#la Reserva Natural La Parguera

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Primer proyecto administración Jenniffer González le resolverá a suegros y enmienda reglamento de La Parguera

En suspensos millones de dólares para proyectos de energía e infraestructura por orden del presidente Donald Trump.

La gobernadora envió hoy a la Legislatura su primer proyecto de administración que será enmendar el Reglamento del Plan de Manejo de La Parguera de 1995 para proveer concesiones a los precaristas del sector entre ellos, sus suegros. Todo mientras la Gobernadora pasará una semana por España con Johnny Méndez.

El Presidente de la Cámara desactivó la página de ese Cuerpo que proveía información del presupuesto y los gastos.

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Proponen medida para prohibir el voceteo en Lajas

Proponen medida para prohibir el voceteo en Lajas

LAJAS- Una legislación que busca reducir la contaminación por ruido en el área de los cayos de la reserva natural La Parguera, en Lajas fue presentada el pasado jueves 11 de marzo por el representante Joel Franqui Atiles, junto a los representantes Edgardo Feliciano Sánchez y Orlando Aponte Rosario, La medida se basa en dos estudios realizados entre 2018 y 2019 los cuales arrojaron que el nivel…

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Insólito, La Gobernadora somete proyecto de Ley para que su familia se quede con La Parguera

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La orden ejecutiva que liberó de responsabilidad a los suegros de la gobernadora no salió de la Administración Pierluisi, sino del propio equipo entrante de la nueva administración.

Antes de irse, jefa de Recursos Naturales se opuso a librar de responsabilidad los asuntos de Parguera

La aseveración que hizo el viernes el secretario designado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, de que fue la pasada administraci��n la que le dejó el borrador de su primera orden administrativa archivando casos de construcción ilegal en la Reserva Natural La Parguera, es falsa, indicaron dos fuentes a NotiCel.

Las personas especificaron que no solo es falso que la controvertible orden administrativa surgió del equipo que gerenciaba la agencia bajo el exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia, sino que de donde surgió fue del subcomité que representó a la gobernadora Jenniffer González Colón en la agencia durante el proceso de transición. Los informantes tienen conocimiento de los asuntos manejados en la secretaría del DRNA, pero pidieron no ser identificados.

La semana pasada, González Colón aseguró en comparecencias públicas que quedaría en nada y que era persecución política el caso administrativo en el DRNA en el que sus suegros enfrentaban hasta $25,000 de multa por construcción ilegal y daños ambientales en una estructura residencial en La Parguera. El jueves, anunció la designación de Quiles Pérez para dirigir la agencia y el jueves por la noche circuló copia de su primer acto oficial, la orden administrativa 2025-01, que legaliza las estructuras que ubican en terrenos de dominio público y zona marítimo terrestre de la reserva natural y que ordena el archivo de los casos relacionados al tema.

En medio de las reacciones, que incluyeron el adelanto de que Quiles Pérez podría ser citado a una sesión de interpelación en el Senado para contestar preguntas sobre la orden, el funcionario emitió su primer comunicado de prensa. Allí indicó que “la orden administrativa para establecer el cobro de derechos para el uso de terrenos y aguas de dominio público en La Parguera en el municipio de Lajas fue redactada y preparada por la administración anterior y eso quedó constatado durante el proceso de Transición”.

Esto fue directamente desmentido por las fuentes. El procesamiento de los suegros de la gobernadora, y otros tres casos similares en La Parguera, lo inició la exsecretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega. Para el periodo de transición después de las elecciones, la agencia estaba a cargo del licenciado Roberto Méndez Martínez como interino porque la secretaria estaba en licencia por maternidad. La funcionaria regresó los últimos días del año y presentó su renuncia efectiva el 31 de diciembre. En todo ese periodo, el caso administrativo se mantuvo activo, aunque dilatado por acciones legales a las que recurrieron los padres del esposo de la gobernadora.

El secretario designado del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, junto a la gobernadora Jenniffer González Colón.

Foto: Juan R. Costa / NotiCel

Fue en los días en que Rodríguez Vega regresó de maternidad que se le presentó el borrador de la orden por parte del subcomité que atendía el traspaso de poder en la agencia en representación de González Colón. Mediante correo electrónico, Rodríguez Vega la refirió al área legal con indicaciones de que no estaba de acuerdo con la misma. Luego, en un trámite que todavía no está claro, aparece firmada por el secretario designado.

El exmiembro del comité de transición entrante, Jorge Colberg Toro, dijo el viernes en el programa Jugando Pelota Dura que ese borrador no se había discutido en la vista ni documentos de transición del DRNA y consignó que no tenía conocimiento de lo que discutían los subcomités de transición en cada agencia.

La determinación radical de la orden no es solo archivar casos administrativos sobre el tema de forma general, sino que interfiere con leyes locales y federales, así como con determinaciones judiciales y acuerdos intergubernamentales que llevan décadas, al concluir directamente que las estructuras que ubican en la reserva son legales porque se les considera “enclaves de propiedad privada en zona marítimo-terrestre sobre terrenos de dominio público”.

El más reciente empuje para lograr legalizar las estructuras ocurrió en 2016 cuando la Legislatura aprobó, pero el entonces gobernador Alejandro García Padilla vetó, un proyecto a esos efectos. En esa ocasión, la secretaria del DRNA, Carmen Guerrero Pérez, se opuso tajantemente porque, entre otras cosas, creaba un precedente que podría usarse para legalizar actuaciones ilegales sobre bienes de dominio público alrededor de toda la isla. La orden 2025-01 provee un mecanismo para legalizar retroactivamente cualquier violación de ley al disponer que son los propios dueños de las estructuras los que le van a someter al DRNA una declaración jurada sobre el área que ocupan y las características que tienen para que entonces, a partir de ahí, la agencia ajuste sus récords y las fiscalice.

Las estructuras en el área están registradas e inventariadas hace décadas por el gobierno y es a raíz de esos récords que se determina si han ocurrido expansiones o construcciones ilegales, como la que se le imputaba a los suegros de la gobernadora.

En sus justificaciones, la orden administrativa calca varios de los argumentos que se proveían en la exposición de motivos del proyecto del Senado 1621 de 2016.

Fuente: NotiCel

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Primera Pregunta revela que la división legal del DRNA habría alertado a la pasada secretaria sobre la ilegalidad de la orden administrativa que permitió archivar caso de los suegros de la gobernadora.

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Puerto Rico’s chief for natural resources shelves investigation targeting governor’s in-laws

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — Puerto Rico’s new natural resources secretary has shelved an investigation into allegations of illegal construction in a protected area on the island’s southwest coast, sparking an outcry.

The administrative order, published late on Thursday, comes after Gov. Jenniffer González, who was sworn in last week, called the investigation that began under the previous administration “political persecution.”

The investigation targeted alleged violators, including González’s in-laws, who are accused of illegally cutting mangroves and expanding and remodeling a platform or dock at their home at La Parguera, which was designated a natural reserve in 1979 and is known for its bioluminescent bay.

González and her in-laws — José Vargas and Irma Llavona — have denied the accusations.

On Thursday, González named Waldemar Quiles as Puerto Rico’s new natural resources secretary. She said that the investigation was part of a “political process” that occurred last year before González’s party’s primaries, in which she beat former Gov. Pedro Pierluisi, who was seeking a second term. Pierluisi has previously denied that it was an alleged political attack.

Quiles’s first administrative order was to shelve the investigation and, among other things, legalize the presence of homes in La Parguera via a fee that owners must pay every five years.

“That is illegal,” said Pedro Saadé, a Puerto Rican attorney and expert in environmental law, who noted that there’s a required procedure to grant concessions on public domain assets.

“How are you, as your first act, going to exempt from scratch and in a broad way, a whole line of illegal uses of public domain assets?” Saadé said of the secretary’s move.

In a phone interview, he said that he worried that the order would set a precedent and roll back protections for other areas in Puerto Rico as it struggles with a growing number of illegal developments.

On Friday, the president of the Sierra Club’s Puerto Rico chapter, Hernaliz Vázquez called on officials to rescind Quiles’s nomination as natural resources secretary and criticized his order.

“This action is a direct affront against environmental protection and justice,” Vázquez said. “It is unacceptable that the secretary ... whose mission should be to safeguard our natural resources, uses his position to benefit the governor’s in-laws.”

“Retroactively legalizing constructions that have negatively impacted a protected nature reserve is not only irresponsible, it is illegal,” Vázquez added.

The first structures were built in La Parguera around the 1960s, with fishermen living in ramshackle houses that have largely been replaced by high-end homes that environmentalists say must be removed.

The investigation, which proposed a $25,000 penalty against González’s in-laws, was led by former natural resources secretary Anaís Rodríguez. She told WKAQ radio station last year that the investigation against González’s in-laws should continue under the new administration.

On Friday, Puerto Rico Senate President Thomas Rivera Schatz wrote on Facebook that the Senate will ask Quiles to explain his administrative order. He wrote that remedies to avoid “selective prosecution” require “caution, transparency and firmness so as to avoid falling into what could appear, be perceived or in effect be a selective benefit or privilege.”

In written statements made public Friday, Quiles said that his administrative order had been prepared by the previous administration and that it recognizes the acquired rights of those with homes in La Parguera and establishes responsibilities with which they must comply.

“This way, we end the legal limbo that has lasted for decades, which has been detrimental to both the owners of the residences in La Parguera and the government of Puerto Rico.” he said.

Source: APnews

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Prohibido olvidar a esta jueza que se llama María del Pilar Vázquez. Aquí tienen buenos datos de quien es verdaderamente esta jueza

Enfrentan denuncia radicadas por la Fiscalía de Mayagüez. La propiedad en controversia se encuentra en el área de La Parguera, en Lajas.

Seis personas enfrentarán cargos por diversos delitos luego que la jueza María del Pilar Vázquez Muñiz, del Tribunal de Mayagüez, encontrara causa para arresto por hechos que ocurrieron durante una manifestación, escenificada el pasado 9 de julio, en una propiedad de los suegros de la comisionada residente Jenniffer González, en el área de La Parguera, en Lajas.

El Departamento de Justicia detalló a El Nuevo Día que Vázquez Muñiz encontró causa ayer, jueves, contra Iona Fournier Gómez, Imalay Arroyo Surita, Pedro Amengual Gutiérrez, Juan Rodríguez González, Sheila Mejía Luciano y Francheska Vélez Ramírez.

La Fiscalía de Mayagüez radicó un total de 19 cargos contra los imputados. Fournier Gómez enfrenta denuncias de daño agravado (Artículo 199), empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública (Artículo 245), hacer justicia por sí mismo (Artículo 274) y por conspiración, amenazas o atentados contra funcionarios del sistema de justicia o sus familiares (Artículo 284), todas faltas al Código Penal.

Mientras, Arroyo Surita y Amengual Gutiérrez enfrentan cargos por los Artículos 245, 274 y 284 del Código Penal, al igual que una denuncia de portación y uso de un arma blanca (Artículo 6.06 de la Ley de Armas).

Entretanto, contra Vélez Ramírez pesan denuncias por los Artículos 245, 274 y 284 del Código Penal, mientras que Rodríguez González fue imputado de violar los artículos 199 y 274. Por último, Mejía Luciano fue imputada de violar los artículos 246 (resistencia u obstrucción a la autoridad pública) y el 274.

Vázquez Muñiz impuso fianza de $200,000 contra Fournier Gómez; $5,000 a Arroyo Surita tras solicitar una reconsideración; $100,000 a Amengual Gutiérrez; $50,000 a Rodríguez González y Mejía Luciano; y $75,000 a Vélez Ramírez.

La vista preliminar fue programada para el 3 de agosto, a��adió Justicia.

Los presuntos delitos se remontan al 9 de julio de 2023, cuando ciudadanos acudieron a una manifestación que, según el Negociado de la Policía, fue liderada por el excandidato independiente a la gobernación y ambientalista Eliezer Molina Pérez. La Uniformada indicó, el día del incidente, que un agente recibió heridas en la cabeza tras ser golpeado con un objeto contundente lanzado intencionalmente.

Tanto Molina Pérez como los manifestantes argumentaron que esa zona es dominio público y, por tanto, no pueden alegar daños a propiedad privada. No obstante, Torres Torres afirmó que “independientemente que esté en bienes de dominio público, la propiedad es privada, entiéndase la estructura”.

La representación legal de los suegros de González aseguró, al día siguiente de la manifestación, que aguardaban por una denuncia formal por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), previo a contestar las imputaciones de la supuesta ilegalidad de la construcción de un “tablado y terraza” en la propiedad.

Un informe técnico del DRNA, que fue elaborado por el biólogo Joshua Morel Matos, destacó que la construcción de esa estructura aledaña a la propiedad dañó ilegalmente la flora de la reserva natural, localizada en la zona marítimo terrestre. El documento, al que El Nuevo Día tuvo acceso, precisa que Morel Matos acudió a la zona el 7 de junio junto al vigilante Juan C. Banchs Cedeño, en respuesta a una querella presentada previamente.

No obstante, de acuerdo con el abogado Miguel Torres Torres, en esa localidad no se llevó a cabo ninguna construcción y la casa fue comprada con esas estructuras, las cuales son de más de 30 años.

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Referido el Caso de La Reserva Natural de La Parguera a las autoridades Federales

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5 Cosas que debemos conocer de La Parguera en Lajas

El Pueblo de Puerto Rico reclama la entrega inmediata del espacio ocupado ilegalmente para que el mismo cumpla con la condición y acceso público, gratuito, libre de ocupaciones ilegales y que se le devuelva el valor ecológico al lugar que se ganó la designación de Reserva Natural por su grandes atributos ambientales en beneficio de las presentes y futuras generaciones de puertorriqueños y aquellos que nos visiten.

Gracias a ElUrbanista: IG elurbanista