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unpensadoranonimo · 7 years

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A Pepe Villarejo lo trincaron como a Al Capone

Ni los más optimistas del lugar pudieron imaginar que llegarían a ver el día en que el polémico comisario José Manuel Villarejo Pérez fuera puesto a disposición de la Justicia. Tal era/es su poder, tal su capacidad para desestabilizar a jueces, fiscales, políticos, empresarios, periodistas y colegas del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Una bomba racimo hecha a base de tiempo, de Gobiernos de distinto signo, de ministros del Interior indignos y acollonados, y de acumulación de información sensible. En pleno temporal provocado por la revuelta del independentismo catalán, al día siguiente de que Junqueras y sus siete enanitos durmieran en la cárcel de Estremera, saltaba la noticia: Pepe Villarejo había sido detenido dentro de una operación llevada a cabo por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, siguiendo órdenes de la Fiscalía Anticorrupción. Se le acusa de haber recibido supuestos cobros “a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia, y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español”. El hombre que durante décadas pareció intocable, máximo exponente de las llamadas “cloacas policiales”, había sido trincado a la manera en que lo fue el famoso Capone: por un delito menor, comparado con la categoría de los que se le atribuyen.

Una operación preparada con mimo, que despide el aroma de la mano inocente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de su adorable responsable jerárquica en el Gobierno de la nación, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Ha sido necesario encontrar una acusación (una denuncia anónima llegada a Anticorrupción el pasado mes de abril) que no pusiera en riesgo la seguridad del Estado; que no implicara daño al prestigio, ya muy disminuido, del CNP; que no significara una amenaza para ningún peso pesado, pasado o presente, de la política española; que no pusiera de nuevo en evidencia las vergüenzas del PP; que no afectara a la Casa Real y a los escándalos del rey Emérito; que no tuviera nada que ver con Cataluña y los Pujol… Una operación “limpia”, en suma, un simple caso de policías corruptos cogidos in fraganti. A la cárcel con ellos, y a tapar cuanto antes un relato que pone en evidencia las frágiles costuras de nuestra democracia: la existencia en la sombra de una policía paralela actuando al margen de las estructuras del Estado de Derecho.

Resultaría ocioso, por reiterativo, aludir aquí a las fazañas de Pepe Villarejo y su grupo, sobre las que se han vertido ríos de tinta. En realidad, no ha habido en los últimos años un gran escándalo en el que no haya estado presente el famoso comisario: el informe Veritas; los casos Al Kassar y Gao Ping; el ático en Estepona del ex presidente madrileño Ignacio González; su declaración de guerra al general Sanz Roldán, responsable del CNI; su enfrentamiento con Sáenz de Santamaría; su pulso con el también comisario Marcelino Martín Blas (la “guerra entre comisarios”); su cortejo a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en busca de información sobre los negocios conjuntos de la princesa y el rey Emérito, con la que presionar a Zarzuela y al propio Gobierno en busca de ventajas judiciales; su relación con Victoria Álvarez, novia de Jordi Pujol jr., para rastrear los viajes a Andorra del citado; la filtración de las conversaciones entre el ex ministro Fernández Díaz y el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña; su participación en el affaire del empresario Javier Gómez Madrid y la doctora Elisa Pinto; la grabación, y posterior filtración (caso Nicolay), de una reunión celebrada en el despacho de Martín Blas por éste y dos agentes del CNI, relativa a las andanzas de ese patético zascandil apodado el “pequeño Nicolás”…

La lista sería interminable. El ahora detenido hizo fortuna con la creación de empresas tapadera destinadas a encubrir determinadas operaciones policiales, algunas en el exterior, empresas que funcionaban con fondos reservados y que Villarejo puso a su nombre porque alguien lo consintió y que a su nombre han quedado. Javier Ayuso dio cuenta en 'El País' de una relación detallada de dichas empresas que hacen del comisario un hombre muy rico, con una fortuna que algunas voces cifran entre los 35 y los 40 millones. Ningún policía en ningún estado democrático hubiera resistido 24 horas la prueba del nueve de semejante revelación. Villarejo la superó con holgura. Fernández Díaz anunció la apertura de una investigación al respecto, pero rápidamente plegó velas y la guardó en un cajón, no sin antes elogiar al susodicho recordando "los relevantes servicios por él prestados en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado". De modo que el famoso comisario podía presumir de tener al Estado, en realidad a pésimos servidores del Estado, bien atados por el ronzal de sus miedos.

Trabajos sucios para grandes empresarios

Tras abandonar el CNP e instalarse temporalmente como detective privado, Villarejo (1951, El Carpio, Córdoba) volvió al Cuerpo con renovados bríos dispuesto a montar su gran negocio personal: un entramado societario que tenía/tiene más de lobby de influencias que de otra cosa, con el que se ha dedicado a prestar servicios de información/investigación a grandes empresas y empresarios, personajes con dinero bastante para pagarlos (el caso López Madrid es emblemático), mediante lo que en el CNP llaman “grupo de gestión de crisis” (policías, abogados, periodistas, incluso jueces y fiscales a quienes pagaba jugosas minutas por presuntas conferencias), actuando siempre al margen de la Policía pero en cierto modo gozando de cobertura policial, esquema en el que resultaba clave contar con acceso directo a la UDEF. Una situación que pareció siempre escandalosa a una mayoría de agentes: “Él nunca ha trabajado como policía: él ha utilizado a la policía como cobertura, que es distinto”. Sería interesante conocer en detalle los “trabajos sucios” que el grupo Villarejo realizó para esos empresarios, todos capos del Ibex 35, a cambio de grandes sumas de dinero.

Piedra angular del “negocio” era su capacidad para intimidar a los enemigos de sus clientes con filtraciones envenenadas en los medios, efectuadas a través de una red de periodistas, particularmente en diarios digitales, a los que él mismo define como “mis periodistas infiltrados”, plumillas que en los últimos años se han venido beneficiando de las exclusivas de ese “periodismo de investigación” consistente en pasarse por su despacho y salir a la calle con un puñado de folios bajo el brazo. El personaje, en efecto, se hizo célebre por su condición de “expendedor” de buena parte de los dossiers que en los últimos tiempos han alfombrado las exclusivas de una serie de periodistas conocidos, dispuestos a echarse al coleto y sin el menor rubor informes de una redacción que a menudo rozaba lo burdo de puro pedestre. Uno de los trajes salidos de esa sastrería fue el llamado “informe PISA” (Pablo Iglesias S.A.), un texto que, a base de recortes de prensa, versaba sobre la financiación de Podemos. Dos de los periodistas más notorios de esa cuadra llegaron a prestase como coartada de Villarejo en el caso de Elisa Pinto, asegurando encontrarse con él en el momento del apuñalamiento de la doctora. El 30 de julio pasado, el comisario renunció a dicha coartada después de que ambos rectificaran bajo amenaza de falso testimonio.

Una información muy reciente de Ayuso, que ha pasado desapercibida en plena vorágine catalana, resulta capital para entender la operativa de este supuesto grupo parapolicial. En efecto, el pasado 1 de noviembre El Paísadelantó que el hasta hace poco director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, y su jefe de gabinete, José Fuentes Gago, ambos notorios miembros de la cuadra Villarejo, adquirieron en julio de 2014 equipos de escucha electrónica clandestina a la empresa israelí Raizone Group, con los que presuntamente se efectuaron las grabaciones ilegales al ministro Fernández Díaz y al exjefe de la Oficina Anticorrupción de Cataluña, así como de la reunión en el despacho del comisario Martín Blas entre éste y dos agentes del CNI. La información da cuenta de la existencia de dos cartas con membrete del DAO, en las que figuran la propuesta económica de la compra y un informe sobre correos electrónicos remitidos entre las partes. La cúpula policial disponía pues de la tecnología necesaria para poder interceptar y grabar conversaciones e información de teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos sin autorización judicial.

En realidad Villarejo se había convertido en una amenaza continua para el Estado, como cabeza visible de una estructura policial paralela ajena a cualquier control, no ya judicial, sino político del Gobierno de turno, perfecta representación de esas “redes secretas de poder coactivo” sobre las que ya advirtió Constant en el XIX, tejidas por políticos -o policías especiales- dispuestos a utilizar la fuerza delegada del Estado en beneficio propio. La línea de opacidad es tan gruesa, las posibilidades de vulnerar la ley son tantas, que a menudo esas policías derivan en simples mafias en manos de personajes que se convierten en intocables por mor de la información que han ido acumulando sobre todo el mundo, susceptibles de hacer temblar las estructuras del Estado si a alguien se le ocurre llamarles al orden. “Me sobra dinero para llevar a los tribunales a todo el que se me ponga por delante”. Y de hecho pleiteaba contra todo aquel que osara incomodarle, caso de quien esto suscribe. Le sobraba dinero y le sobraban también abogados a su servicio.

Un rayo de luz entre tanta sombra

Villarejo ha ido a dar con sus huesos en la cárcel por el que quizá sea el menor de los escándalos en los que se ha visto involucrado. Con él ha sido detenida su mujer, Gemma Isabel Alcalá (se supone que como aviso a navegantes), y el comisario jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal, Carlos Salamanca, otro prominente miembro de la cuadra Villarejo. Según la nota distribuida por Anticorrupción, “la operación tiene por objeto el desmantelamiento de una organización criminal cuyo principal objetivo es la reintroducción en España, y otros países de la UE, de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios” (…) “Prevaliéndose de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, especialmente sensibles para la seguridad nacional, los detenidos habrían recibido elevadas sumas de dinero así como regalos suntuarios diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia, y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español”.

Para quienes desde hace tiempo venimos luchando por acabar con la corrupción en todas sus variantes y por la regeneración de las instituciones, la detención de Pepe Villarejo es una gran noticia que, sumada a la entrada en prisión de los golpistas catalanes, devuelve la confianza en la Justicia como poder independiente capaz de hacer realidad el Estado de Derecho. La existencia en la sombra de grupos parapoliciales dispuestos a actuar a su antojo y al margen de la estructura jerárquica correspondiente, es motivo de escándalo en cualquier democracia parlamentaria que se precie. Los países serios reprimen con dureza y depuran casos como los descritos cuando los descubren, porque no hay democracia capaz de soportar la existencia en su seno de fuerzas policiales operando sin control, razón por la cual resulta inadmisible la tolerancia mostrada por los sucesivos ministros del Interior (Villarejo ha trabajado hasta con 9) con las tropelías, reales o supuestas, del personaje. Por fortuna, la Justicia parece decidida a tomar cartas en el asunto. Este país aún puede tener arreglo. Un rayo de luz entre tanta sombra.

Fuente: Jesús Cacho

#opinion #corrupcion #españa

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infoprisiones · 3 years

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Jefes de servicio de la cárcel de Estremera exigen a Grande-Marlaska por carta que destituya al director

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/Judicial/jefes-servicio-carcel-estremera-exigen-grande-marlaska-carta-destituya-director/20201127173424190732.html

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noticierouniversal-blog · 7 years

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Elecciones catalanas - Cataluña 2017: Última hora de Cataluña, hoy en directo y online

Elecciones catalanas – Cataluña 2017: Última hora de Cataluña, hoy en directo y online

… escrita el pasado 8-D en la prisión de Estremera y en la que anuncia que se pone a disposición de Catalunya “para dirigir un Govern fuerte y eficaz”. “La cárcel no nos debilita, al contrario, nos hace más fuertes”, asegura también y se deshace en elogios hacia ERC: “Por las prisiones ha pasado muchos de sus miembros en los 86 años de historia” de dicha formación, bajo su punto de vista “el…

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estodaynet · 6 years

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Un alto cargo del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska acumula numerosas denuncias internas por discriminación y presunto acoso laboral ‘mobbing’ a funcionarios de prisiones homosexuales. Se trata del director de la cárcel madrileña de Estremera, Enrique Valdivieso de la Hoz.

Valdivieso es funcionario de Instituciones Penitenciarias desde 1981 y fue director de la cárcel de Herrera de La Mancha (Ciudad Real) durante dos años. También del penal alicantino de Fontcalent, antes de convertirse en el máximo responsable de la prisión madrileña de Estremera en el año 2013, durante el Gobierno del Partido Popular. Instituciones Penitenciarias depende de Interior y Grande-Marlaska llegó al cargo en junio.

OKDIARIO ha tenido acceso a numerosas denuncias internas presentadas por acoso laboral y discriminación contra Enrique Valdivieso por varios funcionarios de prisiones que ya han sido remitidas al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz; al Defensor del Pueblo e incluso a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

Según las fuentes consultadas, en el penal madrileño “muchos funcionarios están de baja médica por sus actuaciones al frente de la dirección de este centro penitenciario”. Mientras, “permanece vacante el puesto de subdirector de seguridad, el de subdirector médico y tan sólo está cubierto 1 de los 9 puestos de médicos para atender a una población reclusa de más de 1.300 personas”.

Uno de los funcionarios de prisiones que ha reconocido públicamente en el centro su homosexualidad ha denunciado a Enrique Valdivieso de la Hoz ante Instituciones Penitenciarias por estar sufriendo una “persecución”. Le acusa de un “cambio injustificado de servicio” y de la realización de tareas de un “rango inferior” al que ostenta.

Según la denuncia, “en alguna conversación me ha dicho que no realiza esos cambios por mi condición sexual, sin haber salido el tema en dicha interlocución, creyendo este peticionario, que incluso puede haber discriminación por mi orientación sexual, pues es público y notorio que soy homosexual reconocido, y sin justificación alguna se ha excusado y teniendo en cuenta la expresión latina ‘excusatio non petita accusatio manifestan’ me da que desconfiar”.

“Debido al vapuleo que estoy sufriendo”, añade, “tanto profesionalmente, como por comentarios y confesiones de compañeros que prolifera este director, se ha extendido a gran parte de la plantilla que soy una persona non grata a dicho director y conlleva que muchos me menosprecien y me falten al respecto sin ningún tipo de miramiento, humillándome, ya no solo por mi orientación sexual, sino por mi trabajo realizado y hasta cuestionando las bajas que me otorga el médico justificadamente”.

“Todas esas circunstancias están propiciadas por el director, que en lugar de atajarlo lo fomenta, pues todos los homosexuales reconocidos en el centro tienen algún tipo de percance con dicho director” afirma tajante en la denuncia.

“Tal es el acoso hacia mi persona y fomento del odio a los homosexuales”, continúa, “que hasta un grupo de funcionarios, votó por mí, sin haberme presentado, a la condición de miembro de la comisión disciplinaria, sabiendo que soy tutor de un discapacitado, el ejercicio de dicho puesto mermaría la conciliación familiar”.

“La última medida tomada por este director ha sido asignarme como servicio el peor módulo, siendo este el nº 2 , y sin posibilidad de rotación alguna, lo que supone un desgaste psicológico por el tipo de internos, y por ser este uno de los departamentos donde más conflictos se generan estadísticamente, por las reyertas, peleas, agresiones a funcionarios, tensión en el ambiente”.

El escrito señala que en otra conversación el director le dijo: “‘Pídete una excedencia, déjanos tranquilo, te mandamos a talleres para perderte de vista’. Actualmente debido al presunto acoso laboral que estoy sufriendo, me encuentro en incapacidad laboral, siendo esta la segunda vez por la presión que sufro, el menosprecio hacia mi labor profesional, sin tacha alguna en 23 años de servicio efectivo en esta mi querida institución”.

El denunciante solicita al secretario general de Instituciones Penitenciarias que tome algún tipo de medida, aunque considera que “la más efectiva sería cesar a dicho director pues no es una práctica aislada existiendo antecedentes por cuestiones similares”.

En otra de las denuncias, remitida al Ministerio de Grande-Marlaska, la supuesta víctima de acoso laboral es también funcionario de prisiones: “Soy homosexual reconocido, milito en un partido político, además de pertenecer a la sección sindical. Sufro un acoso laboral por parte del director del centro penitenciario Madrid VII (Estremera)” asegura.

“Desde que estoy en la prisión no tengo un puesto fijo”, añade, “cosa que suelen tener casi todos mis compañeros, estando en diferentes puestos en un mismo ciclo e incluso día. Cuando me afilié al sindicato, el director le dijo a mi compañera de sindicato, que ‘como podía tener como representante sindical a ese podemita’”.

“Solicité hace unos meses un permiso sin sueldo y se me denegó cuando no conozco en el centro a ninguna persona que se lo hayan denegado. El año pasado sufrí un accidente laboral solicitando que me lo tramitasen como ello y no lo hicieron debiendo solicitárselo este peticionario a la delegada del Gobiemo y reconociéndomelo la misma” sostiene.

Por todo ello, solicita a Interior que “proceda a dar solución a este problema y se tomen las medidas desde prevención de riesgos laborales. Además como no es una situación puntual, solicito también el cese inmediato de dicho director y se incoe de ser preciso el correspondiente expediente disciplinario por discriminación por orientación sexual, ideología o condición de pertenencia a la sección sindical”.

Prisiones investiga las denuncias

En declaraciones a OKDIARIO, Instituciones Penitenciarias reconoce que existen estas denuncias por acoso laboral y discriminación a funcionarios de prisiones de Estremera homosexuales y que actualmente “están siendo investigadas”. Por su parte, el propio director de la prisión, Enrique Valdivieso de la Hoz, se niega a realizar cualquier declaración, al estar el asunto bajo investigación.

Situada en la localidad de Estremera (Madrid), a 67 kilómetros de la capital, esta prisión es considerada una de las más conflictivas y peligrosas del país. En los últimos 6 años, ha registrado el mayor número de agresiones a funcionarios de prisiones de toda España, concretamente 124.

En este penal madrileño estuvieron recluidos, el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras; y los exconsellers, Raúl Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó y Santi Vila. También permaneció recluido en prisión preventiva durante casi 33 meses el exconsejero madrileño Francisco Granados.

Okdiario Investigación

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#Investigación #Estremera #Fernando Grande-Marlaska #Instituciones Penitenciarias #Ministerio del Int

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kiro-anarka · 6 years

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Desde un módulo de primer grado de la cárcel de Madrid VII (Estrenera), nos escribe un compañero, cuyo nombre callaremos, de momento, para evitarle, si es posible, innecesarias represalias, contándonos que, en dos días han muerto allí dos personas, una por evidente abandono médico y otra por supuesto suicidio. Ya sabemos, demasiado lo sabemos, que la cárcel mata, pero no podemos acostumbrarnos. Y menos a que lo haga así, sin explicación ni control de ninguna clase. Nos los entregan muertos y ni siquiera escuchan nuestras preguntas: ¿Pero qué ha pasado? ¿Que está pasando? ¿Quién los mata? ¿Cómo y por qué los matáis? Cárcel de Estremera, 24 de junio de 2018 Estimadxs compañerxs del Tokata y presxs en lucha, quería comunicaros a todxs un triste suceso en mi galería de primer grado de Estreneraa, el pasado día 16-VI-2018. Un compañero de mi misma galería ha fallecido, pero la causa es la siguiente: llevaba todo un mes pidiendo y solicitando un médico, ya que le dolía el pecho, sufría pinchazos en el corazón, mareos y vómitos, así durante un mes, sufriendo y sin tener ninguna atención médica. Lo dejaron morir, ese mismo día 15-VI-2018 apareció muerto a las 8.00, le intentaron reanimar

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noticiascantautores · 6 years

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<b>Joan Manuel Serrat</b> visita en la cárcel de Estremeras a Junqueras y Romeva

El cantautor Joan Manuel Serrat ha visitado este sábado al líder de ERC, Oriol Junqueras, y al exconseller y diputado de ERC en el Parlament, Raül ... via Cant https://ift.tt/2Kf5jYh

#cantautor #cantautores #trova #Cant

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que-noticias · 6 years

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Filtran las primeras imágenes de Junqueras, Romeva y Forn en la cárcel

EFE

El vídeo, en el que se ven imágenes del día a día de los exconsellers, ha sido publicado por el diario ‘Ara’ en su web.

El diario Ara ha publicado en su web imágenes de los exconsellers Oriol Junqueras, Raül Romeva y Joaquim Forn en la prisión madrileña de Estremera.

El vídeo, de 1 minuto y 47 segundos, ofrece imágenes del día a día de los tres presos soberanistas, en sus celdas o en otras…

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teleindiscreta · 6 years

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Prisiones recuerda a Torra que no habrá traspaso físico de carteras entre consejeros

Instituciones Penitenciarias ha recordado este lunes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que sus nuevos consejeros sólo tienen autorización para comunicarse con los exconsejeros encarcelados siguiendo el procedimiento rutinario, aunque sin margen para realizar el traspaso físico de carteras, según han informado a Europa Press fuentes de este organismo dependiente del Ministerio del Interior.

Torra ha defendido que tiene autorización de Instituciones Penitenciarias para que los exconsejeros catalanes encarcelados y los nuevos intercambien simbólicamente sus carteras en prisión. Según ha asegurado Torra en declaraciones frente a la cárcel de Estremera (Madrid), no está habiendo problemas para llevar a cabo este gesto, “más allá de los trámites burocráticos”.

Tras visitar a líderes independentistas en Estremera, el presidente de la Generalitat ha agradecido al Ministerio de Interior las gestiones realizadas para que los nuevos consejeros puedan visitar a sus predecesores en el cargo y despachen en un simbólico intercambio de carteras.

“Espero que con todos sea posible”, ha asegurado Torra sobre las gestiones después de confirmar que las autorizaciones están en camino. Según el dirigente, los nuevos consejeros expresaron sus deseo de trasladarse hasta las cárceles madrileñas para despachar con los políticos que se encuentra en prisión preventiva.

La consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha confirmado que acudirá este martes a Estremera para realizar el intercambio simbólico con su predecesor Jordi Turull. En la misma situación está Damià Calvet, designado para ocupar la cartera de Territorio y Sostenibilidad en lugar de Josep Rull, o Miquel Buch, quien releva en Interior a Joaquim Forn.

Según fuentes del Departamento que dirige en funciones Juan Ignacio Zoido, la comunicación autorizada es la fijada en la ley penitenciaria, que exige que sea el interno quien solicite por quién quiere ser visitado. Aparte de las telefónicas, la legislación permite que los internos disfruten de comunicaciones personales que se realizan en los locutorios del establecimiento penitenciario con aquellos familiares y amigos previamente autorizados.

La normativa, de acuerdo a la información accesible desde la página web de Instituciones Penitenciarias, fija un máximo de cuatro personas por visita, autorizando dos visitas semanales de 20 minutos cada una o bien una única visita a la semana por 40 minutos.

La legislación penitenciaria reconoce el derecho de los internos a comunicar periódicamente de formal oral y escrita, en su propia lengua, con familiares y amigos o representantes acreditados de organismos e instituciones, salvo en los casos en que la autoridad judicial de la que depende haya decretado prisión incomunicada. Se regulan, por tanto, comunicaciones íntimas, con familiares y amigos, de convivencia o con los abogados.

Fuente: La Razón

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