#Sistema Interamericano de Derechos Humanos

[elchaqueno]

Rechazan proyecto de ley que otorgaría "suprapoder" a Procuraduría en casos de derechos humanos

El proyecto de “Ley 335 de Acción de repetición emergente del pago de la reparación patrimonial de daños y perjuicios en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” fue rechazado por un diputado de Comunidad Ciudadana (CC) y un legislador “evista”. Ambos afirman que el Gobierno busca darle a la Procuraduría General del Estado facultades de un fiscal en procesos civiles, lo que les…

[juanjoseojedadiaz]

Abogado Acosta Pérez denuncia el uso de la soberanía para justificar abusos

Alertan sobre el mal uso de la autodeterminación de los pueblos en Venezuela

Buenos Aires, Argentina 23/09/24. (PS).- Jorge Acosta Pérez, abogado venezolano radicado en Argentina desde hace seis años, expresó su preocupación en un artículo publicado en su cuenta de LinkedIn el pasado 18 de septiembre, donde advirtió sobre el uso del principio de autodeterminación de los pueblos como escudo para evitar la rendición de cuentas ante acusaciones de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

En su análisis, Acosta Pérez subrayó que la autodeterminación de los pueblos es un principio clave del derecho internacional, diseñado para proteger la soberanía de las naciones frente a interferencias externas. Sin embargo, advirtió que este derecho no podía ser invocado para justificar la impunidad ante violaciones graves de los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias, documentadas por organismos internacionales.

El abogado resaltó que, desde la salida de Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos en 2017, el gobierno había utilizado el argumento de la soberanía para ignorar las resoluciones y medidas cautelares emitidas por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “El gobierno de Maduro defendió su posición alegando que cualquier señalamiento o intervención externa constituía una violación de la autodeterminación y la soberanía nacional”.

Acosta Pérez también indicó que el derecho internacional, mediante el concepto de ius cogens (normas imperativas), establecía que los crímenes de lesa humanidad no podían ser excusados bajo ninguna justificación de soberanía.

“Las violaciones sistemáticas de derechos humanos, como las señaladas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), eran de interés y preocupación universal”, destacó.

El jurista enfatizó que el respeto a la autodeterminación no podía convertirse en un mecanismo de impunidad ante los crímenes de lesa humanidad. El abogado insistió en que Venezuela debía rendir cuentas ante la comunidad internacional y que el principio de soberanía no podía ser utilizado como excusa para ignorar las normas del derecho internacional humanitario.

"La comunidad internacional debe continuar impulsando mecanismos de rendición de cuentas y garantizar que los derechos humanos sean protegidos, sin importar las fronteras", concluyó.

Articulo en Lonkedin: https://www.linkedin.com/posts/jorge-acosta-perez-72817419_la-autodeterminaci%C3%B3n-de-los-pueblos-como-activity-7242155187832836097-4_pQ?utm_source=share&utm_medium=member_ios

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

X (antes Twitter): @juanjoseojeda

Instagram: @juanjoseojedadiaz

[acapulcopress]

Reforma Judicial, un ‘manual de abuso del constitucionalismo’ | CIDH

CIUDAD DE MÉXICO  * 12 de noviembre, 2024 ) Efe La Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) expresó este martes su profunda preocupación por la polémica reforma judicial que establece la elección popular de jueces, y afirmó que “monitoreará” su implementación para vigilar que se respete la independencia del Poder Judicial. “Tender a la democratización de la justicia no puede ir en contra de otro principio básico del sistema interamericano que es el de la independencia judicial”, advirtió durante la audiencia Andrea Pochak, relatora del organismo para México. La audiencia se celebró en Washington tras la queja interpuesta ante la CIDH por parte de jueces y trabajadores del Poder Judicial en contra de la reforma promulgada el 15 de septiembre por Andrés Manuel López Obrador y que cuenta con el respaldo de la nueva mandataria Claudia Sheinbaum. El Gobierno sostiene que los ciudadanos deben poder elegir a los jueces y defiende la constitucionalidad de la reforma, dado que fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso. Pero el personal judicial denuncia la intromisión del Ejecutivo en la justicia, pues asegura que el oficialismo impulsará a sus candidatos para las elecciones de jueces que comenzarán en 2025. “La Comisión está evidentemente muy preocupada por esta situación, por esta reforma judicial”, expresó Pochak tras escuchar las versiones tanto de los demandantes como del Gobierno. Respeto a la meritocracia de los jueces La relatora señaló que cualquier reforma destinada a democratizar el sistema judicial debe respetar “principios básicos” como la meritocracia de los jueces y evitar la injerencia de otros poderes. Advirtió además que reformas similares en otros países han demostrado que hay “riesgos” de una “mayor deslegitimidad del sistema judicial” debido a las elecciones de jueces. Pochak dijo que la CIDH seguirá “monitoreando” la implementación de la reforma, a la vez que se comprometió a mantener un “diálogo permanente con el Estado” porque México siempre ha sido “muy respetuoso” con el sistema interamericano de derechos humanos. Mucho más crítico, el comisionado Carlos Bernal opinó que la reforma judicial es “un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo” porque el Gobierno está “intentando desmontar los contrapesos y controles al Ejecutivo”. “Un Gobierno que arrasa en las urnas a la presidencia de la República y arrasa en las urnas para todos los cargo de elección popular ¿no es sospechoso de que quiera también la elección popular de los jueces?”, preguntó. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó en su rueda de prensa matutina de este jueves a la CIDH por acoger esta audiencia y defendió que “México es un país libre, soberano e independiente y el pueblo de México decide, de acuerdo a la Constitución, cuáles son las reformas constitucionales”. “Llama la atención, desde mi punto de vista, la rapidez. Hay casos que van a la Comisión Interamericana que tardan años para poderse atender y ahora esta reforma al Poder Judicial no tardó ni semanas. ¡Cuánto interés!”, expresó. ) www.acapulcopress.com Read the full article

[enterateconlesly]

Intervenciòn del Embajador Jose Luis Sardón sobre el aniversario de la Convención Americana de Derechos Humanos

ECL.- Con Ocasiòn de la conmemoración del aniversario de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Embajador José Luis Sardón, Representante Permanente del Perú ante la OEA sostuvo que debemos comprometernos a evaluar estas reglas en el ánimo de que los órganos del SIDH puedan cumplir mejor el noble objetivo de defender debidamente los…

[recortes-para-pp]

"La situación de Venezuela en el SIDH, a partir de 2019, fue sin embargo particular. En efecto, Venezuela actuó como parte de la Carta de la OEA, incluso, ante la CIDH, a través de la representación designada por la Asamblea Nacional. Pero la Corte IDH no tomó en cuenta el depósito del instrumento de ratificación realizado el 31 de julio de 2019".

La situación de Venezuela ante el sistema interamericano de derechos humanos.

[reglamentoescrituras]

Resumen: El trabajo propone un análisis comparativo de la regulación

y acceso al aborto entre el Sistema Europeo y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sostiene que el acceso a la interrupción

del embarazo no responde a un criterio uniforme, más bien depende

del caso. Incluso el sistema europeo que se expide con certeza en

relación a necesidad de efectividad en el caso de aborto legal, utiliza

similares argumentos que se basan en interpretaciones de artículos de

la Convención para luego rechazar el amparo por no estar el caso dentro

de la legislación interna. En cuanto al sistema interamericano, lo que

prevalece es la indeterminación de criterios. No obstante, el fallo Artavia

Murillo podría dar lugar a una mayor protección a las mujeres en cuanto

a sus derechos reproductivos.

[realidadpe]

Congreso: Comisión de RR.EE. inicia debate para retiro de Convención de DD.HH.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso inició hoy el debate sobre los proyectos de ley que plantean el retiro del Perú de la Convención de San José con la opinión de tres especialistas en Derecho Constitucional, quienes coincidieron en señalar que, en los últimos años, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se encuentra ideologizado. Bajo la presidencia del congresista…

[estudioabogacia]

Desafíos de legitimidad del sistema interamericano de Derechos Humanos

Te invitamos a revivir el Observatorio Internacional sobre los Derechos Fundamentales a la Luz del Personalismo Solidario bajo el título de: TRES DESAFÍOS DE LEGITIMIDAD DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. EXPOSITOR: Carlos Bernal Pulido.

Por: Facultad de Derecho Universidad Austral C;anal de Youtube: https://www.youtube.com/@AustralDerecho https://youtu.be/dpUoC_VAi3M   Read the full article

[aptitudpe]

Gustavo Adrianzén: Perú no se apartará del sistema interamericano de DD. HH.

El representante permanente del Perú en la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén, afirmó que el Estado peruano es parte integrante del sistema interamericano de derechos humanos por lo que descartó su retiro. Indicó que luego de la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el Perú realizó un seguimiento en medios nacionales e…

[wregionalpe]

Gustavo Adrianzén: Perú no se apartará del sistema interamericano de DD. HH.

El representante permanente del Perú en la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén, afirmó que el Estado peruano es parte integrante del sistema interamericano de derechos humanos por lo que descartó su retiro. Indicó que luego de la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el Perú realizó un seguimiento en medios nacionales e…

[internationaltelevision]

Sociedad Civil: "vemos con preocupación riesgos que corre la libertad de expresión.

Sociedad civil, vemos con preocupación los riesgos que corre la libertad de expresión en El Salvador

Según acción ciudadana La Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado una serie de reformas al Código Procesal Penal y a la Ley de Delitos Informáticos y Conexos, con las que se modifican los parámetros para que ciertas conductas se tipifiquen como ciberdelitos, además de incluir nuevas medidas intrusivas para su investigación. Las reformas al Código Procesal Penal están pendientes de sanción presidencial. En ese sentido, señalan que Desde su rol como sociedad civil, vemos con preocupación los riesgos que corre la libertad de expresión en El Salvador, al legalizar y normalizar la vigilancia estatal y ampliar los poderes de investigación penal del ministerio público sin claras restricciones y en agravio al test tripartido de necesidad, proporcionalidad y legalidad consagrado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

[juanjoseojedadiaz]

Prociudadanos saluda la carta de los congresistas demócratas, pero hace cinco observaciones (documento)

Caracas 23/06/23. (PS).- En nombre de Prociudadanos y su coordinador nacional, Leocenis García, saludamos la carta que el congresista Jim McGovern, como líder, y otros miembros de la cámara, como Barbara Lee, Juan Vargas, Joaquín Castro, Jan Schakowsky, Verónica Escobar, Gregory Meeks, Sidney Kamager Dove, Eleonor Holmes Norton, Wilian Keating, Ted W Lieu y Henry "Hank" Johnson, han firmado sobre el tema de Venezuela.

Sobre el particular, la dirección nacional tiene varias observaciones:

1- No se puede volver al sistema interamericano de derechos humanos, como sugiere la carta y ya en el pasado ha sugerido el presidente de Colombia, Gustavo Petro, si Venezuela no resuelve su situación con el principal foro político de la región, la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. La CIDH, en conjunto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos.

2- Respaldamos la idea de hablar claramente sobre la necesidad de levantar sanciones sectoriales en el país. Sin embargo, consideramos que es importante que los congresistas señalen que las sanciones individuales a corruptos, violadores de derechos humanos y personas que socavan la democracia deben mantenerse.

3- Sería muy útil apoyar los esfuerzos de la Cumbre de Bogotá e insistir en que el Gobierno vuelva a los diálogos de México.

4- Saludamos que se sugiera la creación de un Representante Especial para Venezuela. Este puesto sería de gran ayuda, ya que actualmente la política en relación con Venezuela es algo confusa.

5- Respaldamos la apertura de la embajada en EEUU en Venezuela, tal y como sugiere la carta.

Andrés Cedeño, Jefe de Asuntos Internacionales de Prociudadanos.

Daniel Tineo, Secretario General Nacional de Prociudadanos.

Mario Chávez Cohen, Secretario Nacional de Organización.

Rafael Andrade, Jefe Político Nacional.

Shehasen Allen, Coordinadora Nacional de Mujeres.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

Twitter: @juanjoseojeda

Instagram: @juanjoseojedadiaz

[acapulcopress]

Reforma Judicial, un ‘manual de abuso del constitucionalismo’ | CIDH

CIUDAD DE MÉXICO  * 12 de noviembre, 2024 ) Efe La Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) expresó este martes su profunda preocupación por la polémica reforma judicial que establece la elección popular de jueces, y afirmó que “monitoreará” su implementación para vigilar que se respete la independencia del Poder Judicial. “Tender a la democratización de la justicia no puede ir en contra de otro principio básico del sistema interamericano que es el de la independencia judicial”, advirtió durante la audiencia Andrea Pochak, relatora del organismo para México. La audiencia se celebró en Washington tras la queja interpuesta ante la CIDH por parte de jueces y trabajadores del Poder Judicial en contra de la reforma promulgada el 15 de septiembre por Andrés Manuel López Obrador y que cuenta con el respaldo de la nueva mandataria Claudia Sheinbaum. El Gobierno sostiene que los ciudadanos deben poder elegir a los jueces y defiende la constitucionalidad de la reforma, dado que fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso. Pero el personal judicial denuncia la intromisión del Ejecutivo en la justicia, pues asegura que el oficialismo impulsará a sus candidatos para las elecciones de jueces que comenzarán en 2025. “La Comisión está evidentemente muy preocupada por esta situación, por esta reforma judicial”, expresó Pochak tras escuchar las versiones tanto de los demandantes como del Gobierno. Respeto a la meritocracia de los jueces La relatora señaló que cualquier reforma destinada a democratizar el sistema judicial debe respetar “principios básicos” como la meritocracia de los jueces y evitar la injerencia de otros poderes. Advirtió además que reformas similares en otros países han demostrado que hay “riesgos” de una “mayor deslegitimidad del sistema judicial” debido a las elecciones de jueces. Pochak dijo que la CIDH seguirá “monitoreando” la implementación de la reforma, a la vez que se comprometió a mantener un “diálogo permanente con el Estado” porque México siempre ha sido “muy respetuoso” con el sistema interamericano de derechos humanos. Mucho más crítico, el comisionado Carlos Bernal opinó que la reforma judicial es “un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo” porque el Gobierno está “intentando desmontar los contrapesos y controles al Ejecutivo”. “Un Gobierno que arrasa en las urnas a la presidencia de la República y arrasa en las urnas para todos los cargo de elección popular ¿no es sospechoso de que quiera también la elección popular de los jueces?”, preguntó. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó en su rueda de prensa matutina de este jueves a la CIDH por acoger esta audiencia y defendió que “México es un país libre, soberano e independiente y el pueblo de México decide, de acuerdo a la Constitución, cuáles son las reformas constitucionales”. “Llama la atención, desde mi punto de vista, la rapidez. Hay casos que van a la Comisión Interamericana que tardan años para poderse atender y ahora esta reforma al Poder Judicial no tardó ni semanas. ¡Cuánto interés!”, expresó. ) www.acapulcopress.com Read the full article

[enterateconlesly]

ECL. Congreso del Perú, aprobó reformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos mediante Comisión de Alto Nivel

ECl.- La Congresista de la República Martha Moyano, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso de la República sustentó el dictamen que propone crear la Comisión de Alto Nivel para la elaboración de propuestas de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lo que se pretende es articular esfuerzos y coordinar acciones concretas para la formulación de…

[realidadpe]

Gustavo Adrianzén: Perú no se apartará del sistema interamericano de DD. HH.

El representante permanente del Perú en la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén, afirmó que el Estado peruano es parte integrante del sistema interamericano de derechos humanos por lo que descartó su retiro. Indicó que luego de la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el Perú realizó un seguimiento en medios nacionales e…

[kiro-anarka]

Después de la independencia, la mayoría de países latinoamericanos iniciaron su vida republicana con gobiernos militares. Sus caudillos formaron parte esencial de la historia de la región, bien como dictadores o patrocinando gobernantes civiles, al servir de instrumento en las confrontaciones por el poder entre las elites liberales y conservadoras.

El caudillismo militar cambió con el avance del siglo XX, por una serie de factores. De modo que las intervenciones de los militares se volvieron institucionales. En países como Ecuador, con la Revolución Juliana (1925); en Chile, con el “Comité Militar” (1924); o en Brasil, con el “tenentismo” (iniciado en 1922, culminó con la Revolución de 1930 que llevó al poder a Getulio Vargas), la joven oficialidad jugó un papel fundamental para iniciar procesos históricamente destinados a superar el régimen oligárquico, que se caracterizó por la hegemonía despótica de la elite terrateniente, comercial y financiera en el poder, que impedía la modernidad capitalista. Esos militarismos tempranos fueron socialmente reformistas, nacionalistas, con orientación popular. Incluso hubo militares socialistas.

Las orientaciones institucionales cambiaron con la guerra fría. Bajo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, 1947), los militares latinoamericanos pasaron a formar parte de las estrategias de seguridad continental de los EEUU, fueron técnicamente asesorados e ideológicamente orientados en el anticomunismo, especialmente a raíz del triunfo de la Revolución Cubana (1959), cuando las fuerzas armadas de todos los países quedaron preparadas para impedir cualquier proceso parecido. De modo que durante la década de 1960 las dictaduras militares que se sucedieron en distintos países (como Argentina, 1962 y 1966; Ecuador, 1963; Brasil, 1964; Bolivia, 1966) estaban convencidas del cumplimiento de una trascendental misión anticomunista y, al mismo tiempo, desarrollista. El surgimiento de una serie de guerrillas en varios países latinoamericanos parecía justificar las posturas militares. Sin embargo, el desarrollismo, convertido en modelo económico por esas mismas dictaduras, sirvió doblemente: de un lado, para superar los vestigios del régimen oligárquico; de otro, para impulsar la definitiva consolidación del capitalismo en sus países.

El rasgo anticomunista se reprodujo, en forma brutal, una década más tarde: en Chile, con la implantación de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en Argentina, con Jorge Videla (1976-1981); Uruguay, con Juan María Bordaberry (1972-1976); Bolivia, con Hugo Banzer (1971-1978), a quienes hay que sumar Alfredo Stroessner (1954-1989) en Paraguay. Los estudios sobre la época han calificado, con exactitud, de dictaduras terroristas a las que dominaron el Cono Sur del continente, mediante la institucionalización de los asesinatos, torturas, desapariciones y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La perniciosa “Doctrina de la Seguridad Nacional” sirvió de fundamento para encontrar “enemigos internos” (siempre las izquierdas y especialmente el marxismo), lo que incapacitó a los militares para comprender las dinámicas políticas derivadas de las sociedades civiles latinoamericanas, profundamente fraccionadas por diversos intereses de clase. En consecuencia, las dictaduras terroristas inevitablemente atacaron a los sectores populares, clases medias y laborales, para consolidar una vía capitalista de exclusivo beneficio para las elites empresariales y los capitales transnacionales.

Pero hubo dos dictaduras que se colocaron lejos de esos modelos de terrorismo de Estado: una fue la “Revolución Peruana” encabezada por el general Juan Velasco Alvarado entre 1968 y 1975; y otra, el “Gobierno Revolucionario y Nacionalista de las Fuerzas Armadas” en Ecuador, presidido por el general Guillermo Rodríguez Lara, entre 1972 y 1976. La dictadura de Omar Torrijos (1968-1981) en Panamá, no tuvo los rasgos que caracterizaron a las del Perú y Ecuador, si bien impulsó parcialmente el desarrollismo y algunas políticas sociales, aunque su logro más trascendente fue el acuerdo con los EEUU para la “panameñización” del canal. Su muerte, en un raro accidente de aviación (31/julio/1981), ha sido comparada con el similar accidente aviatorio que sufriera el expresidente ecuatoriano Jaime Roldós (24/mayo/1981), lo que despertó las sospechas de que estas dos personalidades fueron víctimas del “Plan Cóndor”, orquestado por el dictador Augusto Pinochet.

El gobierno peruano se orientó por las “Bases Ideológicas” y el ecuatoriano por la “Filosofía y Plan de Acción” inspirada en los conceptos de sus vecinos. Ambos proclamaron “ni capitalismo, ni comunismo”; pero el que pasó a llamarse como “socialismo peruano” adquirió rápidamente fama internacional; y, si se lee con detenimiento, la “Filosofía…” de los militares ecuatorianos sorprende, porque, sin utilizar un lenguaje marxista, prácticamente contiene principios que habían sido reivindicados por las izquierdas. De modo que los militares de los dos países resultaron ejecutores históricos de la liquidación definitiva del régimen oligárquico tradicional, impulsaron la industrialización y afianzaron un tipo de capitalismo social, pues claramente llevaron adelante políticas que favorecieron el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la amplia población, aunque bajo un marco autoritario, jerárquico y controlador, que nunca llegó a los extremos antihumanos de las dictaduras del Cono Sur.

Los dos gobiernos fortalecieron al Estado, formularon planes de desarrollo, colocaron los sectores estratégicos en manos estatales y coincidieron en llevar una política nacionalista en materia petrolera, que despertó las reacciones de los EEUU: Perú nacionalizó al sector, claramente afectó a la International Petroleum Co. y creó PETROPERÚ; en Ecuador se revisaron contratos petroleros, concluyó la refinería, el Estado controló las exportaciones petroleras, también la mayoría accionaria del consorcio Texaco-Gulf y se creó CEPE. En los dos países, el “estatismo” requirió de numerosas entidades públicas que aumentaron la burocracia; pero también sirvieron para proveer amplios servicios públicos y para desarrollar infraestructuras que, de otro modo, no se habrían logrado. En Perú se hizo una reforma agraria que afectó a la oligarquía serrana y particularmente a la azucarera costeña; en Ecuador esa reforma ya fue iniciada por la Junta Militar de 1963-1966, pero el Nacionalismo Revolucionario todavía la planteó para suprimir los últimos vestigios del sistema hacienda (aunque suspendió la aplicación de uno de los artículos radicales de la ley). Perú fue más lejos: nacionalizó la banca, estatizó la industria pesquera, impuso el control estatal sobre la radio, la televisión y llegó a nacionalizar todos los medios de comunicación; creó el “Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social” (SINAMOS) e incluso las “comunidades industriales”, con participación de los trabajadores en la administración de las empresas. Además, estableció relaciones diplomáticas con la URSS (adquirió allí adelantadas armas de guerra), la República Popular China, Corea del Norte y los países socialistas de Europa del Este.

Resultan coincidentes las reacciones oligárquicas y de las elites empresariales contra los dos gobiernos militares, así como las sensibilidades despertadas en los EEUU que, en cambio, respaldaban abiertamente a los otros regímenes terroristas en la región. La política petrolera nacionalista de Rodríguez Lara, que había frenado la voracidad privada, fue combatida permanentemente. En los dos países no faltaron acusaciones de “comunismo” y  “estatismo”. La relativa crisis económica por el derrumbe de los precios del petróleo llegó en 1975. En agosto de ese año, un golpe de Estado colocó en el poder al general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), quien abandonó la “revolución” y se propuso erradicar a la izquierda radical que supuestamente había adquirido excesiva influencia. En Ecuador, el 1 de septiembre de ese mismo año el general Raúl González intentó un golpe de Estado, que, pese a su fracaso, fue determinante para que las fuerzas armadas decidieran el recambio a través de un “Consejo Supremo de Gobierno” (1976-1979), que dio un giro derechista, pues abandonó la filosofía nacionalista en materia petrolera, adoptó políticas represivas e inició el endeudamiento externo que repercutió gravemente sobre los gobiernos constitucionales iniciados en agosto de 1979.

La década de los setenta resultó inédita en Ecuador porque el crecimiento económico fue espectacular (las exportaciones petroleras de dos años y medio, a partir de agosto de 1972, equivalen a los ingresos del comercio externo del país durante su vida republicana) y ciertamente mejoraron las condiciones de vida y de trabajo, por el desarrollismo, el reformismo y hasta el “populismo” militar. Pero mientras el proceso peruano ha merecido múltiples libros e investigaciones, el ecuatoriano apenas ha sido estudiado. Desde luego, su “estatismo” continúa atacado por las elites económicas, que solo admiten como válido un modelo basado en el mercado y el reinado absoluto de la empresa privada que, sin embargo, como se demostró durante las décadas finales del siglo XX e inicios del XXI, así como en la actualidad, solo ha servido para liquidar capacidades estatales, perjudicar el desarrollo nacional, reconcentrar la riqueza y deteriorar la calidad de vida y de trabajo en el país.

De otra parte, el reformismo desarrollista militar en Ecuador y Perú ha dado otra lección histórica para las mismas filas militares latinoamericanas: cuando la institución se ha colocado del lado de la población y no de las elites oligárquicas y empresariales, no solo se ha logrado avances económicos y cambios sociales, sino que se ha evitado caer en los traumáticos sistemas de represión brutal, como los que caracterizaron a las dictaduras del Cono Sur, varios de cuyos responsables, aunque sea años más tarde, fueron conducidos ante cortes internacionales y a juicios por delitos de lesa humanidad.

Especial para "Informe Fracto" – México: https://bit.ly/39RaQC8