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La violencia sigue su curso entre la pandemia

Violencia en toque de queda

Iris Argentina Álvarez, defensora del territorio en la zona sur del país, fue asesinada en un desalojo violento el 2 de abril, mientras seguía en vigencia el toque de queda absoluto y estado de excepción decretado el 16 de marzo por el gobierno de Juan Orlando Hernández, ante la llegada del COVID-19 al país. El hecho se dio cuando sesenta familias, aproximadamente, fueron desalojadas por una empresa de seguridad privada. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos apuntan la responsabilidad de la  Policía Nacional de Honduras, quienes son los encargados de mantener el control en un país donde —se supone— solo se puede circular para abastecer alimento y medicamento. Según información de esa misma institución, desde el 1 de abril han sido detenidas más de 13 mil personas por incumplir estas medidas.

En Honduras, la estrategia para detener la propagación del virus ha sido liderada por la Secretaría de Seguridad y las Fuerzas Armadas, quienes además de entregar víveres y confeccionar mascarillas han sido denunciados por violar derechos humanos y se han mostrado incapaces de frenar la cantidad de muertes violentas en el país.

En un retén militar en la zona Toncontín, un oficial del ejército hondureño dialoga con un conductor, el toque de queda absoluto y el llamado a la aislamiento en los hogares ronda la tercera semana, pero la gente sigue circulando en la ciudad, Tegucigalpa, 22 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Violencia en toque de queda

Según denuncias hechas por Hedme Castro, coordinadora general de la Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), agentes de seguridad privada de la empresa Azucarera La Grecia iniciaron el desalojo violento en el sector de Los Chanchos en el municipio de Marcovia, Choluteca, enfrentándose a las familias que en 2019 ocuparon varias manzanas de la propiedad para la siembra de productos básicos. Dispararon en contra de niños, mujeres, ancianos y  asesinaron a Iris Argentina. «Hubo una alianza entre los empresarios y la policía porque aunque no participaron, permitieron que dispararan en contra de la gente», dice Castro.

Estos hechos relacionados con la defensa del territorio, no son la única muestra de que la dinámica de  violencia no se detiene en el país. El jueves 19 de marzo tres hombres fueron asesinados en una masacre en la colonia Las Colinas del sector López Arellano de Choloma, Cortés, y de esa misma manera el 26 de marzo, cuando se oficializó el primer muerto por COVID-19 en el país, también se reportó el día con más asesinatos durante la cuarentena, hasta el momento.

Según el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), en marzo de 2020 se contabilizaron 225 homicidios. Esto representa una reducción en relación a los 299 de febrero y 269 de enero, sin embargo, se mantiene el mismo promedio del año pasado. Según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV UNAH), el promedio diario de asesinatos en el primer trimestre de 2019 fue de 9 personas. Un informe de Insight Crime indica que Honduras cerró el año pasado como el país más violento de Centroamérica con 41.2 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. La licenciada Migdonia Ayestas, directora del OV UNAH aseguró que «los que viven de las acciones ilícitas no importa si están en cuarentena, porque al contrario, tienen mayor oportunidad de realizar los delitos, lo único que han disminuido son las muertes violentas de empleados del transporte público pero es porque no hay transporte público».

La crisis sanitaria no ha disminuido la violencia, pero sí ha dejado a las familias sin la posibilidad de velar los cuerpos de sus seres queridos ante las disposiciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) que limitan las ceremonias para evitar la concentración de personas. Esas mismas disposiciones indican que «los gobiernos locales deberán localizar terrenos aptos para fosas comunes en caso de entierros masivos al rebasar la capacidad local para el manejo de cadáveres».

Un conductor muestra sus documentos de identidad a un oficial de la Policía Nacional de Honduras en un retén en el bulevar Los Próceres, Tegucigalpa, 27 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix. Violaciones a los derechos humanos

«La suspensión de garantías constitucionales implica una violación directa de los derechos humanos, como la que se dio con esas familias, porque están usando el toque de queda para hacer detenciones selectivas», señaló Castro, y asegura que ahora las familias desalojadas en Choluteca duermen en la calle expuestas al virus.

Un informe del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) recoge al menos 22 mil violaciones a derechos humanos entre suspensión de trabajadores, desalojos y detenciones ilegales hechas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desde el inicio de la suspensión  de las garantías hasta el 31 de marzo. La estrategia de contención del virus que propuso el presidente Juan Orlando Hernández ha sido liderada desde el primer día por la policía y el ejército. En sus redes sociales han establecido una estrategia de publicidad en la que se muestran como héroes en medio de la pandemia.

El informe publicado por COFADEH indica que en respuesta al COVID-19 está concurriendo no solo una movilización de los recursos sanitarios públicos y la modificación del presupuesto, sino que también de «las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», incluyendo el Ejército y a la Dirección Nacional de Investigación, como se ha visto en los últimos 10 años. El informe concluye que «seguramente son medidas inevitables, pero plantean desafíos evidentes por lo que toca a la salvaguarda de las libertades ciudadanas y al mantenimiento de los límites legales».

Además de todas las tareas de vigilancia y apoyo, encargadas a las Fuerzas Armadas, Juan Orlando Hernández también asignó la confección de mascarillas de tela a la Industria Militar, encargada normalmente de la confección de uniformes militares. «Pedí que pongamos a toda capacidad la producción de mascarillas, máscaras de polietileno y batas quirúrgicas. Tenemos que repotenciar esta capacidad instalada», aseguró Hernández. Esto supone que en un futuro se apruebe un mayor presupuesto de seguridad en la producción de mascarillas de tela que, según el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, «pueden aumentar el riesgo de infección debido a la humedad, la difusión de líquidos y la retención del virus». Las mascarillas de tela bien pueden representar una analogía del fracaso de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ante la violencia aun entre la pandemia.

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What's the story between Ignacio Arcaya & Victor Vargas?

Last week I posted about latest filings in Otto Reich's RICO lawsuit against Derwick Associates. It presents quite an unexpected and interesting twist to the corruption saga: one of the defendants, Francisco D'Agostino, allegedly offered information on the other two defendants (Alejandro Betancourt and Pedro Trebbau) to Reich in "exchange for his dismissal" from the lawsuit. No honour among thieves, right? But D'Agostino was not acting alone in that offer, for Reich's counsel also claimed that an alleged "former Venezuelan government official who claimed to be an agent of D'Agostino, and who had flown to the United States on the private jet of D'Agostino's father-in-law [Victor Vargas], met with Ambassador Reich in Washington, D.C. This former government official told Ambassador Reich that if he would dismiss D'Agostino from the lawsuit, D'Agostino would provide Ambassador Reich with information about Betancourt and Trebbau that would substantiate the allegations set forth in Plaintiff's case." Added.

Readers of the Spanish version of this site might remember that our very own Tomás Lander outed the "former Venezuelan government official" as former Venezuelan Ambassador to the U.S. Ignacio Arcaya Smith. I wanted to ask Arcaya about Reich's counsel allegations, and after finding out his Twitter account (@gallopasion​) asked whether the account really belonged to him. Arcaya replied, claiming that it was, and dismissed my questions by saying he didn't know who I was or what I was talking about (picture).

My questions to Arcaya must have piqued the interest of somebody among my Twitter followers, for next thing was an email by a source claiming that Arcaya -an employee of Vargas- received regular payments from Banco Occidental de Descuento (Victor Vargas' bank). Furthermore, the source claimed that $40,000 had been wired to Arcaya through BOI Bank, a "bank" owned by Victor Vargas in Antigua.

Hush money?

I googled a bit and was able to see that BOI Bank Corporation, was established on March 14, 1994, and changed its name from Banco Occidental International Ltd to BOI Bank Corporation on September 7, 1999. Its General Manager is Santos Alonso. Mr Alonso is related also to Allbank, another "bank" owned by Vargas in Panama. Santos' name appears associated with Banco del Orinoco NV (company no. 64808), another Vargas front registered in Curaçao, where he shares board responsibilities with Joel Santos Tobio​, Loes Pieternel De Bot, Carlos Silva Alcala​, Jaime Hernan De Sola​, Vargas and Luis Alfonso De Borbon Martinez Bordiu, Vargas' other son-in-law and grand-son of Spain's late caudillo Francisco Franco.

My questions to Arcaya, on whether he could comment on Reich's counsel allegations left a lot to be desired, from a diplomat that is: he locked access to his Twitter account.

There's plenty of evidence of Arcaya partaking in Vargas' banks institutional events, in which the former Ambassador has been photographed inches away from Vargas and D'Agostino. Flights, passport entries, and Homeland Security records can be used to demonstrate, in a matter of minutes, whether Arcaya went to DC in Vargas' GV to negotiate with Reich D'Agostino's future in the RICO lawsuit.

The above bodes very badly for Betancourt and Trebbau. Regardless of whether Arcaya wants to admit his involvement in public or not, having Vargas actively working to get his son-in-law and employee out of the lawsuit by offering information that would incriminate Betancourt and Trebbau must be driving them up the wall. A true internecine war within the Boliburgeoisie. Vargas comes from scoring an important "coup": by fronting the Maduro regime acquisition of Cadena Capriles, he got green light for the merger of his BOD with CorpBanca. This episode, if Reich's claims are true, also reveals the sheer parochialism of Bolivarian bankers and former Venezuelan diplomats. Did they not think that such offers and visits would come back to haunt them? Do they not know that the other side, Betancourt and Trebbau, probably have as much dirt on them? Bring the popcorn!!