en el 2020 alcanzaba una cifra de 1.462.103 personas. Esta cifra sigue representando un alza exponencial, en especial de personas provenientes de países como Venezuela, Perú, Bolivia, Haití y Colombia. Lo anterior, afirma el Centro de Estudios Públicos en su libro “Inmigración en Chile: Una Mirada Multidimensional”, responde a las “mejores oportunidades económicas, los elevados indicadores sociales y un nivel de seguridad superior al de la gran mayoría de los países de la región”.

A su llegada a Chile, Ana tendrá 90 días de los que dispone por ley, para enviar su documentación por correo postal, para que su solicitud de Visa Temporaria por vínculo familiar sea ingresada al sistema del DEM y así pueda desarrollar actividades laborales de manera lícita. Sin embargo, su realidad fue otra.

–Se enviaron esos papeles y nunca respondieron ni nada, ya imagínese hace cuánto tiempo de eso– dice ella. Entre tanto, Ana realizó trabajos informales de limpieza en hogares, en los que comenzó a destacar.

-“Ahí fue cuando una señora me recomendó en una clínica en el sector sur de Antofagasta. Yo le comenté a ella que no tenía papeles, pero aun así me colaboró. Ahí estuve siete meses trabajando sin pagar salud, ni nada (…). Luego, me quedé sin trabajo, porque como esta ley ahora está tan jodida, no pueden recibir extranjeros sin papeles”, explica Ana Figueroa.

La espera de Ana recién estaba iniciando, ya que han pasado 18 meses y aún no ha obtenido su documentación. Ante este fenómeno, Luis Eduardo Thayer, director del SERMIG, precisó en una entrevista al medio regional El Mercurio, que la problemática responde a “una política en que la tramitación de documentos venía siendo ineficiente, con lo cual era muy difícil acceder a un ingreso regular”.

Asimismo, comunicó que el SERMIG fue el único servicio a nivel nacional que no contó con atención presencial durante toda la pandemia. “El haber suprimido la atención al público fue un error (…). Por lo que nos parece que retomar la atención para entregar información es una política no solo necesaria para mejorar el servicio, sino también para tratar con mayor respeto a nuestros usuarios”, aseguró.

Precisamente, dicha falencia en la atención fue la que no le permitió a Ana asesorarse sobre el estado de su proceso, por lo que su incertidumbre solo se alimentaba con el pasar del tiempo.

Según información del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, los ciudadanos extranjeros que aún no obtienen su cédula de identidad pueden realizar actividades laborales, siempre que estén tramitando una solicitud de visa y posean un permiso especial de trabajo autorizado por el Departamento de Extranjería y Migración. Sin embargo, persiste cierta reticencia a la hora de contratar personas que aún no poseen su documento de identidad, lo que los conduciría a realizar trabajos informales, donde actualmente, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se estima que la ocupación informal en ciudadanos extranjeros representa un 28,3%.

-“Usted sabe que el sueño de todos los que migran a otro país es ayudar a la familia, pero yo acá sin papeles no estoy haciendo nada”, explica Ana Figueroa, con un ceño fruncido que acompañó sin falta cada una de sus palabras durante este relato, que toca sus fibras y que por momentos la llena de frustración.

***

Esperanza

El 18 de noviembre de 2021 un comunicado de prensa de la Subsecretaría del Interior informaba una falla en el sistema informático administrado por la División de Redes y Seguridad Informática, el cuál es utilizado por el SERMIG para la gestión de las solicitudes de visas y la ejecución de expulsiones de los ciudadanos extranjeros.

En el documento se comunicaba la realización de procedimientos para la recuperación de la información perdida por medio de los respaldos existentes. Asimismo, se ordenaba una auditoría de la administración del sistema y una investigación sumaria. Por último, se informaba la renuncia del jefe del Departamento de Soporte Informático y del jefe de la División de Redes y Seguridad Informática de la Subsecretaría del Interior. Sin embargo, las afectaciones en las solicitudes ingresadas entre el 11 de agosto y el 25 de octubre de 2021 ya se habían producido.

Amelia Valencia (43) es una de las personas que pertenece al tramo afectado. Según el Portal Oficial de Trámites del SERMIG su solicitud de Permanencia Definitiva registra como día de ingreso el 5 de octubre de 2021, donde después de 11 meses tiene un avance de tan sólo un 17%.

-“Mi Visa Temporaria por vínculo familiar tuvo una vigencia de un año, ahí se venció y me tocó tramitar la Visa Definitiva y aún estoy esperando (…). De ahí en adelante he tenido que pagar prórrogas cada seis meses para certificar que estoy legal en el país”, explica.

Según Ciper, “los datos de agosto a octubre del año pasado fueron reconstruidos a partir de los registros del sistema simple de Extranjería, junto a otros organismos, como la PDI y el Poder Judicial”. A esto se suma el levantamiento de información “a mano”. Asimismo, según información recogida por el medio de comunicación “desde el momento en que se procedió a completar el registro ‘a mano’ ya no es posible establecer que se recuperó todo y que en caso de que se haya perdido información sólo se podrá saber “cuando alguien llegue a reclamar la falta de sus datos”.

Amelia Valencia, por su parte, tiene una actitud sorprendida ante este suceso, ya que desconocía totalmente dicha afectación. Ella relata que el tener sus documentos vencidos le ha traído dificultades para realizar trámites esenciales. Incluso, en una ocasión su tarjeta de débito se había extraviado, por lo que se acercó a las oficinas bancarias para la renovación correspondiente. En el proceso dice haber tenido un “mal momento”, al ver denegada su solicitud al poseer un documento vencido. Además, plantea que se quedó estancada en su empleo actual, ya que con su documento vencido es difícil ser aceptada en otro.

Ante lo que parece ser un cierre total de posibilidades, Amelia ve la otra cara de la moneda. -“Yo actualmente estoy trabajando como recepcionista, pero tengo la esperanza de que me van a salir mis documentos. Ya que yo en Colombia trabajé 16 años en un banco, entonces me gustaría postular a un mejor empleo y eso lo haré cuando me salgan mis documentos”, relata, con una pequeña sonrisa de ilusión en su rostro.

Juan Nagel, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, precisó al diario digital El Mostrador que los migrantes “contribuyen al PIB mediante su trabajo, pagando impuestos, aumentando el tamaño de los mercados, consumiendo servicios y productos que generan actividad económica y contribuyendo con el pool de personas disponibles para innovar y crear”.

En cuanto a las proyecciones de este fenómeno, los datos del INE reflejan que la segunda región con mayor presencia de ciudadanos extranjeros en Chile, después de la Metropolitana, es Antofagasta con un 7,0%. Ante esto, Ricardo Díaz, Gobernador Regional, precisó que han reiterado “que tienen que darse mayores atribuciones a los encargados regionales de Migración (…) ese afán centralista de querer regular todo desde Santiago, va atrasando la pronta solución a los problemas. Por eso creemos que tiene que haber un cambio en la mirada de gestión que se hace desde los Gobiernos regionales”.

Sobre lo anterior, Luis Eduardo Thayer, director del SERMIG, aseguró que “el proceso de descentralización permitirá en el mediano plazo tramitar en regiones, de manera que las solicitudes que se ingresen en cada región puedan tramitarse desde allí”, medida que es esperada por ciudadanos extranjeros como Ana Figueroa (58) y Amelia Valencia (43), personas que depositan sus sueños y esperanzas en la implementación de políticas migratorias eficientes.

Nota: Algunos nombres de esta crónica fueron modificados para proteger la identidad de las personas.

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[dilemasdelcontadoryami]

DILEMA ÉTICO "CODIGO DE ÉTICA PROFESIONAL"

Según la ley 43 de 1990, El contador público da fe cuando con su firma y número de tarjeta profesional suscribe un documento en que certifique sobre determinados hechos económicos. Esta certificación, hará parte integral de lo examinado.

Teniendo en cuenta lo anterior, el profesional debe ser garante de transparencia y correcta gestión de la información financiera, debe actuar con integridad, objetividad y ética en todo momento. A continuación, se expondrá un caso ficticio en donde se evidencia la falta de principios éticos por parte de un contador público, con el fin de resaltar las consecuencias de estos actos y evitar que se repitan en la vida real.

En la tienda deportiva SPORT SHOP que se especializa en la venta de ropa, calzado y equipos deportivos, ha enfrentado dificultades económicas en el último año debido a la competencia creciente y la disminución de las ventas. Ante esta situación, el gerente de la tienda, Carlos Gómez, preocupado por la disminución de la liquidez y buscando atraer a nuevos inversionistas, le solicita al contador, Luis Martínez, que ajuste los estados financieros para mostrar una mayor rentabilidad de la tienda.

El contador Luis es consciente de que inflar los ingresos y disminuir los gastos operativos en los informes financieros es una clara violación de los principios contables y éticos. Sin embargo, el gerente le promete una bonificación sustancial si logra que la tienda obtenga un préstamo bancario de gran valor para renovar su inventario y financiar una campaña publicitaria masiva. Ante esta oferta, Luis accede a manipular las cifras.

Luis modifica las cuentas de inventarios, reportando menos pérdidas de productos de las que realmente ocurrieron, y también altera el registro de las ventas en línea, inflando los ingresos para hacer que la tienda parezca más solvente de lo que realmente es.

A continuación, mencionaré algunos principios éticos que se vieron afectador en tal situación:

Integridad: Se vio afectador el principio de integridad, puesto que el contador debe ser honesto y sincero en todos sus tratos profesionales.

Objetividad: Se evidencia afectador este principio puesto que Luis no debe permitir que prejuicios, conflictos de interés o influencia indebida afecten su juicio profesional.

Confidencialidad: Aunque el contador tiene la obligación de mantener la información confidencial, también tiene el deber de no ocultar actos fraudulentos, como en este caso que fue ajustar los estados financieros.

Comportamiento Profesional: Debe cumplir con las leyes y reglamentos aplicables y evitar cualquier conducta que desacredite la profesión.

INVOLUCRADOS

Luis (Contador): Encargada de la auditoría, profesional con más de 10 años de experiencia.

Gerente Financiero (Sr. Gómez): Gerente de la empresa "SPORT SHOP", quien presiona y soborna a Luis para que realice un ajuste a los estados financieros y así la tienda deportiva no entre en liquidación.

¿Qué hubiese pasado si Luis hubiera decidido actuar con integridad y reportar los verdaderos estados financieros, a pesar de las presiones del gerente?

¿Cómo afecta este tipo de manipulación de la información la confianza de los bancos y de los inversionistas en las empresas pequeñas y medianas?

¿Cuáles deberían ser las sanciones que enfrentaría Luis Martínez por violar los principios éticos fundamentales?

SANCIONES

Sanciones para el Contador:

Suspensión o cancelación de su licencia profesional: A Luis le pueden suspender su tarjeta por falta de integridad y por manipular información financiera.

Responsabilidad penal: Puesto que el banco y los inversionistas habrían sido engañados.

Sanciones para el Gerente General

Inhabilitación profesional: Carlos puede quedar inhabilitado para ocupar cargos gerenciales en el futuro por instigar el fraude.

Multas económicas o procesos judiciales: puede tener estas consecuencias por los perjuicios económicos causados a terceros (inversionistas y bancos).

Consecuencias para la Empresa:

Pérdida de confianza de los inversionistas: Puesto que los estados financieros están alterados, esto tiene como consecuencia no obtener financiamiento en el futuro debido al daño a su reputación.

Liquidación de la empresa: La situación financiera real se hace pública, los acreedores y el banco pueden decidir retirar su apoyo financiero.

[gastohipotecario]

¿Cuáles son los gastos de hipoteca que se pueden reclamar?

Al momento de Reclamar Gastos de Hipoteca en Provincia de burgos, los prestatarios se enfrentan a una serie de gastos que, en muchos casos, son desconocidos y pueden llegar a ser significativos. Afortunadamente, varios de estos costos son reclamables, lo que permite a los consumidores recuperar una parte de su inversión. A continuación, exploraremos en detalle cuáles son estos gastos, cómo se pueden reclamar y qué debes tener en cuenta durante el proceso.

Gastos reclamables

Gastos de notaría: Estos son los honorarios que se pagan al notario que interviene en la formalización del contrato hipotecario. En muchos casos, la jurisprudencia ha dictado que este gasto debe ser asumido por la entidad financiera. Si pagaste estos honorarios, tienes derecho a reclamarlos.

Registro de la propiedad: Este coste está asociado con la inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad. Como con los gastos de notaría, es habitual que se considere que el banco debe cubrir estos gastos. Si tuviste que pagar por ello, no dudes en incluirlo en tu reclamación.

Tasación del inmueble: La tasación es un requisito previo para que el banco evalúe el valor de la propiedad que se está hipotecando. A menudo, este gasto recae en el prestatario. Sin embargo, en virtud de diversas sentencias judiciales, se ha establecido que el banco también debería asumir estos costos, lo que significa que podrías reclamar este gasto.

Impuesto de actos jurídicos documentados (AJD): Este impuesto es uno de los más significativos al momento de formalizar la hipoteca. Las sentencias recientes han dictaminado que este coste no debe ser asumido por el consumidor, por lo que es posible reclamarlo si lo pagaste.

Comisiones de apertura: Muchas entidades financieras cobran una comisión por la apertura de la hipoteca. Aunque algunas de estas comisiones son legales, si consideras que fueron desproporcionadas o no se justificaron adecuadamente, puedes intentar reclamarlas.

Gastos de gestión y otros costos administrativos: Existen otros gastos relacionados con la tramitación de la hipoteca, como los costos por la gestión del préstamo. Si estos fueron cobrados y no estaban claramente definidos en el contrato, pueden ser objeto de reclamación.

Cómo presentar la reclamación

Para reclamar estos gastos, el primer paso es reunir toda la documentación que respalde tu solicitud. Esto incluye:

Contratos y facturas: Ten a mano todos los documentos que demuestren que pagaste estos gastos.

Correspondencia con el banco: Si has tenido intercambios de emails o cartas, guárdalos, ya que pueden ser útiles.

Una vez que tengas toda la documentación, el siguiente paso es redactar una carta de reclamación. En esta carta, debes incluir:

Tus datos personales.

Detalles de la hipoteca, como el número de referencia y la fecha de firma.

Una lista detallada de los gastos que reclamas con sus respectivos montos.

Una breve justificación de por qué consideras que tienes derecho a recuperar esos gastos.

Envía la carta por un medio que permita confirmar su recepción, como un correo certificado, y espera la respuesta del banco. Si no recibes una respuesta satisfactoria, considera la posibilidad de escalar tu reclamación a instancias superiores.

Consideraciones legales

Es importante tener en cuenta que, si el banco se niega a devolverte los gastos, puedes acudir a la Oficina de Atención al Consumidor o a un abogado especializado en derecho hipotecario. Ellos podrán asesorarte sobre los pasos a seguir y ayudarte a presentar una reclamación formal si es necesario.

Además, ten presente que, aunque la ley establece plazos para presentar reclamaciones, es recomendable actuar lo antes posible para no perder tu derecho a recuperar esos gastos.

Conclusión

Conocer los gastos de hipoteca que se pueden reclamar es fundamental para proteger tus derechos como consumidor. Si crees que has pagado de más, no dudes en iniciar el proceso de reclamación. La clave está en estar bien informado y preparado, y no rendirse ante la negativa de las entidades financieras. Con la debida documentación y un enfoque claro, es muy probable que logres recuperar lo que es tuyo.

[peritojudiciales]

Peritos Judiciales: ¿Qué Debes Saber Antes de Contratar uno?

La contratación de peritaciones judiciales puede ser una decisión crítica en el contexto de un litigio. Los peritos son expertos en sus respectivos campos que ofrecen análisis y opiniones técnicas que pueden influir en el resultado de un caso. Sin embargo, hay varios aspectos que debes tener en cuenta antes de proceder con la contratación de un perito.

1. Comprender el rol del perito judicial

El primer paso es comprender qué hace un perito judicial y cómo puede contribuir a tu caso. Un perito puede ser llamado para realizar investigaciones, recopilar datos, y ofrecer un informe que detalle sus hallazgos y opiniones. Su objetivo es proporcionar claridad en temas técnicos que son cruciales para el caso, ayudando así a jueces y jurados a tomar decisiones informadas.

2. Especialización del perito

No todos los peritos son iguales, y su especialización es fundamental. Dependiendo de la naturaleza de tu caso, necesitarás un perito que tenga experiencia específica en el área relacionada. Por ejemplo, en un litigio por daños en una construcción, buscarías a un perito en ingeniería civil. Asegúrate de que el perito tenga una formación sólida y un historial de trabajo en el campo correspondiente.

3. Verificar credenciales y experiencia

Antes de contratar a un perito, investiga sus credenciales. Un perito acreditado debe tener títulos relevantes y, en muchos casos, certificaciones que validen su experiencia. Revisa su trayectoria profesional, así como los casos anteriores en los que ha trabajado. La experiencia práctica puede ser un indicador importante de su competencia.

4. Evaluar la calidad de informes anteriores

Pedir ejemplos de informes anteriores puede ser útil para evaluar la calidad del trabajo del perito. Un buen informe debe ser claro, conciso y estar bien fundamentado. Además, debe ser comprensible para personas que no son expertas en el tema. La calidad del informe pericial puede influir directamente en la percepción del tribunal.

5. Analizar la comunicación y la relación profesional

La comunicación es clave en cualquier relación profesional, y la relación que establezcas con el perito judicial es fundamental. Durante las primeras interacciones, evalúa si el perito se muestra dispuesto a responder tus preguntas y a explicarte el proceso. Un perito que prioriza la comunicación y la transparencia puede facilitar el desarrollo de tu caso.

6. Considerar la disponibilidad del perito

La disponibilidad del perito es otro aspecto importante a considerar. Pregunta sobre su carga de trabajo actual y su capacidad para dedicar tiempo a tu caso. Un perito ocupado puede no ser capaz de proporcionar la atención necesaria, lo que podría afectar la calidad de su trabajo y los plazos de entrega.

7. Conocer los costos y honorarios

Es fundamental tener claridad sobre los costos involucrados al contratar a un perito. Los honorarios pueden variar según la experiencia y la especialización del perito, así como la complejidad del caso. Asegúrate de obtener un desglose detallado de los costos y entender qué servicios están incluidos en la tarifa. Esto te ayudará a planificar tu presupuesto y evitar sorpresas.

8. Evaluar la disposición a testificar en juicio

Un aspecto crítico de la contratación de un perito es su disposición a testificar en juicio si es necesario. Asegúrate de que el perito esté dispuesto y preparado para presentar sus hallazgos en el tribunal. Su capacidad para comunicar efectivamente sus conclusiones frente a un juez o jurado es vital para que su informe tenga el impacto deseado.

Conclusión

La contratación de un perito judicial puede ser una de las decisiones más importantes en el contexto de un litigio. Al comprender su rol y considerar cuidadosamente sus credenciales, experiencia y capacidad de comunicación, puedes asegurarte de elegir a un perito que aporte valor a tu caso. Una buena elección no solo fortalecerá tu posición ante el tribunal, sino que también facilitará un proceso más fluido y efectivo en el manejo de tu litigio.

[marlynderechopenal]

INSEGURIDAD CIUDADANA🚓 🗣️

(derecho penal)

Contextualización:🚓

La inseguridad ciudadana es un fenómeno que afecta a diversas sociedades, manifestándose en un aumento de delitos y violencia en espacios públicos y privados. En países como Perú, este problema se ha intensificado en las últimas décadas, impulsado por factores como la desigualdad social, la falta de oportunidades económicas y la debilidad de las instituciones encargadas de mantener el orden.

Definición:🚓

La inseguridad ciudadana se refiere al temor y la percepción de peligro que sienten las personas en su entorno cotidiano, así como a la ocurrencia de delitos que afectan su integridad y bienestar. Se manifiesta a través de robos, asaltos, violencia doméstica, homicidios y otros actos delictivos que generan un ambiente de miedo y desconfianza en la comunidad.

Aplicación de las Normas o Ley:🚓

Las leyes en torno a la seguridad ciudadana buscan proteger a los ciudadanos y establecer un marco legal para la prevención y sanción del delito. En Perú, el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana establecen normas para la actuación de las fuerzas del orden y los procedimientos judiciales en casos de delitos. Sin embargo, la efectividad de estas leyes depende de su correcta aplicación y del compromiso de las autoridades.

Argumentación: 🚓 La inseguridad ciudadana no solo afecta a las víctimas directas, sino que también tiene repercusiones en la economía y el desarrollo social. Un entorno inseguro desincentiva la inversión, afecta la calidad de vida y contribuye a la marginalización de ciertos grupos. Es crucial abordar este problema desde un enfoque integral que considere no solo la represión del delito, sino también la prevención a través de la educación, el empleo y el fortalecimiento de las instituciones.

En el Perú últimamente las extorsiones realizadas por bandas criminales está al paso de todos los días,especialmente en sectores como la construcción y el transporte. Los delincuentes exigen pagos (cupos) a empresas o trabajadores a cambio de "protección" o para permitirles trabajar sin amenazas. Esta práctica ha crecido en los últimos años y genera inseguridad, afectando tanto a pequeños emprendedores como a grandes proyectos.

Conclusiones:🚓

La inseguridad ciudadana es un reto complejo que requiere la cooperación de todos los sectores de la sociedad. Aunque existen leyes que regulan y sancionan el delito, la implementación efectiva y la participación comunitaria son esenciales para reducir la delincuencia y restaurar la confianza en las instituciones.

Recomendaciones :🚓

✓.Participación en juntas vecinales: 🩷Organizarse con vecinos para vigilar y reportar actividades sospechosas, y promover la comunicación con las autoridades locales.

✓.Denuncias responsables: 💓

Reportar delitos o situaciones de riesgo de manera rápida y anónima, usando canales oficiales como líneas telefónicas o aplicaciones móviles de la policía.

✓.Prevención personal:🤍

Tomar medidas de seguridad como evitar zonas peligrosas, no exhibir objetos de valor en la calle y estar atentos al entorno.Educación comunitaria: Promover la convivencia pacífica y el respeto mutuo, creando conciencia sobre la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención del delito.

✓.Participación en programas de seguridad:♥️

Unirse a iniciativas de vigilancia comunitaria o capacitación en autodefensa y primeros auxilios.

✓.Uso responsable de redes sociales:💖

Evitar difundir información falsa o alarmista y usar plataformas para alertar a la comunidad sobre riesgos reales.

[expresa-news]

La historia de cómo Tomás Elías González Benítez trata de borrar de internet su pasado vinculado a la corrupción en el sector alimentario venezolano

Tomás Elías González Benítez es un empresario venezolano que ha sido señalado de participar en negocios ilícitos con gobiernos del chavismo, especialmente en el sector alimentario. Según diversas investigaciones periodísticas y judiciales, González Benítez ha sido socio o intermediario de otros personajes señalados por lavado de dinero, sobornos y fraudes, como Alex Saab Morán, procesado a los Estados Unidos; además del empresario Naman Wakil y el funcionario chavista Rodolfo Marco Torres.

Según diversas investigaciones periodísticas y parlamentarias, González Benítez habría recibido contratos millonarios para importar alimentos desde México y Turquía a través de empresas fantasmas o intermediarias. Estos alimentos serían destinados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa social del gobierno que distribuye cajas con productos básicos a precios subsidiados a la población más vulnerable, según un reporte de expresa.se.

Sin embargo, los alimentos importados a Venezuela habrían sido sobrevalorados, vencidos o de baja calidad, lo que generó pérdidas al Estado venezolano y afectó la salud y la nutrición de los ciudadanos beneficiarios. Además, parte del dinero obtenido por estos negocios habría sido desviado a cuentas bancarias en Suiza o usado para comprar propiedades en España.

González Benítez tendría vínculos con altos funcionarios del gobierno venezolano, como el general Rodolfo Marco Torres, exministro de Alimentación y expresidente de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), quien habría firmado varios contratos con sus empresas. También estaría relacionado con Naman Wakil, otro empresario procesado judicialmente en los Estados Unidos por blanqueo de capitales provenientes de la corrupción alimentaria en Venezuela.

González Benítez ha negado las acusaciones en su contra y ha dicho que es un empresario honesto que solo busca contribuir al desarrollo de Venezuela. Sin embargo, su nombre sigue apareciendo en diversas investigaciones que revelan el entramado de corrupción que rodea al Gobierno venezolano y sus aliados.

Uno de los negocios más cuestionados de González Benítez fue el contrato que obtuvo en 2016 para importar 300 mil toneladas de maíz blanco desde México a Venezuela. Ese contrato fue firmado por el entonces ministro de Alimentación y presidente de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), Rodolfo Marco Torres.

Según una investigación de la web Armando.info, González Benítez cobró al Estado venezolano unos 200 millones de dólares por el maíz, que nunca llegó a Venezuela. El dinero fue desviado a cuentas bancarias en Suiza, Hong Kong y Estados Unidos, a través de empresas fantasmas y testaferros. Además, se descubrió que el maíz era transgénico, lo que está prohibido por la ley venezolana.

Otro negocio turbio en el que estuvo involucrado González Benítez fue el suministro de carne bovina desde Brasil a Venezuela. Según una investigación de la web Primer Informe, González Benítez fue uno de los socios del empresario colombiano Alex Saab, quien es procesado por Estados Unidos, entre otros casos, por su participación en el blanqueo de cientos de millones de dólares provenientes del programa gubernamental Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).

Saab habría usado a González Benítez como intermediario para comprar carne bovina a precios inflados a una empresa brasileña llamada FrigoSantos3. La carne era luego enviada a Venezuela con sobreprecios que superaban el 1000%, generando ganancias ilícitas para los involucrados. Además, se denunció que la carne estaba en mal estado o vencida, lo que ponía en riesgo la salud de los consumidores.

Un tercer caso que salpica a González Benítez es el relacionado con Naman Wakil, otro empresario venezolano que fuera detenido en los Estados Unidos por blanqueo de capitales. Wakil habría pagado sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contratos millonarios para proveer alimentos e insumos médicos al Gobierno. Entre esos funcionarios estaría, según algunas investigaciones periodísticas, Rodolfo Marco Torres.

Naman Wakil fue detenido en Miami el 4 de agosto de 2021 por agentes de Homeland Security Investigations (HSI), acusado de lavar dinero y pagar sobornos a funcionarios del Gobierno venezolano para obtener contratos millonarios de suministro de alimentos.

Wakil es un empresario sirio-venezolano que se estableció en Miami en 2016 y que habría recibido al menos 250 millones de dólares del Gobierno chavista por proveer carne, pollo y otros productos alimenticios al Ministerio de Alimentación y a la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX).

Wakil se declaró inocente ante la corte federal y fue puesto en libertad bajo fianza el 12 de agosto de 2021, tras pagar un millón de dólares en efectivo y entregar su pasaporte. Además, fue obligado a cumplir arresto domiciliario con monitoreo electrónico y se le prohibió tener contacto con testigos o coacusados.

Según una investigación de la web Konzapata, Wakil habría usado a González Benítez como testaferro para ocultar su participación en algunas empresas vinculadas con los negocios corruptos. Entre esas empresas estarían Agropecuaria San Cayetano C.A., Agropecuaria La Trinidad C.A., Agropecuaria Los Llaneros C.A., Agropecuaria Los Andes C.A., Agropecuaria La Victoria C.A. y Agropecuaria Santa Elena C.A.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo Tomás Elías González Benítez ha sido un eslabón clave en las redes de corrupción que han saqueado los recursos públicos destinados a la alimentación del pueblo venezolano. Su papel como intermediario o socio le ha permitido beneficiarse económicamente mientras, contribuyendo además al descalabro social y económico del país sudamericano.

Según diversas fuentes periodísticas y judiciales, González Benítez y Wakil han compartido negocios e intereses en el ámbito agropecuario, especialmente en la importación y distribución de carne bovina desde Brasil a Venezuela. Estas operaciones se habrían realizado con sobreprecios, intermediarios innecesarios y productos de baja calidad o vencidos.

Otro de los contratos que implican la participación de Tomás Elías González Benítez fue el que obtuvo Wakil en 2015 para suministrar carne bovina desde Brasil a CASA. Según una investigación del portal Primer Informe, Wakil pagó sobornos a Marco Torres para obtener este contrato, que le reportó ganancias superiores a los 200 millones de dólares. La carne era comprada a FrigoSantos, la misma empresa que usaba Saab con González Benítez como intermediario. La carne era luego vendida al Estado venezolano con sobreprecios exorbitantes.

Además de los negocios opacos antes descritos, González Benítez también ha sido señalado por realizar reclamos fraudulentos de derechos de autor en internet, mediante el uso de bots o programas automatizados que envían notificaciones falsas a plataformas digitales como YouTube o Google para eliminar contenidos críticos o incómodos para él o sus socios. Esta práctica se conoce como “copyfraud” y es una forma de censura y extorsión.

Por otro lado, González Benítez también tiene una página web personal donde se presenta como un sumiller y un apasionado por la buena comida. En esta página ofrece servicios de asesoría gastronómica, cata de vinos y organización de eventos culinarios. Sin embargo, no hay evidencia de que tenga una formación profesional o experiencia en esos campos.

Empresas de limpieza de reputación en línea han creado para Tomás Elías González Benítez perfiles en las redes sociales y sitios en internet en los que también se presenta falsamente al empresario venezolano como periodista, deportista, consultor digital, diseñador de moda, estilista capilar, videógrafo profesional, apasionado por el cine y las series de televisión, además de muchos otros oficios e intereses, que en realidad no posee. Según una persona familiarizada con el asunto, el propósito de creación de tales perfiles y sitios ha sido el de desplazar en los primeros lugares de los resultados de los motores de búsqueda, contenido periodístico auténtico y relevante sobre las tramas de corrupción en las que González Benítez ha participado, mismas que han tenido como epicentro a Venezuela.

Una persona consultada dijo suponer que González Benítez ha invertido miles de dólares en tratar de ocultar de la vista de todos en la internet su verdadero historial de negocios opacos. Aseguró que empresas de gestión de reputación en línea contratadas por Benítez, además de realizar falsos reclamos de derechos de autor ante proveedores de alojamiento web y buscadores, sobre contenidos que no les pertenecen, han llegado al punto tal de realizar ciberataques, como ataques DDoS (ataque distribuido de denegación de servicio), con el fin de hacer que portales web de medios de prensa electrónicos que han investigado y publicado historias auténticas sobre el empresario, colapsen con tráfico malintencionado y dejen de funcionar correctamente.

Según el libro “El Gran Saqueo”, de los venezolanos, Carlos Tablante y Marcos Tarre, González Benítez fue intermediario en la compra de carne importada de Brasil a Venezuela, utilizando el decreto de emergencia alimentaria de Hugo Chávez. Esta operación habría generado sobreprecios y comisiones ilegales para los involucrados. González Benítez también estaría relacionado con el banco suizo Compagnie Bancaire Helvetique (CBH), donde se habrían depositado fondos provenientes de la corrupción.

De acuerdo con reportajes de Prensa, Marco Torres “firmó decenas de órdenes de compra a empresas de maletín de Tomás Elías González Benítez utilizando el decreto de emergencia alimentaria de Hugo Chávez. Con ello se obviaron los procesos de licitación mediante los cuales las compañías de González recibieron millones de dólares en órdenes de compra de alimentos para organismos que abastecen la red pública del sector: CASA, Mercal, PDVAL, Abastos Bicentenario, entre otros”.

Tomás Elías González Benítez aparece como Director de Afcom. Corp, Dexton, S.A, Alox International LLC Corporation, Oil Gas Technology Inc, Total Web Services, Domar Trading S.S, Latin Investors, S.A, Gestamer S.A. Mientras que, en otras seis empresas registradas en Panamá, surge el nombre de su socio, Ricardo Rojas Urbina. Junto con otras empresas como Afcom, Dexton, Alox International y Oil Gas Technology. Domar Trading estaría involucrada en la importación de alimentos a Venezuela con sobreprecios y comisiones ilegales.

En un caso destacable, explicado en el libro «El Gran Saqueo». Según los medios, “la orden de compra número DCL-56-6/2008 firmada por Marco Torres como presidente de CASA, autoriza la adquisición de 15.000 toneladas de carne a 4.740 dólares la tonelada por un total de 71 millones 100 mil dólares a la empresa Domar Trading, C.A. de Tomás Elías González Benítez, registrada en Panamá, pero radicada en Miami, que fungió como intermediaria ya que la carne era originaria de Brasil. Ello a pesar de que González mantenía para la fecha una demanda contra Bariven en una corte de la Florida, EE.UU., por el supuesto incumplimiento de un contrato de 195 millones de dólares por la compra de carne, pollos y azúcar, a una empresa de Brasil a través de Dexton Validsa Inc., otra de sus empresas de maletín”.

Según reportajes de prensa, “el trasfondo del mismo resultó ser una disputa entre cómplices, donde los funcionarios de Bariven y PDVSA, George Kabboul, Juan Carlos Chourio y Luis Hernández, decidieron dejar a un lado a Tomás González y concretar la operación – que incluía 11,5 millones de dólares en sobreprecios – directamente con West Meat, el verdadero proveedor brasileño, donde funcionarios del gobierno de Cuba estuvieron involucrados. Como resultado del pleito legal, PDVSA tuvo que pagar a Tomás González 100 millones de dólares de indemnización”.

Según los medios, en 2012, PDVSA, a través de su filial Bariven, encargada de la adquisición de los materiales y equipos, creyó comprarle tuberías a la empresa china Liaoning Northem Steel Pipes Co., LTD. Sin embargo, no se trataba de la empresa original, sino de una firma constituida por el venezolano Joseph Benoudiz y su socio Pablo Cárdenas en Texas, Estados Unidos, para suplantar la identidad del verdadero proveedor asiático, en una operación que involucró hasta 56 millones de dólares. De acuerdo con Diario Las Américas, Benoudiz y Cárdenas serian de los propietarios de “más de 40 firmas que tienen direcciones, teléfonos y directivos en común, a pesar de estar registradas en distintas jurisdicciones desde Venezuela y Estados Unidos hasta Panamá, Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda”. Entre ellas, destacan compañías panameñas como Dexton y Alox International LLC, en cuya junta directiva figura Tomás Elías González Benítez.

Según diferentes reportes de Gotham City y el investigador anticorrupción Alek Boyd, el empresario colombiano Alex Saab utilizó diferentes compañías fachada para exportar a Venezuela y vender productos alimenticios de la más baja calidad, con grandes márgenes de ganancia. Algunas de las compañías utilizadas fueron Driade SA, Vilex Trading Inc. y Bolcos Universal Corp. Estas dos últimas figuran en la filtración de los Papeles de Panamá, por haber sido registradas por la firma de abogados panameña Mossack Fonseca.

Según Gotham City, el CBH aparece como banco intermediario en operaciones realizadas por Vilex Trading Inc. y Bolcos Universal Corp. El tema recuerda cómo el asesor financiero francés Charles Henry de Beaumont por medio del CBH, supo relacionarse con empresarios venezolanos que necesitaban ocultar sus fortunas en países protegidos por el secreto bancario. El asunto ha quedado al descubierto gracias a filtraciones de documentos de la institución financiera suiza.

Como beneficiario de Vilex Trading Inc. y Bolcos Universal Corp., ambas registradas en Suiza, aparece Tomas Elías González Benítez, quien está vinculado también a Fleuris Group Inc., todas, compañías fachada, vinculadas a una dirección en República Dominicana. específicamente en el Edificio Sarasota Center, Local 201-B; Bell; Sarasosa 39; Sara; Bella Vista; Santo Domingo.

[ciudadanosconvoz-pe]

INSEGURIDAD CIUDADANA🗣️🚓

(Derecho penal)Bravo Gallegos Marlyn Y. GRUPO 3

♥️Contextualización:

La inseguridad ciudadana es un fenómeno que afecta a diversas sociedades, manifestándose ,en un aumento de delitos y violencia en espacios públicos y privados.

En países como Perú, este problema se ha intensificado en las últimas décadas, impulsado por factores como la desigualdad social, la falta de oportunidades económicas y la debilidad de las instituciones encargadas de mantener el orden.

♥️Definición:

La inseguridad ciudadana se refiere al temor y la percepción de peligro que sienten las personas en su entorno cotidiano, así como a la ocurrencia de delitos que afectan su integridad y bienestar. Se manifiesta a través de robos, asaltos, violencia doméstica, homicidios y otros actos delictivos que generan un ambiente de miedo y desconfianza en la comunidad.

El problema de los "cupos" en el Perú por ejemplo estás extorsiones son realizadas por bandas criminales, especialmente en sectores como la construcción y el transporte. Los delincuentes exigen pagos (cupos) a empresas o trabajadores a cambio de "protección" o para permitirles trabajar sin amenazas. Esta práctica ha crecido en los últimos años y genera inseguridad, afectando tanto a pequeños emprendedores como a grandes proyectos de infraestructura.

♥️Aplicación de las Normas o Ley:

Las leyes en torno a la seguridad ciudadana buscan proteger a los ciudadanos y establecer un marco legal para la prevención y sanción del delito. En Perú, el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana establecen normas para la actuación de las fuerzas del orden y los procedimientos judiciales en casos de delitos. Sin embargo, la efectividad de estas leyes depende de su correcta aplicación y del compromiso de las autoridades.

♥️Argumentación:

La inseguridad ciudadana no solo afecta a las víctimas directas, sino que también tiene repercusiones en la economía y el desarrollo social. Un entorno inseguro desincentiva la inversión, afecta la calidad de vida y contribuye a la marginalización de ciertos grupos. Es crucial abordar este problema desde un enfoque integral que considere no solo la represión del delito, sino también la prevención a través de la educación, el empleo y el fortalecimiento de las instituciones.

♥️Recomendaciones:

🩷Participación en juntas vecinales:

Organizarse con vecinos para vigilar y reportar actividades sospechosas, y promover la comunicación con las autoridades locales.Denuncias responsables: Reportar delitos o situaciones de riesgo de manera rápida y anónima, usando canales oficiales como líneas telefónicas o aplicaciones móviles de la policía.

🩷Prevención personal:

 Tomar medidas de seguridad como evitar zonas peligrosas, no exhibir objetos de valor en la calle y estar atentos al entorno.Educación comunitaria: Promover la convivencia pacífica y el respeto mutuo, creando conciencia sobre la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención del delito.

🩷Participación en programas de seguridad:

 Unirse a iniciativas de vigilancia comunitaria o capacitación en autodefensa y primeros auxilios. Uso responsable de redes sociales: Evitar difundir información falsa o alarmista y usar plataformas para alertar a la comunidad sobre riesgos reales.

♥️Conclusiones:

La inseguridad ciudadana es un reto complejo que requiere la cooperación de todos los sectores de la sociedad. Aunque existen leyes que regulan y sancionan el delito, la implementación efectiva y la participación comunitaria son esenciales para reducir la delincuencia y restaurar la confianza en las instituciones.

[angelariasdominguez]

§ 3.491. La golfa (Jean Renoir, 1931)

 

Estoy seguro que Lang vio está cinta para "Perversidad" y "Para la mujer del cuadro". Además el protagonista también es pintor. La primera de ellas puede considerarse, incluso, un remake canónico, oficial.

Evidentemente es una historia muy vieja, conocida y trillada, pero seguro que hacerla en 1931 se consideraba tremendamente avanzado. Le supongo, no lo sé porque no he leído nada al respecto, incluso problemas en su exhibición, judiciales, manifestaciones, etc. Sin embargo no hay excusas escabrosas, ni muchos menos de sexo explícito.

A pesar de los años pasados, más de noventa, la temática sigue siendo muy perfectamente actual.

Los actores manejan los registros de manera algo amanerada, con movimientos bruscos, excesivos, poco naturales, algo artificiosos. Sin embargo la composición de los planos es técnicamente perfecta, la cámara no se mueve, los zoom son precisos, y por momentos pueden parecerse a las composiciones de cuadros. 

A diferencia de las de Lang, aquí la sordidez no se muestra, simplemente se insinúa. Se da por supuesto. Se requiere algo de imaginación para detectar las humillaciones, las servicias y las maldades de 'la golfa' hacia el pintor. Lo interesante de la propuesta es el drama moral que surge de la tensión de la chica con las opciones que se le presentan. El mito de que a las chicas guapas les gustan los chicos 'palotes' se arraiga en historias como éstas. En ningún momento pretende dejar a su chulo y encariñarse verdaderamente con el amante al que engaña.  Y eso es algo que es más vidrioso en la propuesta de Lang. 

El arquetipo de mujer malvada y sórdida está mejor planteado en las de Lang. Joan Bennett tiene más cuerpo, emoción y guapura que Janie Marèse.

Me ha gustado, pero menos que otras del director, que tiene verdaderas obras de arte.

[germanlarioja]

La Justicia Federal dicta embargo contra Rioja Vial S.A.U. por deuda fiscal de más de 8 millones de pesos

El Juzgado Federal de La Rioja emitió un mandamiento de intimación de pago contra la empresa Rioja Vial S.A.U. por una deuda fiscal de $8.437.865,53, incluyendo intereses y costas. La medida incluye el embargo sobre fondos y valores en entidades financieras y la posibilidad de nuevas acciones judiciales en caso de incumplimiento. En una decisión emitida por el Juzgado Federal de La Rioja, la…

[marketingunipoliza]

Seguro de Responsabilidad Civil Profesional: Protección para los servicios de consultoría

En el dinámico mundo de los negocios, los consultores y asesores desempeñan un papel crucial, proporcionando conocimientos especializados y asesoramiento estratégico a empresas de diversos sectores. Sin embargo, con esta responsabilidad viene el riesgo inherente de cometer errores o pasar por alto detalles importantes que pueden tener consecuencias graves para sus clientes. Aquí es donde entra en juego el seguro de responsabilidad civil profesional, una herramienta esencial para proteger a los consultores y asesores frente a posibles reclamaciones.

¿Qué es el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional?

El seguro de responsabilidad civil profesional es una póliza diseñada específicamente para cubrir a profesionales que brindan servicios de asesoría, consultoría, o cualquier otro tipo de servicio que involucre la toma de decisiones o el ofrecimiento de consejos a terceros. A diferencia del seguro de responsabilidad civil general, que cubre daños físicos o materiales, el seguro de responsabilidad civil profesional cubre los daños económicos que un cliente pueda sufrir como resultado de un error, omisión o negligencia por parte del profesional.

Coberturas específicas para Consultores y Asesores

Los consultores y asesores están expuestos a una variedad de riesgos que pueden dar lugar a reclamaciones de responsabilidad civil. Por ello, un seguro de responsabilidad civil profesional para este sector suele incluir una serie de coberturas específicas diseñadas para proteger contra estos riesgos:

Errores y Omisiones (E&O): Esta es la cobertura principal en un seguro de responsabilidad civil profesional para consultores. Cubre los costos asociados con reclamaciones por errores o negligencias en la prestación de servicios profesionales. Por ejemplo, si un consultor financiero proporciona un consejo erróneo que resulta en pérdidas económicas para su cliente, esta cobertura puede hacerse cargo de los costos legales y la compensación.

Difamación y Calumnias: Los consultores, especialmente aquellos involucrados en la gestión de la reputación y comunicación, pueden enfrentarse a reclamaciones por difamación o calumnias. Esta cobertura protege al profesional si es demandado por hacer declaraciones que afecten negativamente la reputación de una persona o entidad.

Infracción de Propiedad Intelectual: En la era digital, la propiedad intelectual es un activo valioso. Los consultores de marketing, tecnología, y creatividad, entre otros, pueden enfrentar reclamaciones por el uso no autorizado de material protegido por derechos de autor, marcas registradas o patentes. Esta cobertura protege al profesional en caso de una demanda relacionada con la propiedad intelectual.

Gastos de Defensa: Los costos legales pueden ser prohibitivos, incluso si la reclamación contra el consultor es infundada. El seguro de responsabilidad civil profesional generalmente cubre los gastos de defensa, incluyendo honorarios de abogados y costos judiciales, lo que permite al profesional defenderse sin tener que asumir estos costos de su bolsillo.

Ejemplos de Reclamaciones Comunes en el Sector de Consultoría

Las reclamaciones de responsabilidad civil en el sector de consultoría pueden surgir de diversas situaciones. A continuación, se presentan tres ejemplos comunes que ilustran la importancia de contar con un seguro responsabilidad civil adecuado:

Error en la estrategia de negocios: Un consultor de estrategia empresarial fue contratado para asesorar a una empresa en la expansión a nuevos mercados. Sin embargo, debido a un análisis deficiente, el consultor recomendó una estrategia que resultó ser ineficaz, causando pérdidas financieras significativas para la empresa. La empresa decidió presentar una reclamación contra el consultor por negligencia profesional. En este caso, el seguro de responsabilidad civil profesional cubriría los costos de defensa y cualquier compensación que deba pagarse a la empresa.

Malos consejos financieros: Un asesor financiero recomendó a un cliente que invirtiera en un producto financiero que, finalmente, no cumplió con las expectativas y resultó en una pérdida considerable. El cliente, sintiéndose engañado por la recomendación, presentó una reclamación contra el asesor por daños y perjuicios. El seguro responsabilidad civil profesional cubriría tanto los costos de defensa como cualquier indemnización que se determine necesaria para el cliente.

Infracción de propiedad intelectual: Un consultor de marketing utilizó sin saberlo imágenes protegidas por derechos de autor en una campaña publicitaria para un cliente. El propietario de los derechos de autor demandó al consultor por infracción, reclamando daños y perjuicios. En este escenario, la cobertura de infracción de propiedad intelectual incluida en el seguro de responsabilidad civil profesional cubriría los gastos legales y cualquier compensación que se deba pagar.

Importancia del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional

Para los consultores y asesores, el seguro de responsabilidad civil profesional no es solo una protección financiera, sino una garantía de que pueden ejercer su profesión con confianza. La naturaleza del trabajo de consultoría implica tomar decisiones que pueden tener un impacto significativo en los negocios de los clientes. Aunque los consultores se esfuerzan por ofrecer los mejores consejos y servicios posibles, siempre existe el riesgo de que algo salga mal.

Contar con un seguro responsabilidad civil profesional permite a los consultores centrarse en su trabajo sin el temor constante de posibles reclamaciones. Este tipo de seguro no solo cubre las compensaciones que pudieran ser exigidas, sino también los costos legales, que pueden ser elevados incluso si el consultor no es finalmente responsable.

En resumen, el seguro de responsabilidad civil profesional es una herramienta esencial para cualquier consultor o asesor que desee proteger su carrera y su reputación. Al garantizar que están cubiertos frente a una amplia gama de riesgos, los consultores pueden operar con la tranquilidad de saber que están protegidos, lo que les permite concentrarse en lo que mejor saben hacer: asesorar y guiar a sus clientes hacia el éxito.

[gustavourbaez]

PRÁCTICAS inadecuadas de Juntas de Condominio. Atención Mantuana!

Gustavo Urbáez, turmero 18/08/24

sanciones a los propietarios. Las más usuales son aquellas relacionadas con la limitación de usar y disfrutar los “espacios comunes” como causa de la falta de pago de la cuota parte de condominio que le corresponde por el inmueble respectivo.

Artículo cortesía de

El artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal describe detalladamente cuáles son las cosas y espacios comunes a todos los apartamentos, entre otras: escaleras, ascensores, azoteas, patios o jardines, puestos de estacionamiento declarados como cosa común, piscina (si el edificio cuenta con una). Seguidamente, el artículo 6 del mismo texto legal indica que los derechos de cada propietario son “inherentes a la propiedad del respectivo apartamento”. Aunado a ello, el artículo 8 de la misma ley establece que “cada propietario podrá servirse de las cosas comunes según sea destino ordinario y sin perjuicio del uso legítimo de los demás”.

Es por lo anterior, que podemos afirmar que la Ley de Propiedad Horizontal establece en varias normas que todos los copropietarios, indistintamente estén solventes o no en el cumplimiento de sus obligaciones, no pierden el ejercicio del derecho de propiedad sobre su inmueble y sobre las áreas comunes del conglomerado. La Junta de Condominio no está habilitada legalmente para decidir e imponer quién puede hacer uso de los espacios comunes del edificio o conjunto residencial y quién no.

Lo que sucede en el día a día con las Juntas de Condominio

En la práctica, es conocido que las Juntas de Condominio, en algunos casos, ante el incumplimiento por parte de los propietarios de sus obligaciones de pago, recurren a la ilegal práctica de “sancionarlos” con acciones que se constituyen en “vías de hecho”, como, por ejemplo, la decodificación de la llave magnética del ascensor; la restricción de acceso a zonas como jardines o piscinas; la anulación del código de acceso al estacionamiento vehicular, entre otros. Tales acciones, violan el derecho de propiedad constitucionalmente garantizado y, en consecuencia, dan lugar a una solicitud de amparo.

Si se pretende el cumplimiento de las obligaciones de los copropietarios insolventes, puede perfectamente acudirse a la jurisdicción y exigir tutela judicial al respecto. Sin embargo, por diversas razones que no pretendemos abordar en este momento., resulta que la vía judicial es evitada para este tipo de asuntos, desde hace mucho tiempo y, en consecuencia, se han creado las malas prácticas aludidas mediante las cuales se pretende limitar el derecho de propiedad como una especie de “sanción” ante el incumplimiento de los copropietarios.

Por todo lo antes señalado, creemos que debe estudiarse la posibilidad de establecer legalmente mecanismos alternativos a las reclamaciones judiciales, para pretender el pago de las obligaciones incumplidas por los propietarios en el régimen de propiedad horizontal.

[juanjoseojedadiaz]

Denuncian represión y exigen transparencia electoral

Avanzada Progresista exige el respeto a los derechos humanos y la liberación de las actas del 28J

Caracas 11/08/24. (PS).- El partido político Avanzada Progresista expresó su profunda preocupación por la creciente represión y violación de los derechos humanos en Venezuela, al tiempo que exigió la liberación de las actas del proceso electoral del 28 de julio. Durante su comparecencia ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el parlamentario Luis Augusto Romero, Secretario General Nacional de Avanzada Progresista, hizo un llamado urgente a los cuerpos policiales y judiciales para que respeten los derechos constitucionales de todos los venezolanos.

"Hoy nos alarma la oleada de represión que sacude al país. La violencia que se extiende por toda Venezuela es profundamente preocupante. Es crucial que los cuerpos policiales respeten los derechos constitucionales, permitiendo que todos los venezolanos manifiesten sus ideas desde el marco del orden constitucional", expresó.

Exhortó además a las instituciones del Poder Judicial a garantizar el respeto a los derechos humanos, destacando que el ejercicio de las libertades políticas es fundamental para la salud democrática del país. "No es con más represión como se van a resolver los problemas de Venezuela. Los derechos a la presunción de inocencia, la defensa, la libertad de expresión, y la inviolabilidad del hogar son garantías constitucionales que deben ser respetadas en todo el territorio nacional".

El parlamentario también señaló que, como partido, han cumplido con el requerimiento de la Sala Electoral del TSJ, consignando las actas de las auditorías en las que participaron. Sin embargo, insistió en la necesidad de que las autoridades electorales publiquen los resultados de las actas, mesa por mesa, para disipar la incertidumbre que actualmente prevalece en el país. "Los venezolanos tienen derecho a saber qué ocurrió con sus votos en el pasado proceso electoral".

Romero concluyó su intervención con un llamado a la reflexión, advirtiendo que la violencia solo generará más violencia. "No podemos seguir profundizando la brecha entre venezolanos. Es momento de que los responsables del Consejo Nacional Electoral y del TSJ publiquen los resultados para que el país pueda salir de este estado de incertidumbre".

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

X (antes Twitter): @juanjoseojeda

Instagram: @juanjoseojedadiaz

[latablainfo]

#Corrupto “Seudoprocurador” de Guaido habría incurrido en “prácticas corruptas” según leyes gringas por fraude a PDVSA

Documentos judiciales de Estados Unidos,  a los que LaTabla tuvo acceso,  confirman que el "seudoprocurador" José Ignacio Hernández González, designado por Juan Guaidó, actuó como experto de la defensa de varias empresas de combustibles involucradas en un prolongado fraude comercial contra Pdvsa.

La información sob

Éste fraude, develado en marzo de 2018 (aunque la investigación comenzó en 2017), pudo causar pérdidas por montos de entre 5 mil y 13 mil millones de dólares desde el año 2004, según los datos de una demanda civil en el Sur del estado de Florida y otra penal en Ginebra.

La historia del fraude volvió a la agenda pública en la última semana por un polémico artículo publicado por el portal PanAmPost, que apunta fundamentalmente a la supuesta relación de la empresa Helsinge (organizadora del desfalco) con el partido Acción Democrática, así como con su máximo líder, Henry Ramos Allup. Sin embargo, los hechos alcanzan a muchos otros actores, tanto individuales como corporativos.

Esta es la tercera vez que Hernández González aparece  actuando como "experto", avalando las solicitudes en contra de la República.

Previamente se conocieron los casos, no menos graves de Crystallex y Owen Illinois, en los que actuó en las acciones que procuraban cuantiosas indemnizaciones contra Venezuela por expropiaciones calificadas como ilegales.  

En esta oportunidad el jurista aparece ofreciendo su testimonio que sirvió a la juez Alice Otazo-Reyes para decidir que para la legislación venezolana la figura del fideicomiso era ilegal. Si bien el dictamen se divulgó a principios de marzo de 2019 (cuando Hernández ya era "procurador"), el informe fue presentado en agosto de 2018.

Vale detallar que a través de la empresa Helsinge Inc, fundada en 2004 en Panamá por el  extrabajador de Pdvsa Leonardo Baquero  (despedido en el sabotaje de 2002 y 2003) y el broker  Francisco Morillo, se organizó una gigantesca trama de corrupción con pérdidas millonarias para la estatal petrolera.

El mecanismo consistió en manipular precios, amañar licitaciones y eliminar a la competencia, así como robar información altamente confidencial, para lo cual "clonaron" los servidores de Pdvsa con un servidor espejo instalado en la sede de Helsinge en Miami.

De esta manera se favoreció un grupo de empresas poderosas (42 según la investigación) comercializadoras de crudo y combustibles, vinculadas a grandes corporaciones mundiales que tuvieron acceso a información confidencial (en perjuicio de otras empresas pequeñas), lo que les permitió ganar licitaciones en procesos de compra de petróleo y  venta de derivados, y además atentar contra el patrimonio de Pdvsa.

Todo este robo de información lo logró Helsinge con la colaboración del experto informático y trabajador de PDVSA,  Luis Liendo, quien proporcionó acceso remoto a las órdenes de compra y venta y ofertas que presentaba la vicepresidencia de Comercialización y Suministros de Pdvsa.

Tras descubrirse la trama de corrupción, el Estado   demandó a las 42 empresas, entre las cuales están Lukoil Petroleum LTD, Glencore Ltd, Vitol SA y Trafigura AG y Colonial Oil Industries.

Con ese fin se creó  en 2017 el fideicomiso Pdvsa US Litigation Trust, con la autorización del ministro de Petróleo de entonces, Nelson Martínez y el aval del procurador Reinaldo Muñoz Pedroza, y la participación operativa de la firma de abogados estadounidenses Boies Schiller Flexner.

La acción judicial, presentada en el Tribunal de Distrito del Sur de la  Florida, derivó en una moción por parte de las empresas para descalificar el fideicomiso que fue encomendada para su resolución a la juez Alicia Otazo-Reyes.

Por su parte la oposición venezolana encomendó a los abogados Carlos Ramírez López y Luisa Ortega Díaz, exfiscal general de la República y quien se encuentra prófuga de la justicia, acudir a la Corte Federal del Distrito Sur del estado de la Florida a fin de impugnar la legitimidad de la actuación del procurador Reinaldo Muñoz Pedroza.

El argumento esgrimido fue que había un nuevo gobierno en Venezuela y que el gobierno de los Estados Unidos  reconocía era al nuevo procurador, es decir a José Ignacio González Hernández.

Previamente, aunque en el mismo contexto político surgió la decisión de la Asamblea Nacional que,  bajo la presidencia de Omar Barboza, en abril de 2018 calificó como inconstitucional el fideicomiso y prácticamente abrió las puertas para que la administración de justicia estadounidense desconociera cualquier actuación del verdadero procurador venezolano.

Con esto se buscaba que no fuese aceptada la validez del fideicomiso Pdvsa US Litigation Trust, lo que estaba en correspondencia con los intereses y el deseo de las empresas demandadas por el fraude en perjuicio del estado venezolano.

Es bueno recordar que el abogado Hernández González, estrechamente vinculado con el equipo de Ricardo Hausmann y con empresas Polar,  forma (o formó) parte del bufete Grau, García, Hernández & Mónaco que hace algunos años defendió a Empresas Polar en una investigación de Cadivi debido al uso de documentos falsos o forjados para tramitar divisas y liquidar importaciones.

Es decir, una persona que se supone  que fue designado en ese cargo (así sea ilegal) para defender los intereses de la República, resulta que tiene un historial que siempre lo ubica del lado de la contraparte.

En este caso, la decisión de la juez Otazo-Reyes  (publicada en marzo de 2019) se basó en los argumentos expuestos en su informe por el profesor Hernández González, quien es identificado como "experto legal de Venezuela."

En el dictamen de la juez Otazo-Reyes también se hace referencia al conocido argumento de Hernández que considera a PDVSA cómo un simple instrumento del Estado.  Éste argumento fue el que permitió acciones de embargo por parte Crystallex y, eventualmente, de Owen Illinois.

Y también se hizo público un extracto fotografico de la transcripción de la comparecencia de Hernández en el tribunal.   El representante de la corte presenta a José Ignacio Hernández al abogado del fideicomiso, David Boies y lo describe  como experto en derecho de Venezuela, particularmente derecho de constitucional, administrativo y mercantil  y en regulación petrolera venezolana para ver si no tenía ninguna objeción.

Tras eso otro abogado de apellido Lennon, a través de una pregunta, dejó constancia qué el experto se encontraba en el litigio  requerido por compañías como Lukoil, Colonial, Glencore, Vitol y Trafigura entre otras.

Otra vez del lado del "enemigo"...