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El agua es un derecho, sin excusas ni privatización.

Eva Marroquín Sarti

El acceso al agua y a el saneamiento es una de las mayores necesidades alrededor del mundo.  A pesar que desde el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, se instituyó como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida. "La ONU reconoce que el acceso al agua es un derecho de todo ser humano y establece que cada persona necesita un mínimo de 20 litros diarios, pero estos objetivos están muy lejos de la realidad y para alcanzarlos hay que llegar a un modelo de mercado en el que no se haga negocio de la necesidad." (ONU, 2014).

Según la ONU (2014) existen aproximadamente "884 millones de  personas carecen de acceso a agua potable y más de 2.600 millones de personas no tienen acceso a saneamiento básico. Sin mencionar que cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5 años y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento".

Las múltiples regulaciones y tratados universales indican que el tema del agua es de prioridad, y a pesar de que se establece que se reconoce la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en condiciones equitativas; esto no se practica. El agua es un como componente esencial y es responsabilidad de los Estados promover el acceso a la misma. "La Resolución 64/292  de la ONU exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos"(ONU, 2014). Estas mismas ideas se promueven en el Objetivo del Milenio 7 que perseguía "reducir a la mitad la proporción de personas que carece de un acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento” (Castro, 2006).

Pero estas propuestas sólo se quedan el papel, cuando se aprueban leyes de privatización del agua que imponen costos altísimos para mantener el servicio al agua en las comunidades.  Es prácticamente imposible que poblaciones paguen un servicio que equivale a casi un año de su salario. Las ideas de la privatización del agua han sido promovidas "desde los años 80, la imposición del modelo económico neoliberal, supuso la privatización de los bienes y servicios públicos. En el caso del agua, esta perspectiva quedó plasmada en la Declaración de Dublín sobre agua y desarrollo sostenible de 1992, donde se reconoce que el agua constituye un bien económico” (Serrano, 2012).

Las políticas de privatización tienen múltiples fallas como "la corrupción, el incumplimiento de los compromisos de ampliar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento, los notables incrementos en las tarifas y la marginación en el acceso de los sectores sociales más vulnerable" (Serrano, 2012).

En el caso de Guatemala, la Constitución Política de la República establece en su artículo 121, que el agua es un bien del Estado, el cual debe protegerla y evitar su depredación. Asimismo, en el artículo 127 indica que todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles, sobre los cuales priva el interés social. Por su parte el artículo 128 establece que su aprovechamiento debe estar al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna.

A pesar de que las regulaciones constitucionales indican que se deben aprovechar las aguas en función del interés social y que privan las necesidades de las comunidades frente a los aprovechamientos privados y le otorga a las necesidades domésticas prioridad frente a todos los demás usos del agua desde el 2005 se han promovido leyes que entregarían casi en su totalidad la disposición del agua a empresas privadas.  El conflicto se da ya que la "gobernabilidad sobre el agua es precaria, pues no se cuenta con una ley general ni con una autoridad nacional para su administración. Lo cual impide definir y asegurar derechos de aprovechamiento, entre éstos, los destinados a los servicios de agua potable" (MenschenRetch Wasser, 2005, pp. 9).

El problema está en que teóricamente la legislación del país, tratados internacionales e incluso los Objetivos del Milenio plantean el acceso al agua como un derecho que no puede ser restringido, ni censurado. Pero estos postulados no se llevan a la práctica, los costos de las tuberías, su tratamiento y las mensualidades para pagar el agua en los hogares son altísimos. Incluso en la ciudad varias familias, condominios y demás han optado por comprar sisternas o algún sistema de almacenamiento de agua que permita que el flujo de la misma sea constante.

El agua es poca y está mal distribuida. Desde los inicios de los tiempos las comunidades del país han obtenido agua de los ríos, lagos y de los pozos comunales que construyen. Pero ahora un día amanecen con agua suficiente y al día siguiente miles de tuberías, de facturas, de legislaciones contaminan o restringen su acceso y uso del agua. ¿Cómo pretender que las personas no protesten?

Las comunidades del interior están en todo su derecho de demostrar su inconformidad, de exigir un acceso igualitario de este bien. Y de pedir que sus costos sean relativos a los ingresos de las comunidades. La solución está en reconocer formalmente como un derecho humano al agua y expresar la voluntad de dar contenido y hacer efectivo dicho derecho asimismo tomar acciones para que esto se cumpla, no sólo en papel sino que en el día a día.

Todos tenemos derecho al agua, sin excusas ni privatización.

Bibliografía:

ONU (2014).  El Derecho humano al agua y al saneamiento. Visitado el 17 de junio de 2014 http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

Frente Popular (2008). Contra la Privatización del Agua en Guatemala. Visitado el 17 de junio de 2014 http://frentepopularsds.blogspot.com/2008/10/contra-la-privatizacin-del-agua-en.html

Castro, G. (2006). El andiamaje para la privatización del agua. Visitado el 19 de de junio de 2014. http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Agua/El_andamiaje_para_la_privatizacion_del_agua

Serrano, L. (2012). El bien común, el derecho humano al agua y las políticas de privatización. Visitado el 19 de junio de 2014.  http://www.ecologistasenaccion.org/article22493.html

MenschenRetch Wasser (2005). Resumen del estudio sobrela privatización del agua enLatin America Visitado el 19 de junio de 2014. http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd59/resumen.pdf