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Extradiciones de narcos | Cuota de AMLO a EU

CIUDAD DE MÉXIXO * 23 de septiembre 2024. ) Apro El presidente Andrés Manuel López Obrador extraditó a 341 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos, un promedio de 62 por año, con lo cual cumplió la cuota de extradiciones a la que se comprometió con Washington en el Acuerdo Bicentenario, indicó un estudio de la organización Elementa DDHH. En el informe “Extraditar la verdad México”, la ONG reveló que según documentos obtenidos del colectivo Guacamaya, mientras se negociaba el Acuerdo Bicentenario la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) garantizó a las autoridades estadunidenses que México extraditaría cada año al vecino país a 60 presuntos narcotraficantes. Y este compromiso fue seguido al pie de la letra por López Obrador, quien cada año de su sexenio firmó la extradición de 61.9 mexicanos en promedio, así la cifra exacta para cumplir la cuota de 60. Estas extradiciones ocurrieron “pese a la retórica no intervencionista del presidente López Obrador, quien al igual que sus antecesores contribuyó a la estrategia kingpin”, la cual se centra en perseguir a los líderes de los grupos criminales y no en combatir el crimen. El reporte, que coordinaron la directora de Elementa DDH, Adriana Muro, y la directora de la oficina en México, Renata Demichelis, contabilizó las extradiciones a Estados Unidos que firmó López Obrador desde el inicio de su gobierno hasta junio de este año, lo que arrojó un promedio de 5.1 cada mes. López Obrador realizó menos extradiciones que los presidentes Felipe Calderón (615) y Enrique Peña Nieto (421), pero su vehemente discurso contra el intervencionismo contrasta con su colaboración con Estados Unidos no sólo en materia de narcotráfico, sino también en el tema de la migración, en el que México ha jugado un papel para contener los flujos de migrantes latinoamericanos. De acuerdo con Elementa DDHH, la política criminal en materia de drogas de Estados Unidos, cuya piedra angular es la extradición, “representa un beneficio para la crisis de corrupción e impunidad que prevalecen en las instituciones de justicia de nuestro país”. Esto, porque “la política bilateral actual permite que la responsabilidad judicial recaiga en la jurisdicción estadounidense”, es decir, se ha extraditado a ese país el proceso penal, lo cual “facilita que México evada su responsabilidad de investigar y sancionar y debilita a las instituciones locales”. El informe de la ONG de derechos humanos, seguridad y política de drogas señaló que las dependencias gubernamentales en México “pierden memoria institucional y conocimiento práctico para procesar casos tan relevantes como el de Édgar Veytia (exfiscal nayarita), Genaro García Luna (exsecretario de Seguridad) y (el narcotraficante) Joaquín Guzmán Loera”. También propicia las delaciones y los presuntos secuestros de criminales ocurridos en territorio mexicano con el propósito de entregarlos a Estados Unidos, como ocurrió en julio pasado con el jefe histórico del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue al parecer plagiado por Joaquín Guzmán López para negociar un acuerdo con la Fiscalía del vecino país. Los fiscales estadunidenses, señaló la ONG, han promovido las negociaciones para lograr que una persona acusada testifique en contra de un coacusado o pueda apoyar al gobierno en señalar a otras personas implicadas en actividades delictivas. “Esto permite que se mantenga la espiral de persecución en países productores de drogas sin afectaciones concretas a la operación del mercado”, agregó el informe. Lo que hay en la práctica es un sistema burocrático en el que las agencias antidrogas, a las cortes y a los fiscales, se centran en abultar estadísticas para aparentar que luchan contra las drogas y para engrosar sus presupuestos. “Esto es una utilización política de las extradiciones”, dijo la directora de Elementa DDHH, Adriana Muro. A los fiscales y a las cortes estadounidenses tampoco les interesa si es ilegal la llegada a su país de las personas para enfrentar acusaciones por delitos de drogas. “En el caso Humberto Álvarez Machaín, relacionado con el asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena, la Suprema Corte estadounidense validó su secuestro en territorio mexicano (ocurrido en abril de 1990) previo a su traslado a Estados Unidos, lo cual valida casos recientes como el de ‘El Mayo’ Zambada”, señaló el documento. Y sostuvo que las acciones de extraterritorialidad judicial promovidas por la DEA benefician tanto a los objetivos de la política criminal estadounidense, como a la impunidad y corrupción de las instituciones de justicia en México”. La ONG, con sedes en México y Colombia, deploró que los procesos en Estados Unidos por delitos de drogas se centren “en gramos y sustancias, no en la vida de miles de personas afectadas por el sistema bélico de la prohibición y las redes de corrupción que permiten que opere el mercado”. De 150 casos de extradiciones revisados por Elementa DDHH, en sólo tres se sentenciaron delitos asociados a víctimas. “Para las cortes que juzgan sobre delitos de drogas cometidos en México, las víctimas existen cuando cumplen un rol o para la política criminal de Estados Unidos”, señaló, y sostuvo que a menudo se olvida que los narcotraficantes también son responsables de violaciones masivas a los derechos humanos. La ONG llamó la atención sobre la opacidad del Acuerdo Bicentenario, suscrito por el gobierno de López Obrador con Estados Unidos en 2021. “No se publicó el convenio original y no existen reportes de acceso libre que demuestren los avances en sus indicadores de evaluación”, sostuvo Elementa DDHH y alertó que ese acuerdo “ha continuado con el modelo bélico y punitivo de la prohibición en sus objetivos e indicadores”, uno de los cuales son las extradiciones. www.acapulcopress.com Read the full article

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Veto al fentanilo acelerará violencia | DDHH

CIUDAD DE MÉXICO, Gro. * 12 de febrero, 2024. )  Efe La reforma que busca prohibir el uso del fentanilo en México, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aumentará la violencia del crimen organizado y la corrupción, sin afectar al mercado o a las redes de macrocriminalidad, advirtió este lunes la asociación Elementa DDHH. En un comunicado, la organización afirmó que las iniciativas que buscan reformar los artículos 4 (párrafo 5) y 19 de la Constitución, con el argumento de proteger la salud de las personas, “recrudecen el enfoque punitivo”, vulneran los derechos humanos y contravienen estándares internacionales en materia de políticas de drogas. El organismo se pronunció así sobre las reformas incluidas en el paquete del mandatario mexicano el pasado 5 de febrero, entre las que se incluyen más castigos contra la producción y distribución ilegal de drogas sintéticas como el fentanilo, así como prisión preventiva contra extorsionadores y narcotraficantes. Elementa DDHH consideró que “elevar la prohibición a rango constitucional no debilitará el mercado”, sino que “generará más redes de corrupción para su operación y por ende, más violencias por parte de grupos del crimen organizado” donde opera el mercado ilícito de fentanilo. Señaló que esta serie de reformas aumentará la población carcelaria sin sentencia por delitos menores de drogas, pues la modificación al artículo 19 incorpora al “narcomenudeo” a la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, cuando exista posesión simple, posesión con fines de comercio, suministro y venta. Aseveró que, de aprobarse, las personas que consume drogas “estarán en mayor riesgo”, al tiempo que “obstaculiza el acceso a medidas de reducción de daños” para usuarios. “Esta medida puede recrudecer el hostigamiento policial hacia las personas usuarias de fentanilo, y propiciar detenciones arbitrarias, tratos crueles e internamiento forzado en centros de rehabilitación”, advirtió Elementa DDHH. La organización rechazó esta estrategia, que consideró electoral y basada “en la mano dura contra las drogas que ponen en riesgo la salud, la vida y la libertad de las personas”. “La evidencia ha demostrado que enfoques punitivos y represivos no sólo son ineficaces, sino que también generan consecuencias perjudiciales para la sociedad”, enfatizó. López Obrador presentó esta iniciativa pese a que grupos de izquierda le han acusado de ser conservador en su postura sobre las drogas, incluyendo la marihuana. Además, ocurrió en medio de la presión por el tráfico de fentanilo que se ha elevado este año, cuando coinciden las elecciones presidenciales de México, en junio, y de Estados Unidos, en noviembre.

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