#el independentismo en Puerto Rico

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La contrarrevolución cubana y el caso Muñiz Varela

El libro titulado La contrarrevolución cubana en Puerto Rico y el caso de Carlos Muñiz Varel es una importante y extraordinaria aportación en torno a sucesos aún frescos nuestra memoria personal, en la memoria colectiva de quienes conocimos a Carlos y en quienes hemos dedicado múltiples esfuerzos a la misma lucha por la cual él ofrendó su vida: la solidaridad con la Revolución Cubana, la lucha por la independencia de Puerto Rico y la justicia social para nuestros pueblos.

El libro es el resultado del esfuerzo colectivo que nos obsequian Jesús Arboleya Cervera, Raúl Álzaga Manresa y Ricardo Fraga del Valle. Gracias a Ediciones Callejón, esta importante memoria histórica la tenemos hoy al alcance del público puertorriqueño y próximamente también estará al alcance del pueblo cubano.

A manera de síntesis, podemos dividirla la obra en varios grandes círculos concéntricos:

El primero incluye el primer capítulo del libro, titulado Tan cerca y tan Lejos: El encuentro de dos pueblos. En dicho capítulo los autores abordan lo que a su juicio son los elementos que definen la vinculación histórica del desarrollo de nuestros pueblos, el cubano y puertorriqueño, particularmente durante el siglo 19 y la primera mitad del siglo 20. En éste primer círculo el lector podrá examinar cómo las luchas emancipadoras de nuestros respectivos pueblos, han sido el pivote sobre el cual ha girado por más de un siglo la solidaridad de Cuba con la causa de la independencia de Puerto Rico; y por su parte el movimiento patriótico puertorriqueño, su solidaridad con la lucha del pueblo cubano en contra de las dictaduras de Machado y Batista sufridas en la primera mitad del Siglo 20, junto con lo que ha sido hasta el presente la defensa de la Revolución Cubana.

Forma también parte de este primer círculo su segundo capítulo, titulado El Estado Libre Asociado y la Revolución Cubana, donde pueden apreciarse las expectativas forjadas por Luis Muñoz Marín y la llamada Izquierda Democrática latinoamericana, con el triunfo de la lucha contra la dictadura de Batista. En este capítulo, los autores nos presentan el papel desempeñado por el entonces gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, primero para que la Revolución triunfante no se radicalizara; y luego, una vez definida la realidad antiimperialista de la misma y su proyecto social al servicio de la clase trabajadora y campesinado, la colaboración de Muñoz Marín con la Administración Kennedy a los fines de subvertir el orden revolucionario en Cuba. En efecto, Muñoz llevó a cabo este empeño promoviendo el control del poder político en Cuba por elementos de su burguesía nacional y sectores oligárquicos supeditados a los intereses de Estados Unidos en la región, ello dentro del marco de la Guerra Fría y la lucha anticomunista.

El segundo círculo podemos establecerlo entrando ya en el tercer capítulo del libro, titulado Los cubanos en Puerto Rico. En sus páginas se recoge el proceso de asentamiento en Puerto Rico de las primeras oleadas de inmigrantes cubanos; su procedencia clasista; su inserción en los medios de comunicación, agencias de publicidad, empresas, negocios comerciales; así como en la educación una vez asentados en Puerto Rico. Es también dentro del marco de este círculo que los autores nos presentan una radiografía del desarrollo de organizaciones contrarevolucionarias en Puerto Rico, aquellas promovidas por el propio estado colonial bajo el Partido Popular Democrático; y aquellas que se fueron encubando y desarrollando en el país, promoviendo el terrorismo contra la Revolución Cubana y en el caso de nuestro suelo patrio, contra el movimiento independentista.

Así las cosas, el lector conocerá a través del Capítulo Cuatro del libro titulado El Terrorismo de los cubanos en Puerto Rico, el origen y desarrollo de organizaciones tales como el Frente Revolucionario Democrático (FRD); el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP); el Consejo Revolucionario Cubano (CRC) y algunas de sus acciones en suelo cubano; la Junta Revolucionaria Cubana (JURE); la organización Alfa 66; los Comandos L; la Representación Cubana en el Exilio (RECE); la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), Asociación de Veteranos Bahía de Cochinos (Brigada 2506); Poder Cubano; Acción Cubana; el Frente de Liberación Nacional Cubano, integrado por Abdalá, Acción Sindical Independiente y Halcones Dorados; Pa´Cuba; y los Comandos Organizados Revolucionarios Unidos (CORU), entre otras. También los autores identifican como organizaciones no solo contrarrevolucionarias, sino además fascistas, al Movimiento Nacionalista Cubano, Omega 7 y Comando Cero.

El tercer círculo podemos describirlo como aquel que nos sitúa en el surgimiento dentro de la inmigración cubana del desarrollo de una izquierda política a partir de los pronunciamientos y ejecutorias de cubanos salidos de Cuba con apenas algunos años de edad, formados en sus hogares dentro del marco de un profundo resentimiento con la Revolución Cubana, pero que en su desarrollo como estudiantes, la mayoría universitarios, transformaron aquellos prejuicios inculcados hacia la Revolución adoptando una postura diferente.

El capítulo Cinco, titulado La ´Coexistencia´y el surgimiento de la Izquierda en la emigración cubana, nos describe la importancia que representó para esta joven generación, tanto en Estados Unidos como Puerto Rico, los primeros viajes y encuentros de jóvenes cubanos residentes en el exterior con el pueblo cubano; la formación de la Brigada Antonio Maceo; el desarrollo de revistas como Areíto y Joven Cuba; los esfuerzos llevados a cabo desde Puerto Rico para promover la reunificación de la familia cubana, aquella ubicada en el exterior como inmigrantes, con aquella otra que permaneció residiendo en Cuba; y el papel jugado por Carlos Muñiz Varela hasta el momento de su asesinato como símbolo y representante de una juventud promotora de un nuevo paradigma desde la emigración y su perspectiva sobre la Revolución y sus logros.

Un cuarto círculo podemos identificarlo en los capítulos Sexto y Séptimo del libro titulados el primero, El Asesinato de Carlos Muñiz Varela, y el segundo Justicia Negada…pero alcanzada. Se trata de un minucioso relato de los hechos que preceden al asesinato de Carlos Muñiz Varela y los sucesos posteriores. En su redacción, el lector podrá identificar los vínculos establecidos por las organizaciones contrarrevolucionarias en Puerto Rico y Estados Unidos; la penetración de estas organizaciones terroristas de la Policía de Puerto Rico, así como de sus vínculos con las instancias del propio gobierno federal en Puerto Rico; la complicidad de las agencias policiacas puertorriqueñas y estadounidenses en la ejecución, y/o colaboración y/o encubrimiento de este crimen; y la desaparición de otro joven cubano en Puerto Rico, Orlando Canales, presumiblemente también asesinado a manos de la derecha terrorista contrarrevolucionaria cubana en nuestro país.

También el lector apreciará cómo los amigos y familiares de Carlos, particularmente sus compañeros Raúl Álzaga Manresa y Ricardo Fraga Del Valle, coautores de este libro, junto a su hijo Carlos Muñiz Pérez, no han dejado de mover cielo y tierra durante tantos años, a pesar de los obstáculos encontrados en el camino, no sólo para  identificar los autores materiales e intelectuales del crimen, sino para documentar también los hallazgos en su investigación. Se destaca en este Capítulo el rol jugado por el Negociado Federal de Investigaciones, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y el propio gobierno de Puerto Rico en el encubrimiento de los responsables que aún no han sido acusados ni procesados ante los tribunales.

Quisiera hacer una referencia histórica al momento por el cual atravesaba el independentismo cuando ocurre el asesinato de Carlos Muñiz Varela. Posiblemente sin el entendimiento de esta coyuntura histórica, incluso para muchos que se desarrollaron como militantes en las diferentes luchas patrióticas durante tales años, no sería posible asimilar la dimensión política de este asesinato. Nos referimos al cuatrienio en que Carlos Romero Barceló ocupó la gobernación en Puerto Rico durante los años 1977 a 1981.

Nos dice el Lcdo. Edgardo Pérez Viera en su libro El Juicio de la Historia: Contra insurgencia y Asesinato Político en Puerto Rico, en referencia a la sucesión de eventos que llevan a la muerte de dos jóvenes patriotas en el Cerro de los Mártires poco menos de un año antes del asesinato de Carlos Muñiz Varela, que “[El] Plan terrorista del Cerro Maravilla no fue idea original de tres grupos, liderados por encubiertos, que lo intentaron llevar a cabo el 4 o el 25 de julio de 1978. El concepto del Plan, nos indica, surgió mucho antes; allá para fines de los años ‘60, en organismos de Estados Unidos”.

En su libro, Pérez Viera nos detalla información a la cual tuvo acceso como Investigador Especial en la “Segunda Fase de la Investigación del Senado de Puerto Rico sobre los Sucesos del Cerro Maravilla”. Entre la información recopilada destacan los siguientes hechos:

Entre el 29-30 de noviembre de 1971 en Washington DC se desarrolló un Seminario al cual asistieron miembros de la Policía de Puerto Rico titulado Seminario de Guerra de Guerrillas Urbanas.

Para entonces, ya desde el 15 de noviembre de 1971, se había elaborado un Memorándum titulado Subversion in Puerto Rico donde se planteaba: “…la polarización hacia la unión permanente con Estados Unidos por la presente Administración motivó en 1968 que grupos subversivos empezaran a oponerse a este objetivo.” El Memorándum recomendaba: 1) la creación de un Departamento de Información y Adoctrinamiento; 2) el reclutamiento de apoyo entre organizaciones cívicas, profesionales, estudiantiles, obreras y religiosas; 3) dirigir los esfuerzos en radio y TV en mensajes contra la subversión; 4) el control físico sobre las personas y sus propiedades; 5) la utilización de policías en  tareas de recolección de información entre familiares y centros de trabajo; 6) el desarrollo de interrogatorios a sospechosos; 7) la organización de grupos clandestinos o públicos integrados por ciudadanos privados y policías para penetrar y destruir los grupos subversivo.

Entre 1974 y 1976 la Guardia Nacional de Puerto Rico y la Policía efectuaron en Panamá entrenamientos en la “Escuela de las Américas” de técnicas de contrainsurgencia para el control del terrorismo urbano y rural. Otro de estos ejercicios, bajo el nombre clave de “Black Jack”, se desarrolló en Puerto Rico en el Área de Toro Negro, en las inmediaciones de las torres de comunicación en lo que hoy conocemos como el Cerro de los Mártires o Cerro Maravilla.

El 14 de octubre de 1977, mediante Orden Ejecutiva, se creó el Consejo Asesor sobre Seguridad del Gobernador (CASG). Este tenía la encomienda de desarrollar en Puerto Rico un “Plan de Defensa Interna”.

El 7 de diciembre de 1977 se efectuó una reunión del Consejo Asesor sobre Seguridad del Gobernador (CASG) para escuchar la ponencia del Teniente Sebastián Ortiz Lorenzo, de la Oficina de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico, sobre la subversión política y su vinculación con el movimiento obrero.

Entre los días 4 al 16 de diciembre de 1977 el Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), la Policía de Puerto Rico, la Guardia Nacional y otras agencias desarrollaron en el Campamento Santiago localizado en Salinas entrenamientos conjuntos anti subversivos.

En 1978 se desarrolló un Seminario sobre Violencia Política y Terrorismo, auspiciado por la “Law Enforcement Assistance Administration.”

Durante los años previos se habían creado en Puerto Rico los llamados “Escuadrones de la Muerte”. Entre ellos había uno donde participaban directamente funcionarios federales, el que operó bajo el nombre de “Defensores de la Democracia”; y otro en la Policía de Puerto Rico bajo el nombre de “Los Duendes”, organizado por el Coronel Alejo Maldonado. Nótese en el libro que esta noche presentamos, las múltiples referencias que se incluyen en torno a estas agrupaciones clandestinas, vinculadas con altos funcionarios dentro del Gobierno de Puerto Rico y del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico durante estos años, en su estrecha relacion con organizaciones terroristas cubanas y la persecución contra aquellos que favorecían la independencia de Puerto Rico.1

Para estos años fueron también creadas varias unidades especiales por la Policía y el FBI, como fueron los casos de la “Unidad de Arrestos Especiales” bajo la dirección de Julio César Andrades; tres unidades SWAT; y un “Task- Force” compuesto por el FBI y la PPR”.

El 4 de mayo de 1978, en una reunión del CASG, se designó Presidente del Departamento de Seguridad Interna al entonces Secretario de Justicia Miguel Jiménez Muñoz. Allí se identificaron las alegadas amenazas de terrorismo en Puerto Rico, a saber: (a) toma de rehenes; (b) secuestro por rescate; (c) asesinato; (d) terrorismo en masa; (e) conflictos laborales; (f) revueltas estudiantiles; (g) motines en las prisiones; (h) ataques a facilidades e instalaciones militares; (i) actividades guerrilleras: sabotajes, francotiradores, colocación de explosivos, incendios maliciosos, captura de rehenes y transmisión de mensajes a través de estaciones de radio y TV.

En junio de 1978 fue aprobado un “Plan de Defensa Interna” (IDP por sus siglas en inglés), el cual había sido ordenado por el CASG el 4 de mayo de 1978. Este contó con el visto bueno del Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico. En él se planteaba: (a) “la eliminación o neutralización de los insurgentes de la población” y “ganarse el apoyo de la gente”; (b) “socavar la moral de los elementos disidentes y de las guerrillas urbanas en Puerto Rico, debilitar los nexos entre la guerrilla y la población civil y ayudar al Gobierno a ganarse el apoyo de la población civil de Puerto Rico”; y finalmente, (c) la Creación de un “Consejo Interdepartamental de Seguridad”. En este Consejo participarían: la Guardia Nacional, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia; el Negociado de Investigaciones Especiales; el Departamento de Bomberos y la Defensa Civil. En una de la partes del documento elaborado puede leerse lo siguiente:

“El Concilio de Seguridad Interdepartamental será responsable por la planificación e implantación de las medidas y programas de Seguridad Interna. Ellos recomendarán objetivos al Gobernador en reuniones donde se trate el tema de la amenaza de los grupos de izquierda en Puerto Rico.” (Traducción nuestra)

En agosto de 1978, por iniciativa de Miguel Jiménez Muñoz y a raíz de la muerte de Allan Randall, abogado patronal al cual se le vinculaba en Puerto Rico con la inteligencia estadounidense, se desarrolló un Seminario sobre Violencia Política y Terrorismo. En este seminario se recomendó al Gobierno de Puerto Rico: (a) mano dura e intolerancia; (b) desarrollo de un programa de informantes y la penetración de grupos extremistas; (c) campaña de propaganda donde se separen los subversivos del resto de la población; (d) desarrollo de guerra sicológica. En un documento utlizado en el Seminario se concluye:

solo un lado puede verdaderamente sobrevivir. Los terroristas tienen que ser neutralizados; los terroristas no son rehabilitables;

2) si el terrorismo se escalona, hay que inmovilizar y sacar de circulación sus líderes.

Durante todo este período, el terrorismo fomentado por la extrema derecha cubana en Puerto Rico se desarrolló de manera apadrinada por algunas instituciones del Gobierno, particularmente insertados en la Policía de Puerto Rico y algunas agencias federales. 2

A partir del 28 de agosto de 1978 se desarrolló en Puerto Rico un Plan Maestro Operacional Anti Terrorista. El mismo surgió de una conferencia ofrecida por el Coronel Louis Giuffrida del “California Training Institute”. En el Plan se recomienda grupos de trabajo operacionales pequeños en el Gobierno, los cuales deben contar con un Ayudante de Prensa del Gobernador a cargo de operaciones sicológicas de carácter político y de apoyo público. A tenor con la recomendación, se designó al publicista Pedro Rivera Casiano, persona ante quien se estuvieron reportando el Secretario de Justicia y el Superintendente de la Policía durante los meses de junio, julio y agosto de 1978.

Fueron precisamente estos acontecimientos los que sirvieron de contexto a la labor de Alejandro González Malavé como agente encubierto de la Policía de Puerto Rico que llevaran el 25 de julio de 1978 a los trágicos asesinatos en el Cerro Maravilla; y fueron también estos acontecimientos, los que sirvieron de telón de fondo para la impunidad de estas organizaciones contrarrevolucioarias de la extema derecha cubana en Puerto Rico.

Hoy se conoce y no hay duda alguna, que todas estas actividades se desarrollaron bajo la protección del FBI y de la Policía de Puerto Rico. Se trata de actividades que formaron parte de un plan orquestado cuidadosamente por sectores de la extrema derecha en Puerto Rico, con el apoyo del Gobierno de turno encabezado por Carlos Romero Barceló y del cual también participaron activamente miembros de la contrarrevolución cubana en Puerto Rico. Su propósito fue crear un clima de terror que justificara el lanzamiento de una intensa campaña represiva contra el independentismo así como contra aquellos sectores del propio exilio que promovían una política de distensión hacia la Revolución Cubana.

Este plan perseguía, además, adelantarse a la propuesta que en aquellos años se esperaba ocurriera de un momento a otro de parte de la Administración Carter para impulsar un espacio de discusión en el país para la búsqueda de mecanismos a través de los cuales encontrar una solución al problema de las relaciones políticas de Puerto Rico con Estados Unidos. Se trata del mismo presidente estadounidense que en esos momentos había inciado una política de distensión hacia Cuba, que entre otros aspectos, abría el espacio para reanudar los viajes a Cuba; impulsaba la reunificación de la familia cubana; realizaba acercamientos entre los dos gobiernos para ir creando las condiciones para el restablecimiento de relaciones políticas; y comenzaba a presionar contra las organizaciones contrarrevolucionarias que desde Estados Unidos promovían acciones terroristas hacia Cuba.

El período que cubre la administración de Carlos Romero Barceló se caracterizó  por un incremento en Puerto Rico de acciones de carácter terrorista dirigidas contra el movimiento revolucionario en Puerto Rico, así como de acciones contrarrevolucionarias llevadas a cabo o promoviadas por organizaciones cubanas contra sectores independentisatas en Puerto Rico.

Es importante destacar que en un trabajo llevado a cabo por Domingo Vega Figueroa titulado Lucha por la Independencia de Puerto Rico: Cronología de la represión 1961-1980, se relatan 303 incidentes o atentados terroristas de derecha en Puerto Rico contra el movimiento patriótico. Esta actividad contrarrevolucionaria llevó a sectores del movimiento patriótico que venían desarrollando las condiciones materiales para enfrentar esta ofensiva terrorista y represiva por parte del Estado, a plantearse la necesidad de pasar de una etapa de defensiva estratégica a una de ofensiva táctica mediante acciones armadas que enfrentaran y detuvieran los golpes contra el movimiento independentista.

En otra investigación desarrollada por uno de los autores del libro, Raúl Álzaga Manresa, publicada en el semanario Claridad del 1 al 7 de marzo de 2007 titulado Terrorismo de Derecha en Puerto Rico, Álzaga Manresa identifica en ese mismo período 34 incidentes terroristas que no aparecen en la lista publicada por Domingo Vega Figueroa. En su escrito Álzaga Manresa divide su investigación en tres etapas:

(a) Entre 1971 al 1973, cuando se produjeron 42 atentados dirigidos principalmente contra Claridad, Impresora Nacional, propiedades de independentistas, oficinas de uniones obreras y comités de partidos políticos de la independencia como fueron el PIP y el PSP.

(b) En el segundo período del 1974 a 1976 en que se realizaron 24 atentados. Aunque en una cantidad menor, indica el autor, fueron “indiscutiblemente más dañinos y mortíferos”. En estos atentados se incluye la bomba colocada en Mayagüez un 11 de enero durante la conmemoración del natalicio de Eugenio María de Hostos donde fallecieron dos personas y resultaron heridas 12; el secuestro y asesinato del líder nacionalista Julio Pinto Gandía y el asesinato de Santiago (Chagui) Mari Pesquera.

(c) El tercer período  lo ubica Álzaga Maresa entre 1977 al 1980. En éste ocurrieron 32 atentados, incluyendo más de un asesinato político como fue el asesinato de Carlos Muñiz Varela y los asesinatos del Cerro Maravilla. En este período participarán activamente en estos atentados exiliados cubanos, funcionarios de la Marina de Guerra de Estados Unidos, funcionarios de agencias federales y del Tribunal Federal en Puerto Rico, políticos vinculados al PNP y funcionarios de la División de Inteligencia y otras unidades especializadas de la Policía de Puerto Rico.

Volviendo al libro que hoy presentamos, los autores logran presentarle al lector el resultado de casi cuatro décadas de investigación en un largo proceso de construir un monumento a la memoria de Carlos. Este esfuerzo iniciado por Raúl y Ricardo, como hemos sugerido antes, ha conllevado en alguna medida, documentar como parte de la investigación, pieza por pieza, los datos que permitan conducirnos a la identificación de los posibles autores intelectuales y materiales del asesinato de Carlos, así como también de sus encubridores.  Más allá del veredicto que nos ofrecería un proceso judicial en los tribunales, que no perdemos la esperanza en que pueda llevarse a cabo, el libro nos ofrece los datos necesarios y suficientes para que cada lector pueda emitir, políticamente hablando, su veredicto

Sin que ello pretenda ser otro círculo concéntrico, es necesario referirnos también a dos partes del libro que a juicio nuestro son de suma importancia para el lector. Nos referimos en primer lugar al Epílogo. Allí se nos presentan los posibles nuevos desarrollos en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, ello a partir del resultado de 18 meses de negociaciones secretas que culminaron en el anuncio del pasado 17 de diciembre de 2014  hecho por los presidentes de ambos países, sobre el restablecimiento de relaciones políticas y diplomáticas. Dejando claro los autores que entre ambos países nunca ha habido relaciones normales y que Obama fue específico al señalar que Estados Unidos no renunciaba a los objetivos históricos de su política hacia Cuba, habría que preguntarse si como parte del desarrollo de los nuevos escenarios entre ambos países, estaría sobre la mesa que Estados Unidos libere finalmente la información y pruebas en su poder sobre el asesinato de Carlos Muñiz Varela.

Coincidimos plenamente con los autores del libro que ¨la gran perdedora en este proceso ha sido la extrema derecha de la emigración cubana¨ y que las organizaciones que en el pasado gozaron de amplia impunidad en la lucha contra Cuba y en el caso nuestro, contra una izquierda independentista defensora de la Revolución Cubana, ¨enfrentan un nuevo escenario en la medida en que han dejado de ser funcionales al gobierno norteamericano y a los sectores de poder que determinaban su conducta.¨  Está por verse, sin embargo, cuáles serán los futuros desarrollos de esta política de distención iniciada por el Presidente saliente Barack Obama, dentro del marco del inicio de una nueva administración republicana bajo Donald Trump.

Finalmente, nos parece importante, además, valorar la importancia de esta obra, que su prólogo haya sido escrito por Ricardo Alarcón de Quesada, ex Presidente de la Asamblea Nacional de Poder Popular en Cuba y gran amigo de la lucha por la libre determinacion e independencia Puerto Rico. Como bien nos indica Alarcón, el libro que hoy nos obsequian sus autores, ¨mas que necesario, es imprescindible¨, sobre todo, a la luz de lo señalado por éste en los párrafos finales de su Prólogo:

“Carlos Muñiz Varela estuvo a la vanguardia en esa lucha cubana y también militó activamente en las organizaciones patrióticas boricuas.

Él sintetiza, en su existencia breve y heroica, la hermandad entre dos pueblos. Hacerle justicia es indispensable para que de verdad pueda haber una convivencia civilizada entre las dos islas y el imperio que las trató siempre como territorios que le pertenecían.

No es hora de sepultar la historia, sino de rescatarla del olvido».

No permitamos que la historia quede sepultada. En torno al asesinato de nuestro compañero de estudios y militancia universitaria Carlos Muñiz Varela, ni perdón ni olvido.

Les exhorto a que lean, aprecien y valoren la importante contribución que hacen estos tres autores, mis hermanos Raúl y Ricardo, junto a Jesús Arboleya Cervera, en su excelente estudio sobre la contrarrevolución cubana en Puerto Rico y el caso de Carlos Muñiz Varela.

Fuente: 80grados

[elromanceliterario]

el romanticismo en puerto rico

La fecha de nacimiento del período romántico en Puerto Rico ha creado no pocas controversias. El ambiente coercitivo que las autoridades coloniales españolas impusieron en todos los territorios del otro lado del Atlántico, temerosas de que el progresivo independentismo de los territorios hispanoamericanos fuera irreversible, fue también notable en Puerto Rico, donde, tras la aparición del Boletín Mercantil en 1839, se instauró un movimiento literario que se encontraba muy próximo a los movimientos románticos que desde la vieja Europa, especialmente Alemania, Inglaterra y la propia España, se habían ido fraguando durante toda el final del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, de los que pronto tomó su estética. Así, el Romanticismo perduró desde este mismo año de 1839 hasta la primera década del siglo XX, aunque este hecho no baste para afirmar que la aparición del Boletín marque el nacimiento del período romántico puertorriqueño. FIGURAS DE RECONOCIMIENTO EN EL PRIMER SIGLO El jibaro(1883), el mejor ensayista de su generación y el iniciador del criollismo literario en la isla, Tapia y Rivera(1826-1882).

SEGUNDA ÉPOCA ROMÁNTICA

Un hecho que ha de tenerse en cuenta dentro de este nuevo período de la literatura de Puerto Rico es el momento que vivían las letras europeas, especialmente en Francia, país del que muchos puertorriqueños regresaron tras diversas circunstancias. Se extendió, a raíz de ello, un gusto por lo francés en la isla que influyó de manera decisiva en varios aspectos de la vida social de la todavía colonia y de la cultura literaria en particular (con especial relevancia dentro de ésta de las traducciones de poetas galos, que fueron muy numerosas). Las obras de otros autores de países vecinos, como pueda ser el caso de los mejicanos Salvador Díaz Mirón y Manuel Gutiérrez Nájera, el cubano Julián del Casal y, sobre todo, el nicaragüense Rubén Darío, fueron también una importante fuente de inspiración. De este último, la Revista Puertorriqueña había ya publicado su cuento El pájaro azul en 1891. Dentro de esta tendencia de influencia gala no debe olvidarse la enorme influencia que, al igual que pasó en la metrópoli hispana, tuvieron Víctor Hugo (en mayor medida) y Verlaine, quienes fueron ensalzados e incluso copiados hasta la saciedad

[aci25]

Por Alejandro Torres Rivera | MINH

1. Parto en mis observaciones de señalar el hecho de que a lo largo del pasado siglo y su transición al presente, las dos contradicciones principales sobre las cuales se ha montado el desarrollo histórico de nuestro país, han sido la contradicción nacional-colonial, expresada en una relación de subordinación de Puerto Rico a los Estados Unidos; y la contradicción capital-trabajo, torneada mediante la contradicción que impone el modelo económico precisamente en esta colonia.

2. Comparto la premisa del compañero Félix Córdova, expuesta a la página 3 de su reflexión, a los efectos de que “Esa historia”, la que en su decir tiene como telón de fondo los sucesos “de julio de 1998 y este julio de 2019” y que seguidamente añade “están amarrados en la vida interna de nuestra colectividad con hilos de pueblo muy semejantes”, es correcta. Yo añadiría como sucesos igualmente relevantes en esta historia, que yo defino como un proceso generacionalmente ininterrumpido, las manifestaciones de nuestro pueblo en la Marcha del Idioma de 1993; en la Nación en Marcha de julio de 1996; ciertamente en la Huelga del Pueblo en 1998; en las movilizaciones y desobediencia civil en torno a la lucha contra los bombardeos y presencia de la Marina de Guerra de Estados Unidos en Vieques y Roosevelt Roads del 2000 al 2003; en las luchas contra la Ley Núm. 7-2009; las huelgas estudiantiles a partir de 2010; así como las recientes movilizaciones contra el gobierno de Ricardo Rosselló y la Junta de Control Fiscal.

3. En el conjunto, estas movilizaciones, a riesgo de omitir algunas manifestaciones, sacaron a flote la identidad nacional; la defensa del idioma español; nuestra bandera nacional; una nueva aproximación en la formulación de alianzas, particularmente entre sectores del independentismo y sectores soberanistas dentro del Partido Popular Democrático; el rechazo a la privatización de servicios públicos esenciales; la defensa de determinados activos del país desde una perspectiva de “patrimonio nacional”; el instrumento de la huelga económica y la política como expresiones legítimas de lucha del pueblo trabajador; el reconocimiento a la diversidad de métodos de lucha aunque en el marco del ejercicio de un método fundamental en esta etapa; el rechazo a las medidas neoliberales; la defensa de la educación pública y la UPR como valor social; el reclamo de la protección de los servicios públicos esenciales; el rechazo a la corrupción, a la alternancia bipartidista; a la insensibilidad de los gobernantes; el rechazo a la Junta de Control Fiscal; los límites de la institucionalidad; la necesidad del apoderamiento ciudadano en el ejercicio de una democracia participativa y consultiva; y la importancia del papel de nuestra juventud como fuerza transformadora de la sociedad.

4. Coincido, a partir de las anteriores premisas, que Félix tiene razón cuando señala dos posibles consecuencias que nos lega esta este proceso: 1) La construcción de un “proceso democrático nuevo y duradero”, capaz de darle “contenido real a una democracia formal, vacía, reducida cada cuatro años a un simulacro electoral”; y 2) “Activar un proceso de descolonización”. Ciertamente como él señala, “ambos procesos deben estar interconectados, fuera del bipartidismo.”

5. El reciente proceso de lucha social, al dibujar los límites de nuestra democracia formal, señaló su propia carencia: la ausencia de un verdadero poder del soberano. Nos dice el profesor puertorriqueño de derecho domiciliado en Nueva Zelanda, Joel Colón, en su libro Weak Constitucionalism que, contrario a lo que se nos inculca, las mejores constituciones no son aquellas que apenas se le han hecho cambios en largos períodos de tiempo; sino aquellas que posibilitan y promueven cambios de manera continua. La razón para ello está en que, en esta últimas, el poder del soberano, que fue en su origen el que las aprueba y sanciona, se mantiene de manera constante y permanente haciendo aquellos ajustes que el propio soberano entienda apropiado de tiempo en tiempo, con relativa frecuencia. De esa manera, señala, ese poder constituyente inicial se retiene y se ejercita de manera continua.

6. En el reciente proceso, los límites de nuestra Constitución en materia de gobernanza y poderes políticos, se identificaron y discutieron entre amplios sectores del país. Se destacaron en el diálogo sostenido la necesidad de cambios en el ordenamiento jurídico que permitan: (a) representación de los partidos políticos proporcional al número de votos obtenidos en una elección; (b) la unicameralidad; (c) referéndum revocatorio para todos los puestos electivos; (d) el reconocimiento de la iniciativa ciudadana en la radicación de propuestas de legislación; (e) fortalecimiento del principio de separación entre Iglesia y Estado; (f) creación del puesto electivo de vice gobernador; (g) representación territorial y comunitaria en las Legislaturas Municipales: (h) elevación a rango constitucional del principio de mérito en el servicio público; (i) la consulta directa al pueblo sobre asuntos que puedan afectar significativamente a la presente generación o a generaciones futuras en aspectos relacionados con: medio ambiente, recursos naturales, pensiones, sistemas de retiro, privatización de servicios públicos esenciales; modificaciones en las protecciones que ofrece la legislación protectora del trabajo, etc. (j) elección de los puestos de gobernador(a) y vice gobernador(a) por mayoría absoluta y segunda vuelta electiva; (k) adelanto de las elecciones cuando el gobernador(a) muera, se incapacite o renuncie a su puesto sin haber completado la mitad de su término a la gobernación. Tampoco debemos obviar el reclamo de la auditoría de la deuda pública.

7. El mecanismo para atender cambios a la Constitución, lo establece el Artículo VII de la Constitución vigente. En su Sección 1, se contempla, mediante Resolución Concurrente de ambas cámaras legislativa y con el voto de dos terceras partes, la convocatoria a un referéndum sobre los cambios, sujeto a que las propuestas no exceden de tres modificaciones, las cuales serían votadas individualmente. La Sección 2, contempla el mismo proceso de Resolución Concurrente por dos terceras partes de ambas cámaras, pero mediante el método de Asamblea Constituyente, cuando las propuestas de cambios excedan tres modificaciones. La píldora venenosa en ambos escenarios, es conseguir, en una legislatura como la nuestra, el endoso de las dos terceras partes de los integrantes de ambas cámaras. Si no se consigue tal porciento, no procede ni un proceso limitado ni una revisión general de la Constitución. Bajo tal modelo, somos cautivos de lo que los partidos políticos mayoritarios determinen.

La Sección 1 permite el referéndum se lleve a cabo en conjunto con una elección general si tres cuartas partes del número total de miembros de la Asamblea Legislativa lo acuerda. De lo contrario, puede ser en otra fecha.  Para una revisión integral de la Constitución mediante el mecanismo de Asamblea Constituyente, indica la Sección 2, la consulta debe ser hecha en la fecha en que se celebren las elecciones generales.

8. Para atender el problema de las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos, relación que ya el pueblo rechazó en un referéndum anterior indicando por un 54% su inconformidad con las actuales relaciones, el mecanismo no podría ser el contenido de la Sección 3 del referido Artículo VII. Este indica: “Ninguna enmienda…podrá alterar la forma republicana de gobierno…o abolir su Carta de Derechos.” Dispone, además, que cualquier cambio debe ser “compatible con la Resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta Constitución, con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos”—que incluye la Cláusula Territorial contenida en su Artículo IV, Sec. 3— y “con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley 600…adoptada en carácter de convenio.” Esta Sección la impuso Estados Unidos como condición para aprobar la Constitución del ELA. Su propósito es evidente: para que las cosas cambien, tienen que seguir siendo iguales.

9. Como no es posible, bajo tales condicionantes del Artículo VII, Sección 3, un verdadero ejercicio de libre determinación y descolonización, la propuesta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico ha sido atender el tema de la libre determinación del pueblo puertorriqueño mediante el mecanismo alterno de una Asamblea Constitucional de Estatus. Esta tendría con facultades deliberativas en cuanto a la definición de las fórmulas de futura relación política; pero también facultades negociadoras de tales fórmulas, las que finalmente debe aprobar el pueblo de Puerto Rico previo a una consulta sobre su preferencia futura, como fórmulas acordadas por las partes en tal futura relación.

10. Nada impide, de cara al futuro, podamos asumir ambos mecanismos para atender los problemas que el pueblo debe resolver: el mecanismo de Artículo VII para profundizar el marco del ejercicio de la gobernanza que el país reclama; la Asamblea Constitucional de Estatus, para atender el problema de las relaciones políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos. Para ello, para forzar tales transformaciones, el pueblo debe retomar las calles, pero esta vez en demanda de ambos mecanismos a los fines de forzar a la Asamblea Legislativa a viabilizar este ejercicio que demanda nuestro pueblo.

[jose-borges]

Acabo de ver mi nuevo libro, Historia del independentismo en Puerto Rico, en la Librería El Laberinto (La Tertulia) en el Viejo San Juan.

— Che Paralitici (@Cheparalitici) April 19, 2017

[corrupcionenpr]

La CIA admitió que recopiló información sobre grupos independentistas de Puerto Rico

Según documentos divulgados a petición de congresistas demócratas, la Agencia Central de Inteligencia buscó vínculos con el gobierno cubano y entrenó exiliados cubanos en Vieques para la invasión de 1960.

Washington D.C. - La Agencia Central de Inteligencia (CIA) divulgó documentos que confirman que mantuvo el ojo sobre grupos independentistas de Puerto Rico y entrenó exiliados cubanos en terrenos militares de Vieques, en 1960, de cara a la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba con el objetivo de derrocar el gobierno de Fidel Castro.

Bajo el programa MHCHAOS, “varios activos en el extranjero fueron encargados de proporcionar cualquier información sobre vínculos extranjeros con el movimiento de independencia de Puerto Rico”, subrayó uno de los documentos, con fecha del 14 de agosto de 1978, y que responde a preguntas del entonces congresista demócrata Ronald Dellums (California).

Dellums respaldó la independencia para Puerto Rico y quiso conocer de actividades de la CIA para evitar que el archipiélago puertorriqueño alcanzara su soberanía política.

La operación MCCHAOS o CHAOS de la CIA - que existió de forma clandestina entre 1967 y 1974-, tuvo el propósito de investigar a través de sus operaciones en el extranjero contactos de “disidentes estadounidenses” en otros países, según informes. La CIA sostiene en el documento que buscaba información sobre “interferencia extranjera” en “asuntos internos” de Estados Unidos.

Los documentos publicados a finales de diciembre por la CIA, a petición de los congresistas demócratas Joaquín Castro (Texas) y Jimmy Gómez (California), reafirman la vigilancia de esa oficina hacia el Movimiento Pro Independencia (MPI), el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP) y el independentismo en general.

Los documentos, con información aún clasificada que es omitida, fueron divulgados primero por la publicación Axios. La mayoría de los documentos se relacionan a activistas mexicoamericanos. Se supone que la CIA no lleve actividades de espionaje en territorio estadounidense.

“Tengo la esperanza de que estos documentos nos ayuden a construir un mejor registro de los excesos pasados y a establecer barreras de protección más sólidas contra la vigilancia injustificada en el futuro”, indicó el congresista Castro.

Castro – quien es miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes-, y Gómez solicitaron en marzo de 2024 al director de la CIA, William Burns, y al director del FBI, Christopher Wray, desclasificar y publicar informes relacionados con la vigilancia de latinos vinculados al movimiento pro derechos civiles. Burns dijo entonces que estaba comprometido a corregir “errores” del pasado.

Hicieron un reclamo similar al FBI, que no ha respondido.

El FBI, que en 2003 entregó miles de documentos al entonces congresista demócrata boricua José Serrano (Nueva York) sobre la persecución en contra del movimiento independentista puertorriqueño, no ha respondido a la solicitud de información de los legisladores Castro y Gómez.

En el documento en que responde las preguntas del congresista Dellums, la CIA reconoció que buscó información sobre los vínculos de grupos independentistas como el MPI, fundado, como el PSP, por el histórico líder socialista Juan Mari Bras, con el gobierno cubano.

“Un agente de otra zona informó en 1968 que una asamblea nacional de varios grupos independentistas de Puerto Rico había aceptado la violencia como un punto central de la lucha por la independencia de Puerto Rico. Esta información fue transmitida a otra agencia del gobierno de los Estados Unidos interesada en las actividades subversivas internas. En 1972 se intentó descubrir los vínculos cubanos con el movimiento independentista puertorriqueño a través del programa de recopilación de datos MHCHAOS”, añade el informe relacionado a la solicitud de información de Dellums, quien llegó a presentar proyectos de ley en favor de la independencia de Puerto Rico.

La CIA hace alusión a informes de que desde 1954 en Puerto Rico había una tendencia en favor de la independencia y reconoció que en 1976 publicó un memorando “sobre el esfuerzo cubano” para promoverla.

¿Ha llevado a cabo la CIA alguna operación, esfuerzo de propaganda o cobertura postal contra cualquier aspecto del Movimiento de Independencia o partidos o individuos que abogan por la independencia?, fue una de las preguntas hechas por el congresista Dellums.

El documento de 1978 de la CIA indica que “según el informe emitido en 1976 por el Comité Selecto del Senado para el Estudio de las Operaciones Gubernamentales, el correo hacia y desde Puerto Rico que mostraba simpatías anti Estados Unidos y subversivas se incluyó en un programa de correo”.

“No se ha establecido definitivamente si el Movimiento de Independencia, los partidos o individuos que abogaban por la independencia de Puerto Rico fueron el objetivo específico”, subrayó.. Bajo el programa MHCHAOS, “varios activos en el extranjero fueron encargados de proporcionar cualquier información sobre vínculos extranjeros con el Movimiento de Independencia de Puerto Rico”, agregó el documento.

Ante la pregunta de si la CIA “ha llevado a cabo, o ha llevado a cabo en el pasado, acciones u operaciones desde Puerto Rico que involucraran a personas residentes en Puerto Rico”, la oficina federal sostuvo entonces que “en la actualidad no hay operaciones de recopilación de inteligencia dentro o fuera de Puerto Rico que involucren a personas residentes en Puerto Rico”.

La admisión sobre entrenamiento de exiliados cubanos en Vieques es en respuesta a la pregunta de Dellums de que si la CIA “ha realizado entrenamiento de extranjeros o ha participado en el entrenamiento de extranjeros en Puerto Rico”.

“En noviembre de 1960, los exiliados cubanos fueron entrenados en la isla de Vieques en preparación para el desembarco en Bahía de Cochinos” o playa Girón, sostiene el documento. Anteriormente se ha informado que en Vieques los exiliados cubanos fueron entrenados sobre el manejo de botes y desembarcos anfibios.

Néstor Duprey, profesor e historiador de la Universidad Interamericana, dijo que Mari Bras había aludido a la petición de información hecha por Dellums. Pero, no cree que la respuesta de la CIA se conociera entonces. “Toda la información que tengo es que es no se había hecho público, no se conocía que se hubiese contestado la petición de Dellums”, indicó Duprey a este medio.

Fuente: ElNuevoDia Por: José A. Delgado

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Héctor Travieso fue un defensor de la violencia contra el independentismo en Puerto Rico que apoyaba a terroristas de ultraderecha como Julio Labatut. Fue xenófobo, machista y homófobo. Un ser lleno de odio que hizo carrera de la tragedia ajena. Ese será su legado por siempre.

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Un informe de la Comisión de Derechos Civiles (CDC) reveló que durante las manifestaciones del 1 de mayo de 2017, la Policía de Puerto Rico exhibió una carencia de controles y estructuras institucionales apropiadas para evitar el abuso discriminatorio de las prácticas de vigilancia durante la protesta pública.

“Por la historia reciente de persecución política en este país resulta  imperativo que las instituciones de vigilancia policiaca de Puerto Rico sean repensadas en toda su extensión desde una perspectiva de derechos humanos”, señaló la presidenta de la CDC, Georgina Candal Segurola.

El informe sale a solo días de que nuevamente, organizaciones civiles, ciudadanos y sindicatos hayan convocado al pueblo a manifestarse este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, en rechazo a políticas públicas establecidas que van en contra de los servicios esenciales del país.

La intervención de la CDC fue como resultado de una querella presentada por los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño,  Denis Márquez y Juan Dalmau, tras expresiones emitidas por la coronela Michelle Hernández de Fraley, entonces Superintendenta de la Policía de Puerto Rico, quien indicó que la Uniformada monitoreaba las redes sociales de los y las manifestantes, en anticipo a las actividades del primero de mayo.

En la querella, Márquez y Dalmau alegaron que dichas expresiones eran una práctica de espionaje digital tan repudiable e ilegal como el carpeteo sufrido por cientos de miles de independentistas en el pasado. La querella planteó, a su vez, la necesidad de examinar las prácticas y políticas de la agencia de ley y orden de Puerto Rico que inciden sobre la supervisión de la actividad de la protesta pública.

“Este informe confirma y valida múltiples señalamientos contenidos en nuestra querella como por ejemplo que la Policía de Puerto Rico monitorea selectiva e indebidamente las redes sociales de personas que protestan en este país y que graban ilegalmente actividades públicas de protesta sin cumplir con la ley, la Constitución y sus propias normas”, expresó Márquez.

Sobre las expresiones realizadas por la entonces superintendente de la Policía, la CDC determinó que las mismas probablemente tuvieron un efecto disuasivo o “chilling effect” sobre las personas, lo que afectó adversamente el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, asociación e intimidad.

Otro hallazgo fue que la Policía adquiri�� ‘drones’ sin las políticas, planificación, permisos de uso ni adiestramientos necesarios, acciones que no aseguraron el uso adecuado de la tecnología. Además de que las grabaciones examinadas del 1ro de mayo de 2017 muestran grabaciones dirigidas a identificar personas, concluyó el organismo.  

“Claro que hay que investigar las redes sociales cuando se trata de ataques de violencia de género, de pornografía infantil…peor no es utilizar las redes sociales para investigar actividades legítimas de protestas, de disidencia y de liberta de expresión”, sostuvo Márquez.

La CDC también señaló, además, serias deficiencias en los archivos del material grabado. Según el organismo, no hubo unos criterios uniformes por parte de la Policía, por lo que el material “no es confiable, pues son continuamente editados y borrados selectivamente”. “La Policía altera los vídeos grabados a su total discreción antes de decidir cuáles guardan finalmente”, indicó Márquez.  

Como parte del proceso de investigación, la Comisión celebró tres vistas públicas con participación de personas de la comunidad y funcionarios públicos; realizó múltiples requerimientos de información a la Policía de Puerto Rico, así como a un proveedor de servicios de internet. Igualmente, realizaron una inspección ocular en el  Centro de Recopilación, Análisis, Diseminación de Inteligencia Criminal (CRADIC) y en la División  de Crímenes Cibernéticos de la Policía.

“Por  la seriedad de los hallazgos y conclusiones del  informe, la Comisión de Derechos Civiles considera apremiante que el Negociado de la Policía de Puerto Rico cese y desista de forma inmediata de las prácticas y políticas de vigilancia y monitoreo de las actividades de protesta que vulneran los derechos de libertad de expresión, asociación e intimidad de las personas,” expresó Candal Segurola.

En el informe, la CDC recomienda, además, que cualquier petición de información de una persona por acciones o expresiones en las plataformas sociales tiene que hacerse a través de un recurso de supina, notificándole previamente.

El documento también reconoce que ha habido unos cambios en los reglamentos de la Uniformada, aunque hay trasnformaciones adicionales por hacer, dijo Márquez.

El representante reconoció el trabajo y la atención prestada por la CDC a la querella, incluso en momentos donde ha recibido recortes presupuestarios. “El trabajo de la CDCPR es de suma importancia porque en este país el carpeteo, la persecución política, la violación de derechos civiles, humanos y la intimidad de las personas han sido desafortunadamente parte de nuestra historia particularmente contra el independentismo como una manera de desarticularlo”, manifestó el también abogado.

Ante los señalamientos divulgados hoy por la Comisión de Derechos Civiles, el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, dijo en declaraciones escritas que han transcurrido dos años de los hallazgos y que, desde entonces,  a través de la Reforma Sostenible en la que se encuentra la agencia, se han enmendado políticas que han permitido atemperar las prácticas utilizadas por los miembros de la Uniformada durante este tipo de actividades.

“No obstante, el Negociado mantiene el deber de proteger los derechos de libertad de expresión y también cumple cabalmente con su labor de proteger la vida y la propiedad de todos. De ninguna manera, la publicación de este informe significa que el próximo 1ero de mayo la uniformada atentará contra los derechos constitucionales, sino todo lo contrario. Es nuestro interés que las manifestaciones se realicen y que no ocurra ningún incidente���, señaló Escalera.

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Jenniffer González le dice a Carmen Yulín Cruz “que se tire que está llanito”

La alcaldesa de San Juan podría enfrentarse a la comisionada residente en las elecciones de 2020        

“Que se tire que está llanito”.

Ese fue el reto que le lanzó hoy la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien se perfila como una de las posibles contendientes de la líder del Partido Nuevo Progresista (PNP) en las próximas elecciones generales.

“Creo que si aspira a la gobernación, Ricardo Rosselló ha hecho el trabajo y si aspira a Washington, que se tire que está llanito. Yo estoy lista para enfrentar a cualquiera que sea el candidato del Partido Popular o de otro partido político, así que mi determinación no va a depender de sus aspiraciones, ella siempre está en un viaje, así que no me afecta cuál va a ser su asunto”, señaló González.

Las expresiones de González se dieron tras su participación en la Cumbre 2019 sobre el Gas Natural Licuado, donde se discutió el desarrollo de infraestructura y el futuro de las importaciones y exportaciones de gas, entre otros temas.

González sostuvo, además, que independientemente cuál sea la decisión de Cruz, la gente de San Juan “va a estar bien contenta, porque van a salir de una alcaldesa que ha abandonado la ciudad capital, que ha abandonado las estructuras municipales”.

“Si hay alguien que va a estar feliz con esa determinación me parece que es la gente de San Juan que va a salir de ese problema. Yo -vuelvo y te digo- que haga lo quiera”, puntualizó González.

Cruz, quien ha dejado claro que no regresará a la alcaldía capitalina, anunciará mañana desde el Jardín Botánico de Caguas si aspirará a la gobernación o a la silla de la comisaría residente en Washington y si lo hará bajo la insignia del Partido Popular Democrático (PPD) o bajo alguna otra estructura que bien podría ser el Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC) o a través de alianzas.

Alcaldes populares y otras voces dentro de la Pava han indicado que entienden que Cruz seguirá en las filas de la colectividad a pesar de las diferencias que sostenido con parte del liderato.

Sobre el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) -integrado por figuras que estuvieron activas en las pasadas elecciones tanto de forma independiente como debajo de una insignia política-, González dijo que se trataba de  “un juego de sillas”.

“Yo le doy la bienvenida a cualquier partido político en Puerto Rico. Yo creo que es el pueblo de la isla el que tiene que escoger sus candidatos, así que si personas que militaban en otro partido para las elecciones generales pasadas o que corrieron independiente, decidieron ponerse de acuerdo para ahora empujar su causa de independentismo o socialismo en Puerto Rico, pues tienen ese foro”, puntualizó González.

Fuente de información: El Nuevo Dia