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Extractos de Justicia y racismo ambiental en territorios afrodescendientes de América Latina por David Cotacachi

Los afrodescendientes en Latinoamericana se encuentran expuestos de manera desproporcionada a los impactos ambientales negativos generados por modelos de desarrollo no sostenibles. La vulnerabilidad ante los riesgos ambientales naturales y antropogénicos, está directa o indirectamente relacionada con la aplicación desigual e inequitativa de las normas y regulaciones (públicas y privadas) que obligan a las comunidades a vivir en la proximidad de condiciones ambientales y territoriales adversas, configurando casos de injusticia y racismo ambiental. Para los afrodescendientes, la falta de regularización de sus tierras y territorios constituye uno de los elementos que incrementa su vulnerabilidad frente a la expansión del desarrollo y sus impactos ambientales.

Brasil. Los quilombos son una categoría jurídica usada en Brasil que reconoce la propiedad ancestral de la tierra de los afrodescendientes quienes se asentaron en diversas localidades durante el periodo de la esclavitud...El territorio de la comunidad quilombola Santa Rosa dos Pretos (565127.82 m E; 9636568.99 mS) ha sido históricamente afectada por la expansión del desarrollo. Desde 1952 el territorio de la comunidad ha sido dividida en múltiples ocasiones debido a la expansión de diversas infraestructuras tales como líneas férreas, instalaciones eléctricas y carreteras que atraviesan esta y otras comunidades quilombolas, confinando a las personas a espacios cada vez más reducidos.

a pesar de la existencia de políticas orientadas a resolver el problema de la falta de titulación de las tierras, su poca implementación, la falta de financiamiento y la exclusión de las comunidades de los procesos de tomas de decisiones, terminan exponiéndolos a diversos impactos ambientales. En particular, cuando las empresas identifican las tierras de los grupos vulnerables como los sitios para la implementación de infraestructuras que generan impactos ambientales y sociales considerables, en conjunto con la deliberada omisión del cumplimiento de la legislación ambiental, se configura racismo ambiental. Como consecuencia, dichas decisiones reducen el acceso al territorio, recursos, biodiversidad y agua, situación que afecta negativamente la calidad de vida y la salud de las personas, quienes además, no tienen otro lugar a donde desplazarse.

los afroecuatorianos, debido a su nivel de pobreza, se han visto expuestos a trabajos en empresas extractivas en condiciones de explotación laboral. El caso de la empresa Furukawa aparece en los reportes del Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes como un ejemplo de racismo ambiental...

Un informe de la Defensoría del Pueblo resalta la violación sistemática ejercida por la empresa sobre el derecho al trabajo, a la salud, a la educación e identidad de sus trabajadores. También se reporta trabajo infantil. Por su parte, la empresa rechaza la responsabilidad directa sobre la explotación laboral bajo el argumento de que la misma fue realizada por terceros (arrendatarios). El caso de Furukawa ha sido tratado por los medios de comunicación como un caso de “esclavitud moderna” (Ecuavisa, 2019).

México. El sistema Lagunar Chacahua-La Pastoría, del Parque Nacional Lagunas de Chacahua, se ubica en el extremo sur este del Estado de Oaxaca en el Municipio Villa Tutupec de Melchor Ocampo. En esta zona viven comunidades afro-mexicanas (afro mestizas) en al menos 6 comunidades que incluye El Azufre, Chacaija, El Corral, Zapotalito, Cerro Hermoso y la Grúa, que dependen de la pesca y del turismo para su subsistencia. Durante décadas, la falta de regularización de la tenencia de la tierra ha contribuido a la expansión de la deforestación y de las actividades agrícolas sin planificación. Como consecuencia el sistema lagunar ha sido afectado por los sedimentos y agroquímicos que ocasionan una permanente contaminación y pérdida paulatina de la profundidad de las lagunas y el azolvamiento de las bocabarras. En 1972 el gobierno construyó en la parte de Cerro Hermoso un espigón de roca (656472.04 m E; 1765985.26 m N) para disminuir el azolvamiento de la bocabarra y permitir el flujo de las aguas marinas hacia la Laguna La Pastoría. No obstante, esta alteración del entorno físico no ha logrado detener el proceso natural de asolvamiento, y ha requerido constantes trabajos de dragado. En el 2003 técnicos de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) intentaron rehabilitar las escolleras y recuperar el flujo de aguas, sin recoger las recomendaciones de conocimiento tradicional ecológico de las comunidades locales.

Como consecuencia, dichas acciones no solo que no resolvieron el problema, sino que la empeoraron (Vega, 2018). Como resultado, el proceso de eutroficación de las lagunas ha provocado varias muertes masivas de peces, que se atribuyen a la presencia de microorganismos (Margalefidinium polykrikoides) que bajo las condiciones ambientales negativas descritas se vuelven abundantes causando la mortalidad marina debido a la toxicidad que genera (Lopez Cortez et al, 2019). Esta situación ha afectado directamente a las comunidades locales, dado que la pesca es su medio de subsistencia principal. Así mismo, se han creado focos de infección que ha afectado la salud de las comunidades, se ha afectado el turismo, y se han incrementado las actividades ilícitas y la migración forzada. Un cambio importante para el sistema Lagunar, fue la apertura del distrito agrícola No. 110. Para fomentar el riego en el distrito se requirió de la construcción de la enorme represa Ricardo Flores Magón en 1992 (635438.78 m E: 1781299.72 m N), en el Río Verde, con derivadores en sus márgenes izquierda y derecha (Gonzales y Rodríguez, 1998). El río influye de manera determinante sobre los ecosistemas del sistema lagunar (INSHONAT, 2007).

Consecuentemente, la construcción de la represa, para el desarrollo agrícola, generó una serie de impactos ambientales negativos en el sistema lagunar que ha afectado negativamente a las comunidades afro-mexicanas. Debido a la falta de atención gubernamental, durante décadas, para remediar la catástrofe ambiental, representantes afro mexicanas denunciaron el caso en el 2018 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un ejemplo de racismo ambiental y racismo estructural. Particularmente las afectadas denunciaron la falta de reconocimiento institucional que ha imposibilitado a las comunidades a defender sus derechos individuales y colectivos. (La constitución de México no reconoce la identidad de los afrodescendientes). Las denunciantes denunciaron que, a pesar del conocimiento del Estado de esta situación, no ha tomado medidas para reparar el problema ambiental. Se menciona que desde hace más de dos décadas la SEMARNAT ordenó a la Comisión Nacional del Agua a restituir el volumen de agua dulce que se desvió al Distrito de Riego, pero dicha disposición no se ha cumplido.

Las comunidades indican que han recibido el argumento de que “no existe persona física o moral a quien le sea concesionado el volumen de agua”, para dar cumplimento a la Ley de Aguas Nacionales. La pregunta recurrente de las comunidades al Estado es si éste actuaría de la misma manera si es que la petición de una reparación ambiental fuese realizada por grupos empresariales. Consecuentemente, las comunidades argumentan la existencia de un perfilamiento racial, que constituye la causa principal de la falta de atención gubernamental para resolver el problema ambiental, mientras que se priorizan otras actividades de interés empresarial, configurándose en un caso de injusticia ambiental.

Surinam. Los Saramaka (Saamaka) es uno de los seis grupos de cimarrones (maroons), junto con los Ndyuka, Matawai, Paramaka, Aluku/Boni y Kwinti, de la República de Surinam, descendientes de africanos, que fueron traídos por los holandeses en el siglo XVII, y que escaparon de la esclavitud internándose en la selva amazónica, formando comunidades con una cultura e idioma propios (CIDH, 2007; Price, 2012). En el 2007, el pueblo Saramaka, luego de una década de disputas legales, ganó una demanda en contra del Estado, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso se fundamenta en el problema de la invasión a los territorios de los Saramaka que se agrava en 1990 cuando diversas compañías multinacionales forestales y mineras extrajeron recursos naturales con permisos otorgados por el Estado pero sin procesos de consulta ni compensación para las comunidades. Específicamente, el Decreto Minero de1986 no permitía el acceso a compensación alguna dado que los acuerdos solo podían hacerse con personas que dispongan de alguna forma de derecho registrado o título concedido por el Estado, que en el caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes no fueron factibles debido a que el Estado no reconocía sus derechos colectivos al territorio. Asimismo, la Ley de Manejo Forestal (1992) otorgaba concesiones de aprovechamiento forestal, pero sin la figura de concesiones comunitarias, porque la misma no era reconocida por el Estado. En su sentencia la CIDH declaró que el Estado de Surinam violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) sobre la propiedad de las tierras ancestrales de los Saramaka, así como el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y la protección judicial de los mismos.

Varios años después de la histórica sentencia de CIDH, no solamente que el Estado no ha cumplido con las medidas establecidas en dicha sentencia, sino que ha consolidado el desarrollo de nuevos proyectos de explotación minera (oro y bauxita), explotación forestal, e infraestructura de desarrollo, en territorios de los Saramaka y otros pueblos afrodescendientes e indígenas, mediante acuerdos con compañías internacionales, y sin consulta con las comunidades (Price, 2012; BothENDS, 2017). La titulación de la tierra sigue siendo un tema pendiente para los pueblos indígenas y afrodescendientes.

La ubicación geográfica de los pueblos afrodescendientes e indígenas es determinante para la vulnerabilidad ante potenciales riesgos ambientales. Por ejemplo, la ruralidad de los pueblos afrodescendientes e indígenas (18 % y 51% respectivamente) es consecuencia directa del desplazamiento cumulativo de la colonización y el desarrollo fundados en procesos históricos de discriminación y exclusión étnica/racial (Posey, 1995). Una consecuencia de este desplazamiento es que los pueblos indígenas y afrodescendientes se encuentran en tierras marginales (en términos de las economías agrícolas), agravados por el bajo acceso a tecnologías y recursos como el riego. En estas condiciones, los pueblos indígenas y afrodescendientes han dependido de su conocimiento tradicional ecológico para su subsistencia. No obstante, con los nuevos modelos de desarrollo, que implican la extracción de recursos naturales estratégicos (minero, hidrocarburífero, forestal) y de infraestructura de desarrollo (vial, energética, agrícola), los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes se encuentran expuestos a diversos impactos que deterioran la calidad ambiental de su entorno. Cuando dichos procesos de desarrollo no toman en cuenta a los grupos étnicos en la toma de decisiones, se configuran casos de injusticia ambiental, que reproducen de manera intencional o no, la discriminación étnica/racial, especialmente cuando el resultado final de dichos modelos beneficia de manera desigual a determinados segmentos de la sociedad (Sundberg, 2008).

De acuerdo con el reporte de la ONG Global Witness (2019), en el 2018 se identificaron a nivel mundial un total de 164 asesinatos de defensores ambientales, siendo la región de Latinoamérica la que registra la mayoría de los casos (51%) reportados principalmente en Colombia, Brasil, Guatemala, México, Honduras, Venezuela y Chile. De acuerdo con la ONG la mayoría de las muertes están vinculadas con el sector de la minería e industrias extractivas, seguido por la agroindustria, proyectos hidroeléctricos y la explotación forestal. Generalmente, las víctimas pertenecen a los pueblos indígenas, afrodescendientes y a grupos étnicos directamente afectados por los impactos ambientales y sociales de dichos proyectos.

Los afrodescendientes que se encuentran en territorios rurales dependen directamente de los recursos naturales y de la calidad ambiental de su entorno para alcanzar su bienestar físico y cultural. Estas tierras y territorios, que en las economías agrícolas fueron considerados como marginales, en la actualidad son el blanco de los nuevos modelos de desarrollo basados en la extracción de diversos recursos naturales estratégicos o como sitios para la expansión de la infraestructura de desarrollo. Para estos pueblos, la falta de regularización de sus tierras y territorios constituye uno de los elementos que incrementa su vulnerabilidad frente a la expansión del desarrollo y su consecuente exposición a los impactos ambientales.

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