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ojodetormenta · 4 years ago

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La imparcialidad y capacidad del Consejo Nacional Electoral están por los suelos

Crónica A-n-t-i-corrupción

Pablo Albán Rodas

Insólito: el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no tiene aprobado el Plan Operativo Actualizado, los planes específicos técnicos y el cronograma para las elecciones de 2021. Tampoco tienen un presupuesto aprobado por el organismo del sufragio y finanzas. Esto contradice las afirmaciones reiteradas de su Presidenta Diana Atamaint de que el proceso avanza y pone serias dudas sobre la competencia técnica y administrativa del organismo para llevar adelante con éxito las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República y de Asambleístas.

El dato se desprende de un informe oficial de Enrique Pita, Vicepresidente del organismo electoral, donde expone estos y otros inquietantes retrasos en las actividades necesarias para un buen desarrollo de los comicios.

El Plan Operativo, por ejemplo, debía ser aprobado el 18 de febrero de 2020. Es decir, hay un retraso de más de 170 días. Esta realidad no se evidenció en la comparecencia del 29 de junio pasado de Atamaint a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, donde, según un boletín del mismo CNE explicó “avances del proceso”. Una pregunta cae por su peso: avances sobre qué Plan, sobre qué actividades, puesto que estas no han sido ni siquiera aprobadas dentro del POA; una acción elemental para conducir gastos e inversiones y el esfuerzo de toda institución pública. Un retraso y omisión insalvable ante la más elemental acción de control.

Para figurarnos la línea roja que pisa el tema de la aprobación del presupuesto para las elecciones consideremos que: al 20 de agosto se contabilizarían 183 días de atraso, mientras que para las elecciones quedan 174 días. En el tema del POA es la misma situación.

Al respecto, en una nota oficial de prensa del 19 de agosto se dice que el monto que estaría negociándose con finanzas sería de 100 millones de dólares. Atamaint había solicitado en un inicio 145 millones. El Gobierno exige también un plan de austeridad y recortes al organismo electoral. Y el tiempo sigue corriendo.

Pero el panorama es más desalentador, pues se reportan retrasos en todas las áreas comprendidas en el proceso democrático: gasto electoral, organizaciones políticas procesos electorales, procesos en el exterior, logística, infraestructura tecnológica, capacitación, estadística, procesos electorales 2021. Estas actividades establecidas en el plan oficial no avanzan por falta de personal y de recursos. Según declaraciones recogidas por medios, Pita no conoce “nada” sobre el presupuesto, porque este tema lo maneja directamente la Presidenta. “Cómo se va a llevar la organización, si se van a comprar o alquilar equipos, el financiamiento de la impresión de papeletas electorales... No conocemos nada".

"Es fundamental saber si va a haber o no el dinero, debemos llevar a cabo unas elecciones limpias, transparentes, y eso cuesta, y si no vamos a tener el dinero, bueno ¿qué estamos haciendo? Incluso los contratos no van a alcanzarse a hacer para los proyectos que tenemos para el proceso electoral. Estamos muy atrasados", manifestó por su parte el consejero José Cabrera.

ATAMAINT Y LA MAYORIA DEL CNE EXHIBEN Y PONEN EN MARCHA SU ALINEAMIENTO ELECTORAL SIN PUDOR

Pita considera que en la relación con el Ejecutivo se debe poner por delante el principio de la independencia de Funciones del Estado. " Así como se defiende en ámbitos políticos la independencia de la Función Electoral, debemos ser frontales para decir hasta dónde podemos sacrificarnos para no comprometer la transparencia y eficiencia de las elecciones", sentenció.

Sin embargo, resulta complicado para Atamaint sostener una relación funcional con el Gobierno, la Asamblea o la Corte. Esta se desenvuelve en medio del alineamiento político de la mayoría de consejeros bajo un acuerdo que se atribuye a Pachakutik, el Correísmo y el PSC,. Junto a Atamaint y Cabrera se encuentra Esthela Acero. En la otra orilla están Pita y el consejero Luis Verdesoto.

De ahí la resistencia a cumplir las disposiciones de Contraloría y la consecuente salida del registro electoral de cuatro organizaciones políticas, entre ellas la que auspicia al correísmo y que en su momento fue legalizado de manera irregular. El espacio fue cedido por el ex ministro Iván Espinel (que actualmente cumple prisión por enriquecimiento ilícito) al expresidente Rafael Correa (actualmente prófugo por liderar una red de sobornos durante su gobierno), una vez que este último perdió el control del movimiento PAIS, derrotado por el ala morenista.

Por su lado Pachakutik, de cuyas filas proviene Atamaint, está fracturado por la presencia y acción de sectores correístas. Acercamiento que se puso de manifiesto en las acciones simultáneas que desempeñaron los indígenas con la estructura de la Revolución Ciudadana. Esto amenaza con dividir al movimiento, un riesgo que habrá que ver si están dispuestos a correr, dada la prevalencia de la posición indigenista y autonómica. A último momento, a Nicolás Isa, dirigente kichwa de Tunguragua y al Achuar Jaime Vargas, Presidente de la Conaie, las dos figuras que peleaban la postulación presidencial se sumó Yaku Pérez, prefecto del Azuay, postulado por Pachakutik. Los dos primeros tendrían una relación con el correísmo, en cambio, se dice que Yaku es promovido desde el MInisterio de Gobierno, a través de Iván Granda, ministro de inclusión y pareja de la Ministra Romo. Hay acusaciones en propias filas de intento de fraude dentro del proceso de primarias nacionales.

El resurgimiento del movimiento a partir de octubre del año pasado, junto al puñado de votos que tienen en la Asamblea, a los que se suman los del correísmo y socialcristianos, han llegado a blindar la dirección del CNE y la actual mayoría del Consejo contra acciones de fiscalización que pedían la censura y salida de Atamaint. La Contraloría movió el piso a este acuerdo al establecer una predeterminación de destitución de los tres vocales de mayoría.

Así, incumpliendo disposiciones legales obligatorias o demorando su aplicación a través de ociosas consultas a distintas instancias jurídicas, la papa caliente nunca deja de estar de lado de Atamaint y su mayoría. En los próximos días deberán pronunciarse sobre una posible candidatura de Rafael Correa, quien tiene orden de prisión en el territorio ecuatoriano y que buscaría otra vez la impunidad a través de una salvaguarda que da a los candidatos el Código de la Democracia. La fecha que busca alcanzar el correísmo es el 18 de septiembre de 2020, entonces pretende acogerse a la inmunidad que se les otorga a los candidatos. Un día antes, el 17, el CNE convocará a elecciones, lo que dará otra calidad a sus acciones.

PABLO CELI; EL INFORME Y RECOMENDACIONES DE CONTRALORÍA SON DE AGOSTO DE 2019, FUERA DEL CALENDARIO ELECTORAL

Diario El Universo

En medio del desarrollo de las elecciones del 2021, surge una pugna política entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Contraloría General del Estado, por una auditoría que dispuso como recomendación que se deje sin efecto la inscripción de cuatro movimientos: Libertad es Pueblo, Justicia Social, Fuerza Compromiso Social y Juntos Podemos. Su incumplimiento generó que el contralor Pablo Celi dé paso a la predeterminación de destitución y una multa de $ 7880 en contra de los consejeros Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero, y otros siete funcionarios.

La presidenta Atamaint denuncia que Celi incurriría en una infracción electoral por interferir en el proceso. Pero él asegura que no hay sustento legal. Su argumento, que hay "evidencia documental" recogida en un informe de agosto del 2019 de que se otorgó personería jurídica a los movimientos sin que tengan el 1,5 % de firmas para su inscripción, porque se encontraron números de cédula inexistentes y duplicados, firmas que no corresponden, menores de edad y fallecidos.

En una entrevista con este Diario, Celi afirma que el CNE debía comprobar la veracidad de la información, pero no se lo hizo. Al contrario, en enero y febrero del 2020 adoptan resoluciones incumpliendo las recomendaciones. No realizan acciones tendientes a considerar y vigilar la situación legal, ni corrigen y depuran el registro.

Ello se recoge en un segundo informe del 18 de junio, alertando que no se subsanaron las observaciones. "No se trata de un examen a los partidos ni a los movimientos, es un examen al CNE. No estamos hablando de requisitos de extinción de partidos, sino de requisitos previos. Las predeterminaciones no son al organismo, son a las personas. Aquí no hay ninguna interferencia de competencias".

Tras conocer la predeterminación, la presidenta Diana Atamaint le recomendó que enfoque sus esfuerzos en investigar los actos de corrupción.

Los pronunciamientos de los consejeros deben hacerse en el campo legal. La Contraloría no necesita consejos de nadie para ejercer sus funciones. El país es conciente que se viene haciéndolo. Críticas infundadas, amenazas, atropellos, hasta ataques a su infraestructura. La Contraloría está enfrentando reacciones por sus actuaciones. Estoy obligado a llevar adelante la ley. A mi no me amedrenta ningún tipo de amenaza.

Se habla de que analizarán acciones en su contra alegando que ninguna autoridad puede interferir en el proceso electoral....

Eso no tiene ningún sustento. Las autoridades debemos tener cuidado en las expresiones públicas, porque nuestra obligación es, además de adoptar decisiones pertinentes, orientar la percepción ciudadana. Esta situación no tiene nada que ver con el CNE, no tiene que ver con sus atribuciones, es una acción de control administrativa. No cabe ningún tipo de amenaza, advertencia que no tiene ningún asidero legal, y que la Contraloría no la puede admitir. Porque si el contralor fuese advertido o amenazado con acciones por cada una de las decisiones que se adoptan, estaríamos paralizados. Ya no estamos en un momento en donde en el país impera el reino de la arbitrariedad.

De la auditoría se desprende que hay una falla de origen en estas cuatro organizaciones, pero hay decenas inscritas.

Las acciones de control están planificadas, no están direccionadas. Hay una planificación anual, esto no es improvisado. Y están observadas aquellas en cuyos registros se encontraron irregularidades. No hay ningún direccionamento político, ni tampoco se audita selectivamente. No hay ningún elemento político, además, el examen es muy anterior a cualquier acción que tenga que ver con el proceso electoral. Viene de dos años atrás. Las observaciones lo que señalan es que el CNE debe cumplir con su propia ley. No es la Contraloría la que estableció las normas.

¿Hay una intromisión de funciones como denuncian los consejeros?

Eso implicaría subrogar al CNE en decisiones que son propias y que están en el campo del derecho electoral. Esto tiene que ver con un acto de control administrativo, no de control electoral. El CNE entrega recursos a las organizaciones políticas fundamentado en el Registro, por lo que estamos obligados de vigilar que ese registro, por el que se entregan recursos, no existan agrupaciones que no tienen derecho a recibirlos. No es un tema de intervención electoral.

Demandan que se sancione a quienes dieron la personería jurídica en administraciones anteriores, y no a ellos.

Los informes observan las responsabilidades de todos. El último informe se refiere a las autoridades y funcionarios que al estar en funciones activas, tenían la capacidad y potestad para corregir lo observado. Esto no quita las responsabilidades respecto al informe anterior, que involucra a funcionarios actuales y anteriores. El informe que predetermina a los actuales, es porque tenían la potestad para corregir el hecho oportunamente, y eso no exime a otras autoridades precedentes.

En el caso que se ratifiquen las sanciones en contra de los vocales, la recomendación de eliminar a las cuatro organizaciones ¿se mantiene?

En 30 días deberán presentar cualquier tipo de descargo ante el órgano de control. Cuando conozcamos esas respuestas, las analizaremos y adoptaremos una resolución definitiva. Esto sea la confirmación de la predeterminación o no, independencia que se haya o no presentado elementos probatorios de que los actos observados que sustentan la predeterminación no están activos. Tienen que demostrar que ya no están en vigencia los actos administrativos observados para que se subsanen las observaciones. Si es que los actos administrativos observados se mantienen, las observaciones también.

Hay autoridades que han sido sancionadas con la destitución, pero siguen ejerciendo cargos.

Son procesos que no están concluidos, que no quiere decir que estén desvanecidos. No quiere decir que estén terminados ni que se haya modificado la resolución de control. Pero el principio de ejecución de un acto administrativo como es la decisión de destitución, es un principio que no puede ser desconocido ni burlado por ningún subterfugio jurídico. El procedimiento es claro. Si una determinación de destitución confirmada se notifica a la autoridad nominadora, está obligada por la ley a ejecutar la resolución, independientemente de los reclamos legales que puedan hacer los interesados. La ley es clara.

¿El CNE podía recurrir al Código Administrativo para anular la inscripción de los cuatro grupos?

No puede existir la invocatoria de un derecho adquirido contra los principios legales que sustentan ese derecho. Es un contrasentido. Nadie puede beneficiarse de su propio dolo. La observación de Contraloría es que se corrija un acto administrativo que tiene una nulidad de origen. Solo señalamos la irregularidad y exigimos que se corrija. Quien tiene que corregirla es el sujeto observado. La Contraloría no subroga a los funcionarios en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Estas auditorías están motivando críticas de actores políticos, como el expresidente, Rafael Correa.

Aquí hay activistas políticos interesados siempre en distorsionar las cosas en su provecho, algunos de ellos, andan asesorados por tinterillos y buscapleitos con fines proselitistas, yo soy una autoridad seria. No entro en ese campo, como autoridad de control no atiendo disparates.

EL CNE COMO BOTIN POLITICO, EL TEMA DE LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA NO ESTA EN HOJA DE RUTA DE ATAMAINT

A inicios de agosto, la Comisión Anticorrupción anunció la conformación de una Contraloría Social al Observatorio Ciudadano para vigilar la acción del Consejo Nacional Electoral.

Una motivación es el nombramiento por parte de Atamaint a Santiago Pineda como Director Nacional de Procesos Electorales, quien fue candidato a concejal de Quito por Alianza País y ahora por sus manos pasará la organización de los próximos comicios. Él fue nombrado Director Nacional de Procesos Electorales por Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Pineda participó en las elecciones por Alianza País en el distrito sur de Quito. Además trabajó en el área de asesoría de desarrollo de la política pública e institucional de la prefectura de Pichincha, durante la gestión de Gustavo Baroja. Pineda no registra experiencia adicional en el sector público.

Para Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, el nombramiento de Pineda responde a las negociaciones políticas dentro del pleno del CNE y -afirma- sería imposición de la vocal Esthela Acero.

"Para dar una mayoría está chantajeando, a nombre de Correa, al Consejo Electoral para obtener cargos fundamentales para llevar adelante las elecciones. (...) El correísmo sigue teniendo tentáculos clarísimos en el CNE", afirmó Rodas.

Pero no es el único cambio en el consejo en las últimas semanas, lo que preocupa al vicepresidente del organismo, Enrique Pita.

"Es inexplicable que a no más de 6 meses del próximo proceso electoral se hayan reemplazado a funcionarios del más alto nivel en áreas tan sensibles como es la organización del proceso electoral, organizaciones políticas y también en el área informática. Más grave aún cuando las personas que reemplazan a estos funcionarios no acreditan tener la experiencia suficiente", indicó Pita.

La polémica por los nombramientos en el CNE no es nueva. El antecesor de Pineda fue Luis Loyo, ahora sentenciado por tráfico de influencias. Ese caso obligó a iniciar una investigación y un proceso que aún se encuentra abierto en la Fiscalía.

Por estas irregularidades, la Comisión Anticorrupción realizará una contraloría social al próximo proceso electoral. "Es el momento que dejen posturas absurdas de confrontación y nos garanticen las elecciones y esto es un llamado a los 5 vocales del CNE", enfatizó Rodas.

Cambios de Atamaint en el CNE:

La estructura del Consejo está integrada por 26 departamentos, entre coordinaciones y direcciones nacionales que, según los consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoto, están encomendados a funcionarios cercanos a Atamaint, Cabrera y Acero.

En la Dirección de Procesos Electorales, una unidad clave que tiene a su cargo más de 20 funciones establecidas en el estatuto orgánico. Su misión: “planificar, organizar y ejecutar” el desarrollo de los comicios del 2021. Para ese cargo aceptó la recomendación de la Coordinación de Talento Humano de designar a un abogado titulado en el 2016, Santiago Pineda Quimbiulco, ex asesor jurídico en administraciones zonales del Municipio de Quito y que desde esos espacios decidió lanzarse como candidato a una concejalía en las elecciones seccionales del 2019 por Alianza PAIS (AP).

Así, entre algunos de los cargos nombró a:

- Luis Bonifaz, abogado, ingeniero en Hotelería y Turismo y máster en Gestión de Desarrollo de Proyectos como coordinador técnico de Procesos Electorales, y que también había sido recomendado por Acero.

- Karina Castro, designada en la coordinación de Gestión Estratégica, fue procuradora síndica en la Prefectura de Pichincha en el periodo de Gustavo Baroja, quien a su vez eligió a Acero, en representación de AP, para integrar el actual CNE.

- Eduardo Franco, coordinador administrativo financiero y de Talento Humano trabajó en la prefectura de Morona Santiago, de donde es oriunda Atamaint, al igual que Mariana Jintiach, actual directora administrativa.

- Olga Cantuña es economista con una maestría en Agricultura Sostenible y está a cargo de la Dirección Nacional de Proyectos. Ha laborado en varios ministerios desde el 2014.

- Gloria Ochoa fue una de las comisionadas que eligió al actual CNE en el proceso que llevó a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Ahora es directora nacional de Seguimiento y Calidad.

- En la Dirección de Logística está Evelyn Suárez, quien integró la comisión ciudadana que iba a elegir a tres vocales del CNE en el 2018, en la segunda renovación. El concurso de m��ritos quedó insubsistente tras la aprobación de la consulta popular que inició la evaluación de autoridades del Estado.

- Zumac Sacha Flores, coterráneo de Atamaint, llegó al CNE como su asesor y ahora es director de Procesos Electorales en el Exterior.

- Lenin Sulca, exintendente de Policía en el régimen correísta, es el actual director nacional de Organizaciones Políticas, y según se conoce, también fue sugerido por Acero.

- María Tacle Vaca, en la coordinación nacional de Procesos de Participación Política. Según el Sistema de Rentas Internas (SRI), se dedica a la organización y promoción de eventos. Fue invitada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para participar en la contratación de servicios de comunicación para promover su imagen, pero no fue beneficiaria del contrato.

- Director Nacional de Capacitación se ascendió a Mario Barragán, exasesor del exasambleísta de Pachakutik (PK) César Umajinga.

- Como directora de Talento Humano se designó a Janeth Fajardo, quien en el 2014 se desempeñó, entre otros cargos, como gerenta institucional de la Secretaría de Administración Pública, en la gestión de Rafael Correa.

- Como director de Infraestructura Informática está Diego Lasso Villalta, quien trabajó en los ministerios de Desarrollo Social, de Industrias, de Patrimonio, también en el Servicio Nacional de Contratación Pública.

LUIS VERDESOTO: “MAYORIA DEL CNE TIENE UN PROBLEMA INSOLUBLE”

Diario El Universo

Luis Verdesoto forma parte de la minoría en el Consejo Nacional Electoral, junto al vicepresidente, Enrique Pita. Cree que para las elecciones generales próximas hay más incertidumbres que certezas. Cortesía

Luis Verdesoto, vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), critica las decisiones internas que toman los consejeros de mayoría, Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero, en el marco de la organización de las elecciones generales del 2021 para presidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos. Cree que no se están tomando las medidas sanitarias adecuadas para evitar contagios de COVID-19, lo que podría fomentar el ausentismo el 7 de febrero.

¿A qué obedecen los recientes cambios en el personal de direcciones y coordinaciones?

Al clientelismo, a los favores internos. Después de los consejeros, uno de los cargos más importantes es la Dirección de Procesos Electorales. Quien ocupe ese cargo debe tener una formación específica y un grado de preparación y destreza. Envié a la presidenta Diana Atamaint una nota sobre la persona que acababa de nombrar (Santiago Pineda) en esa dirección. Y me responde que ella tiene la autoridad de nombrar a quien le dé la gana. ¡Perfecto! no le estoy pidiendo que nombre a un amigo mío, sino que reflexione. Lo mismo pasó con Luis Loyo (procesado por asociación ilícita). Le dije que tenía 34 juicios y ¿este señor va a manejar documentos públicos del proceso? Y me respondió lo mismo. Loyo era un hampón, y ahora le estoy diciendo que no nombre a una persona que no tiene ni idea de dónde está. Pero, lo que pienso, es que hay alguien que está detrás de eso. El director real es otro. Porque el nivel más alto de preparación (de Pineda) es haber sido candidato a concejal en el distrito sur de Quito.

El presupuesto se desconoce. ¿Cómo se solicitarán los recursos necesarios no solo para organizar las votaciones, sino los implementos que deben adquirirse por la emergencia sanitaria?

Enrique Pita y yo no conocemos el presupuesto. Alguna vez conocimos que era de $170 millones, luego por chismes conocimos de $140 millones y de $122 millones. Sabemos que hay un presupuesto de $26 millones no pagados a los medios de comunicación por la campaña electoral pasada, y se incorporan los $44 millones que debe contratarse este año para campaña. Esto junto sumaría más o menos los $200 millones. Va a haber una crisis muy seria entre la deuda de arrastre y lo que tendría que contratarse ahora. Vemos un Estado que no tiene para pagar a los municipios. He pedido que me dejen introducirme un minuto para ver la arquitectura financiera, para ver cómo hacemos piruetas para pagar estos tramos de las deudas, nunca me han dejado entrar. No hay cómo ni siquiera colaborar con ellos, ni buscar una salida, todo lo manejan de forma clientelar. El presupuesto es un absoluto arcano para Pita y para mí. No veo de dónde el Estado va a sacar $120 millones sumado a los $26 millones y a los $44 millones. Juro que no se de dónde*.

Pero ese presupuesto que se hablaba y que se redujo hasta $122 millones era de antes de la pandemia, ahora podría ascender.

El tema es muy serio. Hay que invertir en un papel distinto, trajes a todo el mundo, control de salud a 200 000 personas para las mesas, y si se amplían recintos serán más. No se puede manejar con alegría y oportunismo y decir, como una vez dijo una consejera, 'yo escuché en la radio de mi pueblo que va a haber vacuna'. Y, ¿cree que pueden tomar decisiones a base de eso? Entonces estamos muertos, pero ni modo. ¿Van a terminar dándoles a que tomen cloro los miembros de las juntas electorales? Así no se pueden tomar decisiones.

¿Qué pasa con la participación de las autoridades sanitarias en el desarrollo del proceso?

Deberíamos primero conocer las condiciones sanitarias para organizar el proceso electoral. El problema es que no les interesa. Están ocupados en otra cosa. Hemos pedido que convoquen al Consejo de Seguridad Nacional, al COE nacional no lo hicieron, al Ministerio de Salud tampoco. Están presionando a ver hasta dónde llega el presupuesto, cómo lo distribuyen; negociando a ver si el 17 de septiembre logran tener inscrito el candidato que les interesa. Harán las elecciones y en 15 días habrá un rebrote, pero estará en otro lado, y ya habrán logrado el resultado electoral cuando el tema es que la gente tenga confianza de ir a votar. La preocupación de ellos es que tienen a la Contraloría encima, les viene un nuevo informe porque hicieron mal contrataciones, tienen juicios en la Fiscalía, favores que deben, tienen un problema insoluble.

20 de agosto 2020

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