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Por qué crece la romería de militares a la criticada JEP

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Por qué crece la romería de militares a la criticada JEP

La posibilidad de obtener la libertad inmediata cuando están presos –aunque esta sea condicionada– y de lograr penas mucho más bajas que en la justicia ordinaria se convirtió para militares y policías investigados o condenados por delitos cometidos durante el conflicto armado en un atractivo irresistible de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La prueba es que sigue creciendo el número de integrantes de la Fuerza Pública que se somete a esta justicia especial.

Según la JEP, ya son 1.914 los militares y policías que han firmado actas de compromiso en esta justicia, entre los cuales hay 5 generales y 20 coroneles. ​ Esto, pese a que congresistas del Centro Democrático insisten en que se cree una sala particular para el juzgamiento de los uniformados, sobre la base de que a la JEP no irían porque allí serían igualados a los guerrilleros que combatieron por años.

Precisamente esta semana firmó su acta de compromiso con la JEP el excomandante del Ejército Mario Montoya Uribe, general al que la Fiscalía alcanzó a citar a audiencia de imputación de cargos en marzo del 2016 por ‘falsos positivos’ –presentación de civiles asesinados como guerrilleros muertos en combate–cometidos entre el 2006 y el 2007.

El abogado del general Montoya, Andrés Garzón, considera que “tarde o temprano, lo quieran o no, todos los integrantes de la Fuerza Pública señalados de haber cometido delitos graves en medio del conflicto armado van a terminar en la JEP”.

Tarde o temprano, lo quieran o no, todos los integrantes de la Fuerza Pública señalados de haber cometido delitos graves en medio del conflicto armado van a terminar en la JEP

Sobre todo, porque el acto legislativo que creó la justicia para la paz y las normas que la desarrollaron establecieron que la JEP “sería prevalente” para conocer los casos de agentes del Estado comprometidos con ese tipo de delitos. Garzón cree que para resolver rápidamente la situación jurídica de los uniformados, lo mejor es iniciar el proceso en la JEP.

Los beneficios en la justicia para cerrar el conflicto armado son evidentes. Mientras que por ‘falsos positivos’ en la jurisdicción ordinaria se han dado condenas de hasta 50 años de cárcel, como la impuesta al coronel Carlos Alberto Ayala Pacheco, en la JEP la máxima pena es de 8 años, si se confiesa la verdad y se cumple con la reparación de las víctimas. Además, la condena no se paga en una cárcel tradicional. Y en el peor de los casos, si el acusado no contribuye con la verdad, tendría 20 años de prisión.

El abogado José Ignacio Lombana Sierra, defensor de varios militares, admite que ellos se están acogiendo a la JEP para, en lo inmediato, lograr el beneficio de la libertad condicionada. “Es un alivio recuperar la libertad y poder trabajar y estar con sus familias. La mayoría están intentando esto sin tener en cuenta de fondo qué va a pasar con sus procesos”, anota Lombana.

Para obtener la libertad condicionada, los uniformados que ya pagaban condenas debían haber cumplido siquiera 5 años en prisión. Lombana dice que hay militares que todavía tienen recelos con la JEP porque creen que los igualarán a los guerrilleros, y, sin embargo, se acogen a ella porque es más fuerte la ilusión frente a los beneficios que da esa justicia para la paz.

Seguridad jurídica, otro incentivo

Incluso, según la abogada y representante de la Fundación Fuimos Héroes, Tania Parra, muchos uniformados que estaban temerosos de ir a la JEP “ya han visto que varios de los que firmaron sus actas de compromiso han empezado a recibir los beneficios de libertad, el traslado de cárceles a unidades militares y la suspensión de las medidas de aseguramiento”.

Añade que un beneficio adicional y clave para militares y policías en la JEP es que van a poder cerrar de manera definitiva sus procesos “con la seguridad de que nunca los van a reabrir, como sí puede ocurrir en la justicia ordinaria con recursos de revisión”.

Procesos como el del general Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años de cárcel por la masacre de Mapiripán, Meta, van a la Sala de Revisión de la JEP y, en el escenario más malo, si no reconoce hechos que le comprueben, sería condenado a 20 años de cárcel. Como ya cumplió casi 17 años detenido, no volvería a prisión.

Y por ejemplo el mayor de la Policía Juan Carlos Meneses, quien tiene a cuestas una pena de 27 años de cárcel por homicidio, se sometió a la JEP con la ilusión de obtener su libertad condicionada.

Según su abogado, Carlos Arturo Toro, el mayor “va a contar todo lo que sabe sobre el grupo paramilitar de ‘Los 12 Apóstoles’ –al que han relacionado con un hermano del expresidente Álvaro Uribe–. El mayor ya pagó más de cinco años de cárcel y tiene derecho a la libertad”, anota el jurista. Otro factor clave para los uniformados en la JEP es liberarse de la sombra de la Corte Penal Internacional (CPI). Dos de los oficiales que se sometieron a la justicia para la paz están en el radar de este tribunal internacional.

Algunos acogidos a esta justicia

General Rito Alejo del Río fue condenado a 25 años de prisión uno de los atroces asesinatos cometidos por los paramilitares en su sangrienta toma del Urabá chocoano, en 1997.

Foto:

Archivo / EL TIEMPO

1. 

General Rito Alejo del Río

El ‘Pacificador de Urabá’ recuperó su libertad en septiembre del 2017. Estaba detenido en la Escuela de Caballería de Bogotá por una condena por un asesinato cometido por paramilitares en la toma del Urabá chocoano, en 1997. Del Río es señalado de asociarse con los paras cuando estuvo a cargo de la Brigada XVII del Ejército. También ha sido mencionado en investigaciones por los asesinatos del periodista Jaime Garzón, el excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado y por la masacre de Mapiripán.

El general (r) Henry Torres Escalante (derecha) fue el primer general preso por ‘falsos positivos’.

Foto:

Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

2. 

General Henry Torres Escalante

En marzo del 2016, el oficial, que se desempeñaba como jefe de Memoria Histórica del Ejército, se entregó a la Fiscalía por su presunta responsabilidad en el homicidio de dos personas, en marzo de 2007 en Casanare. El proceso en su contra en la justicia ordinaria llegó a la etapa de juicio cuando manifestó su interés de ir a la JEP. Torres Escalante fue comandante de la Brigada XVI en Casanare entre 2005 y 2007, y según la Fiscalía, fue condecorado porque las unidades llegaron a las 150 bajas.

El coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez.

Foto:

Andrea Moreno / EL TIEMPO

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 Coronel Publio Hernán Mejía

El excomandante del batallón La Popa, de Valledupar, era considerado uno de los militares con destacados resultados en la lucha contra la guerrilla en Cesar. Fue condenado a 19 años de cárcel por concierto para delinquir agravado. El juez señaló que se probó que hubo acuerdos con las autodefensas para que los militares no combatieran a los paras y les dieran armas y municiones a cambio de que les entregaran guerrilleros y paramilitares castigados para que fueran ejecutados extrajudicialmente.

 General (r) Jaime Humberto Uscátegui

Foto:

Héctor Fabio Zamora /Archivo EL TIEMPO

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General (r) Jaime Humberto Uscátegui

El oficial en retiro, condenado a 37 años de cárcel por omisión en la masacre de Mapiripán, Meta, recuperó su libertad en mayo del 2017. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia que dejó en firme la condena en su contra. Uscátegui fue el primer general en pedir cupo en la JEP. “Después de permanecer en la cárcel por más de 16 años por un delito que no cometí (…) veo en la Jurisdicción Especial de Paz una oportunidad para demostrar mi inocencia”, dijo tras ser notificado de su libertad.

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