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riusugoi · 5 years ago

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AFAVORENCONTRA DE LA RENTA BÁSICA - CÉSAR RENDUELES

La renta básica consiste, por encima de todo, en una herramienta para desvincular los derechos sociales del mercado de trabajo. Al menos en nuestro país, se trata de una tarea urgente. Una de las grandes debilidades estructurales de nuestras políticas sociales es que el sistema de prestaciones español depende mucho del mercado laboral. Las ayudas más importantes son, con diferencia, las contributivas –como las pensiones y el subsidio de desempleo–, algo particularmente grave en un país con un mercado de trabajo tan frágil como es el nuestro. Según datos de la OCDE, en España el 20% de la población con más ingresos recibe una mayor parte del gasto social directo que el quintil de población con menos ingresos. Mientras los hogares más ricos reciben casi el 30% del total de las ayudas sociales directas, los más pobres se quedan con solo el 12%. Es decir, literalmente, el gasto público español beneficia sobre todo a los más ricos y aumenta la desigualdad. Por poner un ejemplo reciente, los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles recientemente aprobados en España costarán unos 2.000 millones de euros anuales que no beneficiarán de ninguna manera a ese 30% de nacimientos anuales que no quedan cubiertos por ninguna ayuda o prestación, porque las madres no estaban empleadas o no habían cotizado lo suficiente.

La renta básica puede ser entendida como uno de los instrumentos disponibles –no necesariamente el mejor– para remediar el laborcentrismo de nuestro sistema de protección social y reducir de forma efectiva los efectos más nocivos de la desigualdad material, extendiendo el Estado del bienestar a los más desfavorecidos. Claro que, desde este punto de vista, la renta básica no tiene nada de revolucionario. Como mucho es una especie de aceleración de caminos que han seguido países –como los escandinavos– con otros modelos de Estado social diferentes que, precisamente, se han distinguido por desvincular, al menos parcialmente, su sistema de prestaciones del mercado de trabajo.

Sin embargo, no creo que esta comprensión modesta de la renta básica sea la que se ha popularizado entre los movimientos sociales antagonistas y, sobre todo, entre la izquierda académica, que a menudo la ha entendido como un bálsamo de Fierabrás, una navaja suiza política capaz de solucionar toda clase de males, desde los problemas de remuneración de los artistas a la crisis de los cuidados, pasando por la precariedad laboral y la estigmatización de los receptores de ayudas sociales.

Naomi Klein decía, con mucha razón, que los miembros de la Escuela de Chicago no consideraban al marxismo su auténtico enemigo; despreciaban mucho más profundamente el eclecticismo keynesiano, que consideraban un batiburrillo inconexo de socialismo, capitalismo, planificación y redistribución. Salvando las distancias, algo parecido pasa con la renta básica y el mundo académico. Frente al fastuoso sistema de contingencias mediadas burocráticamente de cualquier sistema redistributivo, la renta básica parece una medida sencilla y elegante cuyos méritos y deméritos pueden ser discutidos en abstracto. Por desgracia para los académicos, en las sociedades contemporáneas «sencillo» es prácticamente el antónimo de «realista».

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Una de las principales fuentes de desigualdad material y política en el capitalismo es la diferente capacidad de negociación de trabajadores y empresarios en el mercado laboral. Esa asimetría inocula subordinación en acuerdos formalmente libres. La manera de equilibrar el poder contractual en el lugar de trabajo ha sido tradicionalmente la acción colectiva, en particular sindical, cuya incorporación a los códigos legales ha sido interpretada incluso como una desmercantilización parcial de la fuerza de trabajo.

La popularización de la renta básica fue contemporánea de la derrota sindical internacional que se produjo a finales de la década de 1980. A medida que los sindicatos perdían capacidad de influencia y se limitaban las opciones de acción colectiva, la renta básica ha ido pareciendo una opción cada vez más atractiva. Es decir, se ha interpretado, al menos implícitamente, como un proceso de desmercantilización parcial del trabajo alternativa a la sindical. Y no solo alternativa, sino incluso mejorada. Hay en ello una parte de verdad, en la medida en que, lógicamente, no verse sometido al miedo, al hambre o al desamparo físico, gracias a una renta no condicional, incrementa en alguna medida el poder contractual de los trabajadores.

La clave es precisamente en qué medida. La intervención sindical en las empresas se expresaba a través de mecanismos institucionales específicos: la negociación colectiva y, en algunos países, la cogestión de las empresas. Presuponía normas relacionadas con la cooperación, el diálogo y el conflicto entre intereses diversos. La renta básica, en cambio, es un derecho individual sin ninguna dimensión institucional asociada. La respuesta de sus defensores es que, liberados de la compulsión laboral, los trabajadores se encontrarán libres para sindicarse, emprender, crear cooperativas o grupos de apoyo mutuo. Es posible, por supuesto. Pero es muy diferente pensar en una herramienta institucional directamente cooperativa que en otra que simplemente puede ser una condición de posibilidad de la colaboración. Un dato significativo en este sentido es que, a lo largo del siglo XX, la afiliación sindical ha tendido a limitar la desigualdad salarial mucho más que el salario mínimo.

Es más, la renta básica también podría ser una fuente de pasividad e individualismo y de conformismo y segregación. Seguramente, esa es la razón por la que también Milton Friedman y otros neoliberales han ofrecido su propia versión de esta medida. Cabe preguntarse cuál de las dos opciones –pasividad o colaboración– es más probable en un entorno social tan fragmentado y despolitizado como el nuestro. ¿Cómo encajaría la renta básica en un mercado de trabajo extremadamente precarizado y desregulado? La línea de defensa habitual es que haría que subieran los salarios al proporcionar a los trabajadores mayor capacidad de negociación. Pero lo contrario también es perfectamente posible. Tal vez podría servir a los empleadores para negociar a la baja con aquellos trabajadores –por ejemplo, miembros de familias monoparentales, parejas divorciadas que necesitan mantener dos hogares, personas con deudas o que pagan alquileres abusivos…– a los que una renta básica equivalente al salario mínimo interprofesional no les baste para subsistir.

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En realidad, nada de esto es exactamente un argumento en contra de la renta básica, sino una reflexión sobre el papel que podría desempeñar una medida como esta en los programas socieconómicos de la izquierda política. La renta básica no puede ser un juego de manos con aspiraciones ecuménicas, supuestamente aconflictivo y consensual. Tampoco debería servir para eludir la tarea de proponer y promover un modelo laboral, social y productivo alternativo al dominante.

La renta básica tal vez sea una buena idea, pero es una propuesta con numerosos claroscuros que ni simplifica los problemas ni atenúa los enfrentamientos políticos. Que una predistribución sea más eficaz que una redistribución es una cuestión tan contingente como los fallos o aciertos del Estado social. Completar los flecos de esa predistribución puede conllevar tanta o más intervención, burocracia y posibilidades de fracaso que las políticas redistributivas tradicionales. Los problemas sociales no se distribuyen homogéneamente, más bien al contrario, se van acumulando en ciertos colectivos que sufren procesos sucesivos de relegación cuya solución requiere políticas públicas complejas y, este punto es importante, caras. ¿Cuál es el coste de oportunidad social que estamos dispuestos a soportar para que la universalidad de la renta básica no sea meramente nominal? ¿Cuántas emergencias sociales vamos a dejar de atender, cuánta vivienda pública, cuántos hospitales y escuelas vamos a dejar de construir para que la renta ciudadana suponga una mejora económica individual significativa para un gran número de personas? La extensión de la universalidad efectiva de la renta básica –no de la mera predistribución formal, sujeta a tributación progresiva– depende de esas decisiones.

Pero, sobre todo y más en general, ¿cuáles son las obligaciones incondicionales que se corresponden al derecho incondicional que promueve la renta básica? Hay una estrofa de La internacional poco citada que dice así: «Basta ya de tutela odiosa, que la igualdad ley ha de ser / No más deberes sin derechos, ningún derecho sin deber». ¿Qué compromisos colectivos organizados con la misma concreción que la renta básica tenemos que asumir como correlato de ese derecho? A menudo la reivindicación política de la renta básica se mueve en un terreno muy abstracto de rechazo del trabajo asalariado que, en última instancia, se aproxima al individualismo expresivo y a la crítica de la alienación como único horizonte emancipatorio. Los Estados de bienestar clásicos tenían muchísimas limitaciones pero, al menos, aceptaban la enorme complejidad de la organización del trabajo y la solidaridad colectiva en las sociedades contemporáneas.

Cualquier resignificación del trabajo con aspiraciones democratizadoras necesita de una estructura institucional sofisticada a través de la que decidir qué es trabajo y qué no y qué mecanismos empleamos para establecer quién lo realiza y en qué condiciones; un marco normativo que permita tomar decisiones como prohibir las prácticas parasitarias (por ejemplo, la especulación financiera), proteger labores mal remuneradas o directamente extramercantiles esenciales para el cuidado de la vida, repartir aquellos trabajos particularmente penosos que es injusto que un colectivo asuma en exclusividad… Si la renta básica ha de servir para liberarnos de las cadenas del salariado, entonces solo puede ser un elemento más, ni siquiera particularmente destacado, de una caja de herramientas interconectadas que incluye los topes salariales, la democratización de los centros de trabajo, la negociación colectiva, las intervenciones públicas desmercantilizadoras, la protección de las labores reproductivas, el trabajo voluntario y, sí, también las prestaciones sociales obligatorias.

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kiro-anarka · 5 years ago

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La pandemia y la crisis económica y social asociada a la misma ha situado a la Unión Europa (UE) en el epicentro del debate político; una buena noticia, teniendo en cuenta que, lamentablemente, Europa suele estar fuera de los debates políticos en nuestro país. Hasta ahora, para la mayor parte de los partidos ha sido suficiente con levantar la tibia bandera del europeísmo, frente a las inercias desintegradoras, y dar por buenas las exigencias procedentes de Bruselas.

Ante la manifiesta incapacidad y falta de voluntad política de los gobiernos para movilizar la ingente cantidad de recursos que requiere la situación de excepcionalidad que estamos viviendo mediante un incremento de la recaudación a las grandes corporaciones y fortunas vía impuestos, todas las miradas se han dirigido a las instituciones comunitarias. El debate, todavía abierto cuando se escriben estas líneas, ha estado centrado en torno al volumen de financiación puesto a disposición de los gobiernos y a la condicionalidad de esta.

Una cuestión sin duda alguna crucial que nos dirá si la UE está a la altura del histórico desafío al que se enfrentan los pueblos europeos o si da un paso más, puede que irreversible, en el camino hacia la desintegración. Pero, con todo, hay una problemática que trasciende con mucho la coyuntura, por decisiva que esta sea; una problemática estructural, que el relato dominante oculta o ignora y que tiene que ver con los intereses de las elites y la impronta de los mercados, que han dominado la construcción europea desde sus comienzos. Aunque desde el tratado de Maastricht la deriva neoliberal de la UE no solo se aceleró sino que se constitucionalizo como la única vía posible, un auténtico sabotaje al proyecto europeo sin el que no podríamos comprender las tensiones y crisis del actual modelo de gobernanza comunitaria.

A pesar de que supuestamente el Tratado de funcionamiento de la Unión inscribe en su tercer articulo el objetivo de fomentar la conexión económica, social y territorial así como la solidaridad entre los Estados miembros, la realidad ha sido muy distinta, las políticas efectivas de la UE han ido en sentido opuesto: con una Unión Monetaria defectuosa desde su comienzo, que ha contribuido a polarizar Europa entre un Sur deudor y un Norte acreedor, y unas políticas de austeridad y desmantelamiento del Estado social que han recortado los derechos de las clases populares.

Este articulo pretende, modestamente y más allá de la coyuntura actual, presentar una visión más amplia de la crisis del proyecto europeo, como una forma de poder entender la dimensión del desafío al que nos enfrentamos, que pasa necesariamente por darle una vuelta a Europa.

Ausencia de convergencia

La Unión Europea (UE) (antes Comunidades Europeas) ha conocido 8 ampliaciones; también un abandono, el del Reino Unido. Las que se han producido desde 1981 han incorporado a países con una renta por habitante sustancialmente inferior a la de los 6 países fundadores. Por esa razón, el objetivo de la convergencia, que ya aparecía en el Tratado fundacional y en los posteriores, ha ganado una importancia creciente.

Con este término se alude a la reducción de las diferencias existentes entre las economías más avanzadas y las más rezagadas. Además de los supuestos beneficios que estás últimas cosecharían de la integración de los mercados (economías de escala, transferencias de tecnología, captación de ahorro externo, intensificación de la competencia…), se ha sostenido que la construcción europea proporcionaría un plus adicional, pues, a diferencia de otros procesos de integración económica, contaba con instituciones y políticas supraestatales que tendrían entre sus principales cometidos la movilización de recursos aportados por todos los socios en dirección a los países y regiones caracterizadas por su atraso relativo.

Toda una declaración de intenciones que, sin embargo, no se ha cumplido en lo fundamental o que, como mucho, se ha alcanzado de manera parcial e insuficiente. De hecho, si ponemos el foco en el perfil estructural de las economías -capacidades tecnológicas, productivas y comerciales- las disparidades entre las de la periferia meridional y las más avanzadas del continente se han intensificado. Tanto en los periodos de auge económico como en los dominados por la debilidad del PIB, en especial desde el nacimiento de la moneda única; el estallido del crack financiero no ha hecho sino enquistar y acentuar esa dinámica.

La parcial convergencia macroeconómica -en los niveles de déficit y deuda públicos, en los tipos de interés y la tasa de inflación- y el mayor crecimiento del PIB por habitante alcanzado en algunos períodos por parte de las economías más rezagadas, han sido compatibles con profundas y persistentes divergencias estructurales. Las especializaciones productivas de los países del norte están dominadas por las industrias y los servicios de alta tecnología y valor añadido, mientras que en las del sur prevalecen las actividades de corte tradicional.

Aunque el punto de inflexión en la construcción de una Europa más desigual lo encontramos en la creación de una Unión Económica y Monetaria (UEM). En Maastricht se aprobaron los criterios de convergencia que debían de satisfacer los países que pretendieran formar parte de esta. De la misma forma, también se dio luz verde a los requisitos que tendrían que cumplir los países que finalmente integrasen la futura zona euro. No es necesario entrar en los detalles –pues son bien conocidos–, pero sí procede mencionar la prioridad dispensada por los dirigentes comunitarios a aquellas variables que definen lo que se denomina “convergencia nominal”, esto es, el déficit y la deuda pública, la tasa de inflación y el tipo de interés. Se fijaron objetivos concretos y de obligado cumplimiento para los países aspirantes a integrar la UEM. Lo que supuso una verdadera camisa de fuerza neoliberal, con una letal combinación de austeridad, libre comercio, deuda predatoria y trabajo precario y mal pagado: el ADN del actual capitalismo financiarizado que tiene en la Unión Europea uno de sus experimentos más avanzados.

No se trata sólo de la consideración, errónea, de que la convergencia alrededor de esos indicadores garantiza un adecuado funcionamiento de una unión monetaria. La cuestión tiene mucho mayor calado. Con los referidos criterios de convergencia se da una vuelta de tuerca a un planteamiento de política económica cuya piedra angular es la implementación de políticas de demanda contractivas, junto a políticas de oferta consistentes en la contención salarial y políticas estructurales encaminadas a la desregulación y la liberalización de los mercados.

Se suponía que la aplicación de este pack generaría una mejora en la productividad, la competitividad y el crecimiento económico (nos referimos aquí a estos medidores convencionales, conscientes de que, como se propone desde la ecología y el feminismo, deben ser radicalmente impugnados). La información estadística proporcionada por Eurostat revela, por el contrario, que estas expectativas no se han confirmado: la productividad total de los factores productivos ha continuado su senda de desaceleración, la competitividad se ha resentido y el plus de crecimiento asociado a la integración monetaria no se ha obtenido.

Así pues, el proyecto europeo ha fracasado en uno de sus objetivos prioritarios, en donde descansaba buena parte de su legitimidad: la consecución de mayores niveles de convergencia. No sólo es un aspecto fundamental a considerar a la hora de hacer un balance de ese proyecto; sino que también ayuda a calibrar el margen de maniobra y las contradicciones de la UE en la actualidad.

Porque esa Europa de las divergencias nos habla del lugar central que ocupan los mercados y los actores que, básicamente, los articulan: las grandes corporaciones que han impuesto su lógica concentradora frente a la tibia y a todas luces insuficiente intervención de las instituciones y las políticas redistributivas. Una lógica que ha dado lugar a una división regional del trabajo que ha situado a las economías periféricas en una posición subalterna.

Nos habla asimismo de que el pretendido equilibrio entre las instituciones y los mercados que debía sostener la construcción europea se ha inclinado claramente hacia los segundos. Las grandes corporaciones, tanto del norte como del sur, han sido las ganadoras indiscutibles de la integración económica; han obtenido grandes beneficios del mercado único y de la unión monetaria, desplegando las cadenas de creación de valor a escala europea y global, promoviendo la economía basada en la deuda y capturando y marcando la agenda de las instituciones comunitarias.

Estamos pues ante una Europa asimétrica, jerarquizada, en la que prevalece la colisión de intereses, que en absoluto favorece las iniciativas cooperativas, dominada por las estrategias y las políticas de los países más avanzados y las grandes corporaciones. No solamente estamos ante un escenario de pugna, sino que las capacidades de presión y negociación entre los diferentes actores están muy desigualmente repartidas.

Finanzas visibles y finanzas opacas. La banca siempre gana

La camisa de fuerza que supuso la constitucionalizacion de los principios neoliberales recogidos en el Tratado de Maastricht y la Unión Económica y Monetaria (UEM), no solo fueron un verdadero sabotaje del proyecto europeo. También supusieron la victoria de la gran banca privada que creó un proyecto al servicio de sus intereses y sobre todo de sus beneficios. Así, mediante el artículo 104 del Tratado, se consagró la prohibición de que el Banco Central Europeo y, por ende, los bancos centrales de los Estados miembros, denominados en lo sucesivo bancos centrales nacionales financiaran a los gobiernos. Una condición que a la postre se está viendo desastrosa, como ya comprobamos en la crisis de la deuda del 2010, y que solo ha beneficiado a la banca privada. Desde que se ratificó el Tratado de Maastricht, se calcula que con esta medida los bancos europeos habrán recibido anualmente alrededor de unos 350.000 millones euros en concepto de intereses por la deuda asociada a la financiación de los Estados.

La crisis del 2008 tuvo su inicio en el mundo de las finanzas que había vivido años de desregulación y economía de casino. Los bancos que durante tanto tiempo habían privatizado los beneficios fueron los primeros afectados, socializando las perdidas entre la población; perdidas que pasaron a engrosar la deuda publica gracias a los llamados rescates bancarios. Una vez más la UE se mostraba como el mayor garante del negocio de la gran banca europea.

El resultado de los rescates bancarios y de las normas de saneamiento de los balances contables de las entidades financieras posteriores a la crisis del 2008 no ha alejado el fantasma de la toxicidad de la industria bancaria, ni asegurado su resiliencia; sin embargo sí que le han asegurado un fortalecimiento notable en el funcionamiento del sistema económico en el ámbito mundial y particularmente en el europeo. A pesar de los problemas estructurales internos, del apalancamiento, de la existencia de lastres en su activo provenientes de la crisis inmobiliaria y del insostenible volumen de deuda que detentan, la banca está en el epicentro del modelo económico. Por ello sigue asegurándose su continuidad e inviolabilidad dadas las actuales reglas de juego de la UE. La industria bancaria visible y regulada es nada menos que la intermediaria privilegiada entre el Banco Central Europeo (BCE) y los gobiernos y las empresas, a la vez que el propio BCE le asegura la liquidez necesaria a precio de ganga.

Durante estos años hemos sido testigos de un proceso de concentración, adquisiciones y fusiones entre la banca convencional parcialmente regulada y las nuevas empresas financieras desreguladas en una secuencia en que ambas patas de una misma realidad financiera adquieren un rol preminente y parasitario, jugando particularmente con su control de los flujos del BCE en tanto que intermediarios y señores de la deuda, lo que les ha convertido en los nuevos mandamases del mercado y lo que les permite, a su vez, controlar sectores productivos enteros y a otras corporaciones que configuran un mix de empresas tecnológicas, de servicios y detentadoras de capital en diversos ámbitos económicos. Ello ha dado un nuevo impulso al capital rentista, al capitalismo adquisitivo y a la acumulación por desposesión, tanto en la banca como en las corporaciones industriales y energéticas.

La banca ha experimentado un rápido y profundo proceso de concentración empresarial que todavía está lejos de concluir, pues es desigual en los 27 países de la UE. Hay 1.572 bancos menos que en 2008, actualmente hay unas 5.000 instituciones de crédito en la euro área. Pero unas pocas, muy pocas, concentran el grueso del negocio. De entre las pequeñas persisten, sobre todo en Italia, algunas con baja rentabilidad y solvencia. No es preciso ser adivino para afirmar que habrá más y más fusiones y absorciones en los próximos años. Este proceso de concentración empresarial y accionarial ha provocado un drástico descenso de las oficinas y del volumen de empleo, fenómeno que se ha visto reforzado por la implementación de los servicios de banca móvil y online. Más negocio con menos costes.

La política del BCE en los últimos años ha cambiado de forma pero no de contenido. Desde 2015 se lanzó a una política activa de quantitative easing (expansión cuantitativa) consistente en adquirir títulos y productos estructurados (inducidos por el propio BCE) a los bancos privados por un importe aproximado de 60.000 millones de euros mensuales, a la vez que adquiere obligaciones bancarias -covered bonds- y a través de diversos vericuetos compra títulos de deuda soberana de los países cumplidores con las reglas neoliberales, mientras ese mismo BCE presta a los bancos privados con tasas simbólicas.

En resumen, las finanzas no constituyen el parásito financiero en el cuerpo sano de la economía real. Más bien, al contrario, son el mecanismo que permite cerrar el círculo de la reproducción del capitalismo neoliberal. Sin embargo, este esquema de reproducción no es un esquema estable ni que pueda mantenerse indefinidamente, en la medida en que no es viable el crecimiento ilimitado de los niveles de endeudamiento y de real descapitalización del tejido productivo, de ahí su fragilidad cuando llegan las crisis.

Europa también tiene paraísos fiscales

La Europa de millonarios a costa de millones de pobres en la que se ha convertido la UE, no podría haberse construido sin la evasión o elusión fiscal de las grandes fortunas y multinacionales que está en el corazón tanto del vertiginoso aumento de la desigualdad en todo el mundo como de la tendencial carestía financiera de los Estados que alimenta el discurso de los recortes y la austeridad. Pero la evasión y la elusión fiscal no son casos aislados o coyunturales: entrañan un fenómeno estructural del capitalismo líquido de nuestro tiempo, íntimamente ligado a la ofensiva neoliberal que desde hace décadas azota nuestras economías.

Un entramado de elusión y evasión que no podría funcionar sin una red de guaridas fiscales al margen de las obligaciones tributarias. Y decimos guaridas, por no decir directamente cloacas, porque llamarlas paraísos fiscales sería aceptar la gramática de la misma minoría peligrosa para quienes esos lugares resultan paradisíacos. Gracias a estos lugares donde la lex mercatoria impera sobre cualquier otro derecho, a la ingeniería contable y a recovecos legales, un puñado de privilegiados ha encontrado numerosas fisuras para ocultar o disimular una proporción sustancial de sus fortunas. Así, las guaridas fiscales se convierten en una de las principales responsables de la extrema desigualdad, favoreciendo la concentración de la riqueza en territorios opacos fiscalmente, generando una autentica economía en la sombra.

Aunque parezca mentira, la arquitectura económica de la UE, en un marco de libertad de movimiento de capitales y sin armonización fiscal y con regímenes fiscales dispares en su seno, no solo propicia una devaluación fiscal permanente, sino que además permite la existencia de tres guaridas fiscales en su seno y no regula su relación con otros siete territorios del espacio económico europeo que también actúan como guaridas fiscales, manteniendo con ellos acuerdos económicos y comerciales preferenciales mientras que estos compiten deslealmente con los demás países de la UE. De esta forma, se estima que en toda la UE se pierde cada año un billón de euros en recaudación tributaria por este motivo. Un billón es básicamente el PIB de España.

El resultado es de sobra conocido: la captura y perversión a manos de los poderes financieros de las instituciones y de las agendas públicas para ponerlas a su servicio. Una tendencia donde el aumento de la desigualdad se retroalimenta con el secuestro de los procesos democráticos por parte de las élites. Porque la evasión fiscal es un gran agujero negro que traga democracia y derechos.

Cada vez menos tienen más poder en las empresas

La historia de la UE en lo referido a la empresa es la historia de la privatización de los servicios públicos y de la conversión de monopolios públicos en oligopolios privados que favorecen a determinados grupos de accionistas, empresas y sectores. La suma de la prohibición de existencia de normas salariales comunes en la UE y la plena libertad de movimientos de capital ha llevado a una especialización regresiva, agudizando las diferencias entre países y modificando la inserción de cada país en el mercado mundial, lo que ha condenado a los países PIGS [acrónimo inglés para designas a Portugal, Italia, Grecia y España] a moverse entre el endeudamiento y burbujas como la inmobiliaria o la que está en ciernes, la turística.

Al igual que hemos señalado en el mundo financiero, en el mundo de la empresa en general se ha dado el fenómeno de la concentración, oligarquización y transnacionalización de los capitales y se han creado grandes carteles y consorcios intersectoriales que funcionan en régimen de oligopolio en toda la cadena de valor desde la producción a la comercialización en el ámbito internacional.

Por otro lado es constatable el creciente peso de los accionistas y del capital financiero en las decisiones industriales y también el maridaje de ambos. Esto ocurre en la escala nacional, pero también en la europea, generando nuevas amistades peligrosas entre capitales de distintas nacionalidades que acaba configurando consorcios y empresas transnacionales, verdadera urdimbre del proyecto neoliberal europeo. Ello, unido a las puertas giratorias existentes a lo grande entre políticos y empresarios supone un segundo basamento de la UE realmente existente. Esas puertas giratorias alcanzan a comisarios (el caso más emblemático es el de la Comisión Barroso) que tras su paso por las instituciones pasan de inmediato al sector privado, en todas las ramas, o a tinglados patronales como la Cumbre Empresarial Europea o la Conferencia Bildergerg, dos grupos de presión sumamente fuertes.

En la industria se concentran y expresan las diferencias sociales, productivas, tecnológicas y financieras existentes entre países en lo referente a la especialización manufacturera. Lo que condiciona las capacidades económicas y la posición de esas economías en el mercado, provocando una posición subalterna de las economías del sur que son dependientes de importaciones de alto valor añadido en bienes de capital y tecnología y, a su vez, ofrecen bienes y servicios con menor valor añadido. Ello ha generado en la UE dos tipos de países con dos modelos de comportamiento: por un lado, el exportador, y por otro, el basado en el endeudamiento y la demanda interna.

Creciente fractura social

¿Supone la pandemia un paréntesis en una dinámica de avance y consolidación de la cohesión social en la UE? Si nos atenemos a los documentos de las instituciones comunitarias y las declaraciones de sus responsables la contestación es claramente positiva. La mejora de los niveles de vida de la ciudadanía habría sido uno de los ejes centrales de la construcción europea; para algunos, el ADN de esta. La reciente aprobación del Pilar Social Europeo, donde se recogen un conjunto de objetivos y unos plazos para alcanzarlos -sin financiación comprometida- conectaría con esa idea de cohesión social. La UE habría sido de este modo el complemento imprescindible de la acción redistributiva de los Estados nacionales.

Pero los buenos propósitos y las palabras solemnes no pueden ocultar el ruido atronador de la realidad que, muy lejos del discurso oficial, nos devuelve una imagen de esta Europa crecientemente desigual. Así lo revelan todos los indicadores: la extremada concentración del ingreso y de la riqueza en una pequeña parte de privilegiados, el alza en el número de personas en situación de pobreza o de exclusión social, el aumento en el número de personas trabajadoras pobres, el estancamiento o retroceso de los salarios de la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras y la degradación de las clases medias.

¿Tiene la UE alguna responsabilidad en esta deriva, o más bien pertenece a los gobiernos y a las políticas que han aplicado? Nos parece evidente que la gestión gubernamental tiene su importancia y de alguna manera las diferentes trayectorias que encontramos dentro de la UE dan cuenta del margen de maniobra, asimismo diverso, y de cómo ha sido utilizado. Pero el problema es de fondo: radica en el diseño mismo de los Tratados de la UE y de su arquitectura institucional.

De cualquier modo, las políticas comunitarias constituyen un factor explicativo de primer orden: la prioridad dispensada al mercado y el papel menor desempeñado por las instituciones, el limitado volumen de recursos canalizados a través del presupuesto común, la orientación de las políticas económicas privilegiando, por encima de cualquier otra consideración, la lucha contra la inflación y los ajustes presupuestarios y, por supuesto, la gestión que las instituciones comunitarias han realizado de la crisis, ha beneficiado claramente a las elites en perjuicio de las clases populares.

Es verdad, la pandemia está teniendo consecuencias sociales devastadoras -el empleo se desploma, los salarios retroceden, la precariedad laboral se extiende, la pobreza aumenta, la gente tiene dificultades para llegar a fin de mes y cubrir sus necesidades vitales, una buena parte de las y los autónomos han cerrado el candado a sus negocios, muchas mujeres maltratadas no tienen otra alternativa que malvivir con sus maltratados… pero llueve sobre mojado. El continuo aumento de la desigualdad provocado por la aplicación de políticas neoliberales ha mermado las resistencias de la sociedad, especialmente de los grupos de población más desfavorecidos. Son esas políticas las que toca revertir.

El postureo de la lucha contra el cambio climático

Una vez que el Pilar Social Europeo, como coartada de legitimación de las deficiencias sociales de la UE ha pasado a mejor vida, el Pacto Verde Europeo es el nuevo tema estrella de la Comisión Europea, al menos hasta la aparición de la crisis del Coronavirus. En teoría el Pacto Verde Europeo es la hoja de ruta para dotar a la UE de una economía sostenible y responder así a la declaración de emergencia climática. Mediante dos medidas fundamentales: dejar de producir emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y disociar el crecimiento económico del uso de recursos.

Pero, una vez más, la realidad dista mucho de las bonitas declaraciones de intenciones de las instituciones comunitarias. Actualmente la UE no sólo no ha alcanzado los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) necesaria para contribuir a evitar el abismo climático mundial, sino que ni siquiera puede presentar un balance positivo de los compromisos implícitos y explícitos adquiridos en la COP de Paris. Ello supone que difícilmente podrá presionar al resto de gobiernos en la próxima cumbre de 2021 en Glasgow porque no llevará hechos los deberes. La citada Agenda Estratégica para 2019-2024 es un mal paso para reducir efectivamente las emisiones de GEI. Y ello se plasma en el fracaso de la Ley Europea del Clima.

Por un lado, ante el bloqueo del representante de Polonia los gobiernos europeos no han logrado ni siquiera tener un acuerdo unánime sobre emisiones cero para 2050. Porque los reaccionarios mandatarios polacos se oponen a una estrategia de descarbonización de la producción, el transporte y la energía para lograr la neutralidad climática dentro de 30 años. El Programa de la Comisión Europea no fue aceptado justo antes de las conclusiones de la COP25 Santiago de Chile-Madrid. Además, el Consejo Europeo reconoce que para garantizar la seguridad energética y respetar el derecho de los Estados miembro a decidir sobre su mix energético, permite que haya Estados miembro que no sólo no evitan el empleo del carbón o el crudo y sus derivados, sino que pueden echar mano de la energía nuclear en su mezcla energética nacional. Avance al pasado.

En este clima, la Ley Europea del Clima o Pacto Verde Europeo sólo puede quedar en buenas intenciones, pues tras afirmar el objetivo de la “neutralidad climática” (sic) en 2050, no se propone las “emisiones cero” para ese año, no define la hoja de ruta desde el momento 1, ni establece medidas reales concretas y mensurables, ni objetivos intermedios cuantificados para 2030. Nuevo brindis al sol. Es una ley vacía. Mientras, la UE apuesta por tecnologías peligrosas no probadas y sumideros de carbono para aspirar el carbono emitido a la atmósfera; y no solo no abandona los combustibles fósiles sino que los subvenciona.

Personas refugiadas y migración

Las guerras, el hambre y el cambio climático llevan años expulsando a miles de personas de sus lugares de residencia. Algunos, una minoría, intentan llegar a Europa. Y es aquí cuando vemos una UE que tanta velocidad y recursos despliega para rescatar a bancos como lentitud y racanería para rescatar personas. Así pasan los años, mientras el mensaje dominante se transforma del Refugees welcome, a convertirse en un Do not come to Europe, expresado por el expresidente del Consejo Europeo Donald Tusk, justamente en Grecia, poco antes de firmar el acuerdo de la vergüenza entre la UE y Turquía.

Porque se está respondiendo a uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos globalmente con una combinación inédita de neoliberalismo y xenofobia, un fortalecimiento de todas las políticas securitarias y de externalización de fronteras. Porque la criminalización de la población migrante no es solo producto de una extrema derecha en auge o de unos cuantos políticos irresponsables, sino que es la consecuencia de una política institucional de guante blanco, consciente y planificada, que persigue una degradación de la protección jurídica y social de la gente migrante.

La UE lleva varios lustros haciendo pivotar buena parte de su acción exterior sobre los intereses migratorios, buscando externalizar la gestión de fronteras y de los flujos migratorios, alejando y subcontratando para ello las funciones de policía de fronteras a países terceros que ejercen ya no solo de tapón migratorio, sino también de gestor indirecto de la movilidad humana. Al mismo tiempo que una especie de populismo de las vallas recorre la UE; no solo como un elemento eficaz de propaganda política inmediata que permite visibilizar el trabajo concreto de los gobiernos sobre la migración, sino también como un potente mecanismo de estigmatización de la población migrante, elemento fundamental para trazar una frontera entre quienes deben ser protegidos y quienes pueden ser y efectivamente resultan excluidos de cualquier protección.

Los cadáveres de los náufragios de las pateras, las muertos en los desiertos y las vallas fronterizas son la expresión de otra forma de racismo: la xenofobia institucional de la Europa fortaleza. Un racismo de guante blanco, anónimo, legal y poco visible, pero constante, que sitúa una frontera entre quienes deben ser protegidos y quienes pueden o efectivamente resultan excluidos de cualquier protección. Una degradación de la seguridad jurídica y policial organizada con el objetivo de quebrar a las personas migrante, para que se dén la vuelta o para que terminen entrando sin derechos ni garantías, generando así una mano de obra dócil, amenazada y fácilmente explotable gracias a unas políticas públicas que vulneran sus derechos y les vuelve vulnerables.

Realmente no estamos asistiendo a una crisis migratoria sino a una crisis de derechos, que no solo afecta a refugiados y migrantes, sino que nos afecta al conjunto de la población, y que nos plantea una pregunta clave, ¿Quién tiene derecho a tener derechos en esta UE?

Extrema Derecha

Hoy resulta evidente que la UE sufre una pérdida creciente de legitimidad. Cada vez le cuesta más ser asociada con aquellos supuestos valores europeos como democracia, progreso, bienestar o Derechos Humanos. Una crisis orgánica en todo el sentido gramsciano del término, resultado y profundización de la crisis del modelo post-Maastricht del capitalismo europeo. Una crisis de legitimidad e institucionalidad que se ha manifestado elección tras elección en una creciente abstención como muestra de la desafección de la ciudadanía hacia la institucionalidad europea. Y que se ha intentado atajar con ciertas reformas cosméticas para otorgar a la institucionalidad europea un cierto manto de legitimidad democrático-liberal del que carecen.

El profundo proceso de desafección con respecto al sistema de representación ha generado un caldo de cultivo para el voto anti-establishment en su sentido más conservador. Una revuelta electoral contra el establishment que no se traduce en la puesta en cuestión del neoliberalismo en sí, sino que refuerza dinámicas de expulsión de la sociedad estableciendo una diferenciación a nivel del acceso a diversos derechos. Esta política de la diferenciación constituye un elemento fundamental en el desarrollo de una política autoritaria sobre la que crece el apoyo a la extrema derecha.

Cuando repasamos los resultados electorales de la extrema derecha europea de la última década no puede más que generarnos una fuerte sensación de desasosiego, porque marcan una clara una tendencia al alza, capitalizando un voto de protesta ante la inseguridad social, laboral, económica y contra el establishment. Pero no solo podemos circunscribir el éxito de la extrema derecha al campo electoral, sino también al terreno de la generación de un discurso vertebrado y unificador capaz de condicionar las propias políticas de las instituciones europeas como estamos comprobando trágicamente en la crisis de fronteras.

Si hay un elemento común a las principales formaciones de extrema derecha a nivel europeo, se trata de los planteamientos restrictivos con respecto de la inmigración. Prácticamente la totalidad de las organizaciones de este heterogéneo ambiente político apunta a las y los inmigrantes, preferentemente pobres y no occidentales, como chivo expiatorio de una supuesta degradación socioeconómica y cultural.

Es más: estas posturas se han propagado, con relativa facilidad, mucho más allá de su contexto de producción, permeando el debate político en su conjunto y siendo parcialmente asumidas por los partidos mayoritarios y las mismas instituciones de la UE. Cabe hablar por tanto de un verdadero poder de agenda, entendido como capacidad para establecer las prioridades programáticas, las problematizaciones relevantes, los enunciados discursivos que fijarán los términos de la discusión. La xenofobia institucional de la Europa fortaleza es la concreción practica de cómo la extrema derecha ha conseguido gobernar Europa desde el centro.

Conclusiones

La introducción del debate europeo en la agenda política de los gobiernos es crucial. No sólo para exigir a las instituciones comunitarias que estén a la altura del enorme desafío planteado por el Covid-19; sino también para abordar la compleja problemática estructural que presenta la construcción europea, que ha sido presentada de manera somera en estas líneas. La crisis económica y social provocada por la pandemia abre una ventana de oportunidad, no sólo para abrir ese debate, sino para avanzar alternativas. Pero lamentablemente, de nuevo, una vez más, ha quedado fuera de foco, postergado, olvidado, por unos y por otros. Por los que, en definitiva, defienden el statu quo actual, que les deja en una posición privilegiada en términos políticos y económicos; y por lo que no acaban de entender que lo necesario también es urgente, que la persistencia y el agravamiento de esta problemática compromete la existencia misma de un proyecto europeo.

Es necesario poner sobre la mesa las carencias estructurales de esta Europa, que se caracteriza por su incapacidad para hacer frente al cambio climático, una institucionalidad capturada por las elites, unas estructuras empresariales marcadamente oligárquicas, unas dinámicas económicas dominadas por la industria financiera y las grandes corporaciones, unas disparidades productivas y sociales crecientes, unas políticas económicas sesgadas, al tiempo que erróneas, y una deriva cada vez más autoritaria. Y es necesario hacerlo no sólo porque esta es la Europa realmente existente, sino porque desde esta perspectiva se entienden mejor la tibieza y la orientación -deuda más condicionalidad- de la respuesta comunitaria a la pandemia, y también porque estamos convencidos de que, en efecto, la crisis abre una oportunidad histórica, la de empezar levantar los cimientos de una Europa que, por fuerza, tiene que ser muy distinta al proyecto de las elites que representa la UE.

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teleindiscreta · 7 years ago

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Los funcionarios de Prisiones también reclaman la equiparación salarial

Tras la lucha de la Policía Nacional y la Guardia Civil por equiparar sus salarios con el de los Mossos d’Esquadra, ahora son los funcionarios de Prisiones quienes reclaman hacer lo propio respecto a compañeros que, por la misma función, cobran cientos de euros menos al mes. Alrededor de 3.200 puestos de trabajo están vacantes en los establecimientos penitenciarios de España, mientras que los actuales funcionarios tienen que hacer frente a diferencias salariales prestando el mismo trabajo de hasta 7.000 euros al año según en qué centro desarrollen su labor.

Así lo denunció este martes el presidente nacional del sindicato Acaip, José Luis Pascual, quien participó a las puertas del centro penitenciario de Huelva en una jornada de protesta convocada, junto a UGT y Comisiones Obreras (CC OO).

En declaraciones a los periodistas, remarcó que estas circunstancias «están llevando al sistema penitenciario a un nivel de decadencia que está poniendo en grave peligro el servicio y que no podemos permitir que se siga en este deterioro continuo».

«Hay más de 3.200 vacantes sin cubrir en las prisiones que impiden o dificultan enormemente la prestación del servicio», señaló, y apuntó que el propio Defensor del Pueblo Español en su último informe «ha dicho que no somos capaces de garantizar ni nuestra seguridad como trabajadores penitenciarios ni la vida de los internos en las prisiones».

Los sindicatos entienden que «hay que poner fin a esta situación» y lejos de ello «la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el propio Ministerio del Interior va a hacer ya seis años que mantienen sin una mesa de negociación real y efectiva que empiece a poner fin a los graves problemas que sufrimos en Instituciones Penitenciarias».

Desde las centrales sindicales reclaman que las enmiendas que los distintos partidos políticos presenten a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), «recojan las reivindicaciones a las que el Gobierno no ha hecho caso», algo para lo que han entregado 16.000 firmas en el Congreso de los Diputados.

UGT, Acaip y CC OO se concentraron también ayer a las puertas del Centro de Inserción Social (CIS) de Málaga para denunciar la masificación de estas instalaciones y reclamar que se elimine la brecha salarial que se produce entre los diferentes centros penitenciarios en España.

El responsable federal UGT-Prisiones, Antonio González, manifestó a Efe que el CIS de Málaga es «el más masificado de España», ya que cuenta con unos cuatrocientos internos en régimen abierto, a los que se unen los acogidos al programa telemático, como los que llevan pulseras y tobilleras de control. Este volumen de internos es mucho más elevado que el de otros CIS como el de Huelva, con ochenta; Zamora, con catorce, o Huesca, con una veintena, si se tiene en cuenta que el personal penitenciario es el mismo, con 59 trabajadores.

El dirigente sindical critica que no se tenga en cuenta la «especificidad» de la Costa del Sol, ya que la mayoría de los internos que cumplen condenas de cárcel fuera de la provincia, al acceder al tercer grado solicitan hacerlo en Málaga.

González exigió la eliminación de las categorías de los centros penitenciarios para igualarlos con los de categoría especial, de manera que se logre una equiparación salarial. En el mismo sentido, CC OO señaló que el personal que trabaja en el CIS de Málaga cobra el complemento específico más bajo que tiene la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Fuente: La Razón

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valladolidnoticias · 7 years ago

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La mujer con más premios Goya

Dice Isabel Coixet que ella es más de letras que de números. Ni falta que le hace. Es la mujer con más premios Goya de la historia de los galardones, ocho concretamente, y entre ellos están los dos que se ha llevado esta edición: el premio a la mejor dirección y el premio gordo, mejor película, por ‘La librería’, su último trabajo. “El año que viene tendré que dar el premio en pijama, como prometí si ganaba los premios. Me comprometí para hacer algo viral y que trascienda, aunque no vi muy buenas caras entre mis compañeros, más allá de Leticia Dolera”, explicó ayer al término de la gala.

A Coixet, que nunca le han dolido prendas a la hora de reivindicar cualquier causa que considere justa -a pesar de los palos-, le pareció una buena iniciativa el tono feminista y reivindicativo de la gala. “Lo que ocurre en la calle empapa lo que pasa en la ceremonia, aunque los cambios de verdad, la negociación de verdad, no tiene lugar allí, si no en una mesa de negociación”, advirtió, para añadir que “nos falta mucho por la igualdad, empezando por la salarial”.

La cineasta ha vivido esas desigualdades y trabas en primera persona a lo largo de toda su carrera. Su trabajo ha sido adjetivado una y otra vez como “cine de mujeres” para restarle mérito y, cuando preparaba su última película, una adaptación de la novela de Fitgerald, se sintió identificada con la situación de la protagonista, sola luchando frente al mundo. “Ahora me veo con más herramientas para poner la librería, para seguir con la librería y para defender la librería”.

La cinta ganadora de los Goya comienza ahora su periplo mundial apoyado por grandes distribuidoras, aunque Coixet ya está “en otra batalla”, reescribiendo una historia que tenía aparcada y que quiere sacar adelante. “Hay hay que estar empezando siempre, demostrando todo el rato y eso se lo digo siempre a Carla (Carla Simón, la ganadora del Goya a la dirección novel por ‘Verano 1993’) y a ‘los Javis’ (el dúo revelación del año con su película ‘La llamada’). Es un coñazo, pero es así”, zanjó la directora.

El afán de superación continua le viene de casa, donde sus padres siempre le trasladaron la idea de que se puede conseguir más. “Mi madre me dijo que como no me dieran esta noche los Goya montaba una escena, y ahora que me los han dado me ha dicho que merecíamos más. Pero ha sido siempre así, cuando Marisa Paredes era presidenta de la Academia de Cine a mi me hicieron vicepresidenta y la pregunta de mis padres era que por qué no era yo la presidenta. Nunca te esfuerzas lo suficiente en mi casa”. No era ni de lejos un lamento. Coixet le dedicó el Goya a su madre, a quien agradeció que no le regañara por preferir pasar el tiempo con un buen libro que haciendo las tareas de la casa. “A mi padre le decía: “déjala que lea, que igual le sirve para algo””. Le sirvió.

Carla Simón

Junto a Coixet, Carla Simón era la otra directora nominada a los Goya, aunque en su caso en la categoría novel. “Me he emocionado un poquito al recoger el premio, porque tenía ganas de hablar del Sida y me pareció un buen momento para decirlo”, explicó la responsable de ‘Verano 1993’, la gran sorpresa de esta edición.

Simón se abre en canal en esta ópera prima para hablar en clave autobiográfica de una infancia en la que perdió a sus padres por este virus. “La infancia es una fuente de inspiración brutal, los niños ven el el mundo por primera vez y retratar eso es muy bonito”, destacó la cineasta. De este proceso ha aprendido la importancia del cine para contar historias y su poder para generar emociones y llegar a tanta gente. “Es necesario que contemos historias si a la gente le llega de esa manera, y comprobarlo es un motivo más para seguir”.

Simón, que ya prepara su siguiente trabajo -y adelanta que versará de nuevo sobre las relaciones familiares y estará ubicado en el mundo rural-, se unió también a la reivindicación feminista que este año ha definido a los Goya, aunque advirtió que “no es suficiente con que se hable ahora y se diga que tiene que haber más mujeres haciendo cine”. “En un año no va a cambiar nada, necesitamos más tiempo, más políticas, más referentes y más mujeres haciendo cine que generen un efecto dominó”.

Javier Gutiérrez

Javier Gutiérrez, el ganador del Goya al menor actor, también se unió a las reivindicaciones de sus compañeras por lograr una igualdad efectiva en el sector. “Y hablando del empoderamiento de la mujer y de la campaña para hacer visible su papel, me llama la atención que haya causado tanto revuelo el desnudo integral que hice en ‘El autor’, que también incluye el de una mujer de más de 50 años; lo han tachado de machista y me parece muy injusto”, lamentó.

El actor, que competía entre otros con Javier Bardem por el premio, reconoció que la pugna le puso “los pelos de punta” y aseguró que se sentía muy afortunado de haber participado a lo largo de su carrera en proyectos que han logrado “el beneplácito de crítica y público”. “He tenido fortuna y el trabajo siempre me ha acompañado, pero no se me olvida que esta profesión es de dientes de sierra y que hoy estás aquí y mañana deja de sonar el teléfono”, advirtió el actor.

Nathalie Poza

Menos afortunada estaba siendo la carrera de Nathalie Poza cuando le llegué el papel en ‘No sé decir adiós’ con el que se llevó el Goya a la mejor actriz. “Cuando me ofrecieron este personaje no me lo esperaba ya, era algo extraordinario”, admitió la intérprete.

Y sin embargo, este premio le llega en un momento con proyectos en activo. “Y con los mismos miedos, que hace tres días ya estaba pensando en que me retiraba otra vez”, admitió. “Es difícil mantenerse cuerdo y mantener la calma en este oficio porque es muy incierto, y cualquier muestra de reconocimiento se coge con más miedo aún”.

Con el Goya en la mano, Poza se sinceró y reconoció que este oficio le ha “salvado la vida”. “Es muy incierto, pero si no me hubiera agarrado a esto no sé qué hubiera sido de mí, además de que no estoy segura de si sé hacer otra cosa”, bromeó. Y terminó con un alegato para que las reivindicaciones de la noche de los premios “no se quede en la alfombra roja”.

Fuente: El Norte de Castilla

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derechointernacionalpublico · 7 years ago

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Cómo mejorar el NAFTA

Sep 26, 2017 JORGE G. CASTAÑEDA , CARLOS HEREDIA

CIUDAD DE MÉXICO – De acuerdo a lo prometido por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, ha comenzado la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por su sigla en inglés). Y las conversaciones iniciales ya están enviando un mensaje claro: los desacuerdos a ser resueltos por Canadá, México y los Estados Unidos no son económicos, sino fundamentalmente políticos, y son tan pronunciados dentro de cada país como lo son entre cada uno de ellos.

Contrariamente a lo que se suele creer, el verdadero dilema que enfrenta el comercio mundial en estos tiempos no radica tanto en la liberalización versus el proteccionismo, sino en los derechos del capital versus los derechos de la ciudadanía. En los últimos años, los acuerdos comerciales han exacerbado los desequilibrios en este respecto al no entregar beneficios a muchos sino a relativamente pocas empresas poderosas.

Dentro de este contexto, sería erróneo enfocarse en mejorar el balance comercial de cada economía del NAFTA. Más bien, el objetivo de los negociadores debe ser amplificar más los beneficios del comercio, aprovechando mejor las oportunidades de cooperación que surgen de la proximidad geográfica, los mercados laborales complementarios, la dinámica demográfica, y la integración económica.

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) tiene la idea correcta, con objetivos de negociación que comprenden cuestiones laborales y salariales, transparencia, corrupción, y algunos aspectos de los derechos humanos. Canadá ha enriquecido este enfoque aún más al insistir que también se incluyan el género y los derechos de los pueblos indígenas. México todavía no señala lo que desea, pero debería apuntar en la misma dirección.

Las cuestiones relativas a los salarios y a las condiciones de trabajo serán de especial importancia para México, donde el enfoque prevalente se puede denominar “explotación patriota”. Es decir, los derechos de los trabajadores y la remuneración se consideran materia de importancia tan solo para las empresas mexicanas.

A pesar de que en 1993 México prometió que sus estándares laborales cumplirían con las normas de la Organización Internacional del Trabajo, esto todavía no se hace realidad. Por lo tanto, a medida que la productividad laboral aumenta en México, quienes se apropian del ingreso adicional son principalmente las empresas y sus accionistas, en lugar de los trabajadores que crean el valor. Como lo manifestó el CEO de United Technologies, en la actualidad los trabajadores mexicanos realizan las mismas labores al mismo nivel que sus contrapartes estadounidenses, pero por apenas un quinto de su remuneración.

México continúa operando bajo el supuesto de que los salarios suficientemente bajos como para atraer y sostener inversiones, aseguran la vía más corta a la competitividad. La elite económica mexicana, por consiguiente, considera que la continua explotación de los trabajadores del país constituye prácticamente un deber patriótico. Es posible que el fomento de un crecimiento salarial más rápido en el sector manufacturero de México esté supeditado al libre acceso al mercado estadounidense.

¿Cómo podría México llegar a esto? A largo plazo, sería logrando el pleno empleo. Pero, a mediano plazo, la clave radica en los derechos laborales: sindicalización y negociación colectiva; prohibición del trabajo infantil, de las horas de trabajo extraordinarias sin remuneración, de los despidos injustificados y de la subcontratación excesiva; y en proporcionar la capacitación necesaria para satisfacer las cambiantes necesidades de la economía.

La inclusión de condiciones salariales en el nuevo NAFTA también podría ser significativa para los Estados Unidos y Canadá, especialmente en cuanto a los derechos de los trabajadores migrantes y residentes permanentes. En relación a México, el tema más importante excluido del acuerdo original es el de la inmigración y los migrantes. La clave del éxito radicará en imponer penas efectivas por el no cumplimiento, con enfoque en el retiro de beneficios comerciales.

En materia de corrupción, también es probable que a México le resulte difícil avanzar sin disciplina externa. Por cierto, desde 2008 México ha buscado implementar reformas de amplio alcance al sistema de justicia penal, y el año pasado creó un sistema anticorrupción a nivel nacional.

No obstante, el gobierno ha socavado activamente sus propios esfuerzos en ambos frentes, y el sistema anticorrupción todavía no ve la luz del día. Además, los llamamientos hechos por organizaciones de la sociedad civil, líderes empresariales y académicos destacados para que se nombre a un procurador general autónomo y efectivo, así como a un fiscal anticorrupción, han enfrentado una considerable resistencia.

La renegociación del NAFTA provee la oportunidad de internacionalizar la lucha anticorrupción por parte de México. El USTR ya ha identificado a la corrupción como tema de interés. Por ejemplo, en el nuevo NAFTA podrían incluirse las disposiciones principales de la ley estadounidense sobre prácticas corruptas en el extranjero (US Foreign Corrupt Practices Act) con el objeto de elevar los estándares de cumplimiento mexicanos.

El último capítulo que debería añadirse al NAFTA renegociado es también el más delicado: los derechos humanos. Desde fines de los años 1990, México ha aceptado la idea de someter a escrutinio internacional sus compromisos en este ámbito.

Sin embargo, este promete ser el año de mayor violencia en México desde 2006, cuando se declaró la “guerra contra el narcotráfico”. Hay motivo para pensar que la preocupación existente en Estados Unidos por su epidemia de opioides, que cada vez empeora más y que supuestamente se origina en los cultivos de adormidera mexicanos, intensificará las acciones de la guerra y, con ello, las violaciones a los derechos humanos.

Dado que el gobierno mexicano no ha logrado traducir a acción su retórica sobre los derechos humanos, es posible que el NAFTA proporcione un mecanismo poderoso para mejorar los resultados. Entre las metas específicas se deberían incluir una mayor igualdad salarial entre los géneros y un mayor equilibrio entre la prosperidad de los exportadores agrícolas y la de los trabajadores de dicho sector, muchos de los cuales son indígenas.

Los tratados comerciales como el NAFTA deben dejar de considerarse cartas de derechos de las grandes empresas. Dichos tratados deben servir a los ciudadanos comunes y corrientes y abordar sus problemas. A tal fin, los acuerdos comerciales de hoy deben tener un enfoque cooperativo que subraye el desarrollo de capacidades y fomente una vigorosa participación ciudadana, con la sociedad civil de cada país habilitada jurídicamente para interponer recursos dentro del marco de un nuevo acuerdo.

Para que la renegociación del NAFTA sea de provecho, ella debe abordar salarios, corrupción y derechos humanos, temas que hoy representan profundos desafíos para México. De ser así, Canadá y Estados Unidos también se encontrarán en mejores circunstancias.

Traducción del inglés por Ana María Velasco

JORGE G. CASTAÑEDA

Jorge G. Castañeda was Mexico’s Secretary of Foreign Affairs from 2000-2003, after joining with his ideological opponent, President Vicente Fox, to create the country’s first democratic government. He is currently Global Distinguished Professor of Politics and Latin American and Caribbean Studies at New York University, and is the author of The Latin American Left After the Cold War and Compañero: The Life and Death of Che Guevara.

CARLOS HEREDIA

Carlos Heredia, a former member of the Mexican Federal Congress, is an economist with extensive experience in foreign affairs.

[via Project Syndicate]

https://www.dipublico.org/107536/como-mejorar-el-nafta/

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