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tazycat · 8 years ago

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México: de masiosares que profanan el suelo y el sueño por mejorar la raza.

México se ha construido bajo el mito de que es un país abierto y receptor de extranjeros, sobre todo, de quienes vienen huyendo de horrores como la guerra. En gran parte, es verdad: se han recibido migraciones de judíos exiliados y refugiados durante la II Guerra Mundial, de varios republicanos y anarquistas españoles a inicios de siglo XX y durante la Guerra Civil, así como a guatemaltecos, chilenos y a uno que otro ruso perseguido.

Sin embargo, pocas veces se ha hablado de las condiciones de la recepción, y menos aún, de cómo se les ha tratado dentro del país, y esa parte es una historia de claroscuros.

Desde mediados del siglo XIX, tanto en México como en el resto del mundo, se comenzó a promover la migración con la intención de poblar los territorios más alejados y que eran considerados desaprovechados. Sin embargo, se alentaba cierto tipo de fenotipo: la idea de que la “raza blanca” era la más conveniente al país, comenzó a rondar en la cabeza y a transcribirse en legislaciones.

Hacia mediados del siglo XIX y tras su reconocimiento oficial, la gran mayoría de estos países abrieron sus fronteras en buscando ser sede de inversiones y justificando la presencia europea con la oportunidad de mejorar la raza. México no fue la excepción. Durante el porfiriato se hicieron varios tratados internacionales para fomentar la entrada de capital así como el comercio, al mismo tiempo que se desarrollaron propuestas de colonización en que se promovió la presencia de europeos, la cual se justificaba con la posibilidad de un mestizaje y que mejora de la raza indígena.

Ojo, no se trata de juzgar: era la época del boom de la ciencia positivista y la eugenesia (o darwinismo social) estaba de su lado. Justificados en ella y en los estereotipos que pesaban sobre distintos grupos raciales, se negó la entrada a distintas nacionalidades: chinos, cubanos, negros, “turcos”, eran constantemente vigilados por las autoridades mexicanas durante el porfiriato.

La ley de extranjería y nacionalización de 1886 define a un mexicano en contraposición del extranjero y explicaba cómo lograr la naturalización, resaltando en el documento que se le otorgan derechos a los extranjeros, tales como la exención del servicio militar, así como la protección de su persona, tal y cómo lo anuncia el artículo 1º de la Constitución de 1857, excepto que no gozan derechos políticos. Sólo el artículo 39 de dicha ley señala la posibilidad de expulsarle en caso de participar en “disensiones civiles del país”.[1]

Por el contrario, para 1909, se promulgó la ley de Inmigración, la que según sus “Exposición de Motivos”, se hacía con el fin de evitar la entrada al país de elementos nocivo, tanto en la cuestión moral como sanitaria de la sociedad. Basada en las leyes estadounidenses al respecto, se retomaron aquellas que suponían se adaptaban a las necesidades mexicanas. Se afirmó también que la ley era “de la más completa igualdad de todos los países y todas las razas, no estableciendo un solo precepto especial para ciudadanos de alguna nación, ni para los individuos de raza determinada”.[2]

En esas especificaciones, se prohibió la entrada de personas que padecieran de alguna enfermedad de alto contagio para la época (por ejemplo, sarampión, peste bubónica, cólera, fiebre amarilla), así como de enfermedades crónicas, como el tracoma o la sarna egipcia. También se negaba la entrada a quienes tuvieran algún defecto físico o mental que les impidiera laborar, convirtiéndose en “una carga a la sociedad”, es decir discapacitados o ancianos.[3]

De igual forma, se prohibió la entrada a sujetos que fueran perniciosos para la sociedad mexicana, como los tratantes de blancas y prostitutas, los prófugos de la justicia, mendigos y los anarquistas o integrantes de asociaciones que “profesen la doctrina de la destrucción violenta de los gobiernos o el asesinato de los funcionarios públicos”.[4]

El movimiento revolucionario y la primera guerra mundial ocasionarían la salida de varios extranjeros y la disminución de inmigrantes. Si bien, dicho tema no era un prioritario, fue tan importante como para ser discutido en el Constituyente de 1917, girando en los temas de ciudadanía, soberanía y raza. Para los asambleístas, la “raza mexicana” era mestiza, por lo cual, los extranjeros no podían participar más en la política y en la econom��a sin ese sentimiento de superioridad que les había caracterizado previamente. Eso justificaba la aprobación del artículo 33 constitucional.

En los artículos 34 y 35 de la constitución de 1917 señalan, correspondientemente, qué requisitos se deben tener para ser considerado ciudadano y sus prerrogativas:[5] edad, derechos y obligaciones que los mexicanos deben tener y cumplir para formalmente pertenecer a la nación mexicana. Sin embargo, para obtener la categoría de ciudadano, primeramente deberían ser “nacionales”. Por lo que la ciudadanía dependía de a qué se consideró “mexicano”.

Por esa razón, antes de definir qué derechos y obligaciones tenían los ciudadanos mexicanos, deberían clarificar quiénes eran: el artículo 30, que indica (hasta la fecha) cómo se obtiene la nacionalidad, y el 33, que limita a los extranjeros en el país, precedieron las discusiones del Constituyente.

Así, el 21 de enero de 1917 se aprobó el siguiente artículo:

Art. 30.- La calidad de mexicano se adquiere por nacimiento o por naturalización.

I.- Son mexicanos por nacimiento, los hijos de padres mexicanos nacidos dentro o fuera de la República, siempre que en este último caso los padres sean mexicanos por nacimiento. Se reputan mexicanos por nacimiento los que nazcan en la República, de padres extranjeros, si dentro del año siguiente a su mayor edad manifiestan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores que optan por la nacionalidad mexicana y comprueban ante aquélla que han residido en el país los últimos seis años anteriores a dicha manifestación.

II.- Son mexicanos por naturalización: (a)- Los hijos que de padres extranjeros nazcan en el país, si optan por la nacionalidad mexicana en los términos que indica el inciso anterior, sin haber tenido la residencia que se explica en el mismo. (b)- Los que hubiesen residido en el país cinco años consecutivos, tengan modo honesto de vivir y obtengan carta de naturalización de la citada Secretaría de Relaciones. (c)- Los indolatinos que se avecinen en la República y manifiesten su deseo de adquirir la nacionalidad mexicana. En los casos de estos incisos, la ley determinará la manera de comprobar los requisitos que en ellos se exigen.[6]

Los debates sobre la ciudadanía en el artículo 30 comenzaron desde finales de 1916 y si bien las características para definir al mexicano se basaron en la constitución previa, la desconfianza sobre el extranjero prevalecía en los diputados. La principal polémica era cómo acceder a una “nacionalidad” por parte de aquellos que no compartían la herencia racial y mucho menos cultural de los mexicanos. Según se lee en las discusiones, la nación se llevaba en el alma al nacer en ella, además de heredarla por parte de ambos padres.

Entre el 19 y 21 de enero de 1917, el tema central sobre el que giraría la discusión de este artículo fue qué era la nacionalidad y cómo se adquiría. Hay que resaltar entonces, que si bien era el punto álgido de los debates, se daba por entendido a lo que se refería. Pocas veces se habló en un sentido teórico de qué era la nacionalidad. Por el contrario, se hacía hincapié a lo vivencial del concepto: quiénes seguramente sentirían apego a la nación y quiénes no. Algunos diputados señalaron que en realidad, ese concepto era una circunstancia impuesta, por necesidad de legislar a favor o en contra del sujeto. La discusión sobre sus derechos y obligaciones le atribuían, fueron puestas en segundo plano en este momento, puesto que serían resueltas en los artículos posteriores.

Uno de los temas en los que hubo más discusión fue en cómo se adquiere la nacionalidad a partir de los padres: el jus sanguinis, pues intervenían intereses de índole cultural y que dieron por sentado: todo individuo, heredero de sangre mexicana, tendría por lógica un amor al país y la seguridad de que haría bien a la patria. Este caso, se debatió bastante acerca de las posibilidades de que un sujeto pudiese demostrar a amor a la patria, siendo hijo de extranjeros. El caso al que más recurrían para demostrar que no era posible era el de José Ives Limantur, ministro de Hacienda durante el último periodo porfirista.[7] Como bien menciona Laborde, la imagen de Limantur era lo que se deseaba evitar al reconocer a los hijos de extranjeros como nacionales. E incluso, era la razón por la que muchos diputados negaban esta posibilidad.

Es llamativo al respecto de este inciso es el punto (c) en donde se da la categoría de mexicano a los “indolatinos”, es decir, latinoamericanos que llegaran a México, a pesar de no cumplir con el requisito del tiempo que se exigía a los demás. Importa porque durante el siglo XIX, si bien los gobiernos mexicanos formalizaron una supuesta hermandad cultural con América Latina, es precisamente lo que se rescata de la diferencia entre los europeos que no comparten la herencia latinoamericana y quienes sí, por ende, era más lógico que fuesen buenos mexicanos que los alemanes, franceses, chinos o estadounidenses. Caso aparte mereció la comunidad española, puesto que a pesar de que durante el Porfiriato hubo mucha aceptación y una toma de conciencia “hispanoamericana”, la Revolución Mexicana contravino a este movimiento de integración con España.

Los debates sobre del artículo 33

Artículo 33. Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el Capítulo I, Título Primero, de la presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente.

Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.[8]

El 29 de enero de 1917, con una mayoría del 62% de votantes, (93 diputados a favor y 53 en contra) se aprobó el artículo 33 constitucional. En él, no se consideró la inclusión de los extranjeros en el país, sino claramente de dejarlos al margen. Así, la discusión giró en torno a los argumentos por los cuales los extranjeros podían dañar a la nación, a partir de sus oficios y calidades morales.[9]

La propuesta inicial tenía dos precedentes: el artículo 33 de la constitución de 1857 y la propuesta carrancista, que se diferenciaba del anterior al proponer la expulsión sin previo juicio en caso de que al extranjero se le denunciare como pernicioso o dañino a la patria, pero sobre todo, en caso de que se inmiscuyera en cuestiones políticas. Se presentó entonces un listado de quiénes deberían ser considerados para su expulsión:

I. A los extranjeros que se inmiscuyan en asuntos políticos.- II. A los que se dediquen a oficios inmorales (toreros, jugadores, negociantes en trata de blancas, enganchadores, etcétera.).- III. A los vagos, ebrios consuetudinarios e incapacitados físicamente para el trabajo, siempre que aquí no se hayan incapacitado en el desempeño de sus labores.- IV. A los que en cualquiera forma pongan trabas al Gobierno legítimo de la República o conspiren en contra de la integridad de la misma.- V. A los que en caso de pérdida por asonada militar, motín o revolución popular, presenten reclamaciones falsas al Gobierno de la nación.- VI. A los que representen capitales clandestinos del Clero.- VII. A los ministros de los cultos religiosos cuando no sean mexicanos.- VIII. A los estafadores, timadores o caballeros de industria. En todos estos casos la determinación que el Ejecutivo dictare en uso de esta facultad no tendrá recurso alguno, y podrá expulsar en la misma forma a todo extranjero cuya permanencia en el país juzgue inconveniente, bajo el concepto de que este último caso sólo procederá contra dicha resolución el recurso de amparo.[10]

Se puede leer este artículo dos preocupaciones: una, de índole económica, sobre la posibilidad de que se estafase a mexicanos o inclusive a la autoridad. Otra, que resalta en este primer momento, es aquella que se preocupa por cuestiones morales: desde la participación de extranjeros en los cultos religiosos,[11] hasta aquellos que esta nueva élite consideró moralmente dañinos a los mexicanos, como las personas que tuvieran algún vicio, o los toreros, personajes que a pesar de su popularidad se contraponían contra la idea de sociedad moderna y civilizada que quería imponer la revolución.[12]

El artículo 33 que fue publicado no consideró estas categorías de posibles expulsados del país. Sin embargo, en el debate, se hablaba no de oficios, sino de comunidades de extranjeros específicas. Hay que hacer una pregunta: ¿por qué en la discusión de este artículo, sólo se habla de ciertas comunidades extranjeras? Planteo entonces que había dos tipos: aquellas que se evidenciaban por su importancia social y económica, y otras, que serían marginadas de la población mexicana.

En las comunidades cuya importancia era evidente, se trata principalmente de las ya mencionadas: francesa, española, alemana y estadounidense. Cabe aclarar que sobre la última, el debate en el constituyente fue casi nulo. Se puede deducir, sin aseverar, que el hecho de que en 1917 se estuviera tratando de legitimar el gobierno carrancista ante su poderoso vecino, hicieron que no se tratase el tema de la presencia de estadounidenses en México.

También, tiene que ver con la reacción que tuvieron los distintos gobiernos sobre los daños que hubo hacia sus ciudadanos en México, durante la Revolución. La reacción de los gobiernos extranjeros ante la nula protección de sus ciudadanos dependió de la relación que México tenía con ellos. Ante países europeos y Estados Unidos, la protección del gobierno mexicano en turno, procedía de manera casi expedita, e incluso se les ofreció seguridad.

La premisa de autores como Alan Knight y de Pablo Yankelevich es que, si bien era un movimiento de defensa nacionalista, como ya se había planteado, se inmiscuía el aspecto del poderío económico de algunos extranjeros.[13] Según se observa en los debates, es una mezcla de ambas posiciones: la relevancia económica de estas comunidades, hacen verlas como explotadoras del mexicano, puesto que las grandes empresas estaban en sus manos. El modelo económico de crecimiento hacia afuera ocasionaba que las principales inversiones vinieran de otros países y pocas veces los mexicanos tuvieron oportunidad de participar activamente en ellas. Hay que recordar, que la mayoría de los congresistas mexicanos provenían de esa clase media que no podía acceder al poder ni económico ni político. Así, el artículo 33 podría explicarse dentro del movimiento revolucionario se aprovechó y conjugó con las intenciones nacionalistas y de crecimiento de estas, hasta cierto punto, nuevas élites.

Hay que resaltar que, a las discusiones se centraron en ciertas comunidades de extranjeros: alemanes, franceses, estadounidenses y españoles, de quieres se opinó lo contrario a lo que se dijo de los “indolatinos”. El caso de los españoles fue polémico, puesto que si se partía por el interés de la cultura y la herencia, ellos eran parte esencial del mestizaje que años más adelante defendería Vasconcelos. Sin embargo, había un resentimiento previo, inclusive se puede decir que venía desde el siglo XIX y, sobre todo de la independencia y la carga política y emotiva de haber sido parte de España por tres siglos. La imagen del español, su estereotipo de vendedor avaricioso, era el personaje que rondó en los debates, lo cual impedía que esta comunidad realmente se sintiera parte del ser mexicano.[14]

El porqué de los debates se explica ante la necesidad de una doble defensa: primero, la soberanía y legalidad de la nueva nación mexicana, atribuyéndole privilegios políticos (los cuales a veces son enunciados como la capacidad de ocupar puestos políticos) a los nuevos ciudadanos mexicanos que cumplieran los requisitos. Segundo, la férrea oposición contra aquellos a los que Díaz, quien en un error, permitió que el “país se extranjerizara”.[15]

Para las primeras dos décadas del siglo XX, sobre todo después de la lucha armada los puntos de vista sobre un México mestizo, privilegiando “las razas locales” que las extranjeras eran mayoritarios en el debate. Esa era la visión de los congresistas de 1917. Sin embargo, en los debates no se lee nada acerca de aquellas comunidades que, siendo extranjeras, eran consideradas negativas al país e incluso a la raza. Me refiero a los chinos y negros, quienes vivían una fuerte discriminación social y de las que no se mencionó ni la violencia en la podían verse involucrados, por parte de los mexicanos, ni la posibilidad de ser nacionalizados, mucho menos ciudadanos.

En este artículo también se indicaba cuál sería el proceso de nacionalización de los no mexicanos. En el aire aún quedaba sin explicar a fondo qué era la patria, la nación, el amor por ella y “los mexicanos”. Para no definir tales expresiones, prefirieron explicar lo que no deberían ser: no repetirían la actuación de Porfirio Díaz entregando México a los extranjeros. En otras palabras, tratarían de impedir que ciertos grupos extranjeros tuvieran, otra vez, poder político y económico; para evitarlo, le limitarían en varios aspectos. No obstante, hay que señalar que al momento de querer refrendar al mexicano sobre el extranjero, dejaron en cierto desamparo a la mayoría de los inmigrantes en el país, quienes carecían de algún apoyo político o presencia económica.

Hay una cuestión que deber resaltarse: este artículo no fue votado por mayoría y que desde la discusión el artículo 30, se habló de la posibilidad de aceptar como mexicanos a los extranjeros que no tuvieran riqueza económica, en otras palabras, que no fueran parte de la élite porfirista, lo que significaría que no participaron en la supuesta explotación de los mexicanos.[16] A pesar de la enunciación de esta posibilidad, los mismos asambleístas denotaban una actitud como negándola: como si no fuera posible que hubiese extranjeros pobres en el país. Ellos eran los enemigos, los explotadores, entonces, era imposible que vivieran condiciones de pobreza.

Es entonces donde aparecen las otras comunidades extranjeras: las “no evidentes”, casi invisibles. Se trata de estos “pobres”, o en todo caso, aquellos que sufrían de la discriminación por parte de los mexicanos. En ningún momento de los debates, se habló de esta posibilidad: de que fuesen los mexicanos los que maltrataran o violentaran a extranjeros. La negación de esta posibilidad, así como de que fuesen pobres, es una de las particularidades de las discusiones al respecto.

Me parece que estas comunidades extranjeras, cuya presencia era negada, tuvieron más ventajas que desventajas ante el artículo 30 y 33 constitucional. Por primera vez, tuvieron la posibilidad de ser incorporados como nacionales, puesto que sólo faltaba que cumplieran los requisitos. Así, pudieron ser reconocidos como mexicanos aquellos hijos de chinos, negros, japoneses, polacos, judíos, árabes, etc., que habían nacido y crecido en el país.

a) Las leyes de migración de la posrevolución: exclusión e inclusión normativizada

Si bien el periodo en que duró el movimiento armado revolucionario, la inmigración disminuyó, terminado el conflicto y a pesar de los problemas internos del país, la situación internacional ocasionó que el número de inmigrantes aumentara de nuevo.

Hay que recordar que las normas de migración tienen el objetivo de proteger a la soberanía nacional de cualquier posible enemigo. Así, durante el porfiriato, si bien no hubo demasiadas restricciones, sí se fomentó la presencia de cierto fenotipo racial así como de ciertas profesiones, asegurando así que fuesen personas que, en teoría, beneficiarían al país.

Según Turner, la idea de una raza común, la imposición educativa de un solo idioma y el también “temor a los extraños”, son los elementos que constituyen el nacionalismo mexicano posrevolucionario. Además, el autor argumenta que a diferencia de otros nacionalismos más radicales (como el alemán, por ejemplo), el mexicano tiene una sustentación en los grupos desprotegidos, específicamente en el indígena y las clases populares, de donde las autoridades buscan encontrar puntos de identidad como comunidad, además de justificación a quienes proteger. [17] Knight, en “Racismo, revolución e indigenismo” retoma esta tesis, agregando que la aportación del indígena era meramente simbólica, cuando en realidad, había una intención de “blanqueamiento” de la población por parte de las autoridades mexicanas.[18]

Las leyes de migración desde los años veinte son ejemplo de la propuesta nacionalista que imperaba entre las autoridades. En ellas, se pueden encontrar estas ideas de nacionalismo mexicano a las que se refieren Knight y Turner. Sin embargo, a pesar de que no se llega a un extremo de exterminio y segregación como en otras legislaciones (sean la americana o la alemana de la primera mitad de siglo XX), no son leyes que puedan llamarse de apertura e integración: se trataron de normatividades que buscaron excluir, limitar o impedir en México la presencia de ciertos grupos raciales.

La normatividad migratoria de los gobiernos desde Álvaro Obregón hasta Lázaro Cárdenas fueron más claras en la posición de exclusión y limitación de las autoridades que el artículo 33. En cada una de las modificaciones de las normatividades, se trató de responder a una circunstancia externa que podía afectar a los nacionales, así, se llegó a limitar e incluso impedir el paso a ciertas grupos extranjeros bajo argumentos de índole racial o moral, que pondrían en riesgo a la nación mexicana.

Las políticas migratorias y las leyes de migración -como la de 1926, de 1930 y 1936- tiene dos características principales: primera, delimitaron las características de quienes podían entrar o no al país no sólo a partir de la profesión y calidad moral, si no también, de manera oficial y por escrito, de la raza.

Segunda característica: decretaron su vigilancia formal por parte del gobierno mexicano mediante la creación de ciertas instituciones que tendrían a su cargo el control de la población extranjera en el país, como lo es el Registro Nacional de Extranjeros, del cual se haría cargo la Secretaría de Gobernación.

La ley de migración de 1926: por la protección del trabajador mexicano

En 1926 se promulgó la Ley de migración que sustituiría a la de 1908, que seguía vigente hasta ese momento. En la exposición de motivos, se justifica la necesidad de una nueva legislación ante las “deficiencias” de la anterior, mismas que son vistas a la luz de las nuevas necesidades.[19]

En esta nueva legislación, se distinguieron a los tipos de extranjeros según condición o actividad: desde quienes venían como diplomáticos hasta los turistas. El inmigrante entonces, se definió como aquel que tiene el propósito de quedarse en el país por más de seis meses.[20]

Habiendo hecho la distinción, para la legislatura de 1926, era necesario que la autoridades seleccionaran a los inmigrantes que podrían entrar al país y

…excluir a los individuos que, por su moralidad, su índole, su educación, sus costumbres y demás circunstancias personales, no sean elementos deseables o constituyan un peligro de degeneración física para nuestra raza, de depresión moral para nuestro pueblo o de disolución para nuestras instituciones políticas.[21]

En este párrafo observamos tres problemas que las autoridades creían podían ser ocasionados por la inmigración: primero, el problema de degenerar la raza. Después, la explotación de los mexicanos, como sugerían había pasado durante el porfiriato y por último, el miedo a grupos opositores que podían ser apoyados desde el extranjeros.

En la ley de 1926, se hace explícita la prohibición de entrada a los que por “ancianos, raquíticos, deformes, mancos, cojos, jorobados, paralíticos, ciegos y de otro modo lisiados, sean ineptos para el trabajo y hayan de constituirse en una carga para la sociedad”.[22] En este apartado no se definió ninguna raza en particular, lo cual se reformaría en la ley de 1930, cuando se da mayor peso a la higiene, señalando explícitamente a ciertas comunidades extranjeras de portar enfermedades. La eugenesia se hace presente en al impedir a quienes consideraban de antemano, una “carga social” y con ello, no permitir el progreso del país.

La ley de migración de 1930: de la protección del comercio y de la creación del Departamento de Migración.

La ley de migración de 1926 tenía como principal objetivo regular la inmigración que estaba llegando al país de manera constante debido a los conflictos militares que existían en Europa y Medio Oriente. A diferencia de Estados Unidos, no se buscó cerrar las fronteras, pero sí saber quiénes estaban dentro del país para quedarse de manera permanente o sólo ir de paso. Así, como ya se mencionó, comenzó el Registro de Extranjeros.

Sin embargo, tan sólo al año siguiente, la ley seguía modificándose. En julio de 1927, apareció en la primera página del Diario Oficial de la Federación una modificación a la ley, referente a la calidad de los inmigrantes que se aceptarían. Por ejemplo, se indicó que:

Considerando que la inmigración de individuos de origen sirio, libanés, palestino, árabe y turco, ha llegado a un límite en que su influencia se deja sentir en la economía nacional de manera desfavorable, por su aglomeración en los centros urbanos [Nota de la autora: y que a pesar de que el censo –aún no terminado- no indicaba un número que pudiera promover la restricción de la entrada, sí pedían considerar disminuirla temporalmente].

Considerando que esas actividades no constituyen un factor económico útil al desarrollo de la riqueza pública, ni pueden considerarse como contingente de producción, puesto que las industrias características de la inmigración a estudio son el comercio ínfimo y el agio, el primero ejercido de forma ambulante con capitales raquíticos o créditos precarios; sistema que lejos de ayudar al progreso mercantil ha venido produciendo un notorio desequilibrio en el comercio fuerte y desalojando del pequeño a nuestros comerciantes.[23]

Esta modificación muestra dos asuntos importantes: el primero, la protección de la economía mexicana, particularmente de los comercios, ante la presencia ya evidente y fuerte de estos aboneros que se habían estado esparciendo por la república. Esta sería la misma queja que, de aquí en adelante, varios comerciantes mexicanos expondrían ante las autoridades, y sobre todo, ante sus compatriotas.[24]

La elección de quién puede entrar o no a este país más que tener un objetivo de solidaridad humana, ha tenido intereses económicos e ideológicos. Incluso, como se observa, en la época de mi bien amado Lázaro Cárdenas, en donde, bajo presión de los comerciantes, se prohibió la entrada a quienes se les conocía como buenos vendedores. Entre ellos a judíos. Sí, los judíos fueron una comunidad que no fue bien recibida hasta 1939, cuando Gilberto Bosques le informa a Cárdenas la situación de los judíos en Europa (la historia de cómo se les da las visas y cómo el mismo Cárdenas les recibe, es muy linda. Véanla en Visa al paraíso, un documental al respecto).

Después de llegar, los refugiados y exiliados tenían que lidiar con los mexicanos de a pie, que como vemos en las fotos, no les abrían tantísimo las puertas de su casa. Vamos, cuando llegaron los judíos, buena parte de la población mexicana apoyaba las políticas autoritarias de Adolfo Hitler, temiéndoles a los judíos y a los comunistas. En este caso, la imposición de las decisiones presidenciales terminó ocasionando esa imagen de supuesta “bondad” de los gobiernos mexicanos.

El caso de las comunidades “turcas” (sirios, libaneses, judíos, etc.) es un tanto conflictivo: por una parte, se les despreciaba pero se les necesitaba. Más que a ellos, a su capital económico. Durante el gobierno de Ávila Camacho se les abrió las puertas de la élite política (aún en contra del artículo 33) y se convirtieron en el equivalente de lo que fueron los franceses para Díaz.

Años más adelantes, vendían otros ejemplos paradójicos de recepción: Díaz Ordaz recibió a los jóvenes comunistas brasileños que huían de la dictadura en 1968 (sí, en serio, un par de meses después de octubre). Echeverría y López Portillo recibirían a los chilenos que huían de Pinochet. Miguel de la Madrid haría lo mismo con guatemaltecos. Muchos de ellos fueron recibidos con gusto, la mayoría, los sin títulos, sin dinero, sin aportes, eran más bien rechazados en lo general.

El constante rechazo y “miedo” que se tiene a las comunidades migrantes que quieren cruzar este país tiene su origen en este tipo de cultura de creación de chivos expiatorios, de defensa de la nación ante un masiosare que generalmente tiene un rostro pobre y moreno.

Y ya :3

[1] “Ley de extranjería y nacionalización de 1886” en Instituto Nacional de Población, Compilación histórica de la legislación migratoria de México, 1821-2002, pp. 91-101.

[2] “Ley de inmigración de 1909” en Ídem, p. 109

[3] Íbidem.

[4] Ídem, p. 112. [Esto me gustaría tratarlo muy levemente y en pie de cita con algún texto de Lida, pero sería algo muy simple]

[5] No entraré en el debate acerca de cómo en su momento, se consideró sólo la palabra “hombres” y las edades. Ver: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación. 5 de febrero de 1917.

[6] Debates sobre el artículo 30 de la Constitución Mexicana de 1917. Marván Laborde; Nueva edición del diario de debates del Congreso Constituyente de 1916-1917, (el documento se encuentra por separado pero está marcado con las páginas 1173-1223).

[7] Su labor como tal fue cuestionado y entre alabanzas y críticas, era una muestra de lo que un hijo de extranjeros podría haría al país. Se le reconoció su labor en cuanto al saneamiento de las finanzas públicas, pero como promotor de las empresas extranjeras, era uno de los “científicos” más reprochables del momento. Ver: Debates sobre el artículo 30 de la Constitución Mexicana de 1917. Marván Laborde; Nueva edición del diario de debates del Congreso Constituyente de 1916-1917, pp. 1180-1220.

[8] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación. 5 de febrero de 1917.

[9] Debates sobre el artículo 33 de la Constitución Mexicana de 1917. Marván Laborde; Nueva edición del diario de debates del Congreso Constituyente de 1916-1917, (el documento se encuentra por separado pero está marcado con las páginas 1237-1253).

[10] Íbidem, p. 1241.

[11] La constitución de 1917 declaró, en el artículo 130, la separación del Estado y la Iglesia, particularmente, la católica. Si bien, supuestamente el régimen porfirista era liberal, la presencia y participación de la Iglesia Católica era particularmente fuerte.

[12] Llama la atención la prohibición de toreros extranjeros, siendo que esta práctica, hasta la fecha, sigue siendo muy popular. Sería para otra ocasión hablar de lo “inmoral” del, o por qué es catalogada así. Sugiero que puede ser a partir ya de un pensamiento más contemporáneo, pero hay que recordar que desde finales del XVIII ya era consideradas como “bárbaras” las corridas de toros.

[13] Alain Knight, Nationalism, xenophobia and revolution: The place of foreingers and foreing interests in Mexico, 1910-1915; Pablo Yankelevich, “Proteger al mexicano y construir al ciudadano. La extranjería en los debates del constituyente de 1917” pp. 58-78.

[14] Sobre los extranjeros en México durante el siglo XIX, puede verse Macrina Rabadán Figueroa, Propios y extraños: la presencia de los extranjeros en la vida de la ciudad de México, 1821-1860, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Miguel Ángel Porrúa, México, 2006. Para el caso de los españoles Agustín Sánchez Andrés, Tomás Pérez Vejo, Marco Antonio Lavandazo (coords.), Imágenes e Imaginarios sobre España en México. Siglo XIX y XX, Miguel Ángel Porrúa, Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2007.

[15] Palabras de Enrique Colunga, el 20 de enero de 1917. Marván Laborde; Nueva edición del diario de debates del Congreso Constituyente de 1916-1917; Op. Cit., p. 1217.

[16] Debates sobre el artículo 30 y 33 de la Constitución Mexicana de 1917. Marván Laborde; Nueva edición del diario de debates del Congreso Constituyente de 1916-1917.

[17] Turner, La dinámica del nacionalismo mexicano, p. 29

[18] Knight, Racismo, revolución e indigenismo,

[19] Cabe aclarar que la Exposición de motivos está fechada como del 28 de septiembre de 1923. En las trascripciones de los Diarios de Debates de la Cámara de Diputados, no se encuentra ningún documento con esa fecha. La ley fue consultada en Secretaría de Gobernación, Compilación histórica de la legislación migratoria en México, pp. 121-145

[20] Ley de migración de 1926, en Secretaría de Gobernación, Compilación histórica de la legislación migratoria en México… p. 132

[21] Secretaría de Gobernación, Compilación histórica de la legislación migratoria… p. 123

[22] Ley de migración de 1926, en Secretaría de Gobernación, Compilación histórica de la legislación migratoria en México… p. 133.

[23] Diario Oficial de la Federación, 15 de julio de 1927, p. 1 cursivas y negritas mías.

[24] Archivo General de la Nación, Dirección General de Investigación Política y Social, Caja 323, expediente 14, Fecha: 1934, junio.

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