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kiro-anarka · 5 years ago

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Cuando en enero de 2001, el periodista Pepe Rei fue detenido en la redacción periodística de Orereta donde trabajábamos, mientras Baltasar Garzón ordenaba la clausura censora de la revista Ardi Beltza (La Oveja Negra), hacía sólo un mes que la editorial vasca se había atrevido a publicar, ensanchando los estrechos márgenes de la libertad de expresión en materia real, el libro Un rey golpe a golpe. Era la primera biografía pormenorizada y no autorizada de Juan Carlos I de Borbón, el rey que Franco nombró rey. Y se había presentado a principios de diciembre en la Feria del Libro de Durango. Éramos una editorial pequeña y, entre trompicones y urgencias, tuvimos que agilizar nuevas reediciones y reimpresiones. Pero contra la ley del silencio y con la negativa de las grandes distribuidoras, sólo con medios paralelos y alternativos, se acabaron vendiendo más de 50.000 ejemplares en pocos meses. Hoy ya sabemos que Patrizia Sverlo, el seudónimo que firmaba aquel libro, siempre fue la compañera Rebeca Quintans y que la elaboración del libro no estuvo exenta de unas cuantas incidencias kafkianas. Reseñemos sólo una: el primer original, enviado por correo postal, nunca llegó a la redacción y se extravió por alguna cañería gris del Estado. Reseñemos sólo otra: Pepe Rei jamás fue condenado y Ardi Beltza, cerrada a cal y canto, nunca fue condenada porque ni tan siquiera tuvo juicio, ni justo ni injusto. Su sucesora Kale Gorria, que abrió sede al otro lado de los Pirineos como en tiempos pretéritos, tuvo igual final garzonita. Acabáramos.

Rebeca-Patricia firmaba entonces con pseudónimo porque forma parte de aquella generación especial de periodistas sin genuflexión que, desde los márgenes y las periferias, conocían demasiado bien el añejo lenguaje inquisitorial del Poder. A colación el cierre de Ardi Beltza y el encarcelamiento del periodista canalla Pepe Rei porque tan sólo un mes después de la publicación del libro sobre el monarca, la dignidad de Pepe recalaba entre rejas en la comisaria de Canillas de Madrid. Allí uno de los inspectores que siempre le detenía –ojo al dato: cuatro detenciones, tres encarcelamientos, ninguna condena y una absolución– bajó a las calabozos y le espetó, y no precisamente con mal tono, “pero Pepe, ¿en qué país te crees que vives?” A renglón seguido añadió que se había leído el libro y que estaba muy bien pero que era demasiado. Y así era y por eso Pepe siempre atribuyó el cierre de la revista y su encarcelamiento a la publicación del libro y no a otras acusaciones peregrinas de terrorismo siempre indemostradas. La calidad informativa del libro era indiscutible e indiscutida, porque la mano de Rebeca y un trabajo en equipo habían optado por un periodismo de investigación en profundidad, casi anglosajón, de datos, hechos y fuentes contrastadas y de mucho tiempo de dedicación y exhaustiva investigación. Por eso el trabajo de Rebeca constituye hoy, aún y todavía, una absoluta referencia documental. Doble referencia: por calidad y porque, efecto retrovisor, obliga necesariamente a la pregunta de dónde estaba el periodismo entonces... y dónde está hoy.

Porque allí, en aquellas páginas del año 2000 y contra el despiste oficial de los que ahora exclamarán en falsa sorpresa “¡oh, Juan Carlos con cuentas en Suiza!”, ya estaba documentado el despiporre real. No se trataba de casos aislados o hechos puntuales, sino de una continuidad estable en el tiempo, en el espacio y en los vínculos; no se diseminaba una manzana podrida, sino un cesto entero carcomido. Una realidad más que acreditada que se alzaba contra la más salvaje de las leyes mordazas perennes: la que nunca se aprobó en parlamento alguno y que, no escrita en ninguna parte, regía vigente desde 1978. La que consagró la infabilidad, intocabilidad, incuestionabilidad e immutabilidad de la monarquía: los borbones como tabú mediático, político y social. Y quien se movía, salía a hostias de la foto. (Lo que nos recuerda una faena pendiente desde los movimientos sociales: una antología/homenaje de todos los procesos judiciales y parajudiciales de los que desafiaron ese silencio en estos últimos cuarenta años; de Jaime Pastor como candidato de la LCR y aquel vídeo electoral que nunca pudo emitirse; del procesamiento a los junteros que en Gernika protestaron ante el Rey en 1981; o de tantos juicios por injurias, como los editores de Punto y hora de Euskal Herria; y de hasta el secuestro, no tan lejano, de la portada de El Jueves en 2007 por orden del Juez Del Olmo, el mismo que clausuró Egunkaria impunemente).

Cabe un matiz preclaro, cáustico y nítido: Un rey golpe a golpe, extensamente documentado y contrastado, no recibió una sola querella pero si, en cambio, toneladas de silencio oficial. Y allí ya quedaba demostrado que el rey iba desnudo y, nosotros, obligados a vestir el silencio como súbditos mudos. En extrema síntesis, el libro es la historia de una carrera por ser rey, diseñada por el franquismo, sorteando tantos obstáculos como se interpusiesen: crónica de tantas amistades peligrosas y unas muchas correrías, allí se informaba, por ejemplo y no es poco, que los principales íntimos del Rey en sus juergas económicas –Prado y Colón de Carvajal, Mario Conde, De la Rosa o Ruiz Mateos– ya habían sido condenados en firme, todos, por corrupción y habían desarrollado, como coachers, labores de asesoría económica-financiera de la actual fortuna real, acumulada en base a negocios inmobiliarios, especulaciones financieras, comisiones petroleras y tantas otras opacidades turbias. 40 años a cuerpo de rey dan para mucho en una carrera de ambiciones, desmesuras y mediocridades. Bilis de poder.

El tabú del Reino y el rey desnudo: cuatro pinceladas

Bautizado por el mismo papa fascista Pío XII, que el 1 de julio condenaba el marxismo en un acta del Santo Oficio, Juan Carlos de Borbón y Borbón nació en 1938 en la Roma mussoliniana, donde se había refugiado la familia real. De las penurias económicas del exilio italiano pasaron al del Estoril salazarista, donde el rey hizo de todo para ser, precisamente, rey, esquivando todos y cada uno de los obstáculos que se le cruzaban. De ser un pr��ncipe pobre a punto de ser desahuciado, a disponer de una fortuna de 1.790 millones de euros según la prensa internacional (de Forbes a Euronews a The New York Times, es la cifra más recurrente en las aproximaciones a su patrimonio) y a disponer, sobre todo, de plena inmunidad penal. Un irresponsable jurídico absoluto, por obra y gracia del constitucionalismo patriótico que le exonera de cualquier delito que pueda cometer. Paradojas de la igualdad ante la ley, no sobra recordar que el rey –está por ver si en calidad de emérito, también– es inmune e impune y no está obligado a rendir cuentas, a la vista de los hechos, de como acumula riquezas millonarias, de sus dudosos negocios protagonizados por corruptos corruptores, ni por significados vínculos externos que escandalizarían al socio más conservador de Cruz Roja. “¿Qué es el Derecho? Lo que está bien hecho. ¿Que és la Ley? Lo que dice el Rey?” –así arrancaban las insufribles clases de Enrique Luño Peña en la Facultad de Derecho de los años 50 en Barcelona.

Seguramente poco a poco, tarde y mal, el tabú más inmaculado, inaccesible e inexpugnable del régimen fue decayendo, golpe a golpe e informativamente hablando, tras décadas de pacto de silencio hermético y blindado, nacido en transición ante la debilidad de la monarquía. Silencios fuera, lo primero que tuvo que fazer para reinar fue traicionar a su propio padre sin tener en cuenta la línea sucesoria y haciéndole el salto con Franco, hecho que le supuso el apodo de su Bajeza, impuesto por Sainz Rodríguez, el general franquista que le monitorizó en su proceso de formación antes de ser nombrado sucesor en 1969 y coronarse rey en 1975, mientras los últimos fusilamientos del franquismo chorreaban sangre. Poder sin dinero nunca casan y en 1977 requirió de línea crediticia a la siempre despótica monarquía saudí, de la que recibió un préstamo de 10.000 millones de pesetas a diez años y sin intereses, que nunca se supo si había devuelto –aunque en el palacio mallorquín de Miravent, durante muchos veranos, corría un chiste de deje racista para iniciados: “¡Que viene el moro cabreao y quiere cobrar!”. Lo que sí se sabe es que en 1996 todavía no había pagado y Banesto le concedió un préstamo de 3.500 millones de pesetas camuflado en la ruinosa operación Castillo de los Gracianos. Mucho antes, habíamos sufrido una segunda entronización, la del 23F y todas sus sombras que no son pocas, que lo encumbró a él como salvador de la patria –y de paso, no menor, a la LOAPA. El golpe no triunfó; parte de sus objetivos, sí. Fijar los límites y aclarar que los pactos del 78 no eran un suelo desde donde edificar cimientos democráticos, sino un techo que no podía ser superado nunca jamás. Y ahí estamos. A los que vivían en él a gusto se les acaban las razones y los argumentos; a los que resistimos a disgustos, nos sobran en exceso.

Todo lo demás es sabido: los procesos por injurias a la monarquía que España condena, Europa los absuelve. Ha llovido mucho, sobre mojado, desde la campaña falangista “¡No queremos reyes tontos!” de los años setenta. Pero nunca -en dictacracia o democradura-, ni asuntos opacos, ni negocios más que oscuros, ni financiaciones de escaso pedigrí democrático, ni declaraciones hagiográficas sobre Franco en la BBC, ni osos borrachos, ni elefantes en Botswana, han impedido al rey vivir como un rey. La imagen campechana es tecnología de poder y responde a las labores de ingeniería mediática del reino y sus cloacas; aureola prefabricada por un blindaje político y mediático monolítico; construida y asesorada por unos consejeros de la Casa Real emborrachados de franquismo de raíz, como Armada –golpista gracilmente indultado tras ser condenado a 26 años de cárcel en el 23F– o Sabino Fernández Campo. Pero lo más destacable no es sólo eso sino lo subsiguiente. A saber: que cuando no servía ni seducción ni censura, ni silencio ni propaganda, siempre fue el turno del alcantarillado de la ingeniería policial y militar del SECED, el CESID o el CNI para proteger la regia institución, fuera un lío de faldas o un negocio oculto. Siniestra Razón de Estado Hispánico en el Reino Feudal de España.

Esa opacidad y el bloqueo informativo también llegaron a los aspectos más personales, que en muchos casos no merecerían ningún comentario. Lo que sí lo merece es todo lo que el Estado se ha movilizado para encubrirlos. La lista es larga e ingrata: la muerte accidental de su hermano Alfonso por un disparo de Juan Carlos I; una más que hipotética hija con Olghina de Robiland; los pormenores de la boda con una monarquía griega destronada, anticomunista y atlantista; la ridícula y estúpida ocultación de los detalles de una extirpación tras un accidente de esquí; episodios de ira o asuntos sonados con mujeres, donde el telón cae de golpe por decreto ley. Pero lo neurálgico nunca serían los asuntos personales o la salud del rey –privacidad a la que todos tienen derecho–, sino las operaciones de Estado impensables que se llegan a construir para evitar que salgan en la prensa rosa, amarilla o azul porque comprometían a la jefatura del Estado. Auténticas batallas campales para evitar cualquier resquicio de filtración de sus múltiples enredos, salvados por operaciones encubiertas de los servicios secretos y amenazas en cadena. Cabría recordar que el vicepresidente Narcís Serra y el ministro de Defensa Julian García Vargas tuvieron que dimitir a raíz de las escuchas ilegales del CESID a, entre otros, su graciosa majestad. Que se lo pregunten, si no, a Bárbara Rey, cuando el Cesid asaltó su casa en busca de cintas de vídeo; o al juez que ordenó la destrucción inmediata de todo el material sensible que encontraron en casa de Javier de la Rosa; o al delegado de banca de UGT que tuvo una visita sorpresa sorprendente –y militarmente esclarecedora–, cuando se disponía a entregar a Ruiz Mateos los recibos bancarios que demostraban el pago de 1.000 millones a la Casa Real por parte del clan mafioso de Rumasa.

Mención aparte merecerían otras intermediaciones inquietantes. Cuántas veces en los bambalinas del poder y del dinero se habrá pronunciado la frase “Sólo Zarzuela lo arregla”. La frase la sugirió, de nuevo, Baltasar Garzón, recordando que el rey le convocó a palacio para sugerirle que era mejor no remover el turbulento estercolero de los GAL: “Yo de ti no avanzaba en eso del caso GAL. Hombre, los dos sabemos que es un tema de Estado”. Garzón se desdijo después, aunque de lo que sí queda acta rubricada es de la petición de indulto que el rey solicitó a favor de Marc Rich, metáfora expansiva de la delincuencia globalizada de altos vuelos. Rich, lo recordarán, era, entre otras tantas cosas, el propietario del fuel del Prestige, que derrumbó y ennegreció a costa da morte galega.

Hay mucho más. Por supuesto. En Colombia, en Guinea Ecuatorial o en Turquía, el rey encabeza siempre las delegaciones del asalto multinacional hispánico y su implicación comercial en el ciclo exportador de la industria militar española, una evidencia. Cenaba con dictadores por encargo de Repsol YPF a la caza neoliberal del petróleo o viajaba a Turquía como propagandista del material de defensa Made in Spain. El 15 de noviembre de 2006 cenaba en La Zarzuela con Teodoro Obiang, sólo 21 días antes de que Amnistía Internacional hubiera emitido la última alerta internacional sobre el estado de los derechos humanos en Guinea, donde se liquida la oposición democrática a base de torturas. Capítulo aparte merecería su relación con los Saud. Aquella imagen arrodillado ante el rey saudí en el aeropuerto de Málaga es hoy más elocuente que ayer. Lo que sí sabemos es la factura: oficialmente, 9’3 millones anuales. Las estimaciones reales de partidas indirectas –139 funcionarios asignados, unos 300 coches, seguridad policial y militar, entre otras– los elevan hasta los 400 millones.

10 años antes, 20 años después

Que el rey iba desnudo, anécdota íntima de los jóvenes que nacimos bajo la democracia de la amnesia y el blanqueamiento de la impunidad, lo supimos a finales de los 90. Septiembre de 1989: ensayo general de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Cuando el rey entró en el Estadio de Montjuic –antes llamado Samaranch, hoy Lluís Companys– la pitada resultó monumental y algunos tomaron buena nota. Cuando tres años después, el Rey inauguraba aquellos juegos olímpicos (entre detenciones de disidentes y denuncias de torturas que acabarían condenadas –en 2004– por el Tribunal de Derechos Humanos de Esytasburgo) hubo cambio de guión y lo que sonó no fue el himno nacional español sino ‘Els Segadors’. Muchos años después hemos visto como se han llegado a adquirir enormes equipos de megafonía y se han gestionado torticeramente los directos de RTVE en cada final de la copa del Rey, en macropitadas como nunca antes. O leemos que el CIS retira las pregunta sobre monarquía. O constatamos como se militariza Catalunya a cada visita real, donde la monarquía apenas tiene el respaldo y el aprobado del 10% de la sociedad.

Resiguiendo el poco útil anecdotario personal, aunque transferible, un miércoles de 1994 vi por primera vez a la policía montada a caballo, y a punto para cargar, en las campas de la Universidad Autònoma de Barcelona: la asfixiante presencia policial pretendía ahogar en vano las protestas estudiantiles ante la visita del rey a Cerdanyola del Vallés. Y más aún, un sábado de octubre de 1997, con el barrio tomado policialmente como nunca antes, no pude ir a trabajar. El asedio policial se debía a la boda de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, que tuvieron que cambiar de planes e itinerario ante las protestas sociales. La no asistencia al trabajo no fue voluntaria: me levantaba hacia meses a las cinco de la mañana para preparar el buffet de desayunos del Hotel Plaza de Barcelona, desde los áticos del cual Saenz de Buruaga emitía el directo. El día antes me llamó el jefe diciendo que no hacía falta que fuera y que cobraría el día. Meses después, cuando cambié de trabajo, el mismo jefe me reconoció que la decisión fue ajena y vino motivada por una visita policial preventiva. Y uno no pasaba de ser un chaval de 23 años.

Y de postres, la guindilla saudí

En todo caso, han pasado casi 20 años desde la acreditada documentación de todos aquellos hechos en aquel libro proscrito, continuidad de todos los intentos anteriores por poner luces y taquígrafos a la institución monárquica. Aun así, sabiendo lo sabido, el notición es que nunca pasó nada. Hoy y antes de ayer, la creciente deslegitimación de la monarquía borbónica –cabría hablar también de autodeslegitimación y autodilapidación– es una evidencia, acelerada en su día por la instrucción del caso Nóos y todas las servidumbres políticas que quedaron al desnudo. Es imposible reseñarlas todas, aunque hayan sucumbido cuñados y presidentes autonómicos y exministros como Jaume Matas. El remate, ojalá stock en liquidación, ha venido de nuevo por otra mezcla de despecho afectivo –con faldas y a lo loco– y negocios turbios, que apuntan a comisiones de hasta 100 millones de euros, depositados en cuentas suizas bajo el paraguas de fundaciones –un clásico de la evasión fiscal– y cuyo origen serían mordidas por rebajar el precio de los contratos de empresas españolas en infraestructuras saudíes.

Como guindilla de la punta del iceberg, como final mediocre porque nunca hay buenos finales, pues no está mal. Ahora bien, eso lo hemos conocido este primer trimestre de 2020 de una forma mediocremente habitual y en el patrón de conducta clásico de las élites cuando se les pilla con la mano en el bote de la cleptocracia. Un itinerario más que conocido hasta el hastío: un medio de comunicación destapa el escándalo, una nota oficial se rasga las vestiduras y se toma alguna decisión epidérmica que parece absoluta –la retirada de la asignación, en el presente caso. En plata: que sólo lo reconocen una vez ha sido publicado. O lo que es lo mismo: mientras tanto, una política oficial de encubrimiento y silenciamiento. Es público y notorio que Felipe VI lo sabía desde hace un año. Que era beneficiario de la cuenta. Y que calló. La enjundia, casi mal chiste, de la broma de turno es que para ser el rey de todos los españoles y españolas, Juan Carlos de Borbón ha estado sirviendo a intereses saudíes. La comisión cobrada la pagaba la teocracia de los Saud por haber conseguido una rebaja en el precio de las empresas españolas y no a la inversa –empresas españolas que le pagarían los favores de intermediación por la consecución de contratos. Esa sí que es buena. Y requetedefinitiva: Zarzuela, capital Riad.

Por eso, sin trampas ni cartón, el debate real no debería ser el último escándalo, sino todos los anteriores. Al final, Al Capone cayó por una factura en una tintorería. Al final, Juan Carlos I de Borbón, ha caído ya por esa comisión saudita. Sobre todo, se ha decidido dejarlo caer. Que en los tuétanos del Estado eso ya se sabía y que sabía demasiado bien que la alfombra no podía tapar ni aguantar mucho más, no es afirmación propia, sino de la dureza y crudeza de las palabras del mismísimo monárquico José Antonio Zarzalejos, el primero en informar e la abdicación de Juan Carlos I: “Se pensó -el primero, su propio hijo- que la abdicación del rey fundacional de la democracia (junio de 2014) sería un cortafuegos suficiente para proteger la Corona del descrédito en la que le había sumido Juan Carlos I a través de un comportamiento personal, familiar y también financiero, fuera de cualquier registro de admisibilidad en el ejercicio de máxima magistratura del Estado. La implementación por Felipe VI de otras medidas (reducir la dimensión de la Familia Real y suprimir la agenda pública de su padre, entre otras) trataba de achicar la larga sombra de las conductas del emérito que se enlazaban con las de su yerno y con la tozudez de la infanta Cristina, que sigue sin renunciar, por simbólico que sea, a los derechos sucesorios”. Cabría añadir que CaixaBank ha mantenido a la infanta en nómina hasta este enero de 2020 a pesar de la condena de 2017 –ellos sabrán por qué–, como saben perfectamente que el proceso judicial contra los ultras de Manos Limpias arrancó cuando estos llamaron a La Caixa para pedir dos millones de euros por no imputar a la infanta.

La cosa, en todo caso, es que entonces llegó Felipe VI y podríamos traer a colación una anécdota de Ruiz Gallardón padre. Cuando alguien le dijo que era muy facha respondió: “De derechas dice usted que soy yo, ustedes no conocen a mi hijo...”. Similar comparación se podría atribuir al heredero del trono, tras el discurso de legitimación de la violencia policial el 3 de octubre, santificación constitucional del ‘A por ellos’. Otro lema cuando menos contradictorio en la defensa de la sacrosanta unidad de España: porque no hay mayor reconocimiento de la alteridad y la diferencia que categorizarnos como ellos fuera de su nosotros. Ya somos otros en su propia consigna.

Concluyendo, ya se puede decir que el símbolo absoluto por antonomasia del régimen de 78 ha sido trincado con las manos en la masa de la corrupción global del capitalismo de los amiguetes. Otrosí; ante el silencio, casi estupor, de los que llevan 40 años encumbrándolo. Y aún así, la noticia no es esa precisamente el último escándalo: lo relevante, por estructural, es que el sistema lleva 40 años protegiéndole las juergas y blindándole sus negocios. Y que en realidad esa corrupción sistémica más que sistemática, bien localizada en las esferas del alto poder, atañe a todas las élites del régimen si abrimos el zoom y miramos con atención el lodazal del último ciclo político: del presidente de la CEOE al exministro y expresidente del FMI Rodrigo Rato; de la Gürtel a la estampida de Rajoy; de la Operación Lezo al suicidio de Miguel Blesa; de los papeles de Villarejo al festín y orgía immobiliarias. La lista es extenuante –más de 3.000 investigados, 226 indultos a corruptos y un coste social de la corrupción de 40.000 millones de euros. Cuentas en Suiza, al fin y al cabo, las ha tenido Emilio Botín –2.000 millones de euros–, el tesorero del PP Luis Bárcenas o todo un vicepresidente del Barça. En los papeles suizos de Falciani y en los de Luxemburgo del caso LGT, relucían los nombres de el narcoempresario José Mestre, el exdiputado del PSC Didac Fábregas, el sindicalista de la UGT José Ángel Fernández Villa, el padre de Artur Mas, donde constaba el hijo como beneficiario, o Alejandro Sanz. Y en las cuentas de los papeles Panamá, ya lo saben de sobras: desde el exministro José Manuel Soria, a Bertín Osborne y Francisco Paesa, hasta Pedro Almodóvar o Imanol Arias hasta llegar a la hermana del rey Juan Carlos o a dos bisnietos de Franco. Y los Carceller –cervezas Damm– y Oleguer Pujol y Carles Vilarrubí y hasta Messi. Se calcula que hay 80.000 millones españoles en Suiza y 24.000 en Andorra. El rey hace lo que hacen las elites extractivas, justo esta semana, cuando hemos sabido que CaixaBank abre sucursal para superricos españoles en el paraíso fiscal de Luxemburgo.

Pero merecen comparación los borbones y los pujoles, dos finales de régimen distintos, donde hay algo de esquema parecido y al mismo tiempo, distinto: las cuentas de los cuentos del padre, como en el cuento andorrano del pujolismo. Con una diferencia nada sutil: en el (o)caso de las vergüenzas del pujolismo se recurrió a todos los dispositivos de las cloacas de Estado, métodos ilegales incluidos, para hacer visible la corrupción con fines políticos. En el caso de la monarquía, se recurrió a todo lo contrario: también con fines políticos. Hay más analogías y diferencias: si en el caso del pujolismo, cuya sombra ha pretendido proyectarse soezmente a todo el movimiento independentista, los hijos pretendieron fracasadamente salvarse en el nombre del padre, en el caso de los borbones, cuya sombra sobre todo el sistema se niega permanentemente, se invierte: se va a sacrificar al padre para salvar la monarquía en el nombre del hijo. En esa defensa, vamos a ver cosas nunca vistas. Se harán los despistados y pretenderán reducirlo a caso aislado. Que Unidas Podemos se haya negsdo en la Junta de Portavoces del Congreso a apoyar la comisión de investigación es un mal presagio.

Pero para argumento de autoridad, escuchemos las voces del otro lado sobre el hundimiento. Nadie lo ha dicho como Zarzalejos, vigía monárquico, en esta primavera aciaga de 2020. El 15 de marzo, ya bajo el estado de alarma por el desastre de la Covid-19 que le salva momentáneamente la papeleta a la Casa Real, escribía duramente en El Periódico: “Se trata de la caída absoluta e irreversible de la reputación del rey emérito, extrañamente empeñado, por frivolidad y prepotencia, en destrozar todos los activos que reunió su gestión desde 1975 hasta los primeros años de este siglo”. Uno cree que pasó demasiado desapercibido lo que señalaba, que era casi todo, sin concesiones al lenguaje ni maquillaje posible. El corinnavirus ha sido finalmente demoledor.

La inteligencia –incuestionable, aunque al servicio de otros intereses– de José Antonio Zarzalejos en ese artículo, titulado "La corona, en riesgo", proseguía: “La nota de la Casa del Rey difundida este domingo lanza graves acusaciones al rey emérito”. Prosigue, rey contra rey y jaque mate: "La nota de la Casa del Rey es lacerante para Juan Carlos I, le compromete presuntamente en responsabilidades penales y quiebra la relación entre padre e hijo, que en una institución familiar no es asunto menor. Pero lo esencial: un número importante de diputados y senadores representan hoy en las Cortes Generales a fuerzas políticas que cuestionan la monarquía parlamentaria. Aducen su carácter no democrático –lo que es discutible porque se ratificó en la Constitución– e impugnan su funcionalidad. La Corona es una institución indefensa que depende de la ayuda y soporte social, institucional y político. Y no es del gusto, en absoluto, de una gran parte de la izquierda, del nacionalismo y el independentismo, que observan en ella un legado que el franquismo habría depositado en los intersticios del sistema”. Reconoce lo obvio puesto de soslayo siempre –“Efectivamente, la Corona trae causa de la designación por Franco en 1969 de Juan Carlos I como su sucesor en aplicación de una ley refrendada en 1947”– y va bastante más allá de lo predecible, porque es consciente que la crisis es de caballo y hay aviso de riesgo de derrumbe: “Las medidas que ha tomado el Rey son estimables pero no suficientes para anclar la Corona en el imaginario colectivo español. Debe dar un paso más y retirar la sombra de su padre por completo –estaría indicado el autoexilio– y, si el caso fuere, facilitar que se depuren responsabilidades penales ante la Sala Segunda del Supremo. Este asunto tiene mal paliativo y la Casa del Rey y el Gobierno tendrán que establecer un plan de contingencia si no queremos que un elemento decisivo del modelo constitucional quiebre. Porque si lo hace, el efecto será sistémico”.

Si la propia Casa Real, si sus máximos defensores mediáticos, ya están sugiriendo autoexilios para el rey emérito y estiman facilitar e instar a la depuración de responsabilidades penales, ¿qué no deberemos reclamar las sensibilidades republicanas? Tal vez no invocar los Pactos de la Moncloa, sino quizá el pacto de San Sebastián de 1930. Procede, eso sí, lo arduo del mínimo exigible en cada caso de corrupción: reconocimiento, restitución y garantías de no repetición. Verdad, justicia, reparación. Eso para empezar. Para acabar, el fin del régimen monárquico y todas sus implicaciones y derivadas, desde la misma contrapropuesta transformadora, frustrada entonces, del 78: abrir por abajo todo lo que ya quieren cerrar, otra vez, por arriba. Borrón al borbón y cuenta nueva. Y ojalá esa nueva cuenta sea democrática, social y republicana. O será, es de temer, todo lo contrario. Porque como nos diría todavía el poli de Canillas, al final y al cabo,“¿en qué país te crees que vives?”.

David Fernández es periodista

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