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[unpensadoranonimo]

La paradoja del Impuesto de Sucesiones: suprimirlo podría obligar a los herederos a pagar mucho más

A nadie sorprendió que en la pasada campaña electoral Pablo Casado prometiera la eliminación completa y definitiva del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La guerra contra este tributo, que paga una exigua parte de la población de ingresos muy altos, se ha convertido en una de las más visibles banderas de las tres derechas, y los argumentos son conocidos.

En coherencia con esta aspiración, Ciudadanos y el PP –últimamente con el respaldo entusiasta de Vox– han seguido una doble estrategia institucional. Por una parte, han aprobado en las Comunidades Autónomas en las que gobiernan bonificaciones que han dejado el impuesto reducido a la nada, o casi, al menos entre familiares directos. Por otro lado, han impulsado iniciativas parlamentarias para su completa y definitiva supresión en todo el Estado. El pasado mes de febrero, por ejemplo, el Grupo Popular presentó una proposición en la que se ordenaba sin más la derogación de la Ley 29/1987 que lo regula "quedando definitivamente suprimido este impuesto del ordenamiento tributario español". Sería pues el final de su historia. Sin embargo, y aunque resulte sorprendente, no necesariamente de la obligación de pagar por la riqueza recibida cuando se hereda.

Ese mismo mes, la revista Invertia informaba de que algunos asesores fiscales–Gustavo Reglero o Rubén Gimeno de REAF, entre otros– habían advertido alarmados que si se suprimía el tributo y no se tocaba la regulación del IRPF, la consecuencia paradójica podría ser que los herederos, legatarios y donatarios tuviesen que pagar mucho más.

La explicación se halla en el artículo 6.4 de la Ley de IRPF, que declara no sujetas al mismo las rentas que lo estuvieran al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Siendo así, la consecuencia lógica de la desaparición de este último tributo, salvo que por ley se previera expresamente otra cosa, sería que las ganancias gravadas por él pasaran a estarlo por el Impuesto de la Renta.

Es de esperar que el Gobierno que acabase con Sucesiones y Donaciones encontrara a expertos a los que encargar las modificaciones oportunas en la Ley de Renta para evitar este resultado. Pero el hecho de que se pudiera producir encierra una aparente paradoja cuya explicación, no muy difícil de entender, tiene su trascendencia para el debate: resulta que para evitar que se pagase a Hacienda por recibir una herencia o una donación debería optarse o bien por dejar en vigor el tributo neutralizándolo con una bonificación del 100% o, si el tributo se eliminara, incluir una excepción expresa en la Ley de Renta.

El IRPF, tanto en España como en la inmensa mayoría de países del mundo en los que existe un tributo similar, grava la totalidad de rentas percibidas por las personas durante el transcurso de un año natural. La ganancia que obtiene quien recibe una herencia, un legado o una donación no es otra cosa que una de esas rentas, y lo natural sería que se gravara por este tributo, cosa que por cierto defendieron fiscalistas de la talla de Peggy y Richard Musgrave.

Se ajusta además de forma plena a la noción de ganancia patrimonial que la Ley define como una de las cuatro fuentes de renta del impuesto (las otras son los rendimientos del trabajo, los rendimientos de actividades económicas y los de capital mobiliario e inmobiliario). Lo que ocurre cuando recibo una herencia, y esto será difícil negarlo incluso por el más apasionado adversario del Impuesto de Sucesiones, es que aumenta el valor de mi patrimonio personal.

En la mayoría de países, no obstante, se saca esta renta del IRPF y se grava en un tributo específico, entre otras razones por el carácter inusual de tales ganancias a título gratuito y para ofrecer un tratamiento más especializado a las diversas circunstancias de relación familiar, naturaleza de los bienes y derechos adquiridos o patrimonio preexistente del beneficiario. Un tratamiento menos oneroso para el contribuyente, no más, que el que recibiría de integrarse en el resto de rentas del IRPF.

Repárese en lo que sucedería si tuviésemos que tributar en IRPF cuando recibimos una herencia. En primer lugar, se habría de contribuir en toda España por igual, dado que la capacidad normativa de las Comunidades en este impuesto se limita a la fijación de tipos y deducciones de cuota en el tramo autonómico, pero no alcanza a la composición de las fuentes de renta.

En segundo lugar, dado que se trata de una ganancia no derivada de transmisión (sí lo es conceptualmente para el fallecido, para el causante de la herencia, pero su incremento patrimonial, que se suele denominar la "plusvalía del muerto", está exenta) se gravaría por los tipos más altos de la tarifa general. Y si el heredero fuese perceptor de rentas medias altas se gravaría la totalidad o casi del valor de la herencia al 45%, sin paliativos, puesto que no habría existido retención en origen. Y, por último, no habría reducciones por relación familiar ni exenciones de valor de vivienda habitual del fallecido o del negocio familiar.

Este devastador efecto para los contribuyentes sólo podría evitarse estipulando una exención específica, esto es, una excepción. Algo que por supuesto podría hacerse y que legítimamente puede defenderse. Pero entonces se haría evidente para quien quisiera verlo que los argumentos habituales en contra del Impuesto sobre Sucesiones que con tanto enardecimiento se esgrimen constituyen ni más ni menos que patrañas.

Se sigue afirmando que el Impuesto sobre Sucesiones obliga a los ciudadanos a volver a pagar, en el momento de morir, por un patrimonio ganado con duro trabajo durante toda la vida y por el que ya habían tributado. Esto es sencillamente falso. Se grava una renta obtenida por quien hereda o recibe una donación, que es quien se beneficia del aumento de su riqueza y quien de manera lógica ha de afrontar el pago.

Si se propone la eliminación de toda obligación de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos por esta riqueza, se tendrá que explicar por qué se considera justo que quien obtiene una ganancia patrimonial a título oneroso sí deba contribuir; se deberá ofrecer una razón para que quien aumenta su riqueza en más de un millón de euros por herencia no haya de dar ni un céntimo al fisco y quien gane menos de 25.000 euros al año trabajando deba ingresar más de 2.000 sólo por IRPF. Se tendrá que decir en qué interpretación no aberrante de la democracia económica es aceptable que una persona que crece en una familia sin recursos carezca de posibilidades, por altas que sean sus aptitudes, y un vago incompetente no deba aportar nada a la sociedad tras heredar un patrimonio de varios millones de euros.

Se habrá de reconocer, en suma, el abismal contraste entre el principio liberal de igualdad de oportunidades y la concentración perpetua de la riqueza del país en unas pocas familias sin el menor poro de redistribución que otorgue una oportunidad al resto.

Fuente: Ricardo Rodríguez

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Shirts and pants

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Sugar Cane 1947 501-styled straight legged jeans, 29

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Truman Boot Co work boots, 8.5 (same as model above, but plain toe)

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The Merchant Fox: All the casual jackets reviewed

[gezzasmenswear]

The Teba Template

Now that I have this, I thought I’d better figure out how to wear it. The last outfit I wore with a teba jacket, was based on an outfit worn by @cazjl so the next step for me, was to take that template and vary it a little. In my previous outfit, I was wearing the jacket, a cardigan, shirt, trousers and shell bluchers/derbies. What I’ve done here is to wear similar pieces but change things up a little - the colour of the cardigan, trousers and boots, to be specific.

The shirt is the base and is a similar colour to the other one I wore. The cardigan is burgundy which complements the jacket colour well. Similarly with the trousers, I’ve gone for blue because it’s in the same ballpark as the jacket and shirt but matches neither one of them. All in all, the combination of the colours pleases me. There’s a bit of a pattern from the jacket and the trousers (being indigo-dyed) don’t have a uniform colour as well.

Jacket - Justo Gimeno

Popover - Owen & James

Cardigan - Uniqlo

Trousers - Blue Blue Japan

Socks - Uniqlo

Boots - Alfred Sargent Cambridge

[satorialconnoisseur]

[unpensadoranonimo]

El presidente de Santander España tiene razón. Y será peor todavía

Rodrigo Echenique, presidente de Santander España, se lamentó el pasado miércoles, en presencia de Pedro Sánchez, de la situación de ventaja con que juegan las empresas tecnológicas respecto de los bancos, y solicitó al presidente en funciones una regulación que permita una competencia equilibrada. Echenique demandaba reciprocidad, ya que su firma está obligada a compartir datos, y entendía que las diferencias de trato fiscal no podían seguir manteniéndose, ya que "todas las empresas deben tributar en los territorios donde generan valor". Afirmó, además, que su entidad siempre ha creído en la competencia y que si bien las 'fin-tech' llegaron para favorecerla, la aparición de las plataformas tecnológicas ha cambiado el escenario.

Estas quejas son recurrentes en el mundo de los negocios españoles. Las ha formulado Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica, respecto de esas plataformas que ofrecen voz y mensajería, y llegó a afirmar que no tenía problema en que no estuvieran reguladas pero que, en ese caso, tampoco su empresa debería estarlo. Hace prácticamente un año y medio, el entonces presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, formuló una petición similar al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al solicitar "un marco regulatorio eficaz y justo que se adapte a la era digital para que todas las empresas puedan competir en igualdad de condiciones" y no parece que las cosas hayan cambiado desde entonces, salvo la alianza de la popular firma con Aliexpress.

En situación de ventaja

Tienen razón los directivos: las firmas tecnológicas no triunfan solo por su modelo de negocio o por su carácter innovador, sino porque las enormes inversiones que captaron (que las soportaron hasta que empezaron a generar beneficios) y su carácter global les han permitido tejer estructuras sólidas y amplias redes de influencia, y con ellas han conseguido una notable permisividad institucional, gracias a la cual operan en condiciones mucho más ventajosas que el resto de empresas tanto en el ámbito laboral como en el fiscal, en el financiero, en la relación con sus proveedores o en el administrativo.

Hasta ahora, la ortodoxia explicaba esta disparidad en el funcionamiento del mercado desde la falta de previsión y de adaptación de las viejas empresas. Así, los grandes almacenes eran lógicos perdedores frente a la agilidad y comodidad de Amazon, los taxistas llevaban todas las de perder ante nuevas aplicaciones mucho más prácticas y atentas al cliente y los establecimientos hosteleros tradicionales tendrían que ver cómo inevitablemente menguaba su cuota de mercado por la aparición de nuevas formas de alojamiento. Ha ocurrido en muchos ámbitos, y también el periodismo se ha visto sustancialmente transformado por la distribución de sus contenidos que realizan unas empresas tecnológicas que acaparan buena parte de los recursos publicitarios. Las tecnológicas han irrumpido en sectores de lo más dispar y se han convertido en mediadoras necesarias que, bajo la excusa de las enormes posibilidades de la digitalización, se han apropiado de partes sustanciales del mercado.

Los 7.000 millones de Apple

Ahora es el turno, entre otros, de los bancos, que ven una amenaza seria en las intenciones de esas compañías de penetrar en su mercado. Son empresas que cuentan con grandes ventajas, entre ellas la permisividad de las autoridades: su margen de maniobra para pagar impuestos donde deseen o para saltarse las normas nacionales es muy elevado, e iniciativas como Libra, la moneda de Facebook, ni siquiera podrían haber sido enunciadas por otras firmas. Además, cuentan con acceso fácil y barato al dinero: Apple acaba de pedir prestados 7.000 millones de dólares en lugar de recurrir a las ingentes cantidades de capital que acumula, algo habitual en la firma, porque le resulta mucho más rentable.

A ese punto de partida, que otorga grandes ventajas, se suma un aspecto crucial, el del acceso a los datos y el desarrollo de la inteligencia artificial, el terreno de juego en el que se están librando las grandes batallas. Si empresas con grandes cantidades de capital, con poderosos fondos de inversión detrás, con dimensiones globales y con desarrollos tecnológicos sofisticados pueden, por ejemplo, ofrecer préstamos personalizados a través del móvil gracias a los datos que poseen, las entidades tradicionales tendrán un serio problema. Por citar una iniciativa entre otras. Los bancos hacen bien en preocuparse, porque les puede pasar lo mismo que al taxi en un tiempo no muy lejano.

La puerta de entrada

Las tecnológicas, además, ya están aquí, ya sea mediante la prestación de servicios o a través de alianzas estratégicas. Amazon Web Services asegura que más de dos tercios de las empresas del Ibex 35 utilizan su nube, entre ellas, Telefónica y BBVA. Repsol está trabajando con Google Cloud en un proyecto de inteligencia artificial y big data, y Telefónica ha llegado a un acuerdo con Microsoft en el terreno de la IA, y se ha asociado a Amazon en un proyecto para impulsar los servicios en la nube para empresas. Hay que recordar que estas alianzas, que suenan lógicas y que parecen beneficiar a ambas partes, han sido un camino usual de entrada de las tecnológicas en otros sectores para adueñarse posteriormente de mayores partes del mercado. El pez grande no suele ser muy amigable con los de menor tamaño.

En definitiva, en este juego llamado globalización, las grandes firmas nacionales, muchas de las cuales han salido ganando hasta la fecha, están viendo cómo la situación se invierte e intuyen (con razón) que pueden resultar dañadas. En el caso de los bancos, además, la situación se complica, porque en un mundo bifurcado, el efecto Mateo funciona plenamente: como bien explica 'The Wall Street Journal', los bancos estadounidenses se han convertido en los grandes dominadores del mundo, mientras los europeos se han hecho menos rentables y más pequeños. Por decirlo de otra manera, los bancos nacionales y los continentales están empezando a sufrir la misma posición de debilidad que nos ha afectado a las poblaciones occidentales en estos años. Por algún motivo, las grandes empresas españolas pensaron que esa dinámica de los tiempos no les iba a afectar, que estarían siempre en el lado bueno. No es así, y menos en nuestro país.

Desde esta perspectiva, resultan mucho más comprensibles las demandas de competencia justa con que los directivos de las grandes firmas insisten a los gobernantes. Esta igualdad de condiciones operativas puede provocarse de dos formas: o reduciendo la capacidad de acción de las tecnológicas para que se ajusten a las mismas reglas que el resto, o ampliando el número de jugadores exentos de cumplir las normas. Esa elección tiene consecuencias políticas notables.

La primera pregunta

Antes de llegar a ellas, hay un paso que suele obviarse y que en la tesitura europea resulta crucial. Es el de quién tiene el poder para tomar esas decisiones y llevarlas a la práctica. Los gobernantes españoles cuentan con un margen estrecho, porque las acciones verdaderamente eficaces se dictan en el seno de la UE. Esta, por su parte, está atravesada por dos grandes problemas que hacen difícil una decisión coordinada, firme y efectiva, el de los diversos intereses de cada país (con Alemania como Estado dominante) y el de su decreciente influencia en un mundo reconfigurado a partir de la lucha entre el imperio hegemónico, EEUU, y el emergente, China.

En este contexto en el que el respaldo de los Estados cuenta mucho más que en la época global feliz, la presión de Trump para que las firmas estadounidenses, y entre ellas las grandes tecnológicas, tengan más recorrido y menos límites en el exterior es insistente. Al mismo tiempo, China sigue pugnando por expandirse, y no solo mediante la ruta de la seda. Un ejemplo: el miércoles pasado, el embajador asiático en Alemania, en el tiempo de la visita de Merkel a Pekín, afirmaba que, al contrario de las cifras que suelen manejarse, China ha incrementado en más de un 80% la inversión en Alemania durante el último año.

Es un ejemplo más de cómo en esa guerra comercial en la que estamos inmersos, con el 5G, los datos y la inteligencia artificial como telón de fondo, la UE se encuentra en un fuego cruzado. Dependemos demasiado de EEUU y China, y al mismo tiempo carecemos de la fuerza propia, comercial, militar y financiera como para constituir otro polo de influencia que resiste con solidez las presiones de los dos imperios. Y eso genera problemas a las empresas europeas, porque los límites que pueden establecer las autoridades nacionales y europeas a China y EEUU no son lo suficientemente fuertes. Eso no significa que España o la UE no puedan hacer nada, pero sí que su margen de acción no es muy amplio: es complicado pensar que se pueden fijar diques a esta invasión cuando Washington o Pekín pueden contraatacar comercialmente con armas muy potentes.

La pregunta crucial: qué hacer

El segundo dilema, más allá de a quién pedir ayuda, es el del contenido de la misma, qué hacer para revertir esta situación. En estos contextos, es frecuente que las élites caigan en tentaciones duras, y los últimos años apuntan en esta dirección. Cuando el capitalismo se ha concentrado en monopolios y oligopolios, ha sido usual que se refugiara en nacionalismos fuertes que defendieran el mercado interior y pugnasen por abrir al máximo los mercados exteriores. Las tecnológicas forman parte por completo de esa dinámica, y el giro geopolítico no es comprensible sin ello.

Estas tentaciones, que hoy llevan el rótulo de populistas, se han convertido en realidades en EEUU con Trump, con el Brexit en el Reino Unido y amenazan con extenderse insistentemente: esa es la apuesta de las nuevas extremas derechas, como la de Bolsonaro o la de Vox, que insisten en profundizar en el modelo neoliberal con la bandera como emblema. Su objetivo es profundizar en un modelo desregulado, en el que la falta de control actual se amplíe y se deje cada vez más mano libre a las grandes empresas. Este es el modelo político hacia el que nos dirigimos, cuya contrapartida es la de deslizarse peligrosamente hacia el capitalismo sin democracia.

La otra opción política, la de incrementar el control, regular el mercado, poner límites y realizar reformas para que la competencia sea justa, es decir, para que esas disparidades de poder dejen de causar disfunciones económicas y sociales, no es demasiado popular en el mundo de los negocios, y menos aún cuando sólo la defiende la izquierda. Como dicen los conservadores británicos en estos días, si hay que elegir entre Corbyn y el Brexit duro, bienvenida sea la dureza. La prevención ante el auge de Elizabeth Warren también ha calado en EEUU, ya que es quien ha sabido leer mejor que nadie en el ámbito político los problemas que causan las concentraciones y la financiarización en los mercados y en las sociedades y en su programa se reflejan medidas muy contundentes al respecto, y dirigidas a favorecer a los 'makers' en detrimento de los 'takers'.

Este es el momento político-económico, y se refleja también en las peticiones de los directivos nacionales. Se puede optar por un capitalismo más desregulado o por otro más controlado, pero ya no se puede seguir haciendo lo mismo: el giro geopolítico obliga al cambio. Las élites europeas no parecen muy favorables a reconducir el mercado hacia un modelo más manejable y redistributivo, y suelen apostar, como ha ocurrido históricamente, por ahondar en la desregulación. Esa visión tiene muchos costes, sociales y económicos, pero a corto plazo genera la sensación de que todo puede seguir igual. No es así, y menos si se vive en España. Tampoco las grandes empresas nacionales podrán resistir a esta tendencia, y ya hemos comenzado a ver muchas señales. Quien tenga sentido de la Historia puede imaginar dónde acaba esto políticamente.

Fuente: Esteban Hernández

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