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El trabajo educativo en línea nos ha impulsado a ser creativos en la forma de enseñar y de motivar a los alumnos a aprender.

Si regresamos a las aulas, muchas de las herramientas que desarrollamos durante la pandemia seguirán siendo de utilidad.

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Todas las Universidades Públicas somos UNAM

Por: Jenny González Arenas.

           Antes los recientes acontecimientos que se han suscitado en la Universidad Nacional Autónoma de México, es necesario que nos preguntemos que se puede estar gestando alrededor de todas esas manifestaciones y sesgos de violencia que tienen lugar al interior de una institución de educación superior.

           No es la primera vez que suceden este tipo de hechos, lamentables por supuesto, pero si valdría la pena analizar las causas que creemos originaron estos acontecimientos y recalco, creemos, porque las ocultas y verdaderas intenciones probablemente nunca lo sabremos, solo podemos conocer lo que nos resulta evidente a simple vista.

           Los jóvenes alumnos del CCH acuden en una marcha pacífica a la torre de rectoría de la UNAM a solicitar se les asignen los maestros que aún tienen pendientes, a pesar de haber transcurrido un mes de clases, en ese momento son agredidos por alumnos de la Universidad, algunos, y uno que otro agregado que provocan y atentan contra la integridad física de los manifestantes; el avance tecnológico, la accesibilidad a una cámara de video han permitido identificar a algunos de los agresores.

           Muchas interrogantes se generan alrededor de estos hechos, tales como quién mandó a los jóvenes con actitudes porriles a interrumpir la marcha de los alumnos del CCH, porqué no dejarlos llegar a la torre de rectoría y entregar, pacíficamente su pliego petitorio, pero antes de ello, quien organiza a los jóvenes del CCH para que hagan su petición por escrito y marchen a la torre de rectoría a entregarlo en lugar de nombrar una comisión, no queremos decir con esto que los jóvenes no sean capaces de tener una iniciativa de esta naturaleza, por supuesto que son perfectamente capaces de organizarse, lo que nos lleva a pensar en cuánto han tenido que aguantar y tolerar los jóvenes para que llegaran al extremo de marchar, para hacer pública su petición que si bien es cierto no tiene nada de malo o extrema la decisión, si es una decisión que llama a los jóvenes a salir de su escudo protector que han sido las redes sociales y refugiarse tras un monitor de una computadora.

           Pero también nos cuestionamos qué es lo que están haciendo las autoridades, no solo para cuestionar los hechos violentos de la semana pasada, sino para atender las demandas de los miles y miles de estudiantes que se manifestaron pacíficamente a causa de las agresiones sufridas por sus compañeros.

           No podemos evitar pensar que la ola de criminalidad que azota nuestro país no ha podido dejar fuera a los estudiantes universitarios, a las máximas instituciones formadoras de profesionistas que han vivido en carne propia las muertes, las violaciones, desapariciones, etc., de compañeros maestros, alumnos y trabajadores que, dentro y fuera de los campus, son víctimas de la ineficacia de las políticas públicas en materia de seguridad.

           Un asunto que podría parecer sencillo puede desentramar una serie de intereses que, al quedar al descubierto, pudieran poner en riesgo la estabilidad de la educación superior en nuestro país, la desaparición de una forma de gobierno universitaria, inclusive la autonomía y encerrar a la educación superior dentro de las ya por demás fallidas políticas en materia educativa que poco o nada tienen que aportar al desarrollo nacional mientras sigan partiendo de una estrategia centralizadora.

           A las demás Universidades del país no les queda mas que estar atentas para reaccionar en defensa de la autonomía universitaria en el momento en que ello se requiera, porque no podemos pensar que los recientes acontecimientos de la UNAM, a los que se han sumado manifestaciones del Politécnico Nacional e inclusive instituciones privadas, no son otra cosa que un nerviosismo presente en todas las instituciones de educación superior de lo que pueda esperarnos en la siguiente administración.

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El sexenio que termina

Por: Jenny González Arenas

           Contamos los días para que el sexenio de Enrique Peña Nieto concluya. Un sexenio plagado de cambios, no para bien, pero cambios al fin.

           En materia de derechos humanos, la lista de irregularidades no es solo larga sino preocupante, puesto que en muchos temas relacionados con este rubro son grandes los daños y la cantidad de personas que han vivido en carne propia la falta de capacidad del gobierno en turno por atender los problemas de fondo que afectan los derechos humanos, por el contrario, se han llevado a cabo reformas estructurales que se convierten en violaciones sistemáticas de derechos humanos.

           Podemos hablar, por ejemplo, de la gran deuda en materia de seguridad, bajo la misma estrategia de la guerra contra el narcotráfico, política implementada por Felipe Calderón y continuada en el presente sexenio, la cantidad de homicidios, secuestros, desapariciones forzadas y desplazamientos se ha incrementado exponencialmente. Mas hombres, mujeres y niños se han visto obligados a abandonar su lugar de residencia por los índices tan elevados de violencia y de delincuencia, lo que disminuye considerablemente la calidad de vida de los mexicanos. Los muertos y los desaparecidos sigue siendo una deuda del presente gobierno y lo más lamentable es que no tenemos clara la estrategia del siguiente gobierno para saldar esta deuda.

           Por otro lado encontramos las reformas estructurales en materia energética, que han puesto en riesgo la propiedad del Estado Mexicano sobre los recursos naturales, la posibilidad de que la iniciativa privada y los inversionistas extranjeros puedan participar activamente en el sector energético pone de manifiesto la posibilidad latente de sobre explotar los recursos naturales poniendo en riesgo el desarrollo sustentable en nuestro país, pero también se pone en riesgo el equilibro ecológico y con ello la salud y la vida de los mexicanos, que verán como poco a poco se va mermando su calidad de vida por el deterioro ambiental que los capitales extranjeros no van a proteger porque no es su país y por lo tanto no es el territorio en el que se encuentran sus hijos.

           Y no se diga en materia de impunidad, el tema de acceso a la justicia es una de las grandes deudas del presente sexenio; en este punto, el acceso a la información, que si bien es cierto la legislación garantiza, las autoridades han sido lo suficientemente hábiles para no garantizarlo plenamente, a pesar de ello mucha de la información llega a circular públicamente, lo que hace todavía mas profunda la sensación de injusticia que tiene la población. Los delitos cometidos por servidores públicos, por representantes populares no se castigan, tampoco la delincuencia organizada, ni la delincuencia común. Un circulo vicioso se ha generado, los delitos no se persiguen porque la ciudadanía no denuncia, pero no hay denuncia porque no hay confianza en las instituciones, y no hay confianza en las instituciones porque las encargadas de perseguir el delito no lo persiguen.

           Y así podemos seguir hablando de las grandes deudas en materia de derechos humanos del presente sexenio, como el derecho a la educación o a la salud, o a la cultura o al deporte o a la verdad o a la paz y la seguridad, a la vida y a una vivienda digna, inclusive la libertad de tránsito o de manifestación o de asociación y reunión; muchos derechos que se han violentado de manera sistemática, la cantidad de periodistas y defensores de derechos humanos muertos en el sexenio son un claro indicador de cómo se persigue a quien se atreve a hablar. Solo nos resta esperar que el sexenio que esta por comenzar logre saldar las deudas pendientes del gobierno actual.

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La educación a consulta

Por: Jenny González Arenas

           No sabría si la tendencia a llevar a consulta los temas relevantes para la nación es o no una estrategia adecuada, ya que en nuestro país nunca nos han consultado nada, lo que nos lleva a cuestionarnos si los mexicanos participaríamos responsablemente en esas consultas.

           Es importante traer a colación el caso de la reciente consulta colombiana sobre el proceso de paz. Ganó el NO AL PROCESO DE PAZ, lo lamentable no es el resultado de la consulta sino el haber decidido hacer una consulta sobre un tema de implicaciones tan importantes como la paz en un país, lo que permitirá garantizar la seguridad y el sano desarrollo de nuevas generaciones de colombianos. La pregunta debería ser que temas son los que pueden ser llevados a consulta y que temas no.

           El sexenio que esta por iniciar anuncia una gran cantidad de consultas sobre temas tan diversos que no sabemos si se pasaran organizando consultas o gobernando.

           Una vez determinado si todos los temas o solo algunos serán llevados a consulta, el siguiente punto sería determinar que tipo de consulta es la que se llevaría a cabo, porque en la mayoría de los temas no se puede preguntar: “¿quiere que se construya un nuevo aeropuerto? Conteste SI o NO”. Muchos de los temas no se resuelven con un simple si o no, además de requerir cierto conocimiento técnico o especializado para poder opinar sobre ellos.

           Los asuntos como el aeropuerto, la educación, la seguridad no son temas que se resuelvan con el hígado o el corazón, sino con una estrategia clara que incida de manera favorable en el problema estructural que se pretende resolver.

           El problema de la educación superior tampoco se resuelve con un si o no, tampoco con aumentar de manera desproporcionada la matricula, se requiere un análisis profundo y regionalizado, porque la centralización de la educación no es la alternativa para resolver el problema, porque no es la misma realidad que se enfrenta en una entidad con gran desarrollo económico que la que se enfrenta en aquellas entidades en las que hay mas pobreza que riqueza. Las características geográficas de las diferentes regiones, los procesos productivos, los artículos que se producen en la región. Educar no es un asunto de consulta sino de planeación.

           Crear 100 Universidades públicas es una afirmación que no tiene sustento, cuando no se ha llevado a cabo un análisis profundo de la situación que guardan las Universidades existentes, implementar una política pública que permita sanear las finanzas, fiscalizar los recursos que ingresan a las universidades por las diferentes vías, los programas académicos, la pertinencia de los programas, los mecanismos de ingreso de la planta docente, el mantenimiento y modernización de la infraestructura, entre otros muchos problemas que se enfrentan en las universidades públicas y que no han sido atendidos ni por la Federación ni por las entidades federativas.

           Sería irresponsable abrir mas universidades públicas que reproducirán los problemas de las ya existentes, sin haber atendido el problema primigenio. Hay una fractura en la base que sostiene a la educación, misma que se tiene que reparar antes de intentar construir un segundo o tercer piso.

           Los foros que se tienen programados en cada una de las Entidades Federativas, de la mano de las Universidades Públicas pudiera ser una alternativa viable, siempre y cuando se tenga claro el mecanismo que permitirá procesar la información que se genere de esos foros y que no se conviertan en un desahogo más de los expertos y en una estrategia el gobierno de hacer que escucha y hacer que trabaja.

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Derechos Humanos e inclusión social

Por: Jenny González Arenas

           Hablar de derechos humanos obliga a hablar de dignidad, concepto que lleva intrínseco el respeto de toda persona, la necesidad de que seamos valorados y respetados en nuestro carácter individual y como parte de una sociedad. La dignidad implica el desarrollo pleno de una persona.

           Muchas veces hemos escuchado hablar sobre la dignidad y sobre la inclusión, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar en lo que estamos haciendo bien o mal para lograr que esas palabras dejen de ser un concepto y se vuelvan una realidad.

           Tenemos la idea de que el único que puede violentar los derechos humanos por acción o por omisión (hacer o dejar de hacer), sin embargo, cuando se trata de inclusión y de respeto a la dignidad, no es responsabilidad exclusiva del Estado ni de sus agentes, sino de toda la sociedad en su conjunto.

           Muchas veces tomamos actitudes discriminatorias, segregamos o tratamos diferente a las personas que no se ven, no hablan, no piensan o no pueden hacer lo que nosotros hacemos, eso es una violación a los derechos humanos de aquellos a quienes estamos tratando diferente.

           Volteamos a ver con asombro a una persona con alguna discapacidad, nos alejamos de aquellos que no se ven como nosotros, juzgamos a los que profesan otras religiones ya sea por como visten o como piensan, criticamos y tratamos de imponernos a aquellos que no opinan como nosotros, todo eso es discriminación, y atenta contra la dignidad y los derechos humanos de las personas.

           Es un problema de actitud, individual y colectivo. Nos olvidamos, como sociedad, que en ocasiones cumplimos con una doble función, que a veces prestamos un servicio público y otras veces somos usuarios de ese servicio, que en ocasiones vemos a los demás diferentes pero otros nos pueden ver diferentes a nosotros, que si juzgamos o criticamos a alguien por su manera de vestir o de pensar, alguien mas nos puede juzgar a nosotros por la misma causa.

           Vemos lo que nos hacen los demás pero difícilmente nos detenemos a pensar en lo que nosotros les hacemos a otros.

           Una sociedad que se llame incluyente es aquella que no discrimina y que tampoco trata diferente, es aquella en el que todas las personas, a pesar de sus diferencias, pueden desarrollarse de manera plena y autónoma, sin necesidad de tratos especiales. Una sociedad incluyente es aquella que no limita el desarrollo de las personas, por el contrario potencializa el ejercicio de todos los derechos y les ayuda, en igualdad de condiciones a desarrollarse de manera adecuada.

           Lamentablemente no vivimos en una sociedad incluyente, porque seguimos peleando por cuotas de género o por derechos de la comunidad LGTTTBIQ o por el respeto a los derechos de los indígenas. No vivimos en una sociedad incluyente porque una persona con alguna discapacidad física no puede acceder a la educación no por falta de capacidad sino porque las escuelas no están diseñadas para simplificar su desplazamiento de un lugar a otro; tampoco tenemos políticas públicas incluyentes porque el Estado sigue pensando que inclusión es tratar diferente, cuando tratar diferente puede ser, en algún momento segregar o separar.

           Hasta que cada uno de nosotros como personas en lo individual asumamos una actitud de no discriminación, hasta que se generen estrategias adecuadas que permitan que las personas con o sin discapacidad puedan acceder al ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones, o que las mujeres sin necesidad de cuotas de genero puedan ser tratadas igual que los hombres, o que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados en tanto respeten su propia dignidad, etc., hasta ese momento podremos comenzar a decir que vivimos en una sociedad incluyente.

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Política migratoria y el Interés superior de los niños.

Por: Jenny González Arenas

           Hay imágenes que por mas que nos preparemos psicológicamente para ello no podemos tolerar, una de esas imágenes es la de ver sufrir a un niño o a una niña.

           El sentido de solidaridad humana, pero, sobre todo, la imagen de los niños como seres indefensos, que necesitan cuidados, atención y cariño, es lo que motiva la frustración ante imágenes como las que han circulado en últimas fechas en los medios de comunicación sobre niños que son separados de sus padres y encerrados en jaulas como consecuencia del recrudecimiento de las políticas migratorias en nuestro país.

           El tema tiene varias aristas que deben ser abordadas de manera conjunta, puesto que entran en colisión varios derechos y varios sujetos, lo que lo hace aún mas complicado.

           En primer lugar tenemos la soberanía nacional, que teóricamente es la facultad de las naciones de dictar sus propias reglas, Estados Unidos esta ejerciendo de manera plena su soberanía.

En segundo lugar tenemos el derecho a una vida digna, que implica no solo el hecho de tener vida, sino de que ésta tenga ciertas características que permitan el desarrollo de la dignidad humana, por lo que toda persona tiene derecho a buscar la mejor forma de lograr esa vida digna, muchos se ven obligados a migrar.

En tercer lugar, el derecho de los niños a gozar de una familia, lo que implica que si la tiene, no puede ser separado de ella de manera arbitraria.

En cuarto lugar, el derecho de los niños de gozar de condiciones de higiene, educación, alimentación dignas acorde a su nivel de desarrollo fisiológico, emocional e intelectual.

En quinto lugar, el fenómeno migratorio esta sujeto a normas de carácter administrativo, no penal, por lo que una persona que entra en un país distinto al de su nacionalidad será sujeto a las normas administrativas correspondientes en la materia, no deberá ser tratado como delincuente. Por eso es que se dio el uso de la palabra “indocumentado” en lugar de “ilegal”, porque no es lo mismo no contar con los documentos para internarse de manera ordenada a un país que encontrarse fuera de la ley realizando un acto prohibido y considerado como delito.

Como podemos ver, no es un tema sencillo. Nosotros mismos podríamos cuestionarnos que trato daríamos a una persona que entre a nuestro domicilio sin nuestra autorización, aunque esa persona argumente que dicha intrusión es en aras de lograr una vida digna y decorosa. El problema es que son situaciones que bajo ninguna circunstancia pueden ser tomadas como análogas, puesto que la migración implica el derecho a la libertad de tránsito, y traspasar una frontera no constituye la invasión a la propiedad privada, puesto que el territorio de un país es público, mientras que el ingresar a una casa sin autorización del dueño si implica la invasión a la propiedad privada de un particular.

Si bien Estados Unidos puede considerar el cruce de la frontera sin documentos, como una visa, como un delito, también es cierto que eso constituye una violación a los estándares internacionales en dicha materia que dicen que se puede otorgar un trato diferenciado a los nacionales de los migrantes indocumentados, siempre y cuando dicho trato sea razonable, proporcional, objetivo y no lesione derechos humanos. Las autoridades deben tener siempre presente que los derechos humanos no están vinculados a la nacionalidad de una persona, sino a la persona en si misma, por lo que los derechos no se pierden por el simple hecho de salir de su país de origen.

Se que las probabilidades de que el Presidente de Estados Unidos lea estas líneas son prácticamente nulas, pero hago un atento llamado a las autoridades migratorias de nuestro vecino país del norte para que respeten los derechos humanos de los niños, las niñas y de todos los migrantes que se encuentran en su territorio, porque su único delito es buscar un mejor nivel de vida.

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Desaparición forzada y ejecución extrajudicial

Por: Jenny González Arenas.

           El tema de las desapariciones forzadas en México ha sido, para nuestra mala fortuna, una cruz con la que hemos tenido que cargar en diferentes etapas de la historia de nuestro país y, lamentablemente, en estos tiempos ha resurgido por la crisis en materia de derechos humanos y de seguridad pública en la que nos encontramos.

           Sin embargo, es muy importante que comencemos por diferenciar las desapariciones forzadas de las ejecuciones extrajudiciales o extralegales o arbitraria.

           De conformidad con lo establecido en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas, en su artículo 13, establece como característica de la desaparición forzada que la suerte o el paradero de la persona desaparecida no se hayan determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente identificados. Y en el artículo 27 de la misma ley se dice que “Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización o el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.”

           Como podemos observar, la desaparición forzada implica que se desconoce el paradero o fin que haya tenido la persona que no se localiza y que se presume ha desaparecido por participación directa o complicidad de algún agente del Estado.

           Contrario a lo anterior, la ejecución extrajudicial o extralegal o arbitraria, según el Doctor Humberto Henderson es: “la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga.”

           La diferencia es muy clara, en el primero, se desconoce la suerte o fin de la persona, el en segundo, puede ni siquiera encontrarse desaparecido, pero la muerte de la persona a manos de un agente estatal o con su complicidad sin que exista un procedimiento legal o judicial.

           Resulta reiterado afirmar que en nuestro país, ninguna persona puede ser privada de la vida por agentes del Estado mediante un procedimiento legal o judicial, porque ello implicaría que dentro de nuestra legislación se encuentre contemplada la pena de muerte, lo que no solo significaría un retroceso en la protección del derecho humano a la vida, sino que también traería consigo la violación por parte del gobierno mexicano a diversos tratados internacionales ratificados por nuestro país que prohíben la pena de muerte y promueven su desaparición progresiva de las legislaciones de los Estados.

           La desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales son dos delitos diferentes, que tienen consecuencias distintas, que implican la actualización de supuestos jurídicos diferentes y por consiguiente deben ser tratados como son, con las debidas diferencias acorde no solo a la legislación vigente en nuestro país sino a los tratados internacionales ratificados también por México y que son, acorde a lo establecido en el artículo 1º de la Constitución, de observancia general en el territorio nacional y por todas las autoridades en el ámbito de sus competencias.

           La diferencia entre estos dos delitos ha quedado claramente establecida en la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Radilla Pacheco contra México, la clave en ese litigio fue que las víctimas y sus asesores legales establecieron perfectamente la diferencia entre la desaparición forzada del Señor Radilla y no promovieron la presunción de muerte, que era lo que las autoridades mexicanas pretendían para dar por concluido dicho asunto.

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Día del Estudiante.

Por: Jenny González Arenas

           Pocos conocemos el porqué cada 23 de mayo se conmemora el Día del Estudiante. Pareciera otro motivo más para hacer una fiesta o pretexto para que los políticos se acerquen a los jóvenes por medio de fiestas para tratar de conseguir el voto por ser buena onda y no por las propuestas que presentan.

           Un poco de historia a nadie hace daño, probablemente nos sirva para reflexionar y reivindicar esta conmemoración, ya que en México, el 23 de mayo fue decretado como día del Estudiante porque en el año de 1929 fueron los estudiantes organizados quienes alzaron su voz para que el gobierno de aquella época atendiera sus demandas, entre otras, la autonomía universitaria. No se trató de un movimiento de generación espontanea, fueron diversos factores los que llevaron a los estudiantes a manifestarse de diversas formas en la entonces Universidad Nacional de México, que se regía por su Ley Constitutiva, era dirigida por se Ministro de Instrucción Pública y contaba con un Rector y un Consejo Universitario.

           Las autoridades universitarias no gozaban de autonomía, pero eso no limitó la capacidad de organización de los estudiantes, quienes fueron organizándose paulatinamente, llevando a cabo eventos que poco a poco fortalecieron el sentido de identidad y pertenencia del sector estudiantil.

           Algunas reformas a la escuela nacional preparatoria y en la escuela de derecho motivaron el descontento del alumnado, lo que dio origen a huelgas y manifestaciones. El 23 de mayo de 1929 uno de los líderes del movimiento, perteneciente a la carrera de Derecho fue detenido. Al día siguiente una marcha que congregaría a una gran cantidad de estudiantes, presionó a las autoridades para pronunciarse de una manera muy singular: No accederán a las peticiones de los estudiantes, por el contrario, dotarán de autonomía a la Universidad para que todos esos problemas sean resueltos por las autoridades universitarias y no por el Estado.

           En junio de aquel año, la Universidad Nacional de México adquiere su autonomía, y ahora la conocemos como la Universidad Nacional Autónoma de México.

           El papel de los estudiantes es de vital importancia en la vida de la Universidad pública y autónoma, por ello es que el 23 de mayo es un día para conmemorar esa lucha que los estudiantes en aquel entonces dieron para que los estudiantes de ahora puedan gozar de educación pública a nivel superior, con autonomía, libertad de cátedra y pensamiento crítico.

           Sirvan estas fechas no solo para organizar una fiesta para los estudiantes, sino para recordarles la gran responsabilidad que llevan sobre sus hombros, porque no se trata simplemente de asistir a clases y cumplir con las horas que tienen programadas en su horario, sino de un verdadero compromiso con su propia formación, pero también con la sociedad que los esta formando, que los esta educando, que esta pagando sus impuestos para que las Universidades Públicas puedan albergar en sus aulas a una buena parte de la juventud que busca mejorar sus alternativas y oportunidades de acceder a una vida mejor.

           Los estudiantes de ahora, mas allá de festejar en el significado del Día del Estudiante, deberían reflexionar porqué ese día y cual es el verdadero significado de esa celebración, probablemente así cambiaríamos la tambora y la fiesta por un evento cultural o académico organizado por los estudiantes y para los estudiantes, porque si fueron capaces, en aquellos años, de luchar por la autonomía universitaria, no dudo, al contrario, tengo la certeza que los estudiantes de ahora tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones, organizar eventos académicos y culturales, fomentar las actividades que mejoren su entorno formativo y exigir a las autoridades condiciones dignas para poder estudiar y, de alguna manera, retribuir a la sociedad.

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Derecho humano a la lactancia materna.

Por: Jenny González Arenas

           Los derechos humanos, acorde a la Constitución Mexicana en su artículo 1º se rigen por los principios de Universalidad, Progresividad, Interdependencia e Indivisibilidad, además, todas las autoridades en el ámbito de su competencia deberán promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas.

           La lactancia materna es un derecho humano que, al igual que el resto de los derechos humanos, se encuentra vinculado con el pleno ejercicio de otros derechos y cuya afectación, además de afectar a otros derechos humanos, involucra la afectación de dos sujetos titulares de derechos.

           Es importante identificar, en primer lugar, los sujetos titulares de este derecho y, en segundo lugar, la afectación a otros derechos que trae consigo el no poder ejercer de manera adecuada el derecho humano a la lactancia materna.

           Los sujetos titulares del derecho que hoy comentamos son: la madre y el lactante. Los derechos que se encuentran íntimamente relacionados con este derecho son: la salud, la alimentación, la vida, el desarrollo, entre otros.

           Hace algunos años los hospitales comenzaban a implementar políticas públicas en las que no se permitía el uso del biberón en los hospitales, de manera tal que se incentivara la lactancia materna, por todos los beneficios en la salud tanto de la madre como del bebé, sin embargo, la realidad en México refleja que solo uno de cada siete menores de seis meses reciben leche materna de forma exclusiva. Lo que nos coloca, como país, por debajo de la media mundial que se ubica en 1 de cada 3.

           En algunas ocasiones se han presentado debates discriminatorios sobre la lactancia materna en lugares públicos, inclusive algunas personas han realizado comentarios despectivos al ver a una madre amamantando a su hijo o hija en un lugar público como restaurantes, parques, en las escuelas o en sitios de trabajo; a lo anterior podemos agregar las complicaciones laborales que enfrentan las mujeres a pesar de que la ley contemple periodos de lactancia, durante la jornada de trabajo que permitirían a la madre abandonar su puesto de trabajo de manera temporal para alimentar a su bebé.

           Por otro lado, encontramos las grandes cadenas de productos alimenticios, en particular aquellas que elaboran, distribuyen y comercializan sucedáneos de leche materna, que bajo propaganda engañosa o convenios con personal de salud, logran persuadir a la madre de que alimente a su pequeño hijo con un sustituto en lugar de hacerlo con leche materna.

           Estudios recientes demuestran lo beneficio que resulta para la salud, a corto, mediano y largo plazo, tanto para la madre como para el lactante y niño pequeño, la lactancia materna, disminuye riesgos de salud, previene enfermedades, desarrolla un vinculo emocional mas confiable entre madres e hijos, es más nutritiva, entre otros muchos factores favorables, así como también se han realizado estudios que ponen al descubierto los riesgos que representa para la salud y desarrollo del niño el ser alimentado con sustitutos de leche materna en las primeras etapas de su vida.

           Bajo ese tenor, la ONU ha declarado la lactancia materna como un derecho humano de la madre y del bebé, de tal forma que obliga a los Estados a implementar políticas públicas que no solo la fomenten, también para que informen de manera adecuada y oportuna a las madres sobre los riesgos que puede traer consigo el uso de sustitutos, así como el fomentar en todos los espacios públicos, empleos y centros educativos el respeto a las madres que amamantan a sus hijos, a través de la educación y de la información adecuada.

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Autonomía de los Organismos Constitucionales.

           En feches recientes vuelve a tomar vigencia la autonomía de los organismos constitucionales, no es gratuito, tampoco se trata solo de hablar por hablar. La justificación de la exigencia de autonomía radica, principalmente, en garantizar un mecanismo efectivo de control, que permita que los organismos autónomos cumplan con sus funciones de supervisión y no se conviertan en comparsas o simples simuladores de la autoridad.

           La autonomía pretende separar de manera efectiva a los funcionarios públicos de quienes supervisan sus funciones en diversos rubros, para garantizar un mecanismo efectivo que permita garantizar el cumplimiento de un derecho.

           Desafortunadamente, cuando el titular o los servidores que laboran en los organismos autónomos son ex – funcionarios del gobierno, o han servido a uno u otro poder público, difícilmente se puede garantizar la autonomía.

           No podemos, ni debemos olvidar que en las relaciones de supra – subordinación se generan condiciones, no solo de dependencia, sino también de favoritismos o preferencias, que en un futuro se puede ver reflejado en arreglos poco transparentes. Se le debe a la autoridad el trabajo, el sustento, el paso de una persona de la administración pública centralizada a un organismo autónomo no es garantía de independencia, solo por transitar de una oficina a otra, así como tampoco es garantía de que los compromisos previos se acaben o se dejen en el olvido.

           Esta situación pone en tela de juicio la capacidad o la habilidad de las personas para desempeñar determinada función, simplemente porque se cuestionan las verdaderas razones para su tránsito de una oficina a otra.

           Tenemos muchos ejemplos de la autonomía viciada en los organismos que, por naturaleza jurídica, deberían ser autónomos, para muestra, la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que pasa de un poder a otro y luego a un organismo autónomo, viciando la autonomía del organismo, o la comisionada ex – presidenta del IZAI, que paso de ser contralora al servicio del ejecutivo a ser la encargada de vigilar que se cumpliera con el derecho de transparencia y acceso a la información.

           El más reciente ejemplo lo encontramos en el recién nombrado Fiscal, que paso de haber sido nombrado por el Gobernador como Procurador a ser responsable de un organismo autónomo como lo es ahora la Fiscalía, la misma persona que fue nombrada por el gobernador ahora se pretende hacer a la población que goza de autonomía.

           Lo preocupante de la situación no es la capacidad o incapacidad de los individuos para desempeñar determinada función, sino la manera en la que se pueden destruir instituciones que apenas están en conformación o que se ha tardado mucho tiempo en construir, simplemente por no tener un verdadero compromiso con la autonomía, por el temor del alcance de las instituciones o simplemente por pagar favores, sin pensar siquiera que la sociedad es la única que pierde con la falta de autonomía e independencia de los organismos autónomos.

           Lo ideal pudiera ser convocar a las instituciones de educación superior, a los agentes involucrados, como organizaciones no gubernamentales, a los diversos sectores sociales, a que propongan y definan a los titulares de los organismos autónomos, porque una cosa queda clara, el Ejecutivo y el Legislativo son parte del mismo todo, rompen continuamente con el principio de división de poderes y atentan de manera cotidiana contra la propia sociedad que los nombró; de autonomía poco o nada tienen los organismos autónomos y de mecanismos de control efectivo al abuso de poder poco o nada les queda.

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Igualdad de armas.

        Víctima y victimario no son iguales, y tampoco tienen las mismas ventajas procesales, o ¿podemos hablar de igualdad de armas?

        La queja de los abogados formados en el marco del proceso inquisitivo se quejan de que el sistema acusatorio adversarial es tan garantista que pareciera que cae en lo absurdo, el problema esta en que la balanza se inclina de un solo lado, rompiendo el equilibrio procesal que, en teoría, debería de existir.

        En el artículo 20 de la Constitución Mexicana encontramos tanto los derechos de toda persona imputada como los derechos de las víctimas, al menos en lo formal pareciera que ambas gozan de derechos que pueden garantizar ese equilibrio procesal, sin embargo, nos podemos ir meramente a la numeración de dichos derechos y el imputado tiene 9 frente a los 7 que tiene la víctima, aunque en términos reales no importa la cantidad de derechos que se enlisten, sino el fin legitimo que persiguen dichos derechos y es ahí donde el desequilibrio procesal comienza a tomar sentido.

        En primer lugar, la víctima es informada si así lo solicita, mientras que el inculpado tendrá acceso a toda la información que requiera para su defensa, independientemente de que lo quiera o no. Pudiéramos afirmar que la víctima esta en posibilidades de decidir si requiere esa información o no, sin embargo se rompe el equilibro procesal desde que la víctima no esta obligada a tener asesoría legal adecuada, mientras que el inculpado si debe tenerla y de no ser así el Juez le nombrará un defensor público, a costas del erario público, por cierto, mientras que no existe esa misma figura de defensor público de la víctima, así como tampoco el juez esta obligado a nombrar un defensor de víctima si se percata que su asesoría jurídica no es adecuada.

        El rol de ministerio público se vuelve mas una representación social, y la víctima es coadyuvante, con lo que la función del Ministerio Público frente a la víctima puede cambiar o sentirse amenazada cuando ésta tiene un representante que cuestione o critique la labor del Ministerio Público.

        Otra desventaja es el principio de presunción de inocencia de vital importancia para el imputado, sin embargo la víctima tiene que demostrar fehacientemente ante las autoridades y los órganos de protección a víctimas su condición en aras de poder acceder a algún programa de reparación o de atención médica o psicológica, lo que dificulta la posición de la víctima frente al victimario.

        El costo de una defensa adecuada para la víctima puede representar un gasto imposible de cubrir, lo que genera una re victimización, a cargo del propio sistema normativo que en lo formal deja claro que la víctima puede contratar servicios legales para coadyuvar al ministerio público pero no le da herramientas como la de defensores públicos de las victimas que puedan resolver la falta de asesoría legal o de recursos económicos para pagar dicha asesoría, poniéndola en situación de vulnerabilidad frente al desarrollado sistema de defensoría pública para los imputados que se ha establecido con el nuevo sistema de justicia penal.

        El escaso desarrollo de los sistemas de reparación del daño en nuestro país también es un elemento que pone a la víctima en situación de vulnerabilidad, generando una desigualdad entre ésta y el imputado.

        Mucho se esta haciendo en materia legislativa para tratar de generar esa igualdad de armas entre víctima e imputado, lamentablemente no hay un avance similar en la consolidación de las instituciones, lo que deja en una situación de indefensión a la víctima en lo material.

[jennygonzalezarenas]

Minería y conflictos sociales.

        La minería es una de las actividades que han dado origen al nacimiento de nuestra entidad, no podemos negar la importancia que tuvo para el desarrollo de la economía de Zacatecas en épocas pasadas, tampoco podemos negar el avance tecnológico y económico que debería traer una actividad económica de esta naturaleza a la región, sin embargo, todo se ha que en mensajes vacíos, falsas promesas y territorios desolados.

        La minería en Zacatecas no ha sido, ni un instrumento para la mejora social, mucho menos una actividad que genere dividendos para la región, solo se ha traído deterioro en diversos aspectos como el laboral, el social, el económico, el cultural, entre otros.

        El deterioro o complicidad de las instituciones públicas, la falta de atención por pare de quienes les deberían brindar asesoría jurídica y la apatía de la sociedad son factores de peso que en cualquier momento pueden llegar a desencadenar conflictos sociales que el Estado resolverá de manera violenta, lamentablemente en perjuicio de la sociedad.

        Los intereses económicos son tantos, que no podemos olvidar como la fuerza pública a manos del Estado es capaz de reprimir, amenazar a su propia sociedad por salvaguardar los intereses de compañías extranjeras que no hacen otra cosa que sobre explotar los recursos nacionales. No es que la sociedad en su conjunto estemos en contra de la creación de empleos dignos, o del desarrollo económico; de lo que estamos en contra es de la falta de voluntad de las partes de cumplir con los acuerdos, de la mala administración tanto pública como privada que se hace de la vista gorda mientras que es la población quien ve vulnerados sus derechos y ni los organismos autónomos ni los órganos estatales hacen algo por solucionar la situación.

        Mucho se habla de lo que ayudan las empresas mineras con su supuesta “Responsabilidad Social”, proponen la creación de centros educativos para que ahí se formen los futuros trabajadores de la empresa que aspiran a tener salarios dignos, de las condiciones favorables con las que trataran a la comunidad, prometen pavimentar calles, mejorar los centros de salud, o crearlos en caso de no haber, mejorar las condiciones de la vivienda, garantizar servicios, prometen espejitos, literal, para llevarse la plata de la entidad, y mientras el deterioro ambiental crece y crece, afloran las verdaderas intenciones, malas condiciones laborales, malas condiciones de salud para los que trabajan en la mina y para los que viven en los alrededores, los hogares no fueron lo que prometieron, las condiciones de los centros educativos tampoco son lo que ofrecieron y no se contrata al personal que egresa de esos centros educativos, la migración disminuye en lo inmediato, pero a mediano y largo plazo se vuelve a disparar después de que la población se da cuenta y pierde las esperanzas en las promesas de las compañías y se rinde por la falta de atención de las autoridades.

        Pareciera que hemos retrocedido 500 años y que la colonización ahora es a manos de los canadienses y no de los españoles, aunque la finalidad sigue siendo la misma, llevarse las riquezas minerales de nuestra entidad a otros lugares, aunque ello implique un gran deterioro ambiental y en materia de salud y de derechos laborales de los lugareños.

        Este es un momento para que el Estado tome cartas en el asunto y atienda las demandas de las poblaciones mineras como Mazapil, porque ahorita son llamadas pacíficas, pero el día de mañana se puede desencadenar un o muchos conflictos sociales que el Estado tendrá que contener, y lamentablemente quien saldrá perdiendo, como en Salaverna, será la comunidad.

[jennygonzalezarenas]

Autos chocolate.

        No podemos negar que Zacatecas es una de las Entidades Federativas de mayor marginación, además de ser la que tiene mayor índice de migración, pero una cosa es ser pobre y otra muy distinta vivir en la ilegalidad.

        Recientemente se ha hablado del “censo” que hará el Gobierno del Estado para conocer la información de los autos extranjeros que circulan en el territorio de la Entidad, dicha medida surge, dice el gobierno, de que muchos de los delitos se cometen en esas unidades. Se han llevado a cabo varios intentos por controlar los vehículos extranjeros que circulan en la entidad, ninguno ha tenido éxito, tenemos serias dudas de que este censo llegue a funcionar.

        No se trata de ser negativos, ni de menospreciar los esfuerzos del Estado por obtener información, pero en este tema se requiere, tanto la voluntad de los propietarios de estos automóviles como de la autoridad para hacer su trabajo.

        En primer lugar, es inconcebible como el gobierno toma medidas que fomentan la ilegalidad, premiando a los que violentan la ley y castigando a quienes la respetan, porque en Zacatecas es mas caro tener un automóvil nacional, en regla, pagar tenencias y todos los permisos correspondientes, y aquellos propietarios de autos chocolates no pagan ningún impuesto ni multas ni se hacer responsables de los accidentes que provocan porque bien saben que la autoridad no quiere hacerles nada. Y si, se trata de querer, no de poder, porque en reiteradas ocasiones hemos sido testigos de cómo los conductores de este tipo de vehículos conducen en estado de ebriedad y/o violentando las normas de tránsito y todavía se burlan diciendo que a ellos no les pueden hacer nada, mientras que una persona que tiene su vehículo en regla es víctima, inclusive de los abusos de la autoridad porque saben que es un contribuyente cautivo, que pagará multas e infracciones y todo lo que a la autoridad se le ocurra simplemente por ser respetuoso de la norma y no comprar vehículos extranjeros.

        El Estado, en esta ocasión, cobra mas impuestos a aquellas personas que tienen varios vehículos porque presume que se dedica a alguna actividad empresarial, sin importarle si el vehículo esta destinado a uso particular o es de uso de la empresa, siendo que no se tiene que diferenciar el impuesto acorde al uso de los bienes.

        Con estas medidas, que premian la ilegalidad y castigan la legalidad, pareciera que es el mismo gobierno quien esta fomentando que la ciudadanía actúe en contra de la ley, es el gobierno quien vulnera el Estado de Derecho, son los agentes del Estado los que se niegan a hacer su función y propiciar, fomentar el respeto a la norma.

        Muchos agentes de tránsito, encontrándose en el lugar de los hechos, han dicho no pueden hacer nada, sugieren al ciudadano no hacer corajes y no pelear, porque finalmente, nada se puede hacer contra un conductor de un auto chocolate.

        La Procuraduría se niega a levantar denuncias en contra de estos vehículos porque no pretenden investigar y mucho menos desgastarse, aunque le lleve los datos del conductor de vehículo, porque, según ellos, nada pueden hacer, inclusive las aseguradoras prefieren no desgastarse ante la apatía de las autoridades cuando ocurre un incidente donde estén involucrados estos vehículos.

        En pocas palabras, el ciudadano que trata, en la medida de sus posibilidades vivir en la legalidad, respetar las normas, pagar sus impuestos, no cometer infracciones de tránsito, se ve doblemente victimizado cuando tiene un percance con el propietario de un auto chocolate, porque ni va a lograr la reparación del daño que le fue causado  y las autoridades tampoco lo van a ayudar, al contrario, les dará risa y le dirán que nada se puede hacer.

[jennygonzalezarenas]

La SCJN y la Ley de Seguridad Interior

           Ahora, la responsabilidad sobre la Ley de Seguridad Interior (LSI) esta en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), será este supremo poder de la Unión quien decida si las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales promovidas por diversos organismos autónomos, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, así como el Municipio de Cholula, Puebla.

           No será una decisión sencilla, tendrá consecuencias jurídicas y políticas de gran trascendencia, no solo por lo que se refiere al respeto a los Derechos Humanos, sino porque representaría un precedente muy importante para el fortalecimiento de la autonomía del Poder Judicial frente al Ejecutivo y al Legislativo.

           En un escenario político, mas allá de la materia de derechos humanos, no podemos negar que la Ley de Seguridad Interior es un instrumento de control político del Estado y que el Congreso de la Unión no hizo otra cosa que acatar las instrucciones del Ejecutivo para aprobar una ley que, a pesar de ser violatoria a todas luces a derechos humanos, tenía la finalidad de legalizar la opresión, justificar bajo el auspicio de la norma, la permanencia del ejercito en las calles, y abrir la posibilidad, siempre contemplada dentro del supuesto normativo, para que se violentaran los derechos humanos de la ciudadanía.

           El Poder Legislativo, los representantes del pueblo, no tuvieron la capacidad de asumirse como verdaderos representantes populares y acataron la orden de aprobar la Ley, cuando debió haber sido de manera distinta. No podemos olvidar que es el Congreso de la Unión quien dicta las leyes, que en el seno de sus imponentes recintos se debaten las normas que habrán de aplicarse a los mexicanos, no nos explicamos como es que son capaces nuestros legisladores de aprobar, en 2011 una reforma en materia de derechos humanos tan importante, y en 2017 una ley tan contraria a aquella reforma. No hay memoria, no hay archivos o simplemente sus intereses no son los mismos que la ciudadanía. Podrán alegar que ellos no eran diputados o senadores cuando aquella reforma en 2011, pero es su obligación saber que México es un país de instituciones y de Leyes y son ellos quienes las están vulnerando en estos momentos.

           Por ello es que el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos momentos adquiere tanta relevancia, porque en sus manos esta la responsabilidad de fallar a favor o en contra de las acciones de inconstitucional y las controversias constitucionales interpuestas que se mencionaban en párrafos anteriores. Los mexicanos tenemos la plena confianza en que este Poder Judicial, habrá de salvaguardar de la mejor manera los derechos humanos, aunque ello implique la molestia o el enojo del poder ejecutivo, sabemos de la relación de alguno que otro Ministro con el Ejecutivo, que puede limitar su independencia, pero el juramento de los Ministros es por la defensa de la legalidad y la justicia, no de los intereses particulares de quien lo propuso.

           Ahora la pregunta es ¿Porqué una vez concluido el plazo para presentar acciones de inconstitucionalidad, solo hay cinco? Y a escasos días de vencer el plazo para presentar controversias constitucionales, solo hay interpuestas dos. Esperemos que los organismos autónomos de las entidades federativas encargados de velar por los derechos humanos, incluido el de Zacatecas, se asuman como verdaderos defensores y promuevan el recurso que corresponde en defensa de la población y rompan con esa loza de sumisión que han venido mostrando frente al Poder ejecutivo, tanto local como Federal.

[jennygonzalezarenas]

Atención Médica Infantil.

           El Artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño, establece que los niños tienen derecho al disfrute del mas alto nivele posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud.

           En esas palabras se incluye el acceso de los niños a servicios médicos, a políticas públicas de prevención, atención oportuna y adecuada por personal capacitado en instalaciones acorde a las necesidades de los niños.

           Este derecho, como todos aquellos que involucran menores de edad tienen una responsabilidad no solo del Estado, sino de la familia y la sociedad para que se puedan garantizar de manera efectiva.

           Sabemos que hay enfermedades que están relacionadas con la mala alimentación de los niños o condiciones insalubres cuya atención y prevención oportuna requiere de la intervención tanto de los familiares directos, la sociedad y el Estado, pero también hay otras enfermedades que se presentan independientemente del nivel económico, social, educativo, raza, sexo o edad de los niños y el Estado debe estar preparado, con instalaciones adecuadas y personal suficiente para atender esa población.

           Las estadísticas en Zacatecas no son del todo malas, tenemos que reconocer que nos encontramos dentro de la media nacional según la información encontrada en el INEGI y en la Secretaría de Salud, sin embargo no deja de ser lamentable el hecho de que en Zacatecas la pobreza sea un obstáculo para acceder a los servicios médicos y los niños no son ajenos a esa realidad.

           Nuestra entidad si se encuentra en los niveles mas altos de marginación, lo que complica el acceso a la salud de los niños dada la poca o nula capacidad económica de trasladarse a la capital del Estado para recibir atención médica oportuna. Muchas veces la falta de servicios médicos adecuados fuera de la capital retrasan los diagnósticos lo que complica gravemente la atención oportuna de las enfermedades de los niños. Puede haber personal capacitado que no cuenta con los instrumentos o medios de diagnóstico adecuados para llevar a cabo su labor, puede que se haga la canalización oportuna a un centro médico con mayor equipamiento pero la falta de capacidad económica de los padres para el traslado alargan el tiempo del diagnóstico adecuado, además la falta de conocimiento sobre instancias a las que se puede acudir en caso de necesitar apoyo médico o asesoría sobre los servicios que tiene el DIF o diversas asociaciones civiles que tienen como objetivo apoyar a los niños de escasos recursos para que cuenten con la atención médica oportuna y adecuada para tratar sus enfermedades.

           Hay ocasiones en que la responsabilidad es de uno solo, el que nos representa, pero en otras, como lo relacionado con la salud, se trata de llevar a cabo un esfuerzo conjunto, padres de familia, maestros, instructores deportivos, la sociedad no organizada y a las asociaciones civiles, y todas la autoridades para que se canalice de manera oportuna a los niños que padezcan alguna enfermedad. Porque solo así, trabajando todos unidos como sociedad actuando el colectivo podemos garantizar que los niños gocen de la atención médica oportuna para mejorar sus condiciones de vida presente y futura.

[jennygonzalezarenas]

En defensa de Yuawi.

           El año inicia con una gran polémica en materia electoral. Un pequeño de nueve años de origen huichol aparece en un spot publicitario de un partido político y ante el éxito de la pauta publicitaria los demás partidos se alteran, a grado tal que se presenta una queja formal ante el órgano electoral.

           Honestamente, mas allá de si se violentan o no los derechos del menor, el debate oculto, el mensaje entre líneas es el interés mezquino de llegar al poder cueste lo que cueste.

           Por un lado, Movimiento Ciudadano se presenta a la elección en alianza con el Partido de la Revolución Democrática y con el Partido Acción Nacional, tres partidos que tienen ideología contraria, con estrategias y diseños políticos completamente opuestos que se unen con la única intención de llegar al poder, a sabiendas que esa alianza provocará ingobernabilidad.

           Por otro lado, Morena, como quejoso alega que se violentan los intereses de la infancia al utilizar la imagen del menor si referirse a sus necesidades como niño indígena, como si las pautas publicitarias de Morena estuvieran plagadas de propuestas y alternativas de gobierno, el argumento de la queja es el uso indebido de la imagen del menor.

           A lo anterior agregamos las manifestaciones en medios de comunicación hechas por la Red de los Derechos de la Infancia, en donde alegan que se usa al niño como “mascota”, quienes se dicen defensores de los derechos de los niños pudieron haber sido un poco mas creativos en el uso del lenguaje, en lugar de referirse de manera tan despectiva a la manera en la que perciben la pauta publicitaria, es innegable que el pequeño Yuawi desde hace aproximadamente 3 años ha aparecido en diferentes foros y escenarios utilizando su talento artístico y en esas anteriores ocasiones esta asociación no hizo reclamo alguno a las televisoras que si estaban obteniendo una ganancia económica por la utilización de la imagen del menor. La diferencia para que un niño sea utilizado como mascota, a criterio de esta asociación civil, es el aparecer en propaganda electoral y no en un programa de televisión, aunque sean mas explotados en la televisión que en una campaña.

           Los grandes silencios siguen siendo los partidos políticos como el PRI, PAN, PRD que prefieren no pronunciarse o no emitir opinión alguna so pretexto de poner en riesgo la elección, los votos o sus alianzas.

           La ley en materia de protección de la infancia tiende a promover la participación de los niños en un marco de respeto a su honra, dignidad, intimidad y el respeto irrestricto a todos sus derechos acorde a su desarrollo. Yuawi es un niño indígena que ha aparecido en reiteradas ocasiones en televisión, canta y tiene talento para ello, sigue asistiendo a la escuela, cuenta con la autorización de sus padres, inclusive el pequeño, en ejercicio de su derecho de participar activamente en las decisiones que afecten su esfera jurídica ha manifestado su voluntad para cantar en el spot del partido Movimiento Ciudadano.

           El moralismo no necesariamente esta relacionado con la protección de los derechos, en este caso, pareciera mas que pesan los intereses particulares, la necesidad de ganar una elección, que el desarrollo y ejercicio pleno de los derechos de la infancia. Tanto los que rechazan el uso de la imagen del menor como los que la promueven, tienen intenciones diversas que nada tienen que ver con defender los derechos de los niños.

[jennygonzalezarenas]

“Lamentamos profundamente”

           Un fin de semana como muchos en últimas fechas y no por lo festivo, sino por la violencia, los homicidios estuvieron y están a la orden del día, los mexicanos perdemos la capacidad de asombro, cada vez resulta mas normal escuchar que matan a uno o a otro en cualquier latitud del país. Vivimos presos de la inseguridad.

           Además de lo inconforme que esta la ciudadanía por la ola de inseguridad que se esta convirtiendo mas bien en inundación, hay algo que resulta molesto, las incansables muestras de solidaridad que publican en sus diversas redes sociales tanto el Presidente de la República como las diferentes figuras políticas, aspirantes a candidatos que en reiteradas ocasiones y con diversos mensajes han dado muestras de solidaridad a la familia del vicepresidente de televisa o a la del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, la pregunta es ¿cuántos sentidos pésames tendrían que escribir en sus redes sociales toda la clase política del país por cada persona que fallece víctima de la inseguridad en nuestro país?

           Porque tan importante es el taxista, el maestro, el niño o la niña, las y los jóvenes que día a día pierden la vida o son víctimas de delitos, por la inseguridad que no han podido contener nuestras autoridades.

           Deberían de empezar a mandar mensajes de condolencia a todos los mexicanos a ver si así se dan cuenta de lo mal que se encuentra el país, o acaso sólo los funcionarios de las grandes televisoras o los servidores públicos que son víctimas de delitos merecen un pésame por parte de la autoridad.

           No menosprecio la muerte de nadie, lo ideal sería que la autoridad no tuviera que mandar el pésame a nadie, que bueno sería que nadie perdiera la vida, que la estrategia de seguridad rindiera frutos, que no hubiera homicidios, que la población no fuera víctima de la delincuencia; eso solo en un país que no es México, es un Estado que no es violento, en un lugar en el que las autoridades hagan su trabajo.

           Si es molesto ver las condolencias de la autoridad, de la clase política del país, lo que mas enoja es ver como se manifiestan en contra de la violencia que ellos mismos han provocado, contra la inseguridad que ello mismos no han podido contener. Es su trabajo llevar a cabo acciones para que la población no tenga que sufrir la delincuencia y no lo hacen.

           Honestamente, se ven mal enviando condolencias y diciendo “lamentamos mucho la pérdida”, si de verdad lo lamentan tanto, hagan su trabajo, para que no tengan que lamentarlo tanto.

           Lo que mas lamentamos los mexicanos es que solo unos cuantos, solo los funcionarios de grandes empresas merezcan la atención de la clase política, lo que mas lamentamos es que cuando desaparecen 43 estudiantes o matan a mujeres o desaparecen niñas y niños lo único que recibimos de la autoridad son frases como “ya supérenlo” o “yo no tengo problemas porque yo no la mate”.

           Somos millones de mexicanos los que estamos padeciendo la inseguridad por la falta de compromiso de las autoridades, creo que quienes lamentamos profundamente deberíamos de ser los mexicanos, que no merecemos los gobiernos que tenemos. Los mexicanos lamentamos profundamente la incapacidad de nuestros gobernantes. La población entera del país lamenta profundamente la indiferencia de la clase política ante la inseguridad que se vive en el país. Los mexicanos lamentamos profundamente la corrupción, la impunidad, el cinismo de nuestras autoridades.