#proceso decisorio
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sssm68 · 10 months ago
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votontam · 4 years ago
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LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN TIEMPOS DE CAMBIOS HISTÓRICOS -América Latina en su búsqueda de la estabilidad en el cambio-
A propósito de lo que trataba en el anterior artículo1, se observa a nivel universal el paulatino y progresivo declive de los partidos políticos, afines a las instituciones políticas, aún de aquellos de los considerados de nuevo tipo (llamados populistas), los que están perdiendo el sentido de oportunidad por su ineficacia en la representatividad de los intereses de la población ante los desafíos actuales.  Lo que se da es un reemplazo por movimientos cívicos amorfos sin ideologías definidas. Su enfoque parece anárquico, pero apunta a problemas concretos, como así también a planteos de minorías específicas. En definitiva, estos actores están cada vez más imponiendo una agenda al poder político y a la sociedad, que asiste pasiva a un espectáculo al que parece invitada como espectadora.
Es el reino de la incertidumbre  donde es válido dibujar ideales a seguir, que ayuden a nuestras sociedades a salir airosas de estas pruebas históricas y dar pasos certeros para corregir falencias de todo tipo. Para los países con menor desarrollo el desafío por delante es aún mayor, ya que cada vez más están impelidos de salir de círculos de decadencia donde las decisiones políticas se toman sobre la base de la urgencia, sin metas de mediano y largo plazo. Dicho patrón decisorio carece de la racionalidad necesaria y deja amplios espacios para el voluntarismo. Alrededor de tales fenómenos no se construyen consensos, sino que por el contrario, se ahondan las fisuras, se generan quiebres generacionales y el diálogo social desaparece.
Si vemos las sociedades latinoamericanas la necesidad de unidad es ingente, es el gran tema! La unidad no se logra alrededor de propuestas políticas plagadas de voluntarismo, como se dijo, sino con plataformas doctrinarias y programáticas con contenidos aglutinantes, concretos, realizables e integradores. Ello sumado a una arquitectura en los sistemas de representación política que se condiga con la búsqueda de respuestas a largo plazo y con el paradigma de restauración sistémica que incluya en su geometría la adecuada vertebración y organicidad2. En cualquier caso, las propuestas programáticas  y de acción política serían posibles tanto en su génesis como en su plasmación práctica de contarse con una estructura representativa acorde a los desafíos históricos del momento actual.
Ello se relaciona con el hecho de que constituye una falacia en sus términos aplicar paradigmas económicos, tecnológicos, ideológicos y tecnocráticos por encima y con preeminencia de la visión objetiva basada en valores éticos, culturales y naturales de fondo, que son los que orientan e inspiran el edificio político de una nación. Es decir,  la coyuntura histórica contemporánea deja al descubierto la demanda socio-política de una nueva arquitectura en los sistemas  de representación política que se condiga con la búsqueda de soluciones a largo plazo y con un paradigma de reorganización sistémica, no sólo económica  o tecnológica. La independencia de los paradigmas propios de cada disciplina es la garantía para el orden y estabilidad futuros, con un principio rector basado en el factor cultural-axiológico.  
En tal sentido, los desafíos para América Latina, conforme  informes de la ONU3, muestran el carácter dramático de la actual  crisis y desafíos por delante y la importancia que los centros de reflexión y decisión política opten por salidas basadas en fundamentos que vayan más allá de la urgencia, con una mirada estratégica e integradora:
“La pandemia del COVID-19 está teniendo efectos históricos negativos en la economía, producción y esferas sociales, con consecuencias perdurables y efectos en el mediano plazo en una creciente desigualdad, pobreza y desempleo. Es por ello que el proceso para volver a niveles previos de actividad económica (PBI) será más lento que lo esperado durante la crisis financiera de 2007-2008 (…) América Latina y el Caribe están experimentado su peor crisis en un siglo debido a la pandemia, con una contracción estimada del PBI del  9.1%. Hacia fin de año el PBI estaría a nivel de 2010, traduciendo un retroceso de 10 años y un agudo crecimiento de la desiguldad y la pobreza. Adicionalmente, unos 2.7 millones de negocios se espera que cierren hacia fines de 2020, con un desempleo que llegaría a 44 millones de personas, o sea, 18 millones más que un año atrás. El número de pobres en la región se espera que llegue a 231 millones de personas: el mismo nivel que en 2005, o un retroceso de 15 años. “
En este marco, voy a intentar centrarme en aspectos relacionados con los cambios  que trajo la actual pandemia en el abordaje del sistema político con eje en el  Estado-nación, para indagar en lo que se refiere a la reorganización del poder que se podría producir, fundamentalmente en lo que hace a los criterios de representación elegidos para canalizar los intereses ciudadanos. Ya se ha podido vislumbrar en el primer período de recuperación del COVID que no cabe esperar cambios drásticos ni “revolucionarios”, tal como se presumía en un comienzo de la crisis, ya que se observa cierto agotamiento en las fuerzas de renovación. Sin embargo, de  lo negativo se podrían sacar ventajas positivas con base en las fuertes alarmas  que se encendieron por la cuestión ambiental, sanitaria y el trasfondo económico-social. Un aspecto que sobresale en este tipo de análisis es el de la conducta humana, móvil, razón y sentido que dinamiza los sistemas y conductas socio-políticos. Sobre esta cuestión, me referiré al final, para dar lugar a tratarlo más en detalle en un siguiente artículo.
Una paradoja que justamente produjo el COVID-19 es la radical re-valorización del poder y la autoridad del Estado central, al mismo tiempo que enfatizando la importancia de los poderes regionales y centrales hacia dentro de los Estados4 y de los bloques regionales5, hacia fuera de los mismos.  De seguirse dichas tendencias, fronteras adentro de los Estados se generaría una dinámica que el poder político podría especialmente favorecer e impulsar y cuyo resultado sería un mayor equilibrio regional con al centro. Esta es una seria falencia geoeconómica  que aqueja a gran parte de los países de la región latinoamericana, que de abordarse seriamente, aprovechando la actual coyuntura traería como consecuencia una mayor integración y cohesión territorial y social. Esto podría abarcar aspectos vinculados a la producción, al ordenamiento económico, sanitario, educativo y de seguridad y bienestar ciudadanos.
Dicha desconcentración y descentralización  sumado a los aspectos antes mencionados de favorecer de algún modo instancias de representación político-institucional adicionales a las partidarias, por ejemplo, siguiendo un criterio más funcional que ideológico, dotaría al sistema político de la organicidad que actualmente está careciendo. Ello marcaría un antes y un después con relación al concepto moderno de Estado de tipo Westfeliano, originado con fundamento en las teorías filosóficas contractualistas, génesis  a su vez de las corrientes ideológicas que dieron lugar a las  tres grandes fuerzas que han contornado la historia política  de los últimos tres siglos: liberalimo y neo-liberalismo, socialismo y comunismo, facismo y nazismo.
Todo esto hace presumir un cierto retorno a fuerzas de carácter medievalistas, aunque ahora encapsulados dentro de los tejidos del Estado, con eje en un poder central fuerte  y una integración territorial en red con polos de desarrollo siguiendo un criterio de fuerte desconcentración y descentralización. La pandemia y medidas tomadas han también provocado, tal vez por necesidad y ausencia, una especie de revalorización de la familia y las relaciones personales más cercanas y una especie de retorno de la educación a los hogares. En dicho marco las instituciones educativas estarían asumiendo un mayor protagonismo y responsabilidad más directa ante los padres, que confían sus hijos al sistema para brindarles educación y formación. Ello consecuencia de lo sucedido en el 2020 y que tiende a prolongarse en el 2021, toda vez que, en la coyuntura generada las escuelas, docentes, padres y alumnos tuvieron que lidiar con un colapso de los mecanismos educativos habituales ante la situación extraordinaria planteada por la pandemia y las medidas de confinamiento  social.
Los fenómenos descriptos en los párrafos anteriores, encuentran su correlato superador entre lo que sería un retorno a patrones organizativos de la Edad Media y los imperativos de los tiempos actuales, en el fortalecimiento logístico que brinda el factor tecnológico, merced a las transformaciones informáticas y la emergencia de una nueva era, signada por la irrupción del mundo digital6. Es más, el paradigma digital está llamado por su naturaleza a ser un instrumento para favorecer la interacción y la igualdad, ello si se cumple con un postulado en su diseño e implementación, para lo que depende del paradigma decisorio político en armonía y complementación público-privada con los sectores empresarial y académico y organizaciones de la sociedad civil. Es decir, sin políticas claras que favorezcan la inclusión digital la crisis sanitaria y económico-social actual está llamada a profundizar las líneas divisorias al interior de las sociedades, la fragmentación territorial en el seno de los Estado-nación y la inequidad y conflictividad entre los actores de la comunidad internacional.
Semanas atrás el Secretario General de la ONU se refirió a esta cuestión en el cierre de uno de los foros más importantes en lo que a búsqueda de patrones de gobernanza de Internet se refiere. En  el Internet Governance Forum (IGF), D. Antonio Guterres, expresó que mientras el COVID-19 ha mostrado la importancia de las tecnologías digitales, también ha exacerbado las inequidades, incluyendo el acceso básico a Internet. Dijo que  debido a la división digital, aproximadamente la mitad de los ciudadanos tienen denegadas las oportunidades para estudiar, comunicarse, comprar, trabajar y participar de gran parte de la vida moderna, con cerca de medio billón de estudiantes afectados por el cierre de las escuelas7.
Más allá del rol que esté llamado a tener el IGF y los logros que se consigan en torno a la gobernaza de Internet, lo que resalta a los fines del presente análisis es que la cuestión de la brecha digital no se resuelve sin que al mismo tiempo haya una mesa de gobernanza socio-política donde se den los consensos para la construcción de sistemas equitativos, inclusivos y que permitan sortear las disfuncionalidades puestas de manifiesto con el COVID-198.
El desafío por delante, tal como ha quedado a la vista, es organizacional. La pandemia y sus secuelas se resolvieron históricamente con un esfuerzo organizador que ponga en la misma mesa a los principales actores sociales, nacionales e internacionales, en la búsqueda de políticas para la administración de bienes de interés común. Siendo ello así, el patrón decisorio escapa  a la mera fórmula económico-administrativa, siendo principalmente una cuestión político-valorativa-axiológica-cultural, para que la salida sea integral y siguiendo paradigmas objetivos de comportamiento humano individual y social. En un contexto donde gran parte de los problemas son globales, el esfuerzo organizativo tendría como herramienta privilegiada el instrumento digital.
Un dato que también surge de la enseñanza histórica es que el único movimiento social que hizo progresos reales en el siglo pasado han sido los movimientos de trabajadores9. Los cambios que estas organizaciones nacionales, regionales y locales han conseguido  han influido en la educación, prestaciones de salud, remuneraciones justas,protección laboral, tiempo para el ocio y han moldeado gran parte de las organizaciones internacionales y de las legislaciones nacionales. El trabajo  es el principal factor productivo de la economía, por ser su agente y destinatario la persona humana, ocupando el centro de la vida productiva, económica, social y política de las naciones y de la comunidad internacional.
El embate neoliberal, iniciado décadas atrás,  que ha debilitado seriamente los aspectos intrínsecos del factor trabajo,   ha tenido un gran llamado de atención a raíz del COVID-19 y las medidas tomadas por los gobiernos. Ello abriría puertas para que el paradigma de organización socio-poliítica dominante que tiene su eje en un enfoque económico-tecnocrático ceda para dar lugar a una nueva cosmovisión que vuelva dar al trabajo, es decir, a la persona, su lugar central. El efecto social que ello tendría surtiría un efecto positivo en la gobernanza y legitimidad política de magnitudes históricas.  Es incierto a qué nivel sería posible la concreción de dichos cambios en un contexto de fuerte interacción global.
Ciertos indicios ya surgen a la vista al observar cómo algunos Estados han reaccionado de modo diferente frente a la pandemia y, en general, volviendo a levantar barreras que se creían superadas y enfatizando el poder nacional o de bloques regionales. Es decir, cualquier cambio de fondo que se opere será en unidades sistémicas que participen o detenten poder y que tengan capacidad organizativa. Los trabajadores, como categoría socio-política, son una parte fundamental en esta ecuación y las necesidades humanas insatisfechas son la otra parte de la ecuación. Todo ello se traduce en fragilidades sistémicas a atender, donde por un lado desde el punto de vista económico internacional se observa una agudización del proteccionismo, mientras que por el otro lado, el necesario crecimiento económico. La reconstrucción de las economías nacionales tomará un tiempo y posiblemente será fortaleciendo los bloque regionales. Ello sumado a la cuestión laboral, que ya venía sufriendo un embate por el factor tecnológico, plantea escenarios de conflictos no sólo a nivel nacional, sino internacional.
Es más, el principal problema, según se desprende del presente análisis es la precariedad laboral  y por consiguiente social. Ello se observa mejor en el sector de servicios, en el  que se observa que la concentración termina en pérdidas de trabajos que no vuelven a recuperarse. Todo ello es más acuciante en los países de menor desarrollo relativo, en los que además la existencia de mecanismos para asegurar ingresos a la población es prácticamente nula, creciendo con ello la conflictividad social y la tendencia a trasladar los problemas  a terceras partes.
A modo de conclusión, se observa que más globalización sería lo óptimo para superar el estancamiento económico, al mismo tiempo que se dan corrientes proclives a un mayor regionalismo y fortalecimiento de las identidades culturales10. Todo ello en un envase tecnológico que no deja de ser un instrumento en manos de los actores político y sociales y que,  como tal, es clave en la formulación política. En dicha ecuación la descentralización, desconcentración y creciente precariedad laboral y social son tendencias a balancear a través de mecanismos de integración político-territorial y económica, sumados a reformas en los mecanismos de representatividad política que garanticen el respeto y atención de los derechos e intereses de la sociedad en su conjunto.
Al haber mencionado a América Latina al comienzo de este trabajo, al final vuelvo a esta región, donde las oportunidades de crecimiento, desarrollo humano, social y cultural son de tan fuerte potencial, pero que históricamente se han visto truncada por fragilidades sistémicas de todo tipo. Dichas disfuncionalidades actualmente se observan en gran parte de los países del mundo, pero es en Latinoamérica donde el factor digital inteligentemente incorporado puede catalizar el amplio margen para el desarrollo pendiente de utilización. Es en esta región donde los recursos humanos disponibles podrían aprovechar dichas circunstancias y promover salidas creativas donde la representación político-institucional de los actores sociales en pugna responda a las realidades de estas tierras y no ya a modelos importados de ultramar. Sólo mentes y voluntades lúcidas como las de nuestros próceres podrían producir tal giro de timón y enderezar la nave hacia un destino seguro, estable y próspero.
RAPA
12 de diciembre 2020
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fmmagalih941 · 5 years ago
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Alberto Fernández: "Proponemos organizar mejor la justicia federal" El mandatario aseguró que la iniciativa apunta a "reforzar" la justicia federal y afirmó que los nuevos fueros no afectarán "el principio del juez natural". El presidente Alberto Fernández destacó que propone "organizar mejor la justicia federal" y que "el poder decisorio no se concentre en pocos magistrados" porque eso fue lo que llevó a que ese fuero "se politizara", que "los procesos no se desarrollaran con eficacia" y se "manipularan los tiempos en función del clima político imperante", al presentar el proyecto de reforma judicial en Casa Rosada. El mandatario resaltó la necesidad de una reforma judicial para que "nunca más" exista "una política que judicializa los disensos", y aseguró que sin un sistema de justicia "independiente del poder político, no hay república y democracia". La iniciativa propone unificar y duplicar los juzgados federales y designar un consejo de notables para que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema. El mandatario aseguró que "la defensa del derecho reclama como indispensable que el sistema se adecué a la norma" y que "el Poder Judicial deba estar en manos dignas, no permeables a ninguna presión". Al presentar el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo, el Presidente repasó las intromisiones de la política en la Justicia a lo largo de la historia argentina. En ese marco, aseguró que durante el gobierno de Mauricio Macri la Administración Federal de Inteligencia “quedó en un manto de sospecha” por intervenir en causas judiciales” y el principio de inocencia en juicio se vulneró”. (en FM Maga-Lih HD 94.1) https://www.instagram.com/p/CDPlCYFFp96/?igshid=a4szycwh53j6
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raymondorta · 6 years ago
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Gaceta Oficial 41621 del 26 abril 2019 SUMARIO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Decreto Nº 3.820, mediante el cual se acuerda una modificación presupuestaria con cargo a la partida Rectificaciones, por la cantidad de quinientos setenta y dos millones doscientos ocho mil Bolívares (Bs. 572.208.000,00) para el Presupuesto de Egresos 2019 del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.- (Se reimprime por fallas en los originales). MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ Oficina de Auditoría Interna Auto Decisorio mediante el cual se declara la Responsabilidad Administrativa del ciudadano Chrisleiver Javier Núñez Blanco, por el hecho irregular descrito e imputado en el Auto de Inicio del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, y se impuso Sanción Pecuniaria de Multa y se formuló Reparo Resarcitorio al referido ciudadano. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación Ordinaria, al ciudadano Johnny Márquez Salazar. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS SENIAT Providencias mediante las cuales se revoca por un período de cinco (05) años la autorización a los Auxiliares de la Administración Aduanera que en ellas se especifican. Providencias mediante las cuales se otorga la Jubilación Especial, a la ciudadana y al ciudadano que en ellas se mencionan. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS INSAI Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Joubert Jaimes Díaz, como Director de Tecnología de la Información, de este Instituto. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD Resoluciones mediante las cuales se confiere la Orden al Mérito del Médico Bolivariano “Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa”, en su Única Clase, a la ciudadana y a los ciudadanos que en ellas se mencionan. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO Resolución mediante la cual se designa la Junta Administradora Especial de la entidad de trabajo Kimberly Clark Venezuela, C.A., para el período 2018-2019, www.GacetaOficial.Net #GacetaOficial https://www.instagram.com/p/BxN8IhcFHSn/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=smptpoolblah
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noticiaspuntodevista · 6 years ago
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CONTINUISMO Y MENTIRAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022
Articulo tomado de Agencia Prensa Rural 
Escrito por Cesar Gualdrón
Lunes 1° de Abril del 2019 -  El Plan Nacional de Desarrollo es el documento-instrumento en el cual se definen los principales objetivos de política económica y social de cada uno de los gobiernos colombianos. Tal y como sucede con el trámite de la ley del Presupuesto General de la Nación, la iniciativa absoluta corresponde al Ejecutivo y cualquier modificación sustantiva debe contar con la aprobación del Gobierno Nacional, configurando lo que se conoce con el nombre de "dictadura fiscal". Así, por ejemplo, el Consejo Nacional de Planeación está integrado por miembros elegidos por el presidente de la República de listas presentadas por las entidades territoriales y ciertas organizaciones sociales, toda vez que solamente tiene un carácter consultivo (o sea, no decisorio). Por otra parte, en el artículo 341 de la Constitución de 1991 se establece que:
[...] Los desacuerdos con el contenido de la parte general, si los hubiere, no serán obstáculo para que el gobierno ejecute las políticas propuestas en lo que sea de su competencia.
[...] Si el Congreso no aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas en un término de tres meses después de presentado, el gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de ley.
El Congreso podrá modificar el Plan de Inversiones Públicas siempre y cuando se mantenga el equilibrio financiero. Cualquier incremento en las autorizaciones de endeudamiento solicitadas en el proyecto gubernamental o inclusión de proyectos de inversión no contemplados en él, requerirá el visto bueno del Gobierno Nacional.
El Plan de la administración Duque
El Plan de Desarrollo del actual gobierno se titula "Pacto por Colombia, pacto por la equidad" y tiene como eslogan una absurda ecuación: equidad = emprendimiento + legalidad. En ese sentido, se presentan 24 capítulos, cada uno con la denominación inicial de "pactos", quizás con la pretensión de presentarlos como el resultado de un proceso participativo. Al parecer, dicha "participación" se reduce a la realización de algunas reuniones regionales y sectoriales más de exposición que de efectiva construcción colectiva del Plan y al funcionamiento de un portal web para una supuesta recopilación de propuestas. Y, en lugar de llevarse a cabo una amplia convocatoria en la cual sean incluidos los diversos sectores sociales y sus organizaciones, como de costumbre, se ha dado prioridad a la voz de los grandes grupos empresariales y los partidos políticos de la coalición de gobierno.
El punto de partida es la mentira
El documento parte de la consideración según la cual "Colombia presenta un cambio social notable en este siglo, con una fuerte caída de la pobreza de 49.7% en 2002 a 27% en 2017, y un aumento sostenido de la clase media, que ha pasado de 16.3% a 31% en el mismo período". Esta afirmación tiene dos propósitos: 1) reforzar la imagen de que la presidencia de Álvaro Uribe Vélez tuvo un énfasis en favor de los pobres del país (a pesar de que terminaría reconociéndose la misma cualidad del gobierno de Santos) y 2) justificar la reducción del ámbito de las políticas de lucha contra la pobreza en el futuro próximo, al tiempo que justificar las alzas de impuestos al consumo, la ampliación del número de contribuyentes del impuesto a la renta y las alzas de las tarifas de los servicios públicos, entre otras.
Por supuesto, el discurso que enfatiza en el crecimiento de la llamada "clase media" tiene como propósito, también, alimentar el arribismo que ha sido inoculado en el pueblo colombiano y, con ello, debilitar aún más las dinámicas de reivindicación de los derechos de los trabajadores, insistiendo en el carácter supuestamente populista de cualquier propuesta política que se presente como alternativa al capitalismo o, aun cuando sea, al neoliberalismo.
Este discurso se ve fortalecido, entre otras, en la medida en que se emplea principalmente la medición de la línea de pobreza (pobreza monetaria) o de necesidades básicas insatisfechas (NBI) de manera unilateral: así, la población en situación de pobreza se ve reducida, en efecto. Pero, la conclusión que se extrae es falsa (que ha aumentado la "clase media") porque simplemente serían no-pobres. Más recientemente se ha venido empleando la denominación de "población vulnerable", para designar el grupo poblacional que ha salido de la pobreza pero que tiene un alto riesgo de volver a ella. Queda por decir, al respecto, que no existen indicadores universales de la llamada "clase media", como sí existen de la pobreza.
Así pues, la población en estado de pobreza es aquella cuyos ingresos son hasta de $180.000 mensuales, de acuerdo con el indicador de pobreza monetaria. La llamada "población vulnerable" se clasifica desde dicho monto hasta $450.000 mensuales. Desde ese monto y hasta $2.250.000 se asumen como pertenecientes a la "clase media". Finalmente, los "ricos" serías quienes perciben ingresos superiores a esa suma y hasta varios cientos o miles de millones durante un mes.
Cabe mencionar que el valor promedio de la canasta familiar es de aproximadamente $1.300.000 para una familia compuesta por cuatro personas, incluyendo los gastos correspondientes a la comida y demás víveres, la vivienda, el transporte, la salud, la educación, etc., en condiciones más bien modestas. Es decir, con el aporte de una persona a los ingresos familiares, solamente pueden acceder a esta canasta aquellas de más altos ingresos dentro de la categoría de "clase media". Por el contrario, en la gran mayoría de familias incluidas en esa categoría termina siendo obligatorio que dos o más miembros aporten ingresos, o sea que es obligatorio que más miembros de una familia vendan su mano de obra en el mercado laboral, incluso sin que importe mucho si son menores de edad o personas con avanzada edad.
Por supuesto, esta situación impacta desfavorablemente sobre los salarios, en la medida en que una mayor oferta de mano de obra resulta en un menor nivel de remuneración salarial: de este modo, se reproduce el círculo vicioso consistente en que más seres humanos se encuentran involucrados en el mercado laboral porque los ingresos laborales son insuficientes, pero la mayor disponibilidad de mano de obra en dicho mercado presiona a la baja de los salarios y al envilecimiento de las condiciones generales de trabajo, toda vez que buena parte de esa población tampoco obtiene un empleo en el sector formal de la economía, lo cual tiene como consecuencia el reforzamiento del trabajo informal-precario.
De todas maneras, debe tenerse en cuenta que para los cálculos elaborados por los organismos gubernamentales, la población en situación de "formalidad" corresponde a quienes hacen los aportes al sistema de seguridad social, lo cual implica que buena parte de los llamados autoempleados o empleados por cuenta propia son catalogados como "formales", siendo que su realidad laboral está caracterizada por ingresos bajos e inestables, propios de las actividades del rebusque, en las cuales se ve obligada a participar dicha población ante la imposibilidad de encontrar una ocupación laboral en las condiciones adecuadas, tal y como se ha mencionado.
O sea que, por una parte, la cifra de "formalidad" encubre una informalidad práctica o, más bien, una población en condiciones laborales precarias. Y, al mismo tiempo, la cifra de "empleo informal" hace el fenómeno del desempleo en Colombia menos notorio cuantitativamente, sin que se mencione tampoco el subempleo. De ese modo, puede entenderse que el desempleo haya podido estar transitoriamente por debajo del 10% durante años anteriores, toda vez que en la metodología de su cálculo se toma como "ocupada" aquella persona que ha tenido una actividad remunerada durante una hora en la semana de recopilación de la información: valga decir que se trata de una metodología muy poco rigurosa frente a una realidad que tiene un impacto negativo sobre el consumo agregado y, por lo tanto, sobre el crecimiento del PIB, y, simultáneamente, implicaciones socioeconómicas bastante adversas para quienes lo padecen, tanto temporal como crónicamente.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Por otra parte, en los diferentes capítulos de las Bases del Plan se hace explícita una relación entre cada uno de los "pactos" y los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, formulados para el período 2015-2030, en tanto que continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015).
Es de mencionar que tales Objetivos pueden considerarse algo tímidos o ambiguos, puesto que se trata de un conjunto de enunciados sobre una serie de problemáticas compartidas por países principalmente subdesarrollados, en los cuales no se establecen los mecanismos correspondientes a su consecución y, por supuesto, no se formula una crítica al capitalismo, en cuanto que sistema responsable fundamental del surgimiento y agudización de dichas problemáticas.
Así, por ejemplo, no se enfatiza en la indelegable responsabilidad que debería tener el Estado en el cumplimiento de los propósitos del listado, sino que se indica el papel protagónico de los criterios de costo-beneficio en la gestión de las políticas públicas, de la alianza con el sector privado (¿alianzas público-privadas?) y, por consiguiente, la necesidad del fortalecimiento de los mecanismos de mercado con respecto a los diferentes Objetivos. Es decir, con la apariencia de neutralidad política, la ONU refuerza el planteamiento según el cual las reformas neoliberales implementadas en el último cuarto del siglo XX son irreversibles y, además, adecuadas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la humanidad.
En ese sentido, la mención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no debe confundirse con una garantía de que el conjunto de los "pactos" del Plan sean adecuados para poner a Colombia en la senda del desarrollo de sus fuerzas productivas.
Pilares del Plan
Ahora bien, al contrario de lo que se pregona en los medios masivos de [des]información, el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el actual gobierno no contiene ningún cambio importante con respecto a lo que han propuesto y realizado los gobiernos anteriores. De esa manera, se continúa con políticas que condenan a la población colombiana al incremento del desempleo, del empleo precario, del rebusque, de las pésimas condiciones del sistema de salud, de la falta de acceso y las deficiencias en la educación, de la tremenda dificultad para el acceso de vivienda, de la deficiente cobertura, las elevadas tarifas y la mala calidad de los servicios públicos domiciliarios, de la carestía de los productos de la canasta básica de consumo, de la depredación de los ecosistemas; en resumen, la condena de la falta de condiciones adecuadas de vida de las colombianas y los colombianos.
Es decir, lo característico de este Plan es su continuismo con respecto a la política económica de los gobiernos anteriores, lo cual puede comprenderse al observar los diferentes "pactos" que lo componen:
Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados
Aquí hay que destacar dos aspectos: 1) la política social centrada en la familia y, particularmente en la concepción de familia que inspira a los sectores políticos que respaldan al actual gobierno, sería profundamente antimoderna; o sea, tradicionalista. Además de demagógica, la insistencia en que "la familia es corresponsable del bienestar de sus integrantes" permite reducir el papel de las políticas públicas relacionadas con la función social del Estado, en tanto garante principal del bienestar de la población, y 2) una política social conectada a los mercados significa más de lo mismo, en cuanto que política social privatizada, financiarizada y focalizada; es decir, en favor de los operadores privados y en desmedro tanto de las finanzas públicas como de las poblaciones que se supone que son beneficiarias de la política social. Por lo tanto, a pesar de que se enuncia que el 47.1% de los recursos del Plan se orientarán a este "pacto" (el porcentaje más elevado), no es de esperarse que mejoren sustancialmente las condiciones de vida de la población colombiana en virtud de la ejecución de políticas sociales del tipo descrito.
Así, por ejemplo, se hace caso omiso de la necesaria reforma al sistema de salud y, por el contrario, se mantiene el funcionamiento de las empresas intermediarias, las EPS; anunciando la posibilidad de introducir el esquema de aseguramiento para la población rural y rural dispersa —con lo que se generaría una oportunidad de negocio para dichos intermediarios financieros— y, también, el refuerzo de los criterios de eficiencia y competitividad de los hospitales públicos —criterios que van en contravía del concepto mismo de salud pública—.
Así mismo, se insiste en la ampliación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) tal y como actualmente viene funcionando, mediante la provisión de operadores privados, a pesar de que este programa no atiende satisfactoriamente las necesidades sociales de la población objetivo y, a la vez, ha sido y seguirá siendo foco de corrupción y clientelismo.
Por otra parte, al contrario de proponerse construir un sistema de educación pública, gratuita y universal, incluyendo la educación superior, se plantea la continuidad del esquema de colegios concesionados y la ampliación del sistema de créditos-beca para la educación superior, favoreciendo los negocios del sector financiero y, por supuesto, en desmedro de las universidades públicas.
Mientras tanto, tampoco se propone una reforma pensional que haga posible el disfrute de un ingreso de jubilación digno para la totalidad de colombianas y colombianos, que por razón de su edad o condición física o mental no deberían estar obligados a ejercer actividad laboral alguna. Así, pues, se prolonga la situación que obliga a las ancianas y los ancianos a trabajar hasta la muerte para apenas obtener un ingreso precario e inestable y, de paso, exponiendo su integridad física y mental ante todo tipo de riesgos en las calles de las ciudades del país.
Pacto por el emprendimiento y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos
Dando continuidad a las políticas del neoliberalismo, se plantea dar la mayor cantidad de garantías a los grandes grupos empresariales (internos y transnacionales), desde el discurso embustero de la teoría económica convencional según el cual la prosperidad de los ricos redunda automáticamente en mejoras de bienestar del resto de la población ("efecto derrame, goteo, filtración" de la riqueza). Una versión más de la política de "confianza inversionista", la cual ha tenido continuidad durante los últimos gobiernos en Colombia y que se pretende reforzar con este Plan Nacional de Desarrollo.
Por otro lado, se emplea la denominación de "emprendimientos", tanto para hacer referencia a actividades empresariales, medianamente productivas y rentables, como a la actividad del rebusque, en la que se ocupa la mayor parte de la población colombiana, con completa ausencia de derechos laborales, con ingresos bajos e inestables, etc. Y, en lugar de proponer políticas para la superación de semejante condición de precariedad económica, por ejemplo, en términos de financiamiento, de encadenamientos productivos o de acceso a tecnologías que permitan su fortalecimiento y expansión productiva y, con ello, su permanencia en el tiempo y la generación de empleos de calidad, solamente se proponen medidas para la agilización de trámites y para la "formalización", entendida esta última simplemente como el pago de impuestos y de las cotizaciones de la seguridad social.
Por supuesto que, siendo un documento que pretende profundizar en el neoliberalismo, nada se plantea con respecto a los derechos de los trabajadores, en términos de estabilidad en el empleo, mejores remuneraciones, condiciones laborales dignas, etc. Tampoco se toma en consideración la posibilidad del fortalecimiento o creación de empresas del sector público, en aquellas ramas de la producción en las cuales el sector privado ha demostrado incapacidad histórica. O una política de soberanía alimentaria, a partir de la cual no solamente fuese posible el autoabastecimiento sino, también, lograr que el país llegare a ser un exportador neto de alimentos y demás productos agropecuarios. O poner en marcha un proceso de industrialización, el cual conduzca a la diversificación sectorial del aparato económico nacional, a la producción masiva de bienes básicos y de cada vez más alta complejidad, a la generación masiva de empleos de calidad y, por supuesto, al desarrollo de servicios de alto componente tecnológico.
Pacto por la legalidad: justicia transparente y seguridad efectiva para que todos vivamos con libertad y en democracia
En este aspecto se parte de una confusión (¿premeditada?) en torno al concepto de Estado Social de Derecho, el cual es un Estado que garantiza cada vez más ampliamente los Derechos Sociales de la población, rebajándolo a la función para la cual se establece el Estado de Derecho: el simple "imperio de la ley". En ese sentido, se destaca la conexión planteada en el documento entre la justicia y la seguridad y entre la seguridad y la libertad, desde una perspectiva netamente conservadora, y la consiguiente importancia que para el gobierno tendrá el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en cuanto al control territorial. En el mismo sentido se plantea la constitución de unas Zonas Estratégicas de Intervención Integral. Así mismo, se concibe la lucha contra la corrupción como una cuestión de mera voluntad individual y se enfatiza en su tratamiento punitivo. Finalmente, en el documento no se menciona el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (tampoco en el pacto N.o 11, correspondiente a la paz).
Es de tenerse en cuenta que el porcentaje que se pretende destinar a este pacto es del 10.1% del total de los recursos del Plan Plurianual de Inversiones, siendo el segundo en orden de importancia. Pero, cabe dudar que tales recursos sean empleados para el fortalecimiento logístico y tecnológico del sistema judicial —que podrían garantizar su descongestión y agilidad y, consiguientemente, oportunidad y legitimidad—, o para el mejoramiento generalizado de las condiciones laborales de los trabajadores de esta rama del poder público o para la adecuación de un sistema penitenciario, en el cual sea posible la dignidad de la población carcelaria.
Bases transversales del Plan
Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo}
La frase aquí subrayada no es más que un mantra, con cuya repetición se espera que sea creíble una supuesta política de sostenibilidad ambiental. Obsérvese que el pacto N.o 9 es sobre los recursos minero-energéticos. La explotación de esos recursos también plantea un hilo de continuidad con los gobiernos anteriores. También se continúa, de manera preocupante, con el planteamiento de los "bio-negocios" (definida como la aplicación comercial de la riqueza natural), el denominado ecoturismo y la "protección financiera ante desastres" o "gestión del riesgo ambiental".
Es decir, no se tiene como propósito la puesta en marcha de cambios profundos de la legislación y de las prácticas gubernamentales y empresariales en torno a la conservación y eventual recuperación de diversos ecosistemas. Tampoco se pretende destinar recursos públicos para la prevención de los desastres, mediante la construcción de infraestructuras adecuadas, en tanto que expresión de una política de Ordenamiento Territorial, en la cual se establezcan unas condiciones de habitabilidad digna para los diferentes asentamientos humanos en la geografía nacional. Más bien, se prefiere entregar tales recursos al sector financiero y, de paso, rentabilizar la tragedia del deterioro ambiental y sus inminentes consecuencias adversas sobre las comunidades que habitan los territorios en riesgo o siniestrados, consecuencias ocasionadas por la negligencia y falta de previsión estatal propias del neoliberalismo.
Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades
En contradicción con lo que supuestamente es el objetivo del "pacto" N.o 4 (correspondiente a la sostenibilidad ambiental), aquí se plantea el propósito de mejorar las condiciones de competitividad del sector minero-energético del país. Por supuesto, esto se traduce en unas mayores garantías legales que se brindan a las empresas involucradas en las actividades extractivas, dando continuidad a las políticas de los gobiernos anteriores sobre la materia. En ese sentido, se propone que el 8.9% del total de los recursos del Plan se orienten hacia este sector (siendo el tercer rubro más importante del mismo).
Ahora bien, es de amplio conocimiento que la explotación y exportación de los mismos, así como del oro, el níquel, etc., es monopolio de grandes empresas transnacionales; es decir, debido a la absurda política en torno a la inversión extranjera y a los recursos mineros, la mayor parte de las ganancias no queda en Colombia y, por lo tanto, el país no puede contar con esos recursos para el financiamiento de otras actividades económicas. A su vez, puesto que estas explotaciones mineras pueden ser catalogadas como economías de enclave, siendo actividades de extracción simple y no de transformación, es mínimo el estímulo a otros sectores económicos y, consiguientemente, a los empleos que ellos podrían generar. No obstante, aun dentro de esa misma propuesta, cabría preguntarse por qué se desea continuar con la privatización de Ecopetrol.
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional
Si se observan abajo los pactos regionales, particularmente los correspondientes a la zona central del país (Central, Santanderes, Eje Cafetero y Antioquia), se hace énfasis en el desarrollo logístico. Sin embargo, no es clara la diferencia entre "nodo logístico" (Central), "eje logístico" (Santanderes) y "desarrollo logístico" (Eje Cafetero y Antioquia): tal parece que se trata de una diferencia cosmética, así como la separación de estas regiones (en los Planes de Desarrollo anteriores estaban contemplados como la "macro-región central", con más o menos la misma vocación económica que en el actual).
En ese sentido, este documento constituye un eslabón más de la renuncia a una política de industrialización del aparato productivo: se presenta una continuidad con respecto a las políticas de los gobiernos anteriores en términos del fortalecimiento de las zonas francas y la infraestructura de transporte para la vinculación con los mercados externos, pero bastante poco en cuanto al mercado interno. Y, si se tiene en cuenta la historia reciente de la contratación pública del país, el sector de construcción de obras de infraestructura vial (tanto carreteras como vías urbanas) continuará siendo uno de los nichos desde los cuales los grandes grupos empresariales (internos y extranjeros) se apropian de recursos públicos (tanto de manera legal como fraudulenta). Mientras tanto, no parece ser importante el asunto de las vías terciarias del Acuerdo Final (tampoco se menciona en el pacto N.o 11 sobre la paz).
Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos
No debe pasarse por alto la enunciación aquí subrayada: primero la competitividad que el bienestar. Es decir: en este "pacto" se plantea el propósito de fortalecer los mecanismos para la participación del sector privado en los mercados de energía eléctrica, de su provisión y, también, en la financiación y ejecución de los proyectos de construcción de acueductos en las diferentes regiones del país. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que no se contemplan mecanismos, diferentes al mercado y las tímidas directrices de la Superintendencia de Servicios Públicos, que garanticen efectivamente la óptima calidad y una eventual reducción de las tarifas de los servicios públicos a los que puede acceder el grueso de la población colombiana, particularmente la población de menores recursos económicos. Por otra parte, dado que no se contempla en el pacto N.o 11 (correspondiente a la paz) ¿cabe aquí la electrificación del campo?
Pacto por la transformación digital de Colombia: gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento
Parece que aquí se reduce el acceso a la "era del conocimiento" a un asunto de mera conectividad, la cual ni siquiera es proporcionada en su mayoría por el Estado, así como sucede con el acceso a la energía eléctrica o al agua potable en buena parte del territorio nacional. Ahora bien, a pesar de que se trata de uno de los temas sobre los que Iván Duque ha hecho más enunciaciones (retóricas), también es de los menos desarrollados, en términos de una agenda concreta de política pública.
Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro
Se muestra una excesiva confianza en la capacidad del sector privado en cuanto que "motor de la innovación". Entre otras cosas del gobierno anterior, se continúa con el planteamiento propio de la literatura de autoayuda, indicando que la cuestión se reduce al "fortalecimiento de una mentalidad y cultura afines a la innovación". En ese sentido, se hace caso omiso a la necesidad de fortalecimiento de la educación superior pública: en el pacto N.o 1 se plantea que la educación, incluso la superior, debe orientarse a responder a las demandas específicas que de mano de obra hace el mercado y, por lo tanto, a la formación en competencias laborales —por supuesto, aquí no se hace mención a la formación del pensamiento crítico—. Y dichas competencias laborales a las que aquí se hace referencia están orientadas a atender un precario sector privado, precario tanto en términos tecnológicos como en capacidad de generación de empleos de calidad.
Es decir: más allá de la retórica, continuará sin existir una política que esté dirigida al fomento de la producción del conocimiento, tal y como sucede en la mayor parte de países que han avanzado en este propósito durante el siglo XX y XXI, en los cuales el Estado es el responsable exclusivo o, cuando menos, principal (en cuanto al financiamiento y coordinación) de la investigación básica y del sistema educativo en su conjunto. Ni siquiera existe un propósito orientado a la adopción estatal de los mecanismos adecuados para la apropiación por parte de las colombianas y los colombianos del acervo de conocimientos que contribuye al desarrollo científico-técnico de la humanidad y al el consiguiente desarrollo de las fuerzas productivas.
Pacto por la identidad y la creatividad: desarrollo de la economía naranja y protección y promoción de nuestra cultura
No solamente se trata de la mercantilización de la identidad de diversos grupos poblacionales —a propósito: ¿cuál es "nuestra cultura"?—. También se indica que esta mercantilización, junto con el turismo, serán la única fuente posible de recursos para una buena parte de la población: el destino de una economía subdesarrollada, la cual se ve obligada a ofrecer diversión a los visitantes extranjeros.
Ahora bien, el turismo implica, entre otras, el encarecimiento de los bienes y servicios de la región en que se practica, sin ir acompañado de un mejoramiento en los ingresos y las condiciones de vida de la población residente y, más bien, contribuye con la proliferación de actividades de tipo servil y criminal, tales como aquellas asociadas a la prostitución y al tráfico de drogas.
De todos modos, en la historia del desarrollo del capitalismo (la cual debería ser la referencia empleada por los funcionarios gubernamentales) no es protagónico el sector turístico, tanto en los países que van a la vanguardia de la economía mundial como en los países que más recientemente han alcanzado importantes niveles de crecimiento económico y desarrollo.
Por otra parte, se insiste en que la llamada "economía naranja" (correspondiente al sector de servicios) constituye una oportunidad para el desarrollo de "emprendimientos" que permitan la generación de ingresos para las y los jóvenes del país. Sin embargo, aquí cabría diferenciar entre aquellas actividades empresariales, medianamente productivas y rentables, y las medianas, pequeñas y microempresas, además de las actividades del rebusque, las cuales se caracterizan por la baja incorporación de complejidad tecnológica, baja productividad, baja rentabilidad y corta permanencia en el tiempo.
En ese sentido, además de enunciados retóricos, este Plan de Desarrollo no ofrece soluciones reales para la antedicha generación de ingresos para las y los jóvenes, puesto que no existe un sistema de educación superior público, gratuito y universal ni tampoco un sistema de ciencia y tecnología que sean capaces de brindar las herramientas cognoscitivas necesarias, las cuales sirvan como fundamento potencial de la innovación en dicho sector económico.
Pacto por la Construcción de Paz: víctimas, reintegración, estabilización y reconciliación
Podría pensarse que este es el capítulo correspondiente a la Implementación del Acuerdo, pero aquí se pasa por alto la mayor parte de los planteamientos consignados en el Plan Marco de Implementación, ignorando (¿deliberadamente?) las Metas Trazadoras y los Indicadores del mismo. Además, se introduce un término extraño con respecto al asunto: "estabilización", similar al de "consolidación" (empleado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez).
Así pues, la línea 1, Colombia atiende a sus víctimas, se concentra en observaciones sobre la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011), dando continuidad a lo que se había venido haciendo por parte del gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Qué puede decirse de la restitución de tierras?
La línea, 2 Acciones efectivas para la estabilización, menciona la priorización en 170 municipios en los cuales se implementarán los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Pero, la denominación de "estabilización" se concibe para la "consolidación de la seguridad" a partir de la combinación (¿o confusión?) de los PDET con la acción Integral contra Minas Antipersonas y con la reintegración y reincorporación de las personas desmovilizadas. ¿En dónde queda la política específica de reincorporación para excombatientes de las FARC-EP?
Por otra parte, como vía de escape con respecto a la Reforma Rural Integral se indica que sus aspectos "se recogen a lo largo del presente PND de manera transversal en los capítulos de equidad, emprendimiento, descentralización, sostenibilidad, servicios públicos, entre otros". De esta manera, se ignora abiertamente lo planteado en el Documento CONPES 3932 de 2018, en el cual se plantea que debe presentarse cada una de las secciones correspondientes al Acuerdo Final.
La línea 3, Mayor coordinación y eficiencia para la estabilización, y la línea 4, Instrumentos y herramientas que orientan gestión eficiente y gasto para la estabilización, son, por lo menos, preocupantes, en la medida en que se propone llevar a cabo un ajuste institucional, pero que resulta poco claro en cuanto a la manera en que va a contribuir con la Implementación del Acuerdo. Tampoco se menciona la Comisión para el Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).
Además, debe tenerse presente la ausencia detectada en el pacto N.o 3 (correspondiente a la justicia), en el cual no se menciona el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición [1].
"Otros pactos" o "pactos cenicienta" del Plan
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Adicionalmente, en el plan plurianual de inversiones se pone en evidencia el desprecio de este gobierno por los asuntos de género, étnicos y de inclusión de las personas con discapacidad, puesto que solamente se ubican capítulos en los cuales se enuncian "buenos propósitos" en torno a los grupos poblacionales correspondientes, quizás para poder indicar que existe un compromiso del actual gobierno con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Pero, debe tenerse en cuenta la paupérrima asignación de recursos para su atención y promoción, la cual apenas llega al 3% del total, incluyendo en ese porcentaje también el pacto correspondiente a paz.
Pacto por la descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones
Aquí hay otro mantra que no contribuye con la reducción de las brechas regionales, tal y como ha sido demostrado durante la historia de la descentralización en Colombia, tanto desde la Reformas Constitucionales de 1968 y de 1986 como desde la Constitución de 1991. De hecho, si se tiene en cuenta la caracterización y el perfil de inversión que se plantea en cada uno de los "pactos" regionales que hacen parte del Plan, el resultado será el de la ampliación de las brechas económicas y sociales entre las regiones centrales y las periféricas y entre las grandes ciudades y el resto del territorio, particularmente en zonas rurales y de población rural dispersa.
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Este Plan de Desarrollo plantea, de forma engañosa, una supuesta estrategia llamada "Misión por la Descentralización" junto a todo un paquete de reformas legales y la creación de nuevas instancias dependientes del poder central; o sea, llevando a cabo una recentralización de la toma de decisiones estratégicas de las políticas públicas, mediante la profundización de la dinámica del recorte de las competencias de planeación, así como del presupuesto de los municipios y departamentos, y, al mismo tiempo, delegando mayores responsabilidades de gasto. Así, se va en desmedro de la democracia local y de la garantía efectiva del goce de los derechos sociales de la población colombiana.
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[1] Otras consideraciones bastante pertinentes sobre este asunto han sido planteadas por el Equipo Implementación del Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEDIPO), la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.
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Juan Carlos Bisonó anuncia candidatura a la presidencia del CDP SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), Juan Carlos Bisonó, anunció que buscará la presidencia del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), para lo que cuenta con el apoyo de los más reconocidos y destacados fundadores de Convergencia y de otras corrientes y movimientos, así como de poderosas seccionales, directores y profesores de las escuelas de Comunicación y de jóvenes egresados agrupados en distintos núcleos de trabajo. El experimentado dirigente gremial aseguró que se propone restaurar al CDP bajo el lema de unir para el cambio, propósito supremo resultado de una amplia consulta nacional y de un profundo proceso de reflexión particular acerca del estado actual de la organización. “El deber nos llama a restaurar el CDP ante el deprimente estado en que se encuentra hoy día. Justamente por eso hago saber a mis colegas de todo el país, que he decidido buscar la presidencia y que tocaré todas las puertas, integraré a las nuevas generaciones y a los veteranos, e impulsaré la más amplia discusión por un cambio verdadero en nuestra institución”, proclamó. Juan Carlos Bisonó sostuvo que el CDP amerita con urgencia se le someta a un profundo proceso, con la finalidad de establecer un diagnóstico objetivo que permita redefinir su naturaleza y propósitos, así como planificar sus metas de corto, mediano y largo plazo. Dijo que sus aspiraciones nada tienen que ver con sentimientos personales ni de grupos y que, en ese sentido, privilegiará los escenarios de debates y propugnará por el más amplio involucramiento de las amplias mayorías en la toma de decisiones. “Presentaré mi candidatura porque un alto porcentaje de las consultas hechas entre colegas de todas las seccionales y, principalmente, de los enclaves decisorios en términos electorales, me empoderan y colocan en ventajas frente a otras ofertas”, afirmó. Se declaró preparado para asumir el reto rescatar, relanzar y fortalecer al CDP, para lo que consideró vital la integración consciente y decidida de cada miembro, así como de las corrientes .#osnyenlosdeportes (en Santiago, Dominican Republic) https://www.instagram.com/p/Bvsfr0alVFx/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1q6s4mbk0xzy3
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kiro-anarka · 5 years ago
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La Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anular el fallo que dejó impune el femicidio de Lucía Pérez. Habrá un nuevo juicio. Fragmentos de un fallo que sienta precedentes para que el Poder Judicial deje de ser parte del sistema que consagra la impunidad y la estigmatización de las mujeres. La perspectiva de género, la victimización de las asesinadas, y los alcances hacia adelante. El pedido de juicio político. Entrevista de lavaca al fiscal,  para  comprender cómo se utiliza la sexualidad de menores de edad como argumento para que el prejuicio le gane a los juicios. Un “nunca más” para la perspectiva judicial que atenta contra las mujeres.
El tribunal compuesto por los jueces Carlos Natiello, Mario Eduardo Kohan y Fernando Luis María Mancini resolvió “proceder a la realización de un nuevo juicio con la premura que el caso amerita, y el dictado de un nuevo pronunciamiento” en el caso de la muerte de Lucía Pérez, que en 2016 provocó el primer Paro de mujeres realizado en el país. El nuevo juicio deberá ser llevado adelante por otro tribunal. Los jueces de Mar del Plata tienen destino de juicio politico.    
En su argumentación el juez Natiello del Tribunal de Casación sostuvo: “Pensar el derecho penal con perspectiva de género exige mucho más que diseñar normas categóricas susceptibles de ser aplicadas a una infinidad de supuestos, pero inidóneas para resolver conflictos en concreto. La relación de las mujeres con el derecho penal demanda una reflexión profunda sobre un tema complejo, para dar una respuesta efectiva”.
La sentencia de Casación es uno de los efectos del esfuerzo de la madre de Lucía, Marta Montero, que presentó el caso rebelándose ante la decisión de los jueces marplatenses que consagraba la impunidad, se movilizó siempre en Mar del Plata, muchísimas veces en Buenos Aires en marchas históricas, a veces masivas, siempre conmovedoras,  y encuentros con otros familiares de víctimas. Marta promovió además la creación del Observatorio Lucía Pérez de violencia patriarcal. Y logró impulsar lo que parecía impensable: la anulación del fallo, obligando a la nueva realización del juicio por el crimen de su hija.
Construir un límite
Lucía tenía 16 años cuando el 8 de octubre de 2016 Matías Farías, 23 años, y Juan Pablo Offidani, 41 años, la llevaron a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta.
Un día después los apresaron en una camioneta Fiat Strada gris donde se encontraron 38 gramos de cocaína y 250 de marihuana. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto.
En el juicio oral, Farías y Offidani fueron condenados, por los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata, a ocho años de prisión y una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Maciel fue sobreseído. Quedó obviamente en libertad. El sitio marplatense 0223 informó que murió semanas atrás por un cáncer de pulmón.  
Ninguno de los tres fue condenado por el femicidio de Lucía. Los jueces consideraron que a Lucía no la mataron –se murió- y no la violaron, sino que la actividad sexual comprobada en la autopsia había sido consentida. Argumentaron, entre otras cosas, que “Lucía tenía 16 y Farías 23, por lo que sería muy forzado hablar de una situación de desigualdad o superioridad”. Dijeron también que no era una chica “sumisa” y que tenía “carácter”. Así volcaron las culpas sobre la víctima, consagrando la impunidad del caso.  
En el fallo de la Cámara de Casación el juez Carlos Natiello marca un límite a esos argumentos: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”, sostiene en su argumentación.
Victimización contra la dignidad
En el desarrollo de su voto el juez Natiello repasa que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”. En ese sentido le parece inexplicable que el Tribunal de Mar del Plata se haya enfocado en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.
El foco que el Tribunal hizo en la vida de Lucía, quien era una menor, al juez Natiello le resulta “un despropósito”.
“Considero que esa nueva victimización secundaria que sufrió Lucía (aun después de muerta) atentó contra su intimidad y su dignidad, y la de su entorno; y se debe considerar como un claro signo de estigmatización”, afirma Natiello.
Luego de citar extractos del vergonzoso fallo de los jueces marplatenses el juez Natiello sostiene que fue fundado “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género”, y después de referenciar autoras y bibliografía sustenta que “para los Magistrados, Lucía evidentemente no coincidía con el estereotipo de la mujer víctima de violencia de género y violación, que no hubiera podido consentir. De lo expuesto, se desprende que el decisorio puesto en crisis demuestra el androcentrismo del derecho: descartaron el eventual abuso sexual respecto de Lucía, porque ella era una chica con una personalidad fuerte, con carácter, determinada y por ende, no vulnerable”.
Razonamiento contaminado
El juez Kohan, quien votó luego de Natiello, sostiene al inicio de su argumentación “hay momentos donde debemos pensar y repensar nuestras prácticas, ésta es una oportunidad para ello”. Luego de reconocer que no fue hace mucho tiempo que empezó a adentrarse en una perspectiva no machista, el juez define: “en los tiempos que corren no bastan declamaciones estridentes, sino que lo que se necesita en el ámbito de la administración de Justicia son miradas y decisiones ampliatorias de derechos que muestren que esa igualdad que es pregonada por las leyes e instrumentos internacionales es realmente posible y necesaria”
“Los estándares internacionales advierten sobre la necesidad de estar atentos a argumentaciones que justifiquen la violencia de género, porque la conciban como una cuestión ‘privada’ en importancia o porque contengan estereotipos sexistas”, sostuvo.
Sobre el trabajo de los jueces de Mar del Plata en el juicio oral, Kohan es determinante: “el razonamiento de los Jueces de grado se ha visto contaminado con los preconceptos que se han formado en forma previa al análisis de la prueba y de la situación fáctica que reconstruyeran en el debate”, y agregó que “dicha concepción alteró sin dudas el prisma a través del cual han tamizado la apreciación de los hechos ventilados en el juicio, proyectando esos preconceptos al resto de sus razonamientos, lo que descalifica sus conclusiones como un razonamiento fundante de un pronunciamiento judicial válido”.
«El sistema debe cambiar»
El Dr. Carlos Altuve, fiscal de Casación, en la audiencia de apelación había solicitado que el juicio se realice de nuevo. En ese momento planteó que el propio poder judicial “es parte del problema” ya que no se está dando respuesta a la pandemia de femicidios.
“El fallo está evidentemente formulado con perspectiva de género”, analiza en diálogo con lavaca sobre la resolución de Casación: “El voto del juez Natiello es impecable, corre la vida íntima de Lucía que había sido el eje sobe el cual fundamentaron la absolución los jueces de Mar del Plata. Llevo 43 años en la justicia, estos temas fueron evolucionando muy lentamente. A los que somos más viejos nos tocó un aprendizaje. El juez Kohan desarrolla en su adhesión el modo en que todo el sistema judicial tiene que cambiar y empezar verdaderamente a tener un perspectiva de género en estos hechos, lo destaco porque no todo el mundo te lo va a decir y menos firmarlo”.
¿Se advierte un cambio en el sistema judicial?
Lo que se había tenido en cuenta para construir el fallo en primera instancia fue justamente inmiscuirse hasta en la sexualidad de Lucía, una cosa fuera de lugar. Hay un cambio, es lento el proceso, uno preferiría que sea inmediato. Pero lo positivo de que sea lento es que está siendo madurado.
¿Cuáles son los indicios de ese cambio?
El fallo es novedoso porque dicen en relación a la situación previa o intima de la víctima: ‘esto no puede ser valorable como prueba’.
Nunca más
Desde la Campaña Nacional Somos Lucía sostuvieron que la anulación del fallo es construir un nunca más. “¡Nunca más la justicia puede dictar un fallo tan vergonzoso! ¡Nunca más violencia patriarcal! ¡Nunca más femicidios impunes!”.
La familia de la joven de 16 años había presentado en mayo del año pasado el pedido de destitución de los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale por mal desempeño. Carnevale pidió luego la jubilación anticipada, la cual le fue concedida por la gobernadora María Eugenia  Vidal, por lo que el proceso continuará solamente para los magistrados Urso y Viñas.
En la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires ya fue constituido el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios que resolvió “abrir competencia” e investigar el desempeño de los jueces, y mediante sorteo fueron designados los legisladores provinciales titulares y suplentes para conformar el Jury.
Desde el femicidio de Lucía Pérez su familia lleva 1404 días sin justicia. Aunque el fallo que pretendía consagrar la impunidad fue anulado, dos de los tres jueces siguen en funciones. Marta, la incansable madre de Lucía sigue pregonando que se active el juicio político, otro paso para que el poder judicial no cometa la segunda victimización, la estigmatización y la vejación post mortem de las asesinadas, nunca más.    
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delpueblonoticias · 5 years ago
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Alberto Fernández: "Proponemos organizar mejor la justicia federal"
Alberto Fernández: “Proponemos organizar mejor la justicia federal”
El mandatario aseguró que la iniciativa apunta a “reforzar” la justicia federal y afirmó que los nuevos fueros no afectarán “el principio del juez natural”.
El presidente Alberto Fernández destacó que propone “organizar mejor la justicia federal” y que “el poder decisorio no se concentre en poco magistrados” porque eso fue lo que llevó a que ese fuero “se politizara”, que “los procesos no…
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poliantum · 5 years ago
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25 instantáneas de Sergio J. Monreal o Los caballeros sí tienen palabra / Héctor Alvarado Díaz
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1. ¿Entre ficción y no ficción por cuál te decides?
Suelen ser más bien ellas las que deciden. A veces me parece que todo es real mientras no se demuestre lo contrario, y que todo es ficción apenas nos afanamos en demostrar lo contrario.
 2. ¿Eres nocturno?
No. Hay una patria nocturna en mí, pero debo aceptarme con cierta resignación mayoritariamente diurno, y hasta diría incluso matinal.
 3. ¿Qué tan importante es el cine?
El cine reinventó el ojo, la libertad, la memoria, el deseo y el tiempo. Luego Hollywood quiso reinventar el cine a su propia medida. Ahora Netflix quiere reinventar Hollywood a su propia medida. Acabaremos todos siendo un homenaje involuntario a Míster Magoo (y que vayan a la Wikipedia cuantos tengan que ir).
 4. ¿Has hecho trampa?
En mi esfera personal íntima, así como a solas frente a la página en blanco, todo el tiempo; forma parte consustancial del acto de vivir y del acto de escribir. Pero en materia de relaciones gremiales nunca; jamás tomé algo que no fuera mío, y jamás en mis escasos momentos decisorios sobre terceros, le escatimé a un colega algo que legítimamente le perteneciera.
 5. ¿Te subes al escenario?
Con irresponsable facilidad. El teatrero frustrado que soy me cobra caro cada vez que puede haber elegido la literatura; y la nulidad de actor que siempre fui le echa gustosa la mano.
 6. Cinco autores irremplazables.
Jerome Charyn, Isaak Bábel, Juan Carlos Onetti, Daniel González Dueñas, Cuco Sánchez.
 7. ¿Cuándo escribes poesía?
Cuando ella quiere. Es el único género que se me resiste a que lo agende, y que dispone de absoluta impunidad sobre mi agenda aunque no tenga cita.
 8. ¿Te mueves a pie?
Siempre. A pie o en transporte público. Jamás aprendí a conducir. Moverme a pie delimita mi periferia dentro de magnitudes razonablemente manejables, y favorece regocijarme en todo tipo de obsesivas y ensimismadas reincidencias. Soy infinitamente más vegetal que animal, y asumo casi como frase de carácter aquellos versos de María Elena Walsh que dicen: yo no soy un bailarín / porque me gusta quedarme / quieto en la tierra y sentir / que mis pies tienen raíz.
 9. ¿Convives con otros escritores/as?
Poco. No soy un ser demasiado sociable, y aunque me sea bastante sencillo y natural involucrarme activamente en proyectos colectivos de trabajo cuando estos se presentan, jamás se me han dado las relaciones públicas.
 10. ¿Lees en el baño?
Desde el principio del tiempo. Desde que era ante todo lector de historietas allá en mi temprana infancia. Me sería difícil establecer si he leído más páginas al lado de la regadera o ante mi mesa de trabajo.
 11. ¿De dónde salen tus títulos?
De golpes de inspiración bastante sufridos. Se trata quizá de la parte del trabajo que más me cuesta: ponerle nombre a las cosas que estoy escribiendo o que ya terminé de escribir.
 12. ¿Has salido corriendo?
Alguna vez. Pero mis abandonos tienden a ubicarse más bien en la repisa de la lenta retirada por desidia, que en la del espectacular escape fugitivo.
 13. ¿Cómo comenzó todo?
Por una mujer. Procedo de (y pertenezco todavía a) esa prehistoria.
 14. ¿Alguna vez te deprimes o te aburres?
Suelo tener un talante más bien ecuánime y entusiasta. Pero la verdad es que en materia de depresión y aburrimiento, aplica aquí la frase aquella de Hulk en la primera cinta de Avengers, a propósito de cómo hacía para controlar el enojo: “ese es mi secreto, capitán, siempre estoy enojado”.
 15. ¿Duermes con tus personajes?
En los momentos climáticos del proceso de escritura, cuando empieza a quedar claro que te encaminas hacia la recta final. Pero lo que a últimas fechas ha comenzado a sucederme es más bien que los personajes se me materialicen presencia física durante las horas de vigilia: me los topo al ir caminando por la calle, al viajar en colectivo o al estar sentado a la mesa del café, quedándome con la impresión de que aparecieron ahí para decirme en silencio que voy por buen camino.
 16. ¿Te irías de México?
Pienso que sí, siento que no (que ni siquiera sería capaz de moverme de Morelia). De vez en cuando me da por ensoñarme imaginando cómo sería regresar al exDF (la ciudad de mi memoria) o vivir en Montevideo (la ciudad de mis sueños).
 17. ¿Se gana bien?
Me apropié hace ya tiempo, adaptada, una frase que le oí cierta vez a un amigo teatrero y que me parece puntual a ese respecto: “si escribes la literatura que la gente quiere leer, es justo que ella la pague; si escribes la literatura que quieres escribir, es justo que tú la pagues”. Yo he escrito toda mi vida lo que he querido escribir, sin transigir con nadie en lo más mínimo. No tengo derecho a reclamar por el precio.
 18. ¿Has soñado con ser mujer?
Muchas veces. Creo que es el principal motivo por el cual me gustaría creer en la reencarnación.
 19. ¿Sófocles, Shakespeare o Beckett?
Shakespeare. Me la pusiste fácil. De la zona Sófocles prefiero a Esquilo, y de la zona Beckett prefiero a Kafka.
 20. ¿Cómo empiezas una narración?
Como por soplo divino. Me es de lo más sencillo arrancar una historia, hallarle tono de despegue, dejarme llevar a ciegas por el empuje del envión inicial; lo arduo viene enseguida, cuando ese ventarrón se apacigua y hay que apelar ya a otras cosas. Igual de sencillo que arrancar de home a primera base, me resulta empantanarme entre primera y segunda, y entre segunda y tercera; ya luego, de tercera a home, vuelvo a agarrar vuelo.
 21. ¿Batallas para conseguir espacios?
Es ambiguo el asunto. Nunca tengo idea de dónde y cómo publicar, y a pesar de ser razonablemente conocido en mi contexto próximo (Morelia, Michoacán) sólo me invitan a colaborar, leer o a dar charlas cada venida de obispo. Pero por otro lado, si tomamos en cuenta mi nula capacidad y mi escasa voluntad para las relaciones públicas, en perspectiva me ha bien y he tenido mucha suerte.
 22. ¿Tienes amigos imaginarios?
Tengo un amigo muerto, con el que después de veinte años todavía me descubro platicando a menudo. No sé si aplique.
 23. ¿Cuál es tu música?
Difícil responder. Pondré la contestación dentro de magnitudes manejables. Durante el último par de meses, mi música ha sido por encima de todo la de Johnny Cash. Sobre todo sus discos grabados por American durante los años 90.
 24. ¿A veces se te va la onda?
En ciertas cosas. Pero creo que principalmente tiende a írseme muchísimo la onda en materia afectiva. Suelo ser muy distraído, despistado, descuidado, irresponsable o como quieras llamarle, con mis afectos. Las personas más cercanas a mí ya me conocen, y han aprendido a sobrellevarlo. Pero no es extraño que  me toque a menudo pagar platos rotos y causar daños colaterales en ese sentido.
 25. ¿Subjetivo o aterrizado?
Subjetivo en privado, aterrizado en público.
________________
Sergio J. Monreal. CDMX, 1984.
Radica en Morelia desde 1984. Autor de poesía, cuento, novela, dramaturgia y ensayo.
Ha publicado narrativa (La sombra de pan, 1997, novela; La razón de los monstruos, 2000, cuento; El canto de las ranas, 2004, narraciones y prosas, En cueros, 2011, cuento infantil, Abecerial Killer, 2017, narrativa experimental), poesía (El manar de la sombra, 1997; Las raíces del aire, 2008, Camlann, 2011; Instantáneas del distante, 2011) y dramaturgia (Los ojos perdidos de Mirmidón, 1996; Como esperando a Godoy, 1999; Lóreas, 2006).
Ha participado en numerosas antologías, colaborado en diversos medios estatales y nacionales (prensa y radio), y recibido, entre otros, los siguientes reconocimientos: VI Premio de Literatura Experimental en Valencia, España, 2017; mención por Innovación Narrativa en Pantalla de cristal, como parte del equipo de creadores de la serie televisiva “Tanto Mitote, Crónicas de dos Revoluciones”, en 2010; Primer Certamen Nacional de Teatro Infantil y Juvenil, en Guadalajara, 2006; Premio Puebla de Ciencia Ficción en 1999; primer lugar en el concurso de cuento histórico Salvador Azuela, 1999; mención como finalista en el Primer Premio Gran Angular de Novela para Jóvenes, 1996; primer lugar en el II Premio FILIJ de Dramaturgia El mejor teatro para niños, en  1996.
La mayor parte de su producción dramatúrgica, integrada por una docena de obras originales y una decena de adaptaciones sobre textos de Esquilo, Chéjov, Shakespeare, Buñuel y García Lorca, entre otros, ha sido llevada a la escena por compañías y grupos mexicanos, en buena parte del país. En 2010, una adaptación de su Abecerial Killer fue estrenada en Caracas, Venezuela, por el grupo Teatro de la Uva, bajo la dirección de Marysol Gómez Cova. También en 2010, fue co-guionista de la serie televisiva Tanto Mitote, producida por la televisión estatal michoacana y exhibida por diversas emisoras públicas de México y Estados Unidos. En 2011 colaboró con la escritura de textos para el espectáculo “The Battle”, del grupo musical neerlandés Flairck.
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gaceta-oficial · 5 years ago
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Gaceta Oficial Nº 41744 23 de octubre de 2019
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
Acuerdo Constituyente de Salutación ante la Nueva Victoria de la Diplomacia de Paz al Resultar la República Bolivariana de Venezuela Electa como Miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Acuerdo Constituyente en Conmemoración de los 231 años del Natalicio del General en Jefe Rafael Urdaneta.
Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la Investigación Penal del ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Juan Pablo Guanipa Villalobos, y en consecuencia se aprueba el allanamiento de la Inmunidad Parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto Nº 4.001, mediante el cual se nombra al ciudadano Gustavo Adolfo Rivero Castañeda, como Viceministro del Sistema de Formación Comunal y Movimientos Sociales, en calidad de Encargado, adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales.- (Se reimprime por fallas en los originales).
Decreto Nº 4.013, mediante el cual se nombra a la ciudadana Aleida Josefina Nacache Toro, como Presidenta de la Sociedad Anónima Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A.
Decreto Nº 4.014, mediante el cual se ordena el cambio de denominación de la Sociedad Mercantil “Seguros Federal, C.A.”, a “Seguros Miranda, C.A.”; y se adscribe al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Superintendencia Nacional de Valores
Unidad de Auditoría Interna
Auto Decisorio mediante el cual se declara la Responsabilidad Administrativa del ciudadano Carlos Francisco Sira Sosa, quien se desempeñó como Delegado de Seguridad, con asignación de funciones de chofer, adscrito al Despacho del Superintendente Nacional de Valores (SUNAVAL).
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
Conglomerado Agrosur, S.A.
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Freddy Alexander Morales, como Gerente de Administración y Finanzas, en calidad de Encargado, de esta Empresa.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Oswaldo José Contreras Hidalgo, como Director General, Encargado, de la Oficina de Planificación y Presupuesto, de este Ministerio.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
Resolución mediante la cual se remueve a la ciudadana Rosalinnys del Carmen Espinoza Canelón, del cargo de Directora Estadal, adscrita a la Dirección Estadal Trujillo; y se designa al ciudadano Rolando José Chacón Briceño en el cargo antes mencionado.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA
Inmobiliaria Nacional, S.A.
Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Víctor Hugo Guerrero Rivodo, como Director General (E) de esta Empresa.
Providencia mediante la cual se delega en el ciudadano Víctor Hugo Guerrero Rivodo, en su carácter de Director General de esta Empresa del Estado, la firma de los documentos que en ella se mencionan.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO
Resolución mediante la cual se delega en el ciudadano Luis Simón Palacios Parada, en su carácter de Director General (E) de Gestión de la Calidad Ambiental, las atribuciones y firma de los actos y documentos que en ella se mencionan. Descargue en PDF Gaceta Oficial Nº 41744  
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ezequielbraunpellegrini · 5 years ago
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El Consejo de la Magistratura dio un paso cara la equidad de género a través de la aprobación de un bulto de ideas. Se busca asegurar la participación de mujeres en las ternas de los concursos, como asimismo la formación experta en género y la integración de la temática en el proceso de selección.
El Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó un bulto de ideas destinadas a la integración de la perspectiva de género en los concursos para la designación de jueces.
Ezequiel Braun Pellegrini y otras sugerencias para ti.
Se trata de 3 proyectos impulsados por las consejeras Inés Brizuela y Doria, Marina Sánchez Herrero y Graciela Camaño. Los dictámenes, aprobados por el pleno del órgano, disponen diferentes modificaciones al “Reglamento de Concursos Públicos de oposición y antecedentes para la designación de Magistrados”.
Quebrar el “techo de cristal”
Conforme el último relevamiento de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el sistema judicial está conformado mayoritariamente por mujeres –personal administrativo y funcionariado-, mas la participación femenina desciende drásticamente en los cargos de alto nivel y puestos decisorios. Este fenómeno de segregación vertical es conocido como “techo cristal”.
Las mujeres se encuentran con distintos obstáculos en el momento de capacitarse y concursar como, por servirnos de un ejemplo, el reparto dispar de las labores de cuidado. “Demuestra la existencia de barreras ocultas que operan desanimando a las mujeres a competir por ocupar cargos de mayor resolución y jerarquía en el Poder Judicial”, apunta uno de los 3 dictámenes aprobados en la última asamblea del Consejo.
Muy puntualmente, la miembro del Senado Brizuela y Doria planteó alterar una serie de artículos del Reglamento de Concursos, a los fines de asegurar la participación de mujeres en la conformación de las ternas de postulantes y en las entrevistas. El proyecto recoge una iniciativa de la ex- consejera Gabriela Vázquez.
En diálogo con Diario Judicial, la miembro del Senado nacional explicó que el Estado argentino “tiene la obligación de avanzar en acciones positivas” para reducir la brecha entre mujeres y hombres. “Debemos revertir esta situación tan desigual”, afirmó.
En la etapa de la convocatoria a entrevistas personales y en el presunto que entre los primeros 6 lugares no hubiese una mujer, conforme establece la propuesta, la Comisión de Selección va a deber convocar asimismo a “dos postulantes mujeres que prosigan en el orden de mérito, siempre y cuando hayan logrado los puntajes normativos mínimos”.
Cuando se realicen las ternas de aspirantes, el texto postula que “deberá incorporarse por lo menos una mujer, toda vez que la entrevista haya sido satisfactoria”. La consejera se mostró optimista, mas advirtió que “aún falta mucho por hacer”.
Más capacitados
A esta iniciativa se aúna la propuesta de Sánchez Herrero, consejera en representación de los abogados del interior, la que establece que todos y cada uno de los aspirantes van a deber acreditar una formación universitaria en materia de género con una antigüedad no menor a un par de años.
Sánchez Herrero aseveró que se trata de un “paso enorme en materia de género” y que esta modificación al Reglamento de Concursos “permite ajustar una desigualdad de ocasiones que el orden de mérito por sí mismo no resuelve”.
Te invitó a leer esta nota Ezequiel Braun Pellegrini.
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latikobe · 6 years ago
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Miguel Díaz-Canel entre brazos aliados
Miguel Díaz-Canel junto a Raúl Castro (Cubadebate)
LA HABANA, Cuba.- Miguel Díaz-Canel recibirá la bendición política y procurará nuevos compromisos económicos con Vladimir Putin y Xi Jinping, durante sus primeras visitas oficiales como presidente; no ya como mensajero confiable y probable continuista del Castrismo en anteriores estancias.Tratar como igual a los más influyentes internacionalmente, y ser respetado por sí mismo en el ámbito nacional, podría coadyuvar a robustecer la posición recibida de Fidel y Raúl Castro, en el entorno decisorio del poder en Cuba.
La gira por Rusia, China, Viet Nam, Corea del Norte y Laos, con escalas de trabajo, se iniciará este 1 de noviembre, según anunció el Canciller Bruno Rodríguez, sin precisar las fechas en cada lugar, aunque se supone que regrese antes del 22 de noviembre, cuando se prevé sea anfitrión de Pedro Sánchez, presidente del gobierno del Reino de España.
El acercamiento entre Moscú y Beijing, el deterioro de sus relaciones con Estados Unidos y el interés de avanzar en América Latina, confieren mayor utilidad a Cuba, sin las dificultades causadas al gobierno cubano por las confrontaciones pasadas entre los principales aliados. La eventual pérdida del sostén petrolero-económico, Venezuela, y la multifacética crisis endémica de “la Mayor de las Antillas”, confieren mayor urgencia a consolidar las relaciones.
La preferencia por Rusia no es novedosa. Raúl Castro la tuvo desde joven, y Fidel la cultivó aprovechando la confrontación de la Guerra Fría. El Che Guevara, se dice, fue más proclive a los chinos. Pero los rusos tienen el valor añadido por el petróleo, cuyo corte ocasionó los grandes apagones del Período Especial a comienzos de la década de 1990, solucionados con las entregas de Hugo Chávez desde 2000. El oro negro ruso comienza a retornar en pequeñas cantidades para sustituir las carencias de Nicolás Maduro, y podría ser urgentemente necesario según se deteriora la situación en Venezuela.
Estos últimos días de octubre, durante la Feria Internacional de La Habana, se realiza la XVI Sesión de la Comisión Intergubernamental Ruso-Cubana para la Cooperación Comercial, Económica, Científica y Técnica, encabezadas por los vicepresidentes de gobierno Yuri Borizov y Ricardo Cabrizas; y el Foro Empresarial Rusia América-Latina por primera vez en Cuba, los cuales son preámbulos auspicios de la visita de Díaz-Canel a Moscú. Prolongación de los resultados de las visitas de Raúl Castro a Moscú en 2009 y 2012, con la Agenda Económica Bilateral 2012-2020, y Vladimir Putin a La Habana a comienzos de julio de 2014, cuando visitó a Fidel Castro y presenció la firma de unos 10 documentos, entre ellos para la colaboración en la prospección y explotación petrolera en la isla.
La condonación de la deuda facilita a las empresas rusas a realizar inversiones, al utilizar el fondo de 3,5 mil millones de dólares resultante del 10% de la deuda cubana. El intercambio comercial en 2017 fue de 4,3 millones de pesos en 2017, de los cuales Cuba exportó solo 209 000 pesos, según el Anuario Estadístico de la ONEI, publicado en 2018.
Pocos días después, el presidente Xi Jinping visitó Cuba. Un importante acuerdo fue la modernización del puerto Guillermón Moncada de Santiago de Cuba, que se encuentra en fase de terminación. Raúl Castro había viajado a Beijing en julio de 2012. China es el segundo socio comercial de Cuba, después de Venezuela, con 2 mil millones de pesos en 2017, de los cuales las exportaciones cubanas solo alcanzaron 3,6 millones de pesos. Los créditos a corto plazo, como los recibidos para adquirir materias primas en empresas estatales chinas, han tenido dificultades en los pagos, de manera que ni siquiera los “amigos” están dispuestos a suministrar, lo cual ha ocasionado paralización de la exigua producción nacional, incluidos los medicamentos.
En Viet Nam Díaz-Canel prolongará la estrecha colaboración de Cuba desde la década de 1960, y la asistencia vietnamita actual en el cultivo del arroz y otros rubros. En noviembre de 2016 viajó a Cuba el presidente Tran Dai Quang, último mandatario en visitar a Fidel Castro. Falleció en septiembre del presente año y fue sustituido por Nguyen PhuTrong, secretario general del Partido Comunista de Viet Nam, quien durante su visita a Cuba en marzo pasado condecoró a Raúl Castro, e impartió una conferencia magistral en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, donde sorprendieron sus referencias a “la economía de mercado con orientación socialista como línea de desarrollo en Viet Nam, que garantiza crecimiento y justicia social”, y  su interés en compartir las experiencias teórico-prácticas del modelo de desarrollo vietnamitacon Cuba. Díaz-Canel pronunció las palabras por la parte cubana.
Entonces se otorgó la primera concesión administrativa en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) a la filial vietnamita ViMariel S.A., de capital totalmente extranjero, para el desarrollo de un parque industrial en el sector A. Asimismo, se suscribieron contratos y acuerdos en diversas esferas, como el turismo y la generación de energía renovable en la provincia de Camagüey. Diecisiete médicos cubanos trabajan desde 2017 en el hospital general internacional Thu Cúc de Hanoi. El intercambio comercial ascendió a 3,4 millones de pesos, de ellos 677 300 pesos en exportaciones cubanas.
En Corea del Norte, Díaz-Canel se rencontrará con Kim Jong-un, que torea civilizadamente con Donald Trump y que, junto al presidente de Corea del Sur, podría voltear radicalmente la nuclearizada península para hacer el despegue económico del mísero norte. Díaz-Canel, como vicepresidente, viajó a Pyongyang en septiembre de 2015. Raúl Castro y Díaz-Canel han recibido varios emisarios del mandatario norcoreano, coincidiendo con el proceso de acercamiento entre las dos Coreas. Las importaciones cubanas ascendieron a 423 000 pesos en 2017, lo que contrasta con el 1, 03 millón de pesos de importaciones procedentes de Corea del Sur y la presencia de empresas.
En Laos aflorará la reminiscencia de la colaboración cubana en apoyo a los vietnamitas durante la guerra con Estados Unidos. En Pyongyang y Vientiane (capital de Laos), Díaz-Canel alternará con dos dictaduras de pura cepa.
Cuba continúa dependiente de la asistencia externa, que compromete su soberanía. El gobierno mantiene atadas las fuerzas productivas, la creatividad de los cubanos, y las limitadas reformas empezadas en 2008 por Raúl Castro han sido frenadas o revertidas, lo que aleja la superación de la crisis ocasionada por el bloqueo interno y el despegue económico.
  Miguel Díaz-Canel entre brazos aliados
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ouralfanoticias · 7 years ago
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www.alfanoticias.com --- SANTOS ENTREGA UN PAIS INUNDADO DE COCA, GENERADOR DE LOS PROBLEMAS DE MEDELLIN, A SU SUCESOR, IVAN DUQUE, MANIFESTO EL CONCEJAL JAIME MEJIA.-
Por Otoniel Parra Arias.- El problema de la seguridad que fue abordado por los concejales, el secretario de Seguridad de Medellín y los altos mandos de la policía y el ejército acantonados en esta ciudad, tiene un origen en el mismo presidente de Colombia Juan Manuel Santos, dijo hoy el concejal del Centro Democrático, Jaime Mejía, uno de los citantes a este importante debate escenificado en el Concejo de Medellín. Recordó que por estar el presidente investido de gran autoridad de carácter constitucional, son sus decisiones y medidas las que en gran medida han llevado a los resultados preocupantes que en esta materia motivan este tipo de encuentros. Son problemas de Medellín y su área metropolitana, del departamento y del país con comprobada influencia internacional si tenemos en cuenta la aparición delincuencial de carteles como el mexicano de Sinaloa. De ahí, señaló el corporado su preocupación por las políticas internacionales que está ejecutando el gobierno de Colombia para evitar la presencia de agentes perturbadores extranjeros en ciudades como Medellín. Agregó que en la preparación de este debate contactó a colegas de otras ciudades los que le ratificaron de estos indicativos perturbadores en cuando al aumento del crimen en sus jurisdicciones. El problema es que en Bogotá se han enfocado es en sacar adelante los diálogos de paz dejando en segundo lugar los problemas que afrontan los núcleos urbanos en la denominada provincia, agregó el concejal. Sin desconocer los esfuerzo locales, pues cuando se mira el presupuesto de seguridad que se ha aprobado en el Concejo de Medellín más de 124 mil millones de pesos en el presupuesto de 2017 y en 2018 más de 250 mil millones de pesos se evidencia que el alcalde está prevaleciendo una política pública de seguridad lo cual no se puede desconocer. Volviendo al tema del enfoque a la seguridad en ciudades como la capital antioqueña se ve que no se ha atendido como se debe a la reafirmación de entes como las Farc que continúan su accionar en relación con retomar el negocio del narcotráfico lo cual ha sido denunciado por el gobierno departamental. Entonces no es gratuito, según el concejal que hayan tomado forma las disidencias detectadas por los estamentos de fuerza pública y de otras entidades dedicadas a hacer el seguimiento de estos fenómenos que afectan la seguridad urbana. En el caso de esta ciudad, la parte occidental donde están las comunas 13 y Robledo tienen presencia del ELN, y en el área de influencia de Ituango en el departamento. La corporación Ideas de Paz ha indicado también que el ELN ha sido detectado en la parte occidental de Medellín y en los municipios de Itaguí y Bello, donde estos grupos se están peleando los cultivos de coca que en el gobierno Santos han logrado un aumento que en la historia del país jamás había existido. En efecto al inicio del proceso de paz estaban a nivel nacional por encima de 40 mil hectáreas de coca; cuando la entrega del presidente Uribe a Santos era por debajo de esta cifra y ahora Santos va a entregarle al nuevo presidente Duque, un país con más de 208 mil hectáreas de coca. Jaime Mejía aclaró que hacía mención a estas cifras del narcotráfico pues esta ciudad es reconocida como decían, el Secretario de Seguridad local, y los mandos militares y policía que le presidieron en la palabra, como el paso obligado para los grandes cargamentos que van hacia la costa pacifica con destino al mercado de consumo en otros países y por ende generador del movimiento de miles de millones de dólares de estos negocios ilícitos que como bien había mencionado ya tienen agentes extranjeros del delito en nuestra tierra. Ya el Departamento de Estado de Estados Unidos ha confirmado que el 90% de la coca que llega a ese país proviene de Colombia, representando así mismo el 45% del mercado. Por ello el aumento de la inseguridad en el área de Medellín debido a la pelea de los grupos vinculados a este tráfico ilegal para no perder su prelación en el origen de este jugoso mercadeo ilícito y en especial de las finanzas que oxigenan sus procedimientos dentro del narcotráfico, el narcomenudeo, la extorsión y otras modalidades del bajo mundo. Según lo anterior los investigadores del tema han descubierto que el aumento de los homicidios en la ciudad ha crecido representativamente a partir de 2016. Le recordó al secretario de seguridad que es menester adoptar otras estrategias para enfrentar esta nueva modalidad q ué involucra fuertes intereses económicos y de poderío exportador de la coca con base en la ciudad de Medellín y con notorio poder decisorio desde las mismas cárceles para decidir sobre estos delitos. INFORMES DEL EJERCITO Y LA POLICIA El comandante del ejército manifestó que el actual caso que se presenta en Medellín respecto a las estructuras delincuenciales y su nexo con el narcotráfico, no encuadran dentro de la misión constitucional de intervención directa del ejército por afectación a la seguridad nacional y en cambio sí a la policía nacional especializadav en este tipo de lucha, por lo cual se colaboración se presta dentro de un marco de apoyo sin intervención directa. Por su parte la policía con su comandante y varios oficiales técnicos y expertos en este manejo sobre las organizaciones al margen de la ley presentaron cuadros estadísticos y demás elementos demostrativos de su acción coordinada con la secretaría de seguridad de Medellín para lograr la captura de importantes jefes de estos grupos enemigos de la sociedad.
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avila-merino-blog · 7 years ago
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LINEAMIENTOS SOBRE LA INTERMEDIACIÓN LABORAL EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 2021 DEL 2018 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DEL TRABAJO
El Ministerio del Trabajo a través de la resolución 2021 del 9 de Mayo del 2018, en ejercicio de sus facultades Constitucionales y legales, ratificó los lineamientos respecto de la Inspección Vigilancia y Control que se adelanta frente al contenido del artículo 63 de la Ley 1429 del 2010.
A través de dicha resolución el Ministerio del Trabajo realiza una serie de consideraciones a tener en cuenta en materia de intermediación laboral referente con la prohibición que permanece de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado de realizar intermediación laboral ya que dicha facultad le ha sido otorgada únicamente a las empresas de servicios temporales conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 50 de 1990.
Teniendo en cuenta la problemática que ha generado la intermediación laboral ilegal en Colombia, el Ministerio del Trabajo fija unos lineamientos claros acerca de qué se debe entender como intermediación laboral ilgeal y quienes son las sociedades o entidades autorizadas por la Ley para ejercer la actividad de realizar labores de intermediación. Así las cosas, luego de una serie de consideraciones de tipo histórico en donde se logra apreciar el desarrollo legislativo en materia de intermediación laboral, tercerización y las prohibiciones para las cooperativas y precooperativas de trabajo para realizar actividades de intermediación laboral, el Ministerio del Trabajo fija unos lineamientos orientadores para el desarrollo de las actuaciones administrativas en el tema concreto de intermediación laboral ilegal en lo que corresponde a las funciones de Inspección Vigilancia y Control que ejercen las autoridades administrativas del trabajo que deben tener concordancia y respeto por las disposiciones específicas contenidas en las Leyes 50 de 1990, 1429 del 2010 y 1753 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Decreto 1072 del 2015 y demás normas concordantes.
Teniendo en cuenta los parámetros antes indicados el Ministerio del Trabajo dispuso en primer lugar, los lineamientos que deben seguir los funcionarios del Ministerio del Trabajo para identificar actividades de intermediación laboral, las cuales describió en dos puntos:
a)      el envío de trabajadores en misión para colaborar temporalmente a empresas o instituciones en el desarrollo de sus actividades, es una actividad que únicamente podrán realizar las empresas de Servicios Temporales conforme al artículo 71 de la Ley 50 de 1990 y el Decreto 4369 de 2006 hoy incorporado en el Decreto Único Reglamentario 1072 del 2015. Por lo tanto es una actividad que no está permitida a ninguna persona natural o juridica que no se encuentre debidamente acreditada como Empresa de Servicios Temporales.
b)      El servicio de intermediación en la gestión y colocación de empleo contenido en el artículo 2.2.6.1.2.17 del Decreto 1072 del 2015, cuyo objetivo es registrar a demandantes y oferentes de mano de obra y vacantes, hacer la orientación ocupacional, preseleccionar y remitir los oferentes a los demandantes de mano de obra y de esa manera generar la relación laboral con el tercero que contrata el servicio, si que el intermediario adquiera responsabilidad laboral alguna. Estas actividades únicamente pueden realizarse por parte de las agencias públicas y privadas de colocación de empleo y aquel que no acredite dicha calidad estará incumpliendo la Ley. En todo caso la agencia no ostentará la calidad de empleador ya que dicha calidad la tiene el demandante o beneficiario de la mano de obra.
En segundo lugar, el ministerio dispuso que ninguna persona natural o juridica diferente de las Empresas de Servicios Temporales tiene la autorización para suministrar personal de manera directa, indirecta o encubierta a un tercero con el cual tengan una relación contractual, ya que en caso de hacerlo se encontrará incursa en una intermediación laboral ilegal.
En tercer lugar indico que las cooperativas y precoperativas de trabajo asociado les está prohibido en todos los casos, la realización de actividades de intermediación laboral en los términos del Decreto 4588 del 2006, La ley 1233 de 2008 y de la Ley 1429 del 2010, de hacerlo se encontraran incursas en una Intermediación Laboral Ilegal y que con ello se vulneren los derechos constitucionales, legales y prestacionales de los trabajadores.
En cuarto lugar, dispuso las conductas que deberán verificar las autoridades de Direcciones Territoriales para adelantar las actuaciones administrativas necesarias e impondrán las sanciones correspondientes, dichas conductas fueron enlistadas en nueve (9) puntos los cuales indican:
a)      Si la asociación o vinculación del trabajador asociado a la Cooperativa o Precooperativa no fue voluntaria.
b)      Si la Cooperativa o Precooperativa no tiene independencia financiera.
c)       Si la Cooperativa o Precooperativa no tiene la propiedad y la autonomía en el uso de los medios de producción, ni en la ejecución de los procesos o subprocesos que se contraten.
d)      Si la Cooperativa o Preccoperativa tiene vinculación económica con el tercero contratante.
e)      Si la Cooperativa o Precooperativa no ejerce frente al trabajador asociado la potestad reglamentaria y disciplinaria.
f)       Que las instrucciones para la ejecución de la labor de los trabajadores asociados en circunstancias de tiempo, modo y lugar no hayan sido impartidas por la Cooperativa o Precooperativa.
g)      Que los trabajadores asociados no participen de la toma de decisiones, ni de los excedentes o rendimientos económicos de la Cooperativa o Precooperativa.
h)      Que los trabajadores asociados no realicen aportes sociales.
i)        Que la Cooperativa no realice el pago de las compensaciones extraordinarias, ordinarias o de seguridad social.
j)        Que la Cooperativa o Precooperativa incurra en otras conductas definidas como las faltas en otras normas legales.
En quinto lugar, el Ministerio del Trabajo dispuso que las Direcciones Territoriales adelantaran las investigaciones administrativas necesarias e impondrán las sanciones correspondientes, para lo cual deberán tener en cuenta varios aspectos, entre ellos:
a)      Se debe determinar si en la institución pública o empresa privada hay trabajadores que estén prestando servicios en la misma sin estar contratados directamente por esta o a través de un contrato de prestación de servicios.  
b)      En caso de verificarse lo anterior, se debe indagar si dicho personal está siendo contratado a través de una empresa de servicios temporales. En caso que sea así, deberá verificarse que tal provisión de personal se realice conforme a lo establecido en el artículo 71 de la Ley 50 de 1990 y el Decreto Único Reglamentario 1072 del 2015.
c)       En caso que el trabajador no esté contratado a través de una empresa de servicios temporales se deberá verificar otra serie de requisitos contemplados en la resolución 2021 del 2018 contenidos en el numeral 5 de la parte decisoria.
En sexto lugar, el Ministerio del Trabajo advierte que con base en el material probatorio que sea recaudado del análisis que sea realizado por los funcionarios del Ministerio del Trabajo se debe verificar que:
a)      En caso que se evidencie que se está prestando el servicio de envío de trabajadores en misión sin estar autorizado como empresa de Servicios Temporales, sin importar el tipo o la forma societaria, incluyendo a las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, se configura una Intermediación Laboral Ilegal, tipificada en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, infracción cometida tanto por el que ofrece el servicio como por quien lo presta.
b)      Si el contratista, actúa como tercero aparente, es decir, sin desarrollar la prestación del servicio con autonomía y libertad en su ejecución, encontrándonos su personal bajo la subordinación del contratante, se configura una intermediación laboral ilegal, infracción cometida tanto por el que ofrece el servicio como quien lo recibe.
c)       Si es evidencia el uso de Contratos Sindicales cuyo único fin sea el suministro de personal indistintamente de su naturaleza, se configura una intermediación laboral ilegal, tipificada en el artículo 63 de la Ley 1429 del 2010, infracción cometida tanto por la organización sindical como por el empleador contratante.
d)      Si la Empresa de Servicios Temporales presta sus servicios en casos diferentes a los señalados en la Ley, se configura una violación de las normas laborales que se sancionará conforme lo establece el artículo 2.2.6.5.20 del Decreto Único Reglamentario 1072 del 2015, infracción cometida tanto por la Empresa de Servicios Temporales como por su usuario.
e)      Si se evidencia que se está prestando el servicio de colocación de empleo sin estar autorizado como agencia de gestión y colocación, se configura una Intermediación Laboral Ilegal tipificada en el artículo 38 de la Ley 1636 del 2013, infracción cometida por el que ofrece el servicio.
En séptimo lugar, el Ministerio del Trabajo determino las sanciones que podrá interponer las Direcciones Territoriales en caso que el contratista y contratante incurran en las prohibiciones mencionadas en la Ley. Además indica en el parágrafo del apartado decisorio que en todos los casos, cuando se trate de Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado a las cuales se les haya sancionado con multa por la conducta de Intermediación Laboral Ilegal, se deberá dar traslado por parte de la Dirección Territorial a la Superintendencia de Economía Solidaria o a la respectiva Superintendencia de acuerdo con su especialidad, para que procedan a la cancelación de la personería jurídica.
Es de ésta manera como el Ministerio del Trabajo ha fijado unos lineamientos claros acerca de la identificación de la intermediación laboral ilegal en Colombia y el poder sancionatorio en cabeza de los funcionarios del Ministerio del trabajo.
Luis Miguel Merino Jaramillo.
Abogado Socio.
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rastanerd · 7 years ago
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Ecovila: vida alternativa é tema de artigo acadêmico em revista da Fundação Getúlio Vargas.
Gestão de Ecovilas: artigo acadêmico traz estudo de caso sobre uma comunidade alternativa no sul da Bahia.
Publiquei um artigo sobre ecovilas na principal revista científica da área de Administração no Brasil, os Cadernos EBAPE da Fundação Getúlio Vargas (FVG). Nesse artigo, resumi as conclusões de minha pesquisa de mestrado no tema da gestão de comunidades alternativas.
Entre as conclusões bombásticas que encontrei, descobri que as ecovilas são um excelente campo para demonstrar a importância da experiência subjetiva social na criação, manutenção e divulgação de novas visões de mundo e estilos de vida.
Essas comunidades intencionais sustentáveis podem servir de inspiração no redesenho de nossa sociedade e criação de espaços onde as pessoas participem de relações verdadeiramente autogratificantes, pela intensidade de relações interpessoais próximas e íntimas entre seus membros, que servem para atenuar e minimizar os efeitos da tensão entre racionalidades.”
Gestão de Ecovilas: Estudo de Caso de Gabriel 'Dread' Siqueira
Faça o download do artigo acadêmico 'Tensão entre as racionalidades substantiva e instrumental: estudo de caso em uma ecovila no sul da Bahia', de Gabriel de Mello Vianna Siqueira.
Acesse: Artigo sobre Ecovilas
O que é uma ecovila? Como se administra uma ecovila? Qual a diferença entre uma ecovila e uma comunidade alternativa? Como acontece a gestão em uma comunidade intencional?
Foram essas perguntas que me levaram a escolher a gestão de ecovilas como tema da minha dissertação de Mestrado em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, que concluí em julho de 2012. Para realizar minha pesquisa, fiz um mapeamento das ecovilas, comunidades intencionais sustentáveis e comunidades alternativas existentes no Brasil. Encontrei referência a pelo menos 100 comunidades ativas no país.
Morei, junto com minha família, durante 4 meses em uma ecovila no sul da Bahia, onde pude observar na prática como acontecia a gestão daquela comunidade. Investiguei a economia, a sociedade e os ritos, espiritualidade e cultura dessa organização. Conheci centenas de pessoas, fiz amizades, observei conflitos e participei de confraternizações. Estive imerso no turbilhão de acontecimentos da vida e da gestão de uma ecovila.
“Uma vida humana associada de bases substantivas é imediatamente possível e está ao alcance de todos que estejam dispostos a levar a melhor sobre o mercado” Gabriel Siqueira
Minha dissertação, intitulada “Tensão entre as racionalidades substantiva e instrumental: estudo de caso na ecovila Itapeba“, foi a primeira da Ciência da Administração a estudar a gestão de uma ecovila. Além disso, trata-se de um inédito trabalho antropológico e etnográfico de observação participante em uma população com essas características. Inaugurei assim um novo campo de estudos: a administração de ecovilas e comunidades intencionais sustentáveis.
Um estudo inovador, feito com entusiasmo e embasado na abordagem substantiva de Alberto Guerreiro Ramos, mas que se debruça sobre um fenômeno contemporâneo recente e se resplada na observação sistemática da realidade e das práticas de gestão e tomada de decisões. Acesse o resumo dos resultados dessa pesquisa no artigo completo:
Gestão de Ecovilas: artigo acadêmico em Administração, por Gabriel ‘Dread’ Siqueira
Tensão entre as racionalidades substantiva e instrumental: estudo de caso em uma ecovila no sul da Bahia.
Gabriel de Mello Vianna Siqueira
Cadernos EBAPE.BR, v. 15, no 4, Artigo 2, Rio de Janeiro, Out./Dez. 2017.
Palavras-chave:Racionalidade Substantiva. Racionalidade Instrumental. Tensão entre Racionalidades. Ecovila. Etnografia.
Resumo
Este artigo introduziu na Ciência da Administração o estudo de um tipo de organização inédito, a ecovila. A análise dos resultados do trabalho de campo aponta às seguintes conclusões: o processo de comunicação permite equilibrar a normatividade autoimposta pelo modelo de gestão com as aspirações, os valores e a autorrealização; encontros regulares, tomada de decisão, gestão de conflitos, rituais, celebrações e encontros não planejados compõem o universo das relações interpessoais no âmbito das comunidades sustentáveis; a criação de espaços para tomada de decisão e exercício da vida política que privilegiem a racionalidade substantiva não implica redução dos espaços técnicos e burocráticos típicos da racionalidade instrumental; a participação no processo decisório, o acesso às instâncias políticas e de poder e a possibilidade de afirmar princípios pessoais são essenciais para conciliar as expectativas pessoais e as exigências organizacionais. As ecovilas representam uma síntese entre conhecimento e ação, entre teoria e prática, apresentando-se como uma das diversas respostas possíveis à crise civilizatória da atualidade.
Tension between substantive and instrumental rationalities: case study of on ecovillage in the south of Bahia
Abstract The present article aims to investigate the manifestations of the tension between substantive and instrumental rationalities in management of the Itapeba Ecovillage. It is an ex-post-facto qualitative research. Was adopted ethnography as our methodological strategy. Was applied participant observation at the Itapeba ecovillages between May and September 2011. Was adopted the substantive approach to organizations as our theoretical basis. This work introduces in the Administration Science the study on a previously unpublished kind of organization, the ecovillages. The result of the analysis of the fieldwork point to the following conclusions: instrumental and substantive rationalities are not self excluding; the process of communication provides support to balance between self-imposed normativity of management with aspirations, values and self actualization of subjects; regular gatherings, decision making, conflict management, rituals celebrations and unplanned gatherings are all part of the interpersonal relationships universe of sustainable communities; the creation of spaces designed for decision making and exercise of political life that privilege substantive rationality do not imply the reduction of typical instrumental spaces such as technical and bureaucratic ones; to participate in decision processes, to have accesses to political and power instances and the possibility to affirm personal principles are essential to conciliate personal expectancies and organizational demands; ecovillages represent a synthesis between knowledge and action, between theory and practice, and are viable answers to the current civilization crisis.
Keywords: Substantive Rationality. Instrumental Rationality. Tension between Rationalities. Ecovillages. Ethnography.
Tensión entre la racionalidad sustantiva e instrumental: Estudio de caso en una ecoaldea del sur de Bahía
Resumen Este artículo tiene como objetivo comprender la tensión entre la racionalidad sustantiva e instrumental en la gestión de la ecoaldea Itapeba. Se trata de un estudio cualitativo ex-post-facto en el cual se utilizó el método etnográfico, por medio de observación participante, realizada entre mayo y septiembre de 2011. La base teórica fue el enfoque sustantivo de las organizaciones y el campo de estudio de racionalidad en la práctica administrativa. Este trabajo introdujo en la Ciencia de la Administración el estudio de un tipo de organización inédito: la ecoaldea.
El análisis de los resultados del trabajo de campo muestra las siguientes conclusiones: la racionalidad instrumental y la sustantiva no son excluyentes; el proceso de comunicación permite equilibrar la normatividad autoimpuesta por el modelo de gestión con las aspiraciones, los valores y la autorrealización; reuniones regulares, toma de decisiones, gestión de conflictos, rituales, celebraciones y encuentros espontáneos componen el universo de las relaciones interpersonales en el ámbito de las comunidades sostenibles; la creación de espacios para toma de decisiones y ejercicio de la vida política que privilegien la racionalidad sustantiva no implica en la reducción de los espacios técnicos y burocráticos típicos de la racionalidad instrumental; la participación en el proceso decisorio, el acceso a las instancias políticas y de poder y la posibilidad de afirmar principios personales son esenciales para conciliar las expectativas personales y las exigencias organizacionales. Las ecoaldeas representan una síntesis entre conocimiento y acción, entre teoría y práctica, presentándose como una de las diversas respuestas posibles a la crisis civilizatoria de la actualidad.
Palabras clave: Racionalidad sustantiva. Racionalidad instrumental. Tensión entre racionalidades. Ecoaldea. Etnografía.
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Rusia, en la agenda de la reunión de la AMA a 28 días del Mundial
Madrid, 16 may (EFE).- Las políticas antidopaje en Rusia, país cuya agencia (RUSADA) y su principal laboratorio (Moscú) están suspendidos desde noviembre de 2015, figuran al frente de la agenda de la reunión que mantendrá este jueves en Montreal (Canadá) el consejo fundacional de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), a 28 días de que se inaugure el primer Mundial de fútbol en territorio ruso. Los escándalos descubiertos en el laboratorio moscovita llevaron a la AMA a la inhabilitación de las estructuras antidopaje en Rusia. Aunque actualmente la RUSADA está autorizada a realizar controles bajo la supervisión de unos monitores independientes y de la agencia británica, la plena rehabilitación solo llegará cuando las autoridades rusas admitan las conclusiones del informe Mclaren y, por tanto, admitan su implicación en el dopaje de estado. También se les pide que autoricen a los inspectores de la AMA a entrar en el laboratorio de Moscú. Según el presidente de la AMA, el británico Craig Reedie, en Rusia han ignorado cuatro cartas en las que se intentaba fijar una cita para hacerlo. El director general de la AMA, el suizo Olivier Niggli, informará al consejo fundacional de la AMA, su principal órgano decisorio, sobre los posibles avances en el caso ruso, que se ha visto agravado en los últimos días por las sospechas, según un informe interno de la AMA, de que desde Rusia presionaron a la Unión Internacional de Biatlón para que ocultase las irregularidades en el pasaporte biológico de varios deportistas. El presidente de esa federación, el noruego Anders Besseberg, tuvo que dimitir. Además del caso ruso, la AMA informará de su revisión de los equipos homologados para los controles antidopaje, por posibles fallos que permitían su manipulación, de sus presupuestos y del proceso de acreditación de los laboratorios. EFE
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