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La Guardia Civil acredita un gasto de 1,6 millones en el 1-O, repartido entre cinco consejerías

La Guardia Civil ha acreditado en el Tribunal Supremo un gasto de 1,6 millones de euros en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, cuyo pago se repartió entre cinco consejerías: Economía, Trabajo, Presidencia, Salud y Cultura. No obstante, el instituto armado precisa que dará cuenta al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona del gasto total del 1-O.

Esta cifra es el resultado de sumar al gasto de publicidad y del Diplocat, los 979.661 euros cargados por la empresa Unipost por el coste vinculado al suministro de papeletas, el censo electoral y las citaciones como componente de mesa electoral. Esta empresa libró facturas a la Generalitat que la Generalitat repartió entre las Consejerías dirigidas por Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa, Antoni Com��n y Lluis Puig.

El citado reparto se realizó, según el informe al que ha tenido acceso Europa Press, para “una mejor ocultación del gasto destinado al referéndum”. Para ello, estos cinco Departamentos contrataron el reparto de unas 56.000 cartas certificadas y otras 5.346.734 unidades (censo electoral) que se pretendía repartir como ordinarias.

En la parte del informe relativa a la financiación, la Guardia Civil cita expresamente a los secretarios generales de las citadas Consejerías: Josep María Jové, de Economía; Josep Ginesta, de Trabajo; Joaquín Nin, de Presidencia; Albert Serra, de Salud y María Dolors Portús, de Cultura.

La Guardia Civil también incluye las cantidades destinadas por la Consejería de Jordi Turull a la campaña de registro de catalanes en el exterior, por un total de 224.835 euros y para la campaña de publicidad de difusión del 1-O, a la que destinaron 277.804 euros.

Finalmente, los investigadores a informan al juez Pablo Llarena de dos pagos de 119.700 euros que realizó el Diplocat a la empresa The Hague Center for Strategic Studies, a la que pertenecían los observadores que acudieron para la jornada del referéndum ilegal.

En su informe reflejan que, del análisis de la documentación, se deduce que “los servicios prestados son realizados en el marco del asesoramiento que se pretendía de esa institución para el desarrollo del referéndum del 1-O, como observadores internacionales”.

No obstante, la Guardia Civil explica en este documento al que ha tenido acceso Europa Press que las actuaciones que están llevando a cabo se enfocan en esclarecer los gastos de varios aspectos del referéndum, además de los mencionados. Se trata de los que se hayan realizado en publicidad, gastos directos, costes del software, páginas web, contratación de dominios, ordenadores y del call center.

A ello, añaden los derivados de los informes relacionados con la preparación del 1-O, elaborados por Carles Viver o su entorno así como otros gastos relativos a los actos de clausura, participación de artistas y fuegos artificiales.

En este sentido, explican que las líneas de investigación que están siguiendo se han visto reforzadas tras la localización de un correo electrónico remitido por Josep Ginesta vicenta a María Dolors Bassa, en el que se demuestra que el Gobierno catalán, mediante Acuerdo de todos los miembros del mismo, aprobó el gasto y las acciones necesarias para hacer efectiva la elaboración del referéndum unilateral de independencia.

Exponen, al respecto, que “todas y cada una de las acciones enunciadas en el mencionado Acuerdo estaban incluidas en las líneas de investigación planteadas” y por ello, adelantan que darán oportuna cuenta al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona de la financiación de las mencionadas acciones.

La Guardia Civil considera al candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña Jordi Turull como una figura “extraordinariamente relevante” en el ‘procés’, en el que gestionó la publicidad del 1-0, “tremendamente cercana” a la causa independentista y de “mucha importancia” en Convergencia (CDC).

En el informe final remitido al juez de Tribunal Supremo Pablo Llarena, al que ha tenido acceso Efe, la Guardia Civil destaca la relevancia de Turull no solo por su rol como exconseller sino también como integrante del comité estratégico que dirigía el procés según el documento EnfoCats, un documento incautado a Josep Maria Jové y considerado como hoja de ruta del proceso soberanista.

Turull ocupó la cartera de presidencia en el Govern de Carles Puigdemont, desde la que “se gestionó el diseño y la inserción de publicidad anunciando la celebración del referéndum y el registro de catalanes en el exterior y se adquirieron dominios en Internet relacionados con el Pacte Nacional pel Referèndum”.

En concreto, su departamento fue uno de los cinco que empleó la Generalitat para trocear el gasto vinculado a las papeletas, al censo electoral y a las citaciones de las mesas electorales por 979.661,96 euros “de forma que permitiese una mejor ocultación de aquel pues era dinero que se estaba destinando al referéndum”. La factura que se cargó a Presidencia fue de 198.871,76 euros.

Además, en un correo enviado a Junqueras el pasado 25 de agosto solicitó una aportación extraordinaria de 3.430.000 euros para una campaña de contenido cívico aunque en realidad estaba “enmascarada” pues “se pretendía hacer frente al gasto que suponían los distintos anuncios de promoción del referéndum, como el de las vías del tren”, que costó 277.804 euros.

Turull también aprobó la campaña “SI o NO”, que costó 224.835 euros, para “fomentar la inscripción en el censo de catalanes en el exterior” y crear así un censo de extranjeros para el 1-O.

Como miembro del Govern, participó en la formalización del decreto que aprobó la convocatoria del 1-O y propulsó junto al exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconseller de Asuntos Exteriores Raul Romeva el acuerdo del Ejecutivo para hacer efectivo el referéndum y del que se desprende que las decisiones se adoptaron de forma colectiva y colegiada y fueron asumidas de forma solidaria.

Y pese a que asumió la consellería en julio de 2017, la Guardia Civil señala que “es evidente que ha sido una persona tremendamente cercana al procés y de mucha importancia dentro de CDC”.

Así, las anotaciones de Jové que hizo agenda moleskine desvelan la participación del investigado en seis reuniones clave en el proceso soberanista cuando aun no estaba en el Ejecutivo catalán, como aquella que se denominó “ultimo intento”, un encuentro en el que se trató de desbloquear la presidencia del Govern.

Pero la más importante fue sin duda la reunión del 23 febrero de 2016 en la que junto a los principales líderes soberanistas “trataron los pasos a seguir y las fases y secuencias del procés”, es decir, su hoja de ruta.

Estas fueron las leyes (transitoriedad jurídica y proceso constituyente), declaración de independencia, elecciones constituyentes, referéndum constituyente y en qué momento hacer la desconexión.

Cinco meses más tarde asistió a otro encuentro en el que valoraron celebrar el referéndum en octubre y, sobre todo, “concluyeron que era evidente que no habría ninguna propuesta española por lo que aplicarían la unilateralidad”

Unas semanas después se le atribuyó el temor en otro encuentro del mencionado comité de que “se desestabilizase el Parlament porque se preguntaba si irían a la línea de flotación, en cuyo caso después, no podrían hacer nada”.

“Entendía, además, que no podían generar inseguridad y que los letrados si cesaban, la generarían porque incluso indicó que se estaban planteando hacerlo”, afirma el escrito de la Guardia Civil.

Asimismo, los investigadores incluyen algunas declaraciones públicas de Turull que determinan que el exconseller “participó de la estrategia de atacar al Estado y el Gobierno español”.

Por ejemplo, señala el texto, “al decir que se gastaba recursos en fletar barcos para policías y no había sido capaz de cumplir la cuota de refugiados, que ellos se jugaban la independencia, los pilares de la democracia y la dignidad como país o que mientras en Cataluña se hacían llamadas a la serenidad, otros estaban fomentando el a por ellos”.

Fuente: La Razón

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