#procesos judiciales

[bocadosdefilosofia]

«Porque es muy importante para la persuasión —sobre todo en las deliberaciones y, después, en los procesos judiciales— el modo como se presente el orador y el que se pueda suponer que él está en una actitud respecto de los <oyentes>, así como, en lo que se refiere a éstos, el que se logre también ellos estén en una determinada actitud <ante el orador>; en todo caso, para las deliberaciones es más útil la manera como se presente el orador y, para los procesos judiciales, la actitud en que se halle el auditorio. Pues las cosas no son, desde luego, iguales para el que siente amistad, que para el que experimenta odio, ni para el que está airado que para el que tiene calma, sino que o son por completo distintas o bien difieren en magnitud. Y, así, mientras que el que siente amistad <considera que> el juicio que debe emitir es de inocencia total o de poca culpabilidad, al que experimenta odio <le sucede> lo contrario; y lo mismo, si lo que va a ocurrir es placentero, el que lo desea y espera le parece que ello sucederá y que será un bien, mientras que al insensible y el malhumorado <le pasa> lo contrario.»

Aristóteles: Retórica. Editorial Gredos, págs. 308-309. Madrid, 1990.

TGO

@bocadosdefilosofia

@dias-de-la-ira-1

[elchaqueno]

"Designación de cónsul en Argentina es cuestionada por diputada Campero"

[noticlick]

Movilizaciones políticas y protestas sociales: al menos 50 casos penales en Santa Cruz.

Según una revisión hecha por EL DEBER, al menos 50 causas penales vinculadas con movilizaciones políticas y protestas sociales en Santa Cruz, están concentrados en seis administradores de justicia: tres fiscales y tres jueces. Entre los procesos están están aquellos relacionados con la UJC, el exlíder cívico Rómulo Calvo y el gobernador Luis Fernando Camacho. El rector de la Uagrm, Vicente…

[estudioabogacia]

Asesor de Incapaces

El rol activo del Asesor de Incapaces en los distintos procesos judiciales: civil y penal

Por: Centro de Capacitación - MPBA Canal de youtube. https://www.youtube.com/@CentrodeCapacitacionMPBA https://youtu.be/VzhM75bzXlU Read the full article

[fuckyeahmexico]

Ciudad de México. Activistas demandaron ayer al gobierno federal que México secunde y declare a favor de la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Israel, al que acusa de acciones genocidas en Gaza.

Como parte de la Acción Global por Palestina, alrededor de 400 integrantes de organizaciones agrupadas en la Plataforma Común por Palestina, así como activistas y ciudadanos, realizaron mítines y protestas en la Ciudad de México.

Por la tarde se concentraron frente a la embajada de Estados Unidos, donde exigieron un alto a los ataques contra la población gazatí y demandaron que la administración de Joe Biden deje de apoyar al gobierno de Israel, luego de lo cual marcharon hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La Plataforma Común por Palestina difundió un comunicado en el que demandó que el presidente Andrés Manuel López Obrador presione al gobierno de Estados Unidos y le exija votar a favor de mandatar el cese al fuego en Gaza.

En el texto, solicitan que López Obrador convenza a Biden de que deje de subsidiar al ejército israelí y demandan que los millones de dólares de los contribuyentes utilizados para asesinar a niños sean donados sin condicionamientos a los países de América que expulsan a inmigrantes.

Los activistas insistieron en que México apoye la demanda interpuesta por Sudáfrica. No basta la última declaración de México en la sesión de la ONU a favor de los procesos judiciales en contra del gobierno de Israel, señala el documento.

Pedimos a organizaciones de todo el mundo y a gobiernos que apoyan a la población civil palestina que realicen mítines y publicaciones que presionen al gobierno de Estados Unidos para que vote por el cese al fuego y deje de patrocinar el genocidio por parte del ejército de Israel, instaron las organizaciones, que también manifestaron su rechazo a las intervenciones militares estadunidenses en Haití y Yemen.

[jartita-me-teneis]

🚨Ojo con esto👇🏻

⭕️ La revista estadounidense Newsweek alerta del golpe togado que está sufriendo la democracia española

▪️En el tumultuoso escenario político de España, el Tribunal Supremo ha decidido desafiar al poder legislativo de una manera que ha levantado cejas en el mundo entero. La publicación estadounidense @Newsweek ha encendido una señal de alarma, señalando que la justicia española ha sobrepasado sus límites al enfrentarse al parlamento, creando un cisma inquietante en la frágil democracia del país. Desde su perspectiva, este choque de titanes no solo desestabiliza el equilibrio interno, sino que también pinta un cuadro sombrío de la salud democrática en España.

La visión de Newsweek es clara y despiadada: España, en lugar de ser un modelo de gobernanza democrática, está mostrando signos alarmantes de un sistema judicial que no duda en pisotear el rol que le corresponde para desempeñar un papel político activo. En el epicentro de la controversia se encuentra la reciente negativa del Tribunal Supremo a aceptar una ley de amnistía aprobada por el parlamento para los políticos catalanes involucrados en el proceso independentista. Desde el punto de vista estadounidense, el Tribunal no solo se está extralimitando al desafiar la voluntad legislativa, sino que está tomando un riesgo enorme al convertirse en un agente de desestabilización política.

Este tipo de intervención judicial no es algo que se tome a la ligera en un sistema democrático. Según Newsweek, la decisión del Tribunal Supremo español no es meramente un ejercicio de interpretación jurídica, sino una maniobra política que desafía la autoridad del parlamento y pone en tela de juicio la eficacia de los controles y equilibrios democráticos. La crítica es dura: al asumir un rol de árbitro en el conflicto político catalán, el Tribunal no solo se aleja de su función original, sino que también socava el principio fundamental de la soberanía legislativa.

Desde fuera, la democracia española empieza a verse como un frágil castillo de naipes. En lugar de una estructura sólida en la que los poderes se controlan y equilibran mutuamente, parece ser un terreno en el que la justicia actúa más como un actor político que como un guardián de la Constitución. Esta percepción no solo alimenta una visión negativa sobre la estabilidad democrática de España, sino que también plantea serias dudas sobre la integridad de su sistema judicial.

La imagen que se proyecta es la de un país en el que los jueces no se limitan a aplicar la ley, sino que la utilizan como un instrumento para imponer su propia agenda. Esta conducta, según Newsweek, no solo debilita la credibilidad de las instituciones, sino que también erosiona la confianza pública en el sistema judicial y, en última instancia, en la democracia misma. Cuando el poder judicial actúa como un actor político en lugar de un árbitro neutral, se corre el riesgo de que el sistema democrático se convierta en un campo de batalla donde el poder no se equilibra, sino que se descompone.

En resumen, la visión crítica de Newsweek pinta un retrato desalentador de la democracia española, reflejando una preocupación más amplia sobre la tendencia de los sistemas judiciales a sobrepasar sus límites y convertirse en agentes de conflicto político. En lugar de ser un pilar de estabilidad, la justicia en España parece estar contribuyendo a la desestabilización, poniendo en riesgo la solidez de las instituciones democráticas y el equilibrio de poder en el país.

#Lawfare #GolpeDeEstado

⬛️Aquí os dejo el artículo publicado por Newsweek donde hace referencia a nuestro país 👇🏻

newsweek.com/supreme-courts…

[joan-espinozaiz]

La protección de la infancia ante las implicaciones de leyes y fallos judiciales que promueven la niñez trans y la transición sexual con intervenciones médicas de manera temprana.

La niñez y la adolescencia son etapas fundamentales para el desarrollo humano, caracterizadas por cambios profundos en el ámbitos biológico, psicológico y social. En este contexto, la reciente discusión en nuestro país, sobre el fallo judicial de la Corte Constitucional, que promueve la afirmación de la niñez trans y fomenta intervenciones médicas tempranas, plantea interrogantes éticas, psicológicas y más que todo, sociales, que deben ser abordadas con mucha responsabilidad y dejando de lados intereses políticos en donde se busque agradar a colectivos minoritarios con intenciones de "ganar votos". En las líneas a continuación busco fundamentar mi postura en contra de la implementación de dicha "ideología" en el Ecuador, con la experiencia que me otorga el trabajo de más de 20 años en el ámbito juvenil, priorizando el bienestar integral de los menores y teniendo un enfoque prudente en el tratamiento de las incongruencias de género en la infancia.

El desarrollo infantil y adolescente como primer fundamento

Desde una perspectiva neurobiológica, el cerebro humano experimenta un proceso continuo de maduración que se extiende hasta los 25 años, particularmente en la corteza prefrontal, área responsable de la toma de decisiones, el control de impulsos y la evaluación de riesgos. Durante la infancia y la adolescencia, el cerebro atraviesa un proceso de reorganización llamado "poda neuronal", que refuerza las conexiones más utilizadas y elimina aquellas menos relevantes. Este desarrollo progresivo limita la capacidad de los menores para comprender plenamente las consecuencias a largo plazo de decisiones complejas, como realizarse un tatuaje, unirse a una subcultura, etc. Ni hablar de intervenciones médicas irreversibles relacionadas con la transición de género.

La identidad de género, por su parte, es un componente complejo y dinámico de la identidad personal que evoluciona durante la niñez y la adolescencia. Estudios sugieren que, en muchos casos, los sentimientos de incongruencia de género se resuelven naturalmente durante la pubertad sin necesidad de intervenciones médicas o psicológicas. Esto refuerza la necesidad de adoptar un enfoque prudente que permita a los menores explorar su identidad en un entorno seguro y comprensivo, sin presiones sociales o religiosas ni intervenciones irreversibles.

Evidencia científica sobre las intervenciones médicas tempranas

El uso de bloqueadores de pubertad y hormonas cruzadas en menores es un tema que genera controversia en la comunidad científica mundial, debido a la falta de estudios sólidos sobre sus efectos a largo plazo. Aunque los bloqueadores de pubertad se promocionan como una solución reversible, existen preocupaciones sobre su impacto en la densidad ósea, el desarrollo cognitivo y emocional, y la progresión natural de la pubertad. Las hormonas cruzadas, por otro lado, conllevan cambios irreversibles, como la esterilización y la alteración de las características sexuales secundarias.

En países como Suecia, Finlandia y el Reino Unido, las políticas relacionadas con las intervenciones médicas en menores han sido revisadas recientemente. Estos países han adoptado un enfoque más restrictivo, priorizando terapias psicológicas y evaluaciones profundas antes de considerar medidas médicas. Estas decisiones responden a las crecientes preocupaciones sobre los riesgos asociados y la insuficiencia de evidencia que respalde la seguridad y efectividad de las intervenciones tempranas.

Además, aunque algunos estudios iniciales sugieren que las intervenciones médicas pueden reducir los niveles de disforia, la evidencia es contradictoria en cuanto a su impacto a largo plazo en la salud mental. Los problemas psicológicos preexistentes, como la ansiedad y la depresión, a menudo persisten e incluso pueden intensificarse después de las intervenciones.

Consideraciones éticas y legales

En el ámbito legal, la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU enfatiza el derecho de los menores a un desarrollo pleno y saludable. La implementación de intervenciones médicas irreversibles que atenten contra su cuerpo y mente, en menores, podría ser vista como una transgresión de este derecho, al priorizar decisiones adultas sobre el bienestar futuro del menor. Además, la capacidad de los menores para dar un consentimiento informado es limitada, ya que no tienen la madurez necesaria para comprender plenamente las implicaciones físicas, psicológicas y legales de dichas decisiones.

Alternativas de apoyo y acompañamiento

En lugar de promover ideologías mal llamadas "progresistas", es fundamental implementar alternativas que prioricen el bienestar integral de las y los menores en nuestro país. Si nos enfocamos solo en el ámbito psicosexual podríamos hablar de:

Terapia psicológica especializada: Desde el gobierno, proveer espacios seguros y terapias dirigidas por profesionales capacitados que permita a los menores explorar su identidad y abordar problemas emocionales o psicológicos subyacentes.

Modelos de intervención no invasivos: El enfoque de espera vigilante, que permite observar la evolución de la identidad de género del menor a lo largo del tiempo, ofrece una alternativa respetuosa y prudente.

Educación y apoyo para padres: Es apremiante proveer programas de capacitación para padres, docentes, tutores y todo aquellos profesionales que trabajamos con niños, niñas y adolescentes. Esto fomenta la comprensión y aceptación de las emociones y experiencias de los menores sin pensar en apresurarse a decisiones impulsadas mediáticamente.

Inclusión en el ámbito educativo

El ámbito educativo juega un papel crucial en la formación integral de los menores y en la creación de un entorno inclusivo y seguro. En este contexto, la aprobación de leyes que fomenten la transición temprana podría generar una serie de implicaciones en las escuelas. Entre las más importantes tenemos:

Presión sobre las instituciones educativas: Las escuelas se verán obligadas a implementar protocolos que afirmen y "toleren" transiciones a temprana edad, lo que generará tensiones entre las familias, el personal docente y los estudiantes. Además, podría llevar a que las instituciones educativas enfrenten demandas legales (Como lo sucedido en Santa Elena) o conflictos éticos en casos donde estas políticas entren en conflicto con los valores de la comunidad escolar.

Impacto en la salud emocional del alumnado: La introducción de narrativas que promuevan ideologías de transición tempranas podría generar confusión en los menores que están explorando su identidad, aumentando la presión para tomar decisiones que podrían no ser adecuadas para su etapa de desarrollo. Teniendo como resultado el aumento de personas encasilladas en tal o cual "Género" por pura sugestión.

Impacto social y cultural

La aprobación de leyes que promuevan transiciones tempranas también plantea retos sociales y culturales significativos. En un país que enfrenta limitaciones en el ámbito de la diversidad cultural (atraso cultural sin querer sonar peyorativo) donde elegimos presidente al más popular en "tiktok"; la presión social y las narrativas mediáticas pueden influir en las decisiones de los menores y sus familias, fomentando la percepción de que la transición médica es la única solución para abordar la disforia de género. Esto puede llevar a una medicalización prematura y a la estigmatización de quienes optan por enfoques alternativos.

Además, estas leyes pueden polarizar a las comunidades, creando tensiones entre quienes buscan un enfoque prudente y aquellos que abogan por la afirmación impulsiva e inmediata.

Conclusión

El bienestar integral de los menores debe ser el eje central de cualquier legislación a nivel mundial. Adoptar un enfoque basado en la evidencia científica, el respeto por los derechos del niño y la prudencia ética es fundamental para proteger el desarrollo pleno de la infancia y la adolescencia.

Ecuador es un país con una gran diversidad cultural y un fuerte arraigo en valores tradicionales, influenciados por cosmovisiones indígenas, afroecuatorianas y religiosas. Además, el país enfrenta desafíos en materia de salud y acceso a recursos educativos básicos, entre otros, lo que hace necesario priorizar políticas públicas que aborden problemas estructurales en lugar de decisiones irreversibles sobre la identidad de género de los menores.

Es fundamental, sí, que el sistema educativo priorice la inclusión y el respeto hacia todos los estudiantes, fomentando valores de empatía y comprensión, pero evitando imponer ideologías que son más creadas por posturas políticas y por personas cuyo ámbito académico está lejos de abarcar el campo psicosocial o educativo, más que enfocadas en el desarrollo de nuestros niños y adolescentes.

Como educador, acompañante juvenil y más aún como padre, me opongo completamente a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia en Ecuador.

[jrlrc]

Es el priismo, estúpido!

Confundido y arrogante, de mala manera gratuita, un “universitario” con el que no había tenido contacto en años aparece y me dice que AMLO no es priista y que no es restauración lo que hace. Por qué? Porque dijo Mauricio Merino. Ah… Y ya. Como pejista: sin argumentos, sin hechos suficientes, encadenado a un nombre. Merino fue mi profesor y jefe, y el reaparecido sigue en el closet del pejismo (pobre hombrecito!), así que creyó tener la oportunidad de refutarme: “tu maestro dice lo contrario”. Bueno, me río un poco y paso a la refutación. Refuto al pejista vergonzante y a Merino, con el que estoy en desacuerdo sobre la caracterización de AMLO y no tengo ningún problema para decirlo en público.

A Merino lo conozco bien como pluma y psicología y está equivocado. Puedo decirlo, sin deslealtad, porque Merino fue mi profesor y jefe pero no fui ni soy su esclavo. Yo soy yo como analista. Hay que ser estúpido para creer que yo diría o dejaría de decir algo porque Merino dice lo que quiere decir… Pero de estupideces, como de poses y grillas ridículas, está llena la “vida cultural” de este país.

El profe se ha equivocado varias veces sobre AMLO. Ha dicho que es fascista, que es revolucionario y que no es priista. Pero el presidente no es fascista sino que tiene rasgos compartidos con los fascistas, no es revolucionario sino autoritario, un reformista autoritario en medios y fines, y sí es -por eso mismo- priista.

Que quede claro: AMLO es priista y su proceso-proyecto político es una restauración.

AMLO y PRI tienen diferencias pero también similitudes, las diferencias son menos que las similitudes y no cambian la relación esencial. Teniendo más similitudes, que tengan diferencias sólo significa que AMLO es un tipo de priista, y eso es lo que he estado diciendo. Un priismo, por tanto, revuelto con muchos otros polvos, como neoliberalismo, conservadurismo religioso y populismo, y también militarismo, corrupción, pragmatismo, personalismo. Pero todo dentro de la olla priista -el autoritarismo.

Un guisado político que ha sido poco nutritivo para la mayoría, casi totalmente descompuesto para la historia por tantos ingredientes podridos, un producto realmente pestilente.

La restauración en curso del sistema autoritario priista no es perfecta, ya que no puede ser total, pero es restauración. Que no se restaure el 100% no significa que no se restaura nada o se restaure poco. Es una restauración, imperfecta, pero restauración. Con todo respeto, el profe Merino anda muy desencaminado (y lamento que haya escrito aquel artículo periodístico que, aunque no haya querido, distorsiona y deslava el mal que fue el priismo gobernante).

Tómese el ejemplo de la reforma judicial. Es parte del “plan C” e incluye elecciones judiciales; eso debe estar claro, desde hace mucho tiempo. Las elecciones judiciales no existían en el priato pero existía el poder Judicial subordinado al Ejecutivo (y desde ahí a su partido), y la subordinación judicial será el resultado de las elecciones judiciales. Así, hay una diferencia en uno de los medios entre AMLO y el priismo pero una similitud de fin y resultado. AMLO es priista.

Esencialmente priista. López Obrador es antidivisión de poderes, antidemocrático, antipluralista, centralizador, autoritario. Es sólo que a eso añade algunos otros medios, fines y resultados. Es eso, todo eso. Y por eso, lo de AMLO puede ser visto como peor, como dice MM, pero no por eso deja de ser priista. Es un priista con su priismo. Lo he dicho y lo seguiré diciendo, aunque no le guste a mis “amigos” pejistas y aunque otros digan lo que necesitan decir.

[torposopla]

First sentence in México for transfemicide and it was because a transwoman killed another transwoman. The agresor was sentenced to 55 years.

I think is "first sentence" because is the first time a case like this happens.

Por primera vez, condenan a mujer transgénero por transfeminicidio en Edomex

2024-12-05 |13:19 Hrs.Actualización13:13 Hrs.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Denis Galicia Martínez, una mujer transgénero, fue sentenciada a 55 años de prisión por el transfeminicidio de una persona transgénero, por lo que es la primera condena en la entidad por este delito.

A través de un comunicado, la FGJEM destacó que este proceso es el primero en el que tanto la víctima como la agresora fueron reconocidas jurídicamente como mujeres transgénero.

En este sentido, argumentó que este reconocimiento fue fundamental en la investigación y en las audiencias judiciales, donde se subrayó el derecho de ambas a la identidad de género y al libre desarrollo de su personalidad como un derecho humano.

El crimen ocurrió el 4 de marzo de 2022, en la calle Guanajuato, en el municipio de Tezoyuca, Estado de México, cuando se registró una discusión entre la víctima, de 36 años de edad, y la agresora, Denis Galicia.

Tras conocer los hechos, la Fiscalía inició la investigación correspondiente, lo que permitió la identificación y captura de Denis Galicia en la carretera Lechería-Texcoco, en el municipio de Tezoyuca.

La acusada fue llevada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, donde un juez dictó la sentencia condenatoria.

Además de la condena, la Fiscalía mexiquense hizo énfasis en la importancia de reconocer la identidad de género de todas las personas involucradas, lo que dijo, “refuerza su compromiso con la perspectiva de género y los derechos humanos en todos los procesos judiciales.”

[purpleglitch]

Esto me recuerda al uribismo, cómo putas a la gente le agrada e idoliza a ese viejo marica que hace todo en lo posible para que la corte suprema no lo juzgue y meta a prisión y tiene procesos judiciales desde 2018, es la figura que representa la ultraderecha en este país y bajo su gobierno sucedió toda la mierda de los falsos positivos y estar ligado al narcotráfico. Vomito, I need that man (and the whole CD party) GONE

[saplegal-cr]

Garantizar la estabilidad y los derechos parentales durante el divorcio en Costa Rica

El proceso de divorcio es, en muchos casos, un camino difícil y emocionalmente desgastante, especialmente cuando hay hijos de por medio. En Costa Rica, como en cualquier otro país, la ruptura matrimonial no debería traducirse en un conflicto que ponga en riesgo el bienestar de los menores ni la estabilidad de los progenitores. Sin embargo, la realidad es que, en ausencia de acuerdos claros o una legislación más específica, muchos padres se enfrentan a incertidumbres legales y emocionales que afectan su capacidad para ejercer sus derechos y responsabilidades parentales.

El limbo legal de la separación y sus consecuencias

Uno de los principales problemas en los procesos de divorcio es el período de separación previa. Durante este tiempo, las parejas a menudo viven en un estado de indefinición: aún están legalmente casadas, pero la convivencia ha cesado y las relaciones familiares se ven afectadas. Esto genera interrogantes clave:

• ¿Quién asume la custodia temporal de los hijos?

• ¿Cómo se garantizan los tiempos de convivencia con ambos progenitores?

• ¿Qué pasa con la manutención mientras se formaliza el divorcio?

Sin respuestas claras o con procesos judiciales que pueden extenderse, muchas familias quedan en una especie de limbo legal que impacta negativamente tanto a los niños como a los propios padres.

Hacia una regulación más clara y efectiva

Si bien la legislación costarricense contempla mecanismos como la pensión alimentaria y la guarda y crianza, en la práctica estos procesos pueden tardar meses en resolverse, lo que deja espacio para disputas y tensiones innecesarias. Es fundamental fortalecer la normativa para establecer medidas provisionales más ágiles y efectivas que permitan:

1. Custodia y convivencia temporal automática: Definir un régimen provisional de tiempo compartido que garantice la presencia de ambos progenitores en la vida del menor, evitando conflictos por visitas o separación forzada.

2. Mecanismos de mediación obligatoria: Impulsar el uso de la mediación desde el primer momento de la separación, para que los padres acuerden responsabilidades de manera justa sin recurrir a largos litigios.

3. Pensión alimentaria inmediata: Implementar medidas que aseguren el cumplimiento provisional de la pensión desde el inicio del proceso, sin esperar la sentencia final de divorcio.

El derecho de los niños a una familia estable

Más allá de los derechos de los progenitores, la prioridad debe ser el interés superior del menor, un principio fundamental en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación costarricense. Un divorcio no debe convertirse en una guerra que los convierta en rehenes de disputas entre adultos.

Por ello, es necesario que jueces y abogados especializados en derecho de familia adopten un enfoque más preventivo y conciliador, evitando que las diferencias entre los padres deriven en procesos largos y dolorosos.

Un divorcio más humano y justo

En Costa Rica, garantizar la estabilidad y los derechos parentales durante el divorcio no es solo una cuestión legal, sino también social y ética. La legislación debe evolucionar para ofrecer procesos más rápidos, equitativos y centrados en el bienestar familiar.

Separarse no debería significar perder derechos como padres ni afectar la estabilidad de los niños. Un sistema más eficiente y humano no solo beneficiaría a las familias, sino que también reduciría la sobrecarga del sistema judicial y promovería una cultura de separación más respetuosa y menos conflictiva.

Es momento de impulsar estos cambios y asegurar que la transición de un matrimonio a la vida separada sea más justa, estable y armoniosa para todos los involucrados.

[elchaqueno]

Diputado denuncia paralización de obra en Tarija por falta de voluntad política

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Edwin Rosas, ha informado que la obra a cargo de la UPRE en Tarija se encuentra paralizada debido a una disputa entre la empresa encargada del proyecto y la UPRE. Según Rosas, en una reunión con el director nacional de la UPRE en La Paz, se indicó que había una orden judicial de no innovar en la obra. Sin embargo, al consultar al técnico a cargo en la…

[diario-vespertino]

Los pueblos originarios de Argentina en busca de la reparación del genocidio

Los juicios de lesa humanidad por los crímenes perpetrados durante la última dictadura militar Argentina, crearon un precedente a nivel mundial, pero también han sentado las bases para que los pueblos originarios promuevan causas judiciales contra el Estado argentino por prácticas genocidas. Alentados por los procesos que han tenido lugar en los últimos 40 años, distintas comunidades indígenas han emprendido sus propios procesos de memoria, verdad y justicia, con los que han conseguido ya dos sentencias a su favor. De momento, la Masacre de Rincón Bomba (1947) y la Masacre de Napalpí (1924), obtuvieron sentencias favorables y se investigan las masacres de San Antonio de Obligado (1887) y de San Javier (1904). Además, se han presentado denuncias judiciales para que se investigue y se lleve a juicio la Campaña del Desierto (1878-1990).  PRIMERAS CONDENAS AL ESTADO ARGENTINO En julio de 2019, una sentencia condenó al Estado argentino por la Masacre de Rincón Bomba (Formosa), consideró crímenes de lesa humanidad los cometidos por la Gendarmería Nacional contra el pueblo indígena Pilagá y ordenó reparaciones. Entre el 10 y el 30 de octubre de 1947 las fuerzas de seguridad nacional fusilaron a más de 400 pilagás en las localidades de Las Lomitas y Pozo del Tigre. La Masacre contó con el apoyo de la Fuerza Aérea, y Carlos Smachetti, el comandante del avión que ametralló a decenas de personas desde el aire, fue procesado. En el Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí, celebrado en mayo de 2022, un juzgado federal responsabilizó al Estado argentino por la matanza y reclamó una serie de medidas reparatorias. “La masacre fue un delito de lesa humanidad cometido en el marco de un proceso genocida de los pueblos indígenas”, estableció la jueza Zunilda Niremperger en la sentencia. En Napalpí murieron entre 200 y 300 personas de las comunidades qom y moqoit, tras una balacera con la que 130 policías, gendarmes y paramilitares, reprimieron una protesta de la comunidad. Sus cuerpos fueron calcinados y enterrados en fosas comunes. Su historia negada o tergiversada. Y en septiembre de 2020, los caciques Luis Pereyra y Rosa Pereyra, de las comunidades qom presentaron una denuncia ante un fiscal federal por la Masacre de San Antonio de Obligado (1887) calificándola como delito de lesa humanidad y genocidio. De salir adelante este proceso, sería el primer juicio por la verdad sobre un hecho del siglo XIX. Hasta ahora, la versión oficial de la masacre señalaba que los indígenas habían matado al cura Ermete Constanzi y fueron asesinados en represalia, pero recientes investigaciones demuestran que la historia fue otra. En 1887, Rudecindo Roca, por entonces gobernador de Misiones, mandó a pedir una “china” de una comunidad por lo que una niña fue llevada a la fuerza, lo que provocó una indignación general. Los indígenas emboscaron a los soldados cuando volvían a la comunidad, lo que hizo que el hermano de Roca, propietario de un ingenio azucarero, enviase un grupo de caballería a la reducción (concentración forzada de poblaciones indígenas) de Santa Ana, que acabó provocando la carnicería. Lo que los investigadores encontraron en las actas de fray Ermete Constanzi -un sacerdote italiano que había sido convocado para “cristianizar” a los indígenas-, es lo contrario de lo que se contaba hasta entonces y que había servido para justificar la matanza.  En las actas que detallan los acontecimientos, el fraile defiende “la inocencia” de “sus” indios ante el Ministerio del Interior y la prensa. Diez años después, es asesinado por seguir defendiendo a las comunidades. Exactamente al revés de la versión oficial, según las investigaciones realizadas, que sirvieron para armar la causa. En diciembre del pasado año, las comunidades indígenas de San Javier y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fé presentaron una denuncia ante la fiscalía federal solicitando la apertura de una investigación por el Derecho a la Verdad sobre los hechos del 21 de abril de 1904, en esa localidad. “Venimos por este acto a formular DENUNCIA PENAL, por la persecución, represión y matanza a integrantes del pueblo Moqoit, todos crímenes de lesa humanidad en el marco del genocidio contra los pueblos originarios, llevado adelante en distintos puntos de nuestro país durante la conformación del Estado Nacional Argentino”, argumenta la denuncia. Y agrega que consideran esa investigación, a más de cien años de ocurridos los hechos, “imprescindible para que la verdad jurídica refleje la verdad histórica, la que se viene transmitiendo oralmente en nuestras comunidades, de generación en generación”. En San Javier murieron a comienzos del siglo XX un centenar de personas moqoit y otras tantas resultaron heridas. Según la versión oficial, se trató de un malón (ataque sorpresivo de indígenas) que fue repelido. La historia oral de los indígenas habla de fosas comunes y enterramientos de personas con vida. En agosto del año pasado, la referente mapuche-tehuelche Ivana Huenelaf, presentó una denuncia ante los tribunales para que se investigue como genocidio la persecución y matanza de pueblos originarios de la Patagonia durante las expediciones militares conocidas como “Campaña del Desierto” (1878-1890). La configuración del Estado-Nación, con el fin de la colonia, planteó la necesidad de  imponer su soberanía sobre las regiones indígenas autónomas. Se calcula que en la llamada “Conquista del Desierto” cerca de 14 mil mapuches fueron asesinados o hechos prisioneros. La Reforma de la Constitución Nacional en 1994, reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. EL PRECEDENTE DE LOS JUICIOS POR LA VERDAD Los Juicios por la Verdad fueron un procedimiento judicial, sin efectos penales, que se llevaron a cabo durante 18 años en Argentina, ante la imposibilidad de perseguir penalmente a los responsables de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, frente a la impunidad que les garantizaban las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e Indulto. Son fruto de la lucha de los organismos de derechos humanos, que buscaron estrategias alternativas para hacer frente a la impunidad, a través de la búsqueda judicial de la verdad. Al pasar de los años, anuladas las leyes de impunidad, surgieron causas penales que imputaron a responsables de terrorismo de Estado, para las que se tuvieron en cuenta las pruebas presentadas en los Juicios por la Verdad.  En el caso de los indígenas, los Juicios por la Verdad buscan llevar “reparación histórica y simbólica” a los pueblos originarios argentinos que fueron reprimidos, perseguidos, cazados, asesinados y negados. A falta de responsables con vida, estos juicios se erigen en el medio adecuado para garantizar los derechos a la verdad, a una reparación integral y a la no repetición. Así lo entiende, entre otros, Diego Vigay, fiscal federal ad hoc, que encabezó la investigación preliminar y participó en el juicio de la Masacre de Napalpí en representación del Ministerio Público Fiscal. Vigay explicó al DiarioAR que tomaron como precedentes tanto “el proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico militar, que tiene más de 1.100 condenados y que es considerado de vanguardia a nivel mundial”, como los juicios por la verdad celebrados en los ‘90 en distintas jurisdicciones del país. “Entendimos que, más allá de las demandas civiles donde no intervienen las fiscalías federales, era imprescindible la realización de un juicio oral y público, porque el compromiso asumido en juzgar los crímenes de lesa humanidad debe abarcar todos los que ocurrieron en el transcurso de la historia nacional, no solo los de la última dictadura”, dijo Vigay. A su juicio, la importancia de estos juicios es que permiten subrayar que las prácticas genocidas no terminaron con la conformación del Estado nacional “sino que continuaron en matanzas del siglo XX como la masacre de Napalpí y de La Bomba, dos casos que se dieron en gobiernos democráticos”. Para el sociólogo Marcelo Musante, integrante de la Red de Investigadores sobre Genocidio y testigo en el Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí, pensar que estos juicios son deudores de los procesos posdictadura acarrea riesgos. “Habría que tener cuidado con que decir esto no implique sacar toda la agenda indígena, y la potencia que hay por parte de las comunidades al haber sostenido las demandas, sobre todo la memoria oral contando las masacres de generación en generación. Acá lo central es la palabra genocidio, que permite pensar en un proceso a largo plazo, planificado, sistematizado”, indica.   “GENOCIDIOS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA” Paula Alvarado Mamani es abogada de la Federación Pilagá y una activista kolla que participó en la querella en el juicio por la Masacre de Rincón Bomba.  “Nosotros, los indígenas, creemos que existen ciudadanos de primera y de segunda generación. Las personas excluidas de ciertos sistemas, o sea, los indígenas y las personas en condiciones de vulnerabilidad, pertenecemos a otro tipo de clase social, económica y cultural, pensada desde lo inferior”, asegura. Y destaca que de ahí viene la tesis “de que existen genocidios de primera y de segunda, los genocidios de segunda no son reivindicados, no son contados y, peor aún, son invisibilizados. Entonces, estos juicios tienen que ver con una reparación histórica estatal, pero todavía falta mucho. Muchos organismos de derechos humanos tampoco abrazan la cuestión indígena, porque hay otros factores en juego, el factor clasista o el factor racista, sin ir más lejos.” Alvarado Mamani sostiene que esto se vio muy claramente con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, dos jóvenes que fueron asesinados por defender la causa mapuche. Mientras las movilizaciones y las protestas, en el caso de Maldonado -un joven de clase media-, fueron masivas, las de Nahuel -un joven mapuche- no lo fueron en la misma medida.   La primera causa de pueblos originarios contra el Estado nacional fue la de la Masacre de Rincón Bomba en junio de 2005, para cuya sentencia hubo que esperar 14 años. “Estamos hablando de causas que el Estado tuvo guardadas en un cajón (retrasando su resolución) durante 15 años”, afirma Musante y señala que tampoco se puede hablar del Estado “como algo monolítico”, ya que estos casos implican no sólo al poder Ejecutivo de turno sino también al Judicial. “Las primeras respuestas que da la Procuración del Tesoro respecto a las Masacres de Rincón Bomba y Napalpí, es negar a las comunidades en tanto etnias, aseguraron que ni los pilagá ni los qom son etnias argentinas. Entonces, si los qom no son una etnia, no pueden hacerle un juicio al Estado por genocidio. Además, argumentaron que la masacre no fue tal y que ‘solamente’ murieron cuatro personas en un enfrentamiento. O sea, aparece la palabra enfrentamiento que sí tiene que ver con la última dictadura. Pero acá lo que hay es una negación de la identidad étnica, por eso creo que es muy importante este proceso de 15 años por el cual se llegó a lograr esto, y lo valioso de todas estás sentencias positivas que se están dando”, destaca el sociólogo. EL VALOR DE LA HISTORIA ORAL INDÍGENA Melitona Enrique fue una de las últimas supervivientes de la Masacre de Napalpí. Tenía 107 años cuando murió en 2008 sin saber que, 14 años más tarde, algo de esa reparación histórica por la que luchó toda su vida iba a hacerse realidad. Melitona no llegó a declarar personalmente ante los fiscales los hechos que vivió cuando apenas era una niña, pero los mantuvo vivos en la memoria (la suya y la de los otros integrantes de la comunidad) a través de la tradición oral. Sabino es el menor de los 12 hijos de Melitona, el único que queda con vida y que aportó las vivencias de su madre ante la Fiscalía. “Ella siempre contaba que ellos (la comunidad), ya estaban en ese lugar antes de que se hiciera una reducción de indios Napalpí, que sus padres trabajaban duro, pero les pagaban muy poco y empezaron a reclamar”, dice Sabino, que recuerda que su madre hablaba poco porque le daba mucha tristeza: “Lo contaba en qom porque no hablaba castellano y yo le traducía”. “No hay que olvidar que los sobrevivientes, y los integrantes de las comunidades viven muy lejos de donde suceden los juicios, justamente porque fueron corridos en las matanzas”, advierte Musante y señala que los juicios, además, “no están pensados interculturalmente, con lo cual, no sólo tienen que acercarse a declarar, sino que lo tienen que hacer en un lenguaje como el jurídico, que les resulta sumamente ajeno”. La reconstrucción de lo sucedido en las matanzas se consiguió, fundamentalmente, con el testimonio de las y los sobrevivientes, y sus descendientes, pero también fue fundamental el trabajo de archivistas, sociólogos, historiadores y antropólogos, que aportaron pruebas. “Esto sirvió para fundamentar o para avalar esa historia oral que las comunidades venían sosteniendo. De alguna manera, se trata de un reconocimiento porque pareciera que esa memoria oral valiese menos que los documentos, y queda siempre como solapada, como de segunda categoría”, resalta Musante.  Alvarado Mamani confía en que con el tiempo esto sirva para demostrar una verdad histórica que pueda afectar a la sociedad en su conjunto, no sólo a las comunidades, y para prevenir cosas que todavía suceden. Para Musante, “lo de la transmisión oral de generación en generación también implicó un costo, o sea, permitió que ahora se pueda llegar a un juicio, y que se haya mantenido esa memoria, pero tuvo un costo altísimo que fue el terror que generó”. El abogado polaco Raphael Lemkin, que acuñó el concepto de genocidio, argumentó que se trata de un proceso de destrucción que busca transformar la identidad de un pueblo a través del aniquilamiento de parte de la población. Otro de los objetivos de las masacres es instalar el miedo, que funciona como disciplinador. “Se trata de mostrarle a las otras comunidades lo que te puede pasar si protestas”, en palabras del sociólogo argentino.  Fuente: https://globalter.com/los-pueblos-originarios-de-argentina-en-busca-de-la-reparacion-del-genocidio/ Read the full article

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Tesla enfrenta multas por daños ambientales

La principal empresa productora de autos eléctricos a nivel mundial ha enfrentado cinco procesos judiciales y administrativos por haber causado daños al medio ambiente en Estados Unidos y Alemania, los cuales le han generado multas por más de un millón de dólares. MILENIO revisó los últimos informes –2020, 2021, 2022– que la empresa presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos…

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🚨El juez PPeinado sigue dando que hablar👇🏻

🛑 El juez Peinado devuelve 35.000 euros a Vox, Manos Limpias, Hazte Oír y otros colectivos ultras

▪️En un giro que ha dejado boquiabiertos a los pasillos judiciales de Plaza de Castilla, el juez Juan Carlos Peinado García ha decidido devolver la nada despreciable suma de 7.000 euros a cada una de las acusaciones populares en el controvertido caso de Begoña Gómez. Movimiento de Regeneración Política de España, Hazte Oír, Manos Limpias, Vox y el partido político Iustitia Europa, conocidos por sus posturas firmes y sus denuncias acaloradas, se ven ahora recompensados por su férrea participación en este proceso.

El polémico auto, fechado el 3 de julio, ha estimado parcialmente el recurso presentado por estos colectivos de extrema derecha, argumentando que la fianza inicialmente depositada debe ser reducida. Según Peinado, queda un remanente de 15.000 euros en la cuenta de consignaciones del juzgado, destinado a cubrir posibles responsabilidades futuras.

Pero el escándalo no termina ahí. La investigación del juez Peinado, que abarca desde los supuestos vínculos con el empresario Carlos Barrabés hasta los contratos bajo sospecha, ha suscitado críticas por su enfoque amplio y poco convencional. La decisión de incluir en el expediente la querella presentada por 'Hazte Oír' y la omisión de informar previamente a la defensa antes de interrogar a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, han exacerbado aún más las tensiones en este intrincado caso judicial.

Este nuevo capítulo no solo agudiza las divisiones políticas y sociales, sino que también cuestiona la transparencia y la equidad dentro del sistema judicial español. Mientras tanto, la opinión pública y los protagonistas de este drama legal esperan con ansias el próximo movimiento de un juez que parece decidido a dejar una marca indeleble en la historia judicial de España.

#JuezPPeinado #Lawfare

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