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La imposición de aranceles es una herramienta legítima de política comercial que los Estados pueden emplear para la protección de sus intereses económicos y garantizar la seguridad de su nación. No obstante, estas disposiciónes deben ser coherentes con las obligaciones internacionales asumidas por el país, especialmente en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En el caso específico de Estados Unidos, su relación comercial con México y Canadá está regida por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, cuyo objetivo es el libre comercio entre las partes. La reciente decisión de Washington de imponer aranceles del 25% a las importaciones provenientes de México y Canadá podría interpretarse como una contravención de las disposiciones del tratado, lo que podría derivar en disputas legales dentro de los mecanismos de solución de controversias previstos en el acuerdo. En respuesta a esta medida, tanto México como Canadá han anunciado la imposición de aranceles sobre productos estadounidenses, una reacción común en disputas comerciales. Sin embargo, este tipo de medidas conlleva el riesgo de una escalada que podría desembocar en una guerra comercial de mayor magnitud, afectando negativamente las economías de los países involucrados y el comercio global en general. Ante este escenario, resulta fundamental que las partes involucradas recurran a los mecanismos legales disponibles para resolver el conflicto de manera efectiva y evitar repercusiones económicas y jurídicas significativas. La estabilidad del comercio internacional depende de la cooperación y el cumplimiento de los acuerdos suscritos, por lo que el diálogo y la negociación deben prevalecer sobre las medidas unilaterales que puedan generar incertidumbre y tensiones innecesarias.

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La propuesta de digitalizar los trámites gubernamentales es un gran paso hacia la modernización del país. Esto tiene el potencial de hacer más transparentes los procesos, simplificar el acceso a servicios y reducir el contacto directo, además de garantizar el principio de transparencia y rendición de cuentas (art. 6° Constitucional). Sin embargo, debemos considerar que una parte significativa de la población mexicana todavía enfrenta desafíos para acceder a la tecnología, ya sea por falta de infraestructura, conocimientos digitales o acceso a internet de calidad. Esto podría excluir a ciertos sectores vulnerables de la población, lo que generaría una brecha digital entre quienes tienen acceso y quienes no. La digitalización aumenta la exposición a posibles ciberataques y vulnera la seguridad de datos personales, lo que podría comprometer la confianza de los ciudadanos en el sistema. La ley mexicana establece estrictos estándares para la protección de datos personales (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares), y este tipo de iniciativas deben estar alineadas con estos principios.